TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., Y SOCIAL ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 204

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 065/2017

Demandante        : Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza

Demandado        : Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES)

Proceso        : Laboral

Distrito                       : Chuquisaca

Magistrado Relator      : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza, interpone recurso de casación en la forma, contra el Auto de Vista 14/2017 de 4 de enero, cursante de fs. 377 a 380, dictado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso Laboral de Reincorporación y Pago de Salarios seguido por el recurrente contra Cotes representado por Milton Roberto Rodríguez Gómez en condición de Asesor Legal, el Auto que concede el recurso de fs. 395, el Auto Supremo de admisión 65-A de 20 de febrero de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

La demanda laboral incoada por Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza contra Cotes, mereció la Sentencia de 7 de julio de 2017, cursante de fs. 344 a 350 de obrados, dictada por el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declara improbada la demanda de fs. 172 a 178 de obrados.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por el demandante, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 14/2017 de 4 de enero, cursante de fs. 377 a 380, confirma totalmente la sentencia apelada.


II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

El Auto de Vista, motivó que, Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza formule recurso de casación, cursante de fs. 384 a 385 de obrados, expresando lo siguiente:

1. Señala que el Auto de Vista es una resolución citra petita que infringe el art. 265.1 del Código Procesal Civil (CPC), ya que no resolvió sobre la contradicción existente entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, encontrándose el Tribunal Ad quem obligado a resolver este motivo de apelación, omisión que lo dejó en completa indefensión, violando su derecho al debido proceso. Señala que ésta omisión del Tribunal de apelación, incurre en violación del art. 265.1 del CPC, al no circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior, omisión que abre la competencia del Tribunal casacional, como recurso de casación de forma.

2. Argumenta errónea interpretación y aplicación del art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores.

En atención a los argumentos vertidos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Anule el proceso hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de un nuevo Auto de Vista que resuelva todos y cada uno de los motivos apelados.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

Con carácter previo, a manera de contextualizar los hechos, de la revisión de obrados concluimos: La desvinculación laboral de José Javier Nava Aragón del cargo de Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., permitió que el ahora demandante, Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza, previa convocatoria emitida por Cotes y proceso de selección, fuera designado Gerente General de la Cooperativa y posesionado el 16 de mayo de 2014. Posteriormente el 20 de octubre de 2014, el Consejo de Administración de Cotes, en cumplimiento de la Sentencia 8/13 de 22 de mayo (Proceso laboral de reincorporación), procede a Reincorporar a José Javier Nava Aragón al cargo de Gerente General de la Cooperativa y agradecer por los servicios prestados a Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza; ante la imposibilidad de contar con dos gerentes generales de la Cooperativa.

El proceso laboral de reincorporación presentado por Nava contra Cotes fue objeto de Acción de Amparo Constitucional resuelto por la SCP 0214/2014-S2 de 5 de diciembre, que Confirma en todo la Resolución 152/2014 de 2 de junio, pronunciada por el Tribunal de Garantías, y en consecuencia, Concede la tutela solicitada; en cumplimiento de la referida SCP, el Tribunal Supremo de Justicia, dicta el Auto Supremo 288/2014 de 22 de agosto, declarando Infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Cotes Ltda.; confirmando en consecuencia el Auto de Vista 321/2013 de 19 de septiembre, de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que en apelación confirmó la Sentencia 8/2013 de 22 de marzo, dictada por el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre; que dispuso la reincorporación del actor José Javier Nava Aragón, al cargo de Gerente General de Cotes Ltda., restituyéndole todas sus facultades y atribuciones, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de dicho pago, misma que será determinada en ejecución de sentencia.

Corresponde dejar claramente establecido que la SCP 0214/2014-S2 de 5 de diciembre, tiene calidad de Cosa Juzgada Constitucional, formal y material; siendo su cumplimiento obligatorio.

1. Con referencia al carácter obligatorio y vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, el Auto Supremo Nº 1007/2016 de 24 de agosto, ha desarrollado el criterio sobre el carácter obligatorio de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, exponiendo lo siguiente: “Nuestra Constitución Política del Estado, establece la obligatoriedad de las Sentencias Constitucionales, en su Art. 203, señala: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

A su vez, el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, estipula: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que señala: “ I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares”.

En mérito a lo anterior, el art. 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional, establece que “los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales”.

En consonancia con tales disposiciones legales la línea Jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional con relación sobre el efecto vinculante de las sentencias constitucionales, ha razonado en la SCP 0625/2012 de 23 de julio, que: “Las sentencias constitucionales dictadas en correspondencia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Ley Fundamental, se revisten del imperativo de cosa juzgada constitucional; es decir, no admiten más revisión y así adquieren calidad de inmutables e inimpugnables por recurso ulterior, en razón a que es la Constitución la que se sobrepone al orden jurídico general y este Tribunal, se constituye en su supremo intérprete. Precisamente por las características indicadas supra, es que las resoluciones de la jurisdicción constitucional son vinculantes y de obediencia obligatoria por los poderes públicos y por supuesto por las partes, afirmación que se sustenta en el art. 203 de la CPE. Que concuerda con la previsión del art. 129.V de la misma norma constitucional, que indica: 'La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación (…). La autoridad judicial que no proceda conforme con lo indicado por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley'” (SC 1922/2011-R de 28 de noviembre). Por lo expuesto, emitido un fallo en la jurisdicción constitucional, ya sea por los jueces o tribunales de garantías o por este Tribunal, la doctrina legal aplicable desarrollada en él, tiene carácter vinculante con relación a todos, debiendo las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas aplicarla en los casos análogos que sea de su conocimiento; de otro lado, la determinación expresada en la parte dispositiva al estar dirigida exclusivamente a las partes intervinientes en la acción de defensa, tiene efectos inter partes; es decir, surte consecuencias jurídicas con relación al accionante, personas o servidor público demandados y terceros interesados, correspondiendo su ejecución inmediata sin observación alguna, dado que no existe instancia revisora ulterior que pueda modificar sus efectos…”.

