TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 201

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente:                059/2017

Materia:                        Social

Demandante                Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Demandado:        Kieferth Venique Chávez

Distrito:                        Pando

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 132-135, interpuesto por Nativo Reyes Dorado, representante de la Empresa demandante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, contra el Auto de Vista Nº 351/16 de 29 de noviembre de 2016, cursante de fs. 105-107, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social de desafuero, seguido por la empresa que representa el recurrente contra Kieferth Venique Chávez, el Auto Supremo Nº 59-A de 20 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 143 y vta.) y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 315/016 de 25 de octubre de 2016 (fs. 88-90 vta.), declarando improbadas la demanda de desafuero y la demanda reconvencional de “Impedimento al libre ejercicio de la actividad sindical”, sin costas

Auto de Vista.

En grado de Apelación, promovido por la empresa demandante, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista Nº 351/16 de 29 de noviembre de 2016, cursante a fs. 105-107, Confirmó la Sentencia Nº 315-016 de 25 de octubre de 2016, sin costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el representante de la empresa demandante, Nativo Reyes Dorado, interpuso recurso de casación o nulidad en el fondo, por escrito de fs. 132-135, recurso que luego de ser respondido, fue concedido mediante Auto Nº 21/2017 de 30 de enero de 2017, cursante a fs. 139 vta., por lo que una vez radicado el expediente en este Tribunal Supremo, por Auto Supremo Nº 59-A de 21 de febrero de 2017 (fs. 148 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:


Argumentos del recurso de casación:

El recurrente, luego de ratificar su apersonamiento, fundamenta que interpone recurso de casación o nulidad en el fondo, alegando que el Tribunal de alzada, incurrió en error de hecho y de derecho en la interpretación de la norma, afirmando que no se ha considerado los documentos de fs. 4 a 7 y 54 a 62 de obrados, que demuestran que el demandado, incurrió en falsificación de documentos, respecto de un Título Profesional de “Técnico Superior en Informática Industrial”, habiéndose constatado por esa prueba, que ese documento presentado por el demandado y que se encuentra en su file personal, no tiene ninguna validez legal, empero el Tribunal de alzada, estableció que para la procedencia del desafuero son necesarios dos pasos indispensables, demostrar las causales de despido e instaurar el proceso de despido del trabajador por una causal indicada en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), pese a que no identifica la norma en la que se establecen estos requisitos, además que el hecho de tener fuero sindical, no significa estar exento de responsabilidades, conforme se determinó en la SCP 0027/2015-S1 y en el caso presente se demostró con pruebas contundentes que el demandado presentó un Título Profesional falsificado de “Técnico Superior en Informática Industrial”, demostrado por los documentos de fs. 6 y 7 y la literal de fs. 53 de obrados y la Declaración de Adhesión al Código de Ética de la empresa YPFB de fs. 62, presentadas en el periodo de prueba y que no se les atribuyó ese valor probatorio, conforme se estableció en el AS Nº 30 de 20 de febrero de 2014, respecto de los arts. 3 inc. j) y 158 del CPT.

Considera que se ha demostrado la causal de despido y que el proceso sumario interno se encuentra en trámite, empero en mérito a la prueba indicada, correspondía que se declare probada la demanda, al estar demostrados los hechos que sustentan el desafuero, al no estar sujetos los jueces laborales a la tarifa legal de las pruebas, conforme establecen los arts. 3 inc. J) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por ello consideran que el razonamiento vertido por el Tribunal de alzada, es subjetivo, porque los justificativos de la demanda se encuentran plenamente demostrados.

Petitorio:

Concluyó señalando que interpone recurso de casación en el fondo y que luego de los trámites pertinentes se emita Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare probada la demanda, disponiendo el desafuero sindical del demandado Kiefferth Venique Chávez, sea de acuerdo a ley.

Contestación al recurso:

Este recurso fue contestado por el demandando, mediante memorial de fs. 138-139 en el que argumentó que el recurso sustenta su fundamentación en el Código de Procedimiento Civil, sin advertir que esta norma se encuentra derogada por el Código Procesal Civil, además que incumpliendo el art. 210 del Código Procesal del Trabajo, debió invocar esta norma, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por otra parte, afirma que existe una confesión espontánea presentada en el recurso, respecto a que la causa por la que se le atribuye el desafuero habría prescrito por haber transcurrido más de dos años, más aún si su contratación, no fue en mérito a un contrato de trabajo profesional, y su nivel salarial tampoco tiene esa calidad.

