TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 202

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 060/2017

Demandante                : Nela Rodríguez Cuellar, en su condición de

  tutora legal de sus hijas Tanira y Yenny

  Méndez Rodríguez herederas de Rodolfo

  Méndez Acosta (+)

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 82 a 83 vta., interpuesto por José Romero Saavedra, Olga Muñoz Puna y Nazira Flores Choque en representación legal de Luis Gatty Ribeiro Roca en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista Nº 349/16 de 24 de noviembre de 2016, cursante de fs. 75 a 80, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Administrativa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Nela Rodríguez Cuellar en su condición de tutora legal de sus hijas menores de edad Tanira y Yenny Méndez Rodríguez, herederas de Rodolfo Méndez Acosta (+) contra la institución recurrente, contestación al recurso de fs. 86 y vta., los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral, que pretende el pago de beneficios sociales consistentes en salario devengado (abril/2015), incremento salarial (enero a 19 de mayo/2015), indemnización (4 años, 11 meses, 9 días), subsidio frontera (4 años, 11 meses, 9 días), duodécimas de aguinaldo (4 meses, 19 días/2015) y vacaciones (2 años), más multa por incumplimiento conforme el Decreto Supremo (DS) 28699, peticionando la suma de Bs77.187.- (setenta y siete mil ciento ochenta y siete bolivianos), el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Pando, emite la Sentencia Nº 260/2016 de 30 de agosto,  cursante de fs. 46 a 49, que declara probada en parte la demanda de fs. 9 a 10 e improbada la excepción perentoria de prescripción, sin costas por ser entidad pública la demandada; ordenando el pago de beneficios sociales por el tiempo de trabajo de 2 años y 1 mes, en la suma de Bs.26.486. (veintiséis mil cuatrocientos ochenta y seis bolivianos), con un salario indemnizable de Bs.2.800. (dos mil ochocientos bolivianos), correspondientes a la indemnización, subsidio de frontera (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), vacación (10 meses) y aguinaldo (4 meses y 18 días), ello en aplicación de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y el DS 110 de 1 de mayo de 2009.

Mediante Auto de fs. 51 vta., dicho fallo de fondo, es complementado a petición de la demandante, por cuanto la parte considerativa reconoce el pago del salario devengado por el mes abril/2015 y la parte dispositiva (liquidación) omite los Bs.2.015. por éste concepto, haciendo un monto total a pagar por concepto de beneficios sociales de Bs.28.501. (veintiocho mil quinientos un bolivianos).

Auto De Vista.

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes (fs. 53 y 63 a 64), la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Administrativa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista Nº 349/16 de 24 de noviembre de 2016, cursante de fs. 75 a 80, revoca parcialmente la Sentencia Nº 260/2016 de 30 de agosto, ordenando el pago de beneficios sociales por el tiempo de trabajo de 2 años y 5 meses, en la suma de Bs29.367.- (veintinueve mil trescientos sesenta y siete bolivianos), correspondientes a la indemnización, subsidio de frontera (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), vacación (4 meses y 18 días), salario devengado (abril/2015) y aguinaldo (4 meses y 18 días), ello en aplicación de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y el DS 21137 de 30 de noviembre de 1985.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

José Romero Saavedra, Olga Muñoz Puna y Nazira Flores Choque en representación legal de Luis Gatty Ribeiro Roca en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 349/16, con los siguientes argumentos:

a) En cuanto a la normativa aplicable al ex trabajador eventual; existe violación del art. 108 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); no se vela por los intereses del Estado y de la sociedad, la igualdad de oportunidades de las partes y el derecho a la defensa; el juzgador debe respetar y adecuar las leyes que rigen la vida institucional y aplicar las normas de administración pública (Leyes de Administración y Control Gubernamentales Ley 1178, Estatuto del Funcionario Público Ley 2028, de Procedimiento Administrativo Ley 2341, entre otras), por cuanto el ex trabajador eventual, era consultor en línea; más aún, la Ley 321 prevé que se incorpora  la Ley General del Trabajo (LGT) a los trabajadores asalariados permanentes, no a los eventuales; además, en el presente caso, el trabajador tenía un contrato administrativo eventual (consultoría), que es ley entre partes (art. 519 del Código Civil y está sujeto a los art. 4 y 6 de la Ley 2027, no a la Ley 321 y DS 110.

b) No corresponde el pago de indemnización y salario devengado que genera el incremento de los beneficios a Bs.28.501. (veintiocho mil quinientos un bolivianos) al regir un contrato individual; la Sentencia resulta ultra petita por éste aspecto, ante una demanda exorbitante y un Auto de Vista benevolente al ordenar el pago de Bs.29.367. (veintinueve mil trescientos sesenta y siete bolivianos).