El recurrente como argumento casacional señala la violación del art. 265.I del CPC y la errónea interpretación y aplicación del art. 48.II de la CPE; manifestando que el Auto de Vista fue dictado citra petita, al no circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y no pronunciarse sobre la contradicción o incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia.

En el expediente cursa la SCP 0214/2014-S2 de 5 de diciembre, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Javier Nava Aragón contra Pastor Segundo Mamani Villca y Antonio Guido Campero Segovia; ambos Magistrados de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia que resolvieron el proceso social de reincorporación seguido por José Javier Nava Aragón contra Cotes Ltda.; resolviendo confirmar la resolución del Tribunal de garantías, y en consecuencia, conceder la tutela solicitada. En cumplimiento a la Resolución de amparo constitucional, confirmada por el Tribunal Constitucional, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia dicta el Auto Supremo 288/2014 de 22 de agosto, declarando infundado el recurso presentado por Cotes Ltda.; en consecuencia deja firme el Auto de Vista recurrido que confirmó la sentencia, que dispuso la inmediata reincorporación de José Javier Nava Aragón, al cargo de Gerente General de Cotes Ltda., restituyéndole todas las facultades y atribuciones, conforme a la normativa vigente a objeto de su ejercicio, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago.

Con este antecedente, es pertinente puntualizar que el ahora recurrente formula casación en la forma, argumentando que el Tribunal Ad quem, no se pronunció sobre la incongruencia existente entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia; acusando la violación del art. 256.I del CPC; al respecto debemos señalar que el Tribunal de Apelación a momento de fundamentar este punto apelado, manifiesta que las sentencias constitucionales constituyen una unidad jurídica indisoluble que debe ser comprendida en toda su extensión y no a partir del análisis de razonamientos aislados o parciales, como pretende el recurrente, haciendo mención solo al razonamiento que considera “ilegal la desvinculación laboral de Juan Pablo Argandoña Peñaloza y Cotes Ltda.”; sin mencionar que por los efectos del fallo constitucional emitido en la Acción de Amparo seguido por el actual gerente de la cooperativa Javier Nava Aragón, los representantes de Cotes se encontraban compelidos a cumplir, incluso en detrimento del derecho del entonces demandante ahora recurrente; destacando la intervención de Juan Pablo Argandoña Peñaloza en la acción de amparo, en condición de tercero interesado, lo que significa que tenía la posibilidad de ejercer sus derechos en el momento preciso; razón por la que sostiene que el A quo dictó una resolución que refleja una adecuada y correcta compulsa de todos los elementos de juicio puestos a su consideración, resultando ser una decisión clara, que responde a lo solicitado en la demanda.

En atención al principio de supremacía y fuerza normativa de la Ley Fundamental, la SCP 0214/2014-S2 de 5 de diciembre, está revestida del imperativo de cosa juzgada constitucional; es decir no admite más revisión y adquiere la calidad de inmutable e inimpugnable por recurso ulterior, en razón a que la Constitución se sobrepone al orden jurídico general; por lo que es vinculante y de obediencia obligatoria por todo el poder público; por consiguiente y en virtud a los antecedentes suscitados que justifican el accionar de los jueces de alzada no es evidente la incongruencia o contradicción entre la parte considerativa y dispositiva, alegada por el recurrente.

2. Con referencia a la errónea interpretación y aplicación del art. 48 de la CPE, manifestada por el recurrente, corresponde señalar que si bien es cierto que el Estado a través del art. 48 Constitucional dispone que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador; estos principios deben ser aplicados atendiendo a las circunstancias particulares que presenta cada caso concreto, en el caso que nos ocupa, no se puede desconocer el carácter obligatorio y vinculante de la SCP 0214/2014-S2 de 5 de diciembre, que confirma la reincorporación judicial del gerente general de Cotes José Javier Nava Aragón; tornando el derecho a la reincorporación y pago de salarios devengados que asisten al recurrente, de imposible cumplimiento; considerando que sus derechos laborales fueron adquiridos legítimamente, presumiendo su buena fe, en la participación en el proceso de postulación y designación al cargo de gerente general de Cotes Ltda., siendo responsabilidad de la cooperativa por haber activado todo el proceso de selección, sin que haya estado dilucidado judicialmente la situación laboral del gerente general destituido. Lo arriba detallado demuestra que, por las circunstancias especiales del caso concreto, no es evidente la vulneración del art. 48.II de la CPE.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO:

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, de fs. 384 a 385, interpuesto por Joaquín Pablo Argandoña Peñaloza.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.