Por ello considera que se aplicó correctamente el art. 48-II de la CPE, solicitando que ante la inexistencia de una adecuada fundamentación jurídica, se rechace el recurso y se declare ejecutoriado el Auto de Vista, con costas.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 132-135, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

La doctrina ha establecido que “El fuero sindical, constituye la garantía necesaria para que los dirigentes sindicales cumplan con sus funciones, sin ser despedidos o desmejoradas sus condiciones de trabajo”. (Isaac Sandoval Rodríguez, Legislación del Trabajo, décima edición, Pág. 190); esta garantía se encuentra reconocida en la CPE de Bolivia, en el art. 51-VI.

Este mismo Autor, cita a Cabanellas, quien define el fuero sindical, como “la garantía que se otorga a los trabajadores, motivada en su condición representativa sindical para no ser despedidos, trasladados ni modificados en sus condiciones de trabajo sin causa justa…”

El desafuero constituye un proceso especial, previsto por el Código Procesal del Trabajo (arts. 241-242), de competencia de los Jueces de Trabajo, conforme establece el art. 73 núm. 8 de la Ley de Organización Judicial Nº 025, en el que previo las formalidades que rigen a los juicios sociales, se debe demostrar ante dicho Juez de Trabajo de la jurisdicción correspondiente, la causa justa que permita el despido, el traslado o la modificación de las condiciones de trabajo de un dirigente sindical.

Es decir, esta causa justa, constituyen la comisión de delitos o faltas contempladas en la Ley de Trabajo como causal de despido, demostrada ante el Juez de Trabajo que conozca del proceso de desafuero sindical.

Establecida la culpabilidad del obrero dirigente sindical, se declara por el Juez de Trabajo, el Desafuero Sindical y por consiguiente, se determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el art. 16 de la LGT, conforme prevén dichas normas adjetivas y el Decreto Ley Nº 38 de 07 de febrero de 1944, elevado a Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006.

Consecuentemente, quien ostenta la competencia para identificar y declarar probada la causal del desafuero sindical alegada, es el Juez de Trabajo, quien debe ponderar esas probanzas de acuerdo a lo que establecen dichas normas.

Este Tribunal Supremo, en similares casos, estableció que: “Al respecto, es preciso puntualizar que la doctrina laboral ha entendido que el fuero sindical, representa un conjunto de garantías que se otorgan a los trabajadores, quienes actuando en cargos electivos y representativos de sindicatos, necesitan por razón del trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical, implicando con dicha protección, la prohibición al empleador de despedirlo o alterar su condición laboral con motivo de dicha actividad.”

“Es en ese sentido, que la Constitución Política del Estado de 2 de febrero de 1967 en su artículo 159. I, (vigente a la fecha del inicio del proceso) estableció: “...Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo estos ser perseguido ni presos...”, y actualmente nuestra Constitución Política del Estado vigente en su artículo 51. I, II, III, IV y VI, reconoce el derecho que tiene toda trabajadora y trabajador de organizarse en sindicatos, disponiendo además que: “... los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales...”.

“Así también, el artículo 100 del Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990, prevé: “...los dirigentes sindicales, a la finalización de sus mandatos, deben restituirse a las fuentes de trabajo que ocupaban en el momento de haber sido declarados en comisión. Estos trabajadores no podrán ser retirados de sus fuentes de trabajo mientras dure su mandato como dirigentes sindicales...”, en relación con lo prescrito por los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley Nº 38 de 7 de febrero de 1944, elevado al rango de Ley por la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, prescriben 1.- “Los obreros o empleados elegidos para desempeñar los cargos directivos de un Sindicato, no podrán ser destituidos sin previo proceso. Tampoco podrán ser transferidos de un empleo a otro, ni aun de una sección a otra, dentro de una misma empresa, sin su libre consentimiento”, 2.- “En caso de que el empleador estime necesario su traslado o su destitución, éste se hará como consecuencia de un proceso que se instaurará ante el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente ante el cual se probará la comisión de delitos o faltas contempladas en las Leyes de Trabajo como causales de despido...”, 3.- “Establecida la suficiente culpabilidad del obrero dirigente del Sindicato, el Juez del Trabajo determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo...”, corroborando con esta determinación el artículo 241 del Código Procesal del Trabajo señala al respecto: “Los juicios sociales de desafuero sindical se tramitaran de conformidad a las reglas de los juicios sociales ordinarios…”, por otra parte el artículo 242 del mismo cuerpo legal, aclara que en tanto no exista sentencia ejecutoriada de desafuero, el trabajador continuará en sus funciones.”