c) No corresponde el pago de aguinaldo y vacaciones; el Gobierno Autónomo Municipal se encuentra al día con el pago de aguinaldos a sus ex y actuales servidores públicos; resulta perjudicial un pago no programado por el incumplimiento del art. 5 de la Ley 2042, que determina que no se puede comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en presupuestos aprobados; no cuentan con una partida presupuestaria destinada a éste tipo de pago a ex trabajadores; además, el pago de vacaciones no es correcto por ser consultor en línea, de conformidad a la interpretación contenida en la SCP 1734/2012.

d) En cuanto al subsidio frontera, la Sentencia determina su pago y el Auto de Vista incrementa su monto, sin considerar que debe aplicarse la presunción que de un consultor en línea a contrato, no se desglosa ese concepto en su boleta de pago, sino que lo percibido es en base a su contrato  administrativo individual; erróneamente se ordena el pago de éste subsidio por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, situación que atenta a los intereses económicos de la institución, sin considerar que se trata de una ex consultor en línea y que implicaría un doble pago por el mismo concepto.

Petitorio.- La institución recurrente peticiona casar o modificar el Auto de Vista impugnado.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

Las leyes sólo operan para el futuro, siendo su aplicación obligatoria a partir de su publicación (art. 164.II de la CPE) o desde la fecha que prevea la misma Ley; en cuanto al principio de irretroactividad, el art. 123 de la CPE, establece las excepciones a la regla disponiendo la aplicación retroactiva de la Ley entre otras en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; dicho principio tiene dos excepciones: la irretroactividad de las leyes en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional (art. 123 de la CPE), y ultraactividad que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (art. 116 dela CPE).

Al respecto, la Sentencia C-763/2002 de la Corte Constitucional de Colombia, citada por la Sentencia Constitucional 0220/2010-R del Tribunal Constitucional de Bolivia, señala: “…la ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después…”.

1. Sobre la aplicación del Estatuto del Funcionario Público, Ley de Municipalidades, Ley General del Trabajo y Ley 321.

Con el propósito de establecer el régimen legal laboral aplicable al caso concreto, se tiene que:

De conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 77 del EFP, Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 y 5 de la Ley 2104 de 21 de julio de 2000 que modifica el citado art. 77 al disponer que: “La Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, entrará en vigencia plena 90 días después de la posesión del Superintendente del Servicio Civil”, la vigencia del Estatuto del Funcionario Público, es desde el 23 de junio de 2001, por cuanto dicha posesión al Superintendente de Servicio Civil se efectivizó el 23 de marzo de 2001.

Por su parte, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 denominada Ley de Municipalidades, entró en vigencia desde el 8 de noviembre de 1999, al haber sido publicada en tal fecha.

La citada Ley 2028, realiza un corte en cuanto se refiere al régimen laboral de los servidores públicos municipales; así, el art. 59 prevé tres categorías:

1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la carrera administrativa municipal descrita en la dicha Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos.

2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal, que no son considerados funcionarios de carrera y tampoco se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público; y,

3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, quienes sí se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo.

En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 2028 (8 de noviembre de 1999), todo trabajador que ingresa a prestar servicios en los Gobiernos Municipales, adquiere una de las categorías anotadas y únicamente la última categoría, vinculada a las prestaciones directas de servicios públicos, se encuentra sujeta a régimen laboral de la Ley General del Trabajo.

Además, el art. 61 de la citada Ley 2028, establece la carrera administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral y su permanencia dependerá de su desempeño; por otra parte, la carrera administrativa presupone el reclutamiento y selección de personal, conforme al art. 64 del mismo texto normativo.

Posteriormente, el art. 1 de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes a partir de dicha fecha, gozan de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren (a partir de la promulgación de la Ley 321), sin carácter retroactivo.

Dicha Ley 321, exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de Dirección, Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefatura, Asesor, y Profesional; además, el art. 2 de la citada Ley, establece que las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes de los Gobiernos Autónomos Municipales, incorporados a la Ley General de Trabajo en el marco de lo dispuesto en el art. 1 de la misma Ley, mantendrán su antigüedad sólo para efecto del pago del bono de antigüedad y cómputo de vacaciones.

De ello se infiere que, para determinar la normativa aplicable a una problemática laboral vinculada a un servidor público municipal, debe considerarse la fecha y forma de ingreso a su fuente laboral, las funciones que el trabajador ejerce; además, la aplicación de la Ley 321 a partir del 18 de diciembre de 2012; y, así queda establecido a efectos del análisis y aplicación de la norma al caso concreto.

2. Sobre la indemnización y el salario devengado.

El instituto de la indemnización es un derecho consagrado constitucionalmente en el art. 48. I, II y II; consiste en la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral que se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. En ese sentido, el art. 13 de la LGT, establece que cuando fuere retirado el empleado u obrero, por causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado a indemnizarle por tiempo de servicios.

Por su parte el art. 1 del DS 110 de 1 de mayo de 2009, prevé que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.

Respecto al salario devengado, el demandado debe demostrar su pago con documentación fehaciente en caso de pretender que no se reconozca el mismo al peticionante, ello en aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba que rige en materia laboral, más aún en caso de fallecimiento del trabajador, por cuanto es un tercero quien pide la cancelación de los beneficios sociales y derechos adquiridos, ya sea en condición de heredero o de tutor legal.

3.- Sobre el aguinaldo y vacaciones.

El art. 2 del DS 2317 de 29 de diciembre de 1950, prevé que el tiempo mínimo de servicios para acceder al pago del derecho al aguinaldo, es de 3 meses para empleados, dentro del año correspondiente, aunque el trabajador hubiese sido retirado antes del 25 de diciembre del año respectivo; ello implica también en caso de conclusión de la relación laboral por fallecimiento del trabajador. 

En cuanto a las vacaciones, en aplicación del art. 48.III de la CPE y el DS 12058 de 24 de diciembre de 1974 que establece que después del primer año de antigüedad, los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas, el tratadista Guillermo Cabanellas que en su Tratado de Derecho Laboral - 1998, Tomo II, Volumen 2, Págs. 494 a 495, señaló:  “Es norma establecida en la legislación positiva iberoamericana, que las vacaciones no son compensables en dinero. No se trata de aceptar la posibilidad de que el patrono compense en dinero las vacaciones de acuerdo con el trabajador, sino el caso de que el trabajador no haya tenido vacaciones en la oportunidad que le correspondía, y por lo tanto debe establecerse la compensación por un beneficio establecido en la Ley que le ha sido negado por el patrono o empresario”; por su parte el art. 44 de la LGT, reformado por el art. 1 del DS 3150 de 19 de agosto de 1952, que regula el “descanso anual” a que tienen derecho todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el DS 17288 de 18 de marzo de 1980; constituyéndose la vacación en el descanso que ofrece la posibilidad al trabajador, de renovar la fuerza y la dedicación para el mejor desempeño de sus actividades laborales; consiguientemente, y por disposición del artículo 33 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo, se tienen como reglas generales, que: a) las vacaciones no son acumulables y son ejercitadas cada año, conforme al rol de turnos que formule la parte empleadora, y b) no son compensables en dinero. Sin embargo, el precitado artículo, establece excepciones para ambas reglas; en el primer caso referente a la no acumulabilidad de las vacaciones, se tiene la salvedad que exista un acuerdo mutuo y por escrito entre ambas partes, es decir que hayan convenido que la vacación correspondiente a un año trabajado sea posible de ejercitarse posteriormente; en lo que concierne a la no compensación económica de las mismas, se tiene la salvedad que, cuando se termina el contrato de trabajo, sea por despido o renuncia, las vacaciones pendientes pueden ser compensadas en dinero, dado que resulta imposible que el trabajador pueda tomarlas cuando ya no existe una relación laboral; más aún en caso de motivo de fuerza mayor como es el fallecimiento del trabajador durante la vigencia de la relación laboral.

4.- Sobre el subsidio frontera.

El art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, prevé que el subsidio de frontera equivale al 20% del salario mensual, que se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales y que rige también para las empresas privadas.

Adicionalmente a la normativa y fundamentos expuestos precedentemente, cabe aclarar que la interpretación de las normas en materia social debe partir del principio de inversión de la carga de la prueba, previsto en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y los arts. 48 de la CPE y 4 de la LGT, con la aplicación del principio de protección con sus tres sub reglas: In dubio pro operario, condición más beneficiosa y norma más favorable.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

La controversia en el presente caso, radica en determinar si el Auto de Vista Nº 349/16 de 24 de noviembre de 2016, cursante de fs. 75 a 80, aplicó correctamente la Ley 321 y normas laborales conexas para el reconocimiento del pago de beneficios sociales y derechos laborales a la peticionante, considerando que el trabajador Rodolfo Méndez Acosta (+), era un trabajador del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Conforme se tiene expresado en el análisis precedente y de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que:

a) En cuanto a la normativa aplicable.

Rodolfo Méndez Acosta (+), si bien ingresó a trabajar el 2010 al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, es recién a partir de la vigencia de la Ley 321 que se incorpora a la LGT a los trabajadores asalariados permanentes, sin carácter retroactivo; ahora bien, el fallecido trabajó hasta el 18 de mayo de 2015, habiendo ejercido las funciones de chofer del servicio de emergencias, de la Oficialía Mayor Técnica, de SENASAG, además de servicios manuales entre los años 2010 y 2015; a momento de ingresar a la institución municipal se encontraba en el marco de lo previsto por el Estatuto del Funcionario Público y la Ley de Municipalidades, y dada la naturaleza de sus principales funciones (chofer y servicios manuales) en diferentes unidades como la Oficialía Mayor Técnica (fs. 16), SENASAG (fs. 18), Programa Salud del Municipio de Cobija (fs. 19) y Emergencias del Hospital Roberto Galindo Terán (17 y 20), no es un trabajador eventual o consultor en línea, considerando además que no consta en obrados un contrato que así lo demuestre y por el contrario, en antecedentes cursan los memorándums de designación y asignación de funciones, certificados de trabajo respectivos y boletas de pago (fs. 16 a 27 y 57 a 61); en consecuencia, la normativa aplicable a la pretensión de la demandante es la LGT y normas laborales conexas, considerando la aplicación de la Ley 321 a partir de su vigencia el 18 de diciembre de 2012, para el reconocimiento del pago de beneficios sociales; además de los derechos legalmente adquiridos como trabajador del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, capital del departamento fronterizo de Pando.

Establecida la aplicación de la LGT a partir del 18 de diciembre de 2012 y el tiempo de trabajo demostrado con la documentación cursante en obrados de 2 años y 5 meses a efectos de aplicación de dicha LGT, y desde el 2010 hasta el 2015, a efecto de la existencia de derechos adquiridos y reclamados en la demanda, se efectúa el análisis respectivo.

b) En cuanto al pago de indemnización y salario devengado.

El art. 13 de la LGT, aplicable al caso a partir reconforme consta en el análisis precedente, constituye un reconocimiento al trabajador establece que cuando fuere retirado el empleado u obrero, por causa ajena a su voluntad, el empleador estará obligado a indemnizarle por tiempo de servicios y en el presente caso, ante el fallecimiento del trabajador, corresponde dicho pago.

Sobre el salario devengado, no consta en obrados prueba alguna que demuestre que el Gobierno Autónomo Municipal canceló el salario correspondiente al mes de abril/2015, más aun considerando que el fallecimiento del trabajador ocurrió el 19 de mayo de 2015 (fs. 7) y ejerció sus funciones hasta el día anterior; al respecto, conforme se tiene establecido en el análisis legal del presente fallo, la interpretación de las normas en la materia, debe partir de principios como el de inversión de la carga de la prueba, pues en el caso de autos la institución demandada no desvirtuó con prueba fehaciente la afirmación y pretensión de la demandante, respecto al pago del salario devengado.

Además, el salario devengado fue peticionado en demanda, considerado en Sentencia y Auto Complementario de fs. 51 vta. y reconocido también en apelación en Auto de Vista, por lo que no estamos frente a decisiones ultra petitas como aduce la institución demandada. 

c) En cuanto al pago de aguinaldo y vacaciones.

Con base en el análisis normativo precedente, resulta necesario reiterar  que la interpretación de las normas en materia social debe hacérsela partiendo del principio de inversión de la carga de la prueba, por cuanto en el presente caso, la parte demandada no desvirtuó con prueba fehaciente la pretensión de la demanda, respecto al pago de aguinaldo y vacación, sin que el justificativo de la institución demandada para no pagar los mismos sea el incumplimiento del art. 5 de la Ley 2042 por el hecho de no estar previsto en su presupuesto aprobado para la gestión o que no se cuente con planilla presupuestaria destinada a éste tipo de pago a ex trabajadores, por cuanto ya se determinó la aplicación de la Ley 321 y los derechos laborales bajo ningún concepto pueden estar supeditados a una situación del empleador netamente administrativa.

d) En cuanto al subsidio frontera.

De conformidad con el análisis legal contenido en el presente fallo, no consta en obrados que la institución demandada pagó al trabajador por concepto de subsidio de frontera durante el tiempo trabajado, las boletas de pago no consignan un desglose por concepto que nos permita establecer su pago oportuno, en consecuencia, es correcto el pago de éste subsidio por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; situación que no atenta a los intereses económicos de la institución, sino que constituye un reconocimiento de un derecho laboral adquirido por el trabajador y la aplicación del art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, que prevé el porcentaje del 20% del salario mensual a pagar por concepto de subsidio de frontera a todos aquellos trabajadores cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales, como es el caso del Municipio de Cobija, capital del departamento de Pando.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal ad quem no incurrió en vulneración alguna y no es evidente la infracción acusada en el recurso de casación, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación; sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de Julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.