TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., Y SOCIAL ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 208

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 070/2017

Demandante                : Roxi Añez Quiroz.

Demandado        : Rodolfo Vicente Galdo Coca y María Angélica Balcázar Rivero de Galdo.

Materia        : Beneficios Sociales.

Distrito                        : Santa Cruz.

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Roxi Añez Quiroz, cursante a fs. 162 a 166 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 113 de fecha 08 de Septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el Auto Supremo No 70-A de fecha 24 de Febrero de 2017 cursante a fs. 180 a 181 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Roxi Añez Quiroz en contra de Rodolfo Vicente Galdo Coca y María Angélica Balcázar Rivero de Galdo; el Juez de Partido Sexto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 21/15 de fecha 17 de septiembre de 2015 cursante a fs. 100 a 103, declarando probada en parte la excepción de pago e improbada la excepción de prescripción y probada en parte la demanda, determinando que los demandados Rodolfo Vicente Galdo Coca y María Angélica Balcázar Rivero de Galdo cancelen a favor de la actora conforme al siguiente detalle: Indemnización, aguinaldo vacación y multa  del 30 %, la suma total de Bs. 2,264 (Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos), más la actualización establecida por el art. 9 del D.S. 28699, a ser calculada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 105 a 109 vta., por la actora Roxi Añez Quiroz, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 113 de fecha 08 de Septiembre de 2016, cursante a fs. 154 a 155, que confirma la sentencia apelada N ° 21/15 de fecha 17 de septiembre de 2015.

Ante la determinación del Auto de Vista, la actora Roxi Añez Quiroz,  interpone recurso de casación, con la contestación respectiva de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto de fecha 31 de Enero de 2017, concediendo el recurso interpuesto.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación a los arts. 150, 166 y 167 del Código Procesal del Trabajo  y una errónea apreciación de las pruebas, bajo los siguientes argumentos:

La recurrente Roxi Añez Quiroz, establece que el Auto de Vista impugnado, contiene una errónea apreciación de la prueba producida en el proceso, ya que afirma que la sentencia se funda en las declaraciones testificales de descargo de los ciudadanos Julia Rosa Ledezma Ureña, Ignacio Padilla Valichega, Ana Graciela Tablas de Loureiro, Remerito Céspedes Vaca y Freddy Maldonado Ortiz, quienes en el proceso declararon de manera enseñada y fueron contradictorios en su relatos, por lo cual sus atestaciones no resultan ser creíbles, ya que ellos solo conocen de los hechos, por comentarios de los demandados, lo que una vez más demuestra que los testigos de descargo fueron enseñados y lo único que buscaban era favorecer a los demandados; en especial observan al testigo Ignacio Padilla Valichega, por cuanto esta persona se comportó en el desarrollo del interrogatorio, como una persona que no decía la verdad, ya que el mismo nunca pudo mirar al juez a los ojos, su tonó de voz cambiaba, también cambiaba de tema sobre la fecha de trabajo, se contradecía y se comportaba de una manera nerviosa, conforme se puede analizar del acta de audiencia que cursa a fs. 87 a 90 de obrados.

Asimismo sostiene la actora, que el Tribunal de Apelación, establece que de su parte no se presentó prueba alguna, sin embargo cursa a fs. 66, un cuestionario para confesión provocada, el cual debía ser resuelto por los demandados, pero conforme se evidencia del acta de suspensión de audiencia de confesión provocada, los demandados no se presentaron, por ende se los da por confesos, en cuanto al tenor del cuestionario presentado, conforme establece el art. 166 y 167 del CPT y art. 424 del Código de Procedimiento Civil, prueba que no fue tomada en cuenta en sentencia.

Precisa como vulnerado el art. 150 del CPT, relativo al principio de inversión de la prueba, pues le correspondía a los demandados desvirtuar la existencia de los elementos probatorios que demuestren que el empleado no le corresponden los beneficios sociales que se ha solicitado en primera instancia, observándose que los demandados no aportaron elementos probatorios que puedan desvirtuar la demanda principal.

Los demás argumentos expuestos en el recurso de casación, no tiene relevancia casacional, al no contener una técnica recursiva y por el contrario son narraciones que solo expresan la disconformidad del fallo de instancia.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que en primer lugar MODIFIQUE el auto de vista en todas sus partes y posteriormente ANULE el auto de vista y se dicte un nuevo veredicto declarando y tomando en cuenta sus pruebas, fallare en lo principal aplicando las leyes y sea con costas.

La parte demandada contesta el recurso interpuesto por la actora, y exponen que el Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de Alzada es justo, ya que el mismo hace una valoración de todos los antecedentes glosados en el proceso y revisa la sentencia pronunciada, llegando a comprobar y valorar que el juzgador a tiempo de dictar la misma, hace una correcta apreciación de la prueba y una aplicación e interpretación correcta de la ley, conforme a la previsión del art.158 del CPT.

Indica que el recurso interpuesto no guarda la forma que exige el Art. 274 del Código Procesal Civil, que es aplicable de manera supletoria al presente proceso, por cuanto el recurso interpuesto no señala las fojas en las cuales se encuentra el auto que recurre, siendo improcedente el recurso interpuesto.

Considera que la prueba testifical fue uniforme en establecer que la actora, solo trabajo medio tiempo, lo que incluso se corrobora por el recibo de fecha 10 de marzo de 2011, firmado por la demandante y que deja constancia del pago de sus beneficios sociales por cuatro años; en esa misma línea considera que la facultad de apreciar la prueba es del Juez y el Tribunal de Apelación, no pudiendo ser invocada en casación, ya que las observaciones sobre los testigos, relativas a su forma de comportarse o que los mismos fueron enseñados o que serían sus amigos, debieron ser realizadas en las audiencias correspondientes.

Consideran que la prueba de confesión provocada, no es decisoria, por cuando conforme al art. 158 del CPT, el juez tiene la obligación de considerar todo el conjunto de pruebas y formar un convencimiento y por ultimo considera que el petitorio del recurso interpuesto es contradictorio.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, declare la INFUNDADO del recurso interpuesto.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de inmediación vinculado a la libre apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación:

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el art. 3 inc. b) del Código Procesal Laboral; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el art. 3 Inc. j) desarrollado de manera más amplia en el art. 158 del Código Procesal de Trabajo, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba. 

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el art.  261.III del Código Procesal Civil, aplicable al caso por expresa remisión del art. 208 del Código Procesal de Trabajo; que  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el art. 271.I del Código Procesal Civil.

Error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

El autor Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Ese error de hecho por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor Rene Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si los argumentos expuestos por la actora en el recurso de casación, son evidentes, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

En el caso en concreto, se acusa una supuesta falta y errónea apreciación de la prueba, cuando la recurrente indica que los testigos de descargo que hubieran depuesto en el desarrollo del proceso, fueron testigos enseñados -se entiende por los demandados-, para ser favorecidos por ellos; además indica que bajo un principio de inmediación, el juez de instancia hubiera podido observar que los testigos de descargo hubieran demostrado nerviosismo y contradicción en sus relatos y fueron evasivos en sus respuestas; por lo cual los testigos de descargo, no resultan ser creíbles y no demuestran la realidad de los hechos demandados; asimismo se alega una falta de valoración de la audiencia de confesión provocada, por cuanto al no haber asistido a ese acto los demandados, se tiene a los mismos por confesos, conforme establece el art. 166 del CPT, aspecto que tampoco fue valorado en sentencia.

En este supuesto, cuando se acusa la falta y errónea apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas, sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan o viceversa; de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Ello constituye un error de hecho en la apreciación de la prueba, por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor Rene Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

En el caso que se analiza, la actora impugna el Auto de Vista por la falta y errónea valoración de la prueba cursante de fs. 67, 87 a 90 de obrados (acta de suspensión de confesión provocada y declaraciones testificales de descargo), lo que, según afirma la recurrente, llevó al Juez a quo y al Tribunal de Apelación a llegar a conclusiones erradas, que no demuestran la realidad del trabajo realizado por la actora.

Revisada la resolución impugnada, se establece que no es evidente la denuncia, pues el reclamo de falta y errónea valoración de la prueba cursante de fs. 67 y 87 a 90, fue resuelto por el Tribunal de Apelación cuando afirma que los declarantes han sido uniformes a tiempo de responder al interrogatorio propuesto por la parte demandada, no evidenciándose de la lectura de dichas actas que los testigos hubieran sido enseñados o hubiera existido una conducta de nerviosismo que demostrara la falsedad de las atestaciones, con lo cual se concluye que el Tribunal de Apelación, ejerció control sobre el agravio denunciado por la recurrente. Más adelante del fallo impugnado, se observa que en relación a la confesión provocada, el Tribunal de Alzada establece, que si bien dicha situación no está expresamente valorada en la sentencia, no se puede dejar de lado que por sí misma la confesión, no constituye un medio de prueba decisorio dentro el proceso, por cuanto la prueba confesoria, debe ser contrastada, valorada y analizada en el conjunto de todo el material probatorio ofrecido y producido en juicio, y concluye que en el caso en particular se tiene establecido tanto en los antecedentes procesales como en la sentencia, que las abundantes declaraciones testificales han sido uniformes y con fe probatoria, que no pueden ser enervadas con el cuestionario de confesión provocada, que fue dado por absuelto ente la inasistencia de los demandados.

De ese modo, el motivo del reclamo no tiene sustento dentro de los parámetros expuestos, no solo por partir de una premisa falsa, sino fundamentalmente porque no justifica el supuesto error de hecho en la valoración de la prueba que acusa en el recurso.

En base a los argumentos expuestos por la recurrente, debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se tiene anotado en los fundamentos jurídicos del fallo, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación previsto en el art. 3 inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

En el caso en concreto, el recurrente no ha cumplido estos requisitos de contenido y no señala cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por el Tribunal de apelación, conforme a lo ya manifestado; por lo cual resulta materialmente imposible que el Tribunal de Casación, pueda realizar una nueva valoración de la prueba, que esté vinculada a establecer rasgos de credibilidad de las declaraciones testificales sean de cargo o descargo, ya que bajo el principio de inmediación, son cuestiones que el Tribunal no las apreció de manera directa. 

Para finalizar, tampoco se observa vulneración al principio de inversión de la prueba, por cuanto conforme se observa del desarrollo del proceso, fueron los demandados los que ofrecieron y produjeron la prueba de descargo correspondiente, con la cual se fundó la sentencia de primera instancia.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por la actora Roxi Añez Quiroz, cursante a fs. 162 a 166 vta. de obrados, contra el Auto de Vista Nº 113 de fecha 08 de septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.