“Ratificando con lo citado ut supra, el artículo 152 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455, (vigente el momento del inicio y conclusión del proceso sumario administrativo seguido en contra del demandante), disponía: (Competencia). Los jueces del trabajo y seguridad social tienen competencia para lo siguiente: 6) “Conocer en primera instancia de las demandas de reincorporación,…y del desafuero de dirigentes sindicales (el resaltado nos pertenece), concordante con los artículo 9 y 43. f) del Código Procesal del Trabajo, que señalan los Jueces de Trabajo y Seguridad Social tienen competencia para conocer en primera instancia “de la demanda de desafuero de dirigentes sindicales”.

“En base a la normativa citada, se infiere que el fuero sindical se encuentra reconocido constitucionalmente, estableciendo de forma expresa que la destitución de una trabajadora o trabajador que goce de dicho fuero, debe estar sujeta a un proceso previo ante la autoridad jurisdiccional competente,…1.

Nótese que éste Auto Supremo, analizó que ese proceso social, se inició en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, de 2 de febrero de 1967, habiendo identificado las normas que tutelaban los derechos de los trabajadores sindicalizados, que son concordantes a las previstas en la actual Constitución Política del Estado, de 7 de febrero 2009, que se encontraba ya en vigencia plena, al momento de emitirse esa resolución judicial, habiendo citando para ese efecto el art. 51.

Estas normas se aplicaron en ese caso concreto al identificar los derechos reconocidos a los trabajadores, para organizarse en sindicatos, que los dirigentes, gozan del fuero sindical y que no se les puede despedir hasta un año después de la finalización de su gestión, como tampoco se les puede disminuir sus derechos sociales y especialmente relacionó detalladamente las previsiones del DS Nº 22407 y de la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006 y de la Ley Nº 025 de Organización Judicial, aplicables a favor de los trabajadores sindicalizados y que instituye el procedimiento del desafuero sindical que se encuentra vigente hasta la fecha y que debe ser cumplido por los Órganos Jurisdiccionales, al presumirse su constitucionalidad, conforme establece el art. 4 del Código Procesal Constitucional.

Por otra parte, respecto de la valoración de la prueba, tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley (arts. 60 y 158 CPT).

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente se ha alegado que se habría incurrido en error de hecho y de derecho en interpretación de la normativa referida a la valoración de las pruebas cursante en obrados.

Ciertamente el error de hecho y de derecho se atribuye a la valoración de la prueba, cuando se omite alguna prueba o se le asigna un valor diferente al previsto por ley, respectivamente.

Sin embargo, cuando se alude a error de hecho o de derecho respecto de la interpretación de una norma; en el primer caso, se entendería que se habría omitido aplicar esa norma en un asunto específico, lo que implica que se incurrió en violación de la norma; mientras que respecto del segundo caso, es que se atribuyó una interpretación diferente a una norma, incurriendo en interpretación errónea, o puede también, establecerse en este último entendimiento, que se incurrió en una aplicación indebida, es decir, se aplicó una norma diferente al hecho juzgado.

Todas estas, constituyen causales de casación en el fondo, conforme establece el art. 271-I del CPC, aplicable en materia laboral, por la permisión del art.- 252 del CPT.

Analizando detenidamente los fundamentos del recurso objeto de resolución se establece que ciertamente se denunció la violación de los arts. 3 inc. j) y 158 del CPT, referidos, primero, a la libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad, conforme a la sana lógica, los citados de su conciencia y los principios del derecho procesal del trabajo; y segundo, que el juez en materia social no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, por ello es que resuelve en mérito a ese principio de libre apreciación de la prueba, inspirándose en los principios que informan la crítica y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta de las partes procesales, a fin de evitar que éstas realicen un acto simulado o se sirvan del proceso para obtener un fin prohíbo por ley.

En el caso presente, el recurrente afirma que se incurrió en “violación” de estas normas, porque durante el proceso de desafuero sindical, pese a que acreditó fehacientemente que el demandado incurrió en causales de despido justificado, por haberse demostrado, que al momento de presentar su file personal, adjuntó un Título profesional falsificado de “Técnico Superior en Informática Industrial”, constituyendo este documento un requisito para ocupar el último cargo, de “Técnico de Soporte” al que accedió en la gestión 2016, implicando que se prevalió de ese título falsificado para acceder a los cargos de la empresa.

Alega que ese comportamiento se ratificó, tanto en la Declaración Jurada de formación profesional y su propio currículum vitae de fs. 54 a 62 de obrados, específicamente el documento de fs. 57, como, la Declaración de adhesión al Código de Ética de la empresa YPFB de la gestión 2011, suscrito por el mismo trabajador, porque luego fueron desvirtuados esos documentos, por las certificaciones emitidas por la indicada Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo de fs. 6 y 7 de obrados, que evidencian que esos documentos son falsificados.

El Tribunal de alzada, al momento de emitir el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2016, evidentemente reconoció las facultades que se tiene para destituir a un dirigente sindical, cual es que se debe demostrar las causas de despido previstas en el art. 16 de LGT y una vez que se demuestre esas causas se determine el desafuero sindical, conforme establece el art. 241 del CPT (Segundo Considerando, punto 1).

Sin embargo, en el mismo Considerando, punto 2, el Tribunal de alzada, determinó erróneamente que en el caso presente, no se habría instaurado un proceso de despido del trabajador, por alguna de las causales del art. 16 de la LGT, sino que, directamente se procedió a demandar el desafuero.

Este aspecto es totalmente incorrecto, pues en caso de tratarse de despido, o modificación de las modalidades de trabajo de un obrero que forma parte del Sindicato, conforme establece el art. 3 del DL Nº 38 de 07 de febrero de 1944, que ha sido elevado a rango de Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, debe demandarse directamente el desafuero ante el Juez de Trabajo, quien con plena competencia, una vez establecida la suficiente culpabilidad del obrero dirigente sindical, determinará su retiro, de acuerdo a lo establecido por el art. 16 de la LGT, todo conforme se relacionó línea arriba y que ha sido reiterado por la Jurisprudencia citada, emitida por este Tribunal.

Por otra parte, es evidente que en resguardo del debido proceso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando analizaba la SCP 0646/2012, determinó que “Según el entendimiento asumido en la citada Sentencia, se deja claramente establecido que; el empleador, cuando observe que, un trabajador despliega una conducta tipificada como delito por la norma penal, no puede despedirlo directa e inmediatamente, más al contrario, en resguardo de la garantía del debido proceso y del principio de presunción de inocencia, se debe iniciar un proceso administrativo interno en la vía disciplinaría, si a la conclusión de este proceso se logra determinar que efectivamente el trabajador ha incurrido en una conducta dolosa o culposa que amerite una sanción penal, en dicho momento estará facultado para despedirlo en forma justificada, dando por concluida la relación laboral; sin embargo, cuando el trabajador no es sometido a este proceso administrativo interno, sino más bien a un proceso penal, en cuyo caso el empleador, tampoco puede despedirlo unilateralmente a simple denuncia del hecho, mínimamente debe concluir la etapa preliminar con imputación formal contra el trabajador, en base a ello proceder al retiro del trabajador; por cuanto, según el fundamento expuesto en esta Sentencia no es razonable que el empleador tenga que esperar hasta que se dicte sentencia condenatoria y éste pase a su vez se ejecutorié.” 2

Siguiendo esta línea, este Tribunal, estableció respecto del despido de un Dirigente Sindical, que: “… de la revisión del expediente se colige que, no es evidente lo denunciado, hasta tanto y cuando se determine en juicio por autoridad jurisdiccional competente, sobre la inocencia o culpabilidad del actor, mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, mientras tanto el dirigente sindical goza de declaratoria en comisión con goