TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 205

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 066/2017

Demandante                : Milenka Méndez Lutfi 

Demandado        : SEVEN Editores de Bolivia S.R.L.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 90 a 92 vta., interpuesto por Milenka Méndez Lutfi, contra el Auto de Vista Nº 128 de 17 de agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por la recurrente contra la empresa SEVEN Editores de Bolivia S.R.L., contestación al recurso de fs. 95 a 97, los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

SENTENCIA.-

Tramitado el proceso laboral, en rebeldía del demandado, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 11 de 4 de febrero de 2015, cursante de fs. 28 a 29 vta., declara probada la demanda de fs. 3 a 4 vta., con costas; ordenando el pago de beneficios sociales por la suma de Bs127.569,85.- (ciento veintisiete mil quinientos sesenta y nueve 85/00 bolivianos), fallo de fondo cursante de fs. 28 a 29 vta.

AUTO INTERLOCUTORIO DEFINITIVO

El 29 de junio de 2015, el demandado, Carlos Antonio Guzmán Siu, en su condición de representante legal de la empresa SEVEN Editores Bolivia S.RL., presenta incidente de nulidad de citación con la demanda de fs. 53 a 54 vta.; el Juez de la causa, mediante Auto Interlocutorio Definitivo de 4 de febrero de 2016, resuelve rechazar el incidente y conceder el recurso de apelación formulado contra la Sentencia, en efecto suspensivo, decisión cursante de fs. 71 a 72.

AUTO DE VISTA.-

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado Carlos Antonio Guzmán Siu, cursante de fs. 74 a 74 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 128 de 17 de agosto de 2016, anula el Auto Interlocutorio Definitivo  de  4 de febrero de 2016 y deja sin efecto hasta fs. 7 inclusive, disponiendo que se proceda a citar legalmente al demandando, con llamada de atención al Juez de la causa.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

La demandante Milenka Méndez Lutfi, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 128 de 17 de agosto de 2016, con los siguientes argumentos:

a) Infracción al art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC) que exige que el Auto de Vista se circunscriba a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, por cuanto el Auto de Vista omite pronunciarse sobre el recurso de apelación cursante de fs. 77 a 78 formulado por la demandante, en cuanto a la extemporaneidad del incidente de nulidad por la notificación personal al demandado con el Auto de rebeldía y sobre la extemporaneidad del recurso de apelación del demandado contra la Sentencia, concedido en el efecto suspensivo sin considerar el incumplimiento del plazo previsto por el art. 205 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

b) Aplicación incorrecta del art. 75 del CPT, toda vez que dicha normativa refiere al caso en que el domicilio sea señalado de manera maliciosa, sin considerar que la demandante es la principal interesada porque el proceso se desarrolle sin vicios y dilaciones para el reconocimiento de sus derechos sociales vulnerados; además, apoyan la decisión en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) que ya no se encuentra vigente.

c) El demandado conoció la demanda oportunamente pese a que se consignó un nombre equivocado en la diligencia y se corrige el mismo conforme al Informe de 10 de octubre de 2013, por cuanto a fs. 33 adjuntó la documental en fotocopias con los sellos de legalización del juzgado, más el informe y proveído de 11 de octubre de 2013.

d) Conforme consta en la diligencia de notificación de fs. 12, el demandado es notificado personalmente el 16 de junio de 2014, con el Auto que declara su rebeldía y en la apelación de fs. 74 (reglón 28 y siguientes) confiesa y reconoce que asumió conocimiento de la demanda a momento de notificarse la declaratoria de rebeldía, confesión que al amparo del art. 154 y 167 del CPT no requiere mayor prueba y demuestra que el demandando conoció la demanda oportunamente y que pese al error subsanado posteriormente en la diligencia, la notificación cumplió su finalidad de dar a conocer la demanda; en consecuencia, el demandado debió formular el incidente de nulidad en la primera oportunidad y no después de emitirse la Sentencia en su contra.

Petitorio.- El recurrente solicita casar el Auto de Vista de 17 de agosto de 2016, manteniendo incólume todos los actuados procesales y al no presentarse la apelación contra la Sentencia dentro del plazo establecido por ley, se declare su ejecutoria.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

El art. 256 del Código Procesal Civil (CPC), prevé que procederá el recurso ordinario de apelación en favor de todo litigante que habiendo sufrido algún agravio con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule (art. 219 del CPC-1975); por su parte, el art. 261 del citado CPC, establece que la apelación contra la sentencia o auto definitivo se interpondrá por escrito fundado, que refiere a que contendrá la motivación y fundamentación inherente al agravio sufrido.

En cuanto a la pertinencia de la resolución que se pronuncie en alzada o en segunda instancia, el art. 265.I del CPC, determina que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el citado art. 274.I.3 del mismo texto legal (arts. 236 y 227 del CPC-1975).

En cuanto al principio de congruencia, la Sentencia Constitucional 0486/2010-R de 5 de julio, establece que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…", razonamiento reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 y Nº 0704/2014 y jurisprudencia constitucional contenida en el Auto Supremo Nº 25/2016 de 20 de enero.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

La controversia en el presente caso, radica en determinar principalmente si el Auto de Vista Nº 128 de 17 de agosto de 2016, incumple el art. 265.I del CPC, que exige que el Auto de Vista se circunscriba a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación de fs. 77 a 78, formulado por la demandante Milenka Méndez Lutfi, debido a que de dicha situación depende su validez.

De la revisión de antecedentes se evidencia que una vez pronunciada la Sentencia de 4 de febrero de 2015, cursante de fs. 28 a 29 vta., la empresa demandada, SEVEN Editores de Bolivia S.R.L., presenta recurso de apelación de fs. 35 a 37, mismo que es concedido en el efecto suspensivo a fs. 72, sin que exista pronunciamiento sobre el cumplimiento del plazo previsto por el art. 205 del CPT.

Además, de fs. 53 a 55, la empresa demandada formula incidente de nulidad peticionando la citación de la demanda en su domicilio real; incidente que es rechazado por el Juez a quo mediante Auto de 4 de febrero de 2016, de fs. 71 a 72, que a su vez, concede la apelación formulada por el demandado.

Posteriormente, tanto al empresa demandada (fs. 74 y vta.) por el rechazo del incidente, como la demandante (fs. 77 a 78) por la concesión del recurso de apelación del demandado, considerado extemporáneo, interponen recurso de apelación, contra el Auto de 4 de febrero de 2016; sin embargo, no cursa en antecedentes que el Juez a quo, conceda el recurso de apelación de fs. 77 a 78. 

En ese contexto, analizado el Auto de Vista Nº 128, se evidencia que omite pronunciarse sobre el recurso de apelación de fs. 77 a 78, formulado por Milenka Méndez Lutfi contra el Auto de 4 de febrero de 2016; en consecuencia, son aplicables los fundamentos expuestos sobre la pertinencia, congruencia y la jurisprudencia transcrita en el análisis jurídico legal y jurisprudencial precedente, por cuanto el Auto de Vista Nº 128 de 17 de agosto de 2016,  se circunscribe a resolver únicamente el recurso de apelación formulado por el demandado y concedido por el Juez a quo, omitiendo pronunciamiento sobre la expresión de agravios presentada por la demandante Milenka Méndez Lutfi,, cursante de fs. 77 a 78, respecto a la validez de la notificación personal al demandado con el Auto de rebeldía y a la extemporaneidad del recurso de apelación formulado por el demandado contra la Sentencia; y, por ende sobre la concesión del recurso de apelación en el efecto suspensivo, sin analizar el incumplimiento del plazo previsto al efecto por el art. 205 del CPT.

Además, de la revisión de obrados se evidencia que el Juez a quo, también omitió conceder el recurso de apelación formulado por la demandante, por lo que no consta en antecedentes la apertura de la competencia del Tribunal de apelación para conocer y resolver dicho medio de impugnación.

Por lo expuesto, se concluye que corresponde aplicar el art. 220.III del Código de Procesal Civil, en cumplimiento del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados con reposición hasta fs. 83 inclusive, disponiendo que el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronuncie un nuevo auto de concesión de los recursos de apelación conforme a lo observado en el presente fallo y a los datos del proceso.

En aplicación del art. 223.X del Código Procesal Civil y art. 17.4 de la Ley del Órgano Judicial, al no resultar excusable la omisión, con responsabilidad por la anulatoria, que se traduce en multa de Bs.400.- (cuatrocientos bolivianos) a los Vocales Miriam Rossel Terrazas y Sergio Cardona Chávez y Bs.200.- (doscientos bolivianos) al Juez Severo Hurtado Ribera y consiguiente remisión al Consejo de la Magistratura, en consecuencia, por Secretaría de Sala ofíciese.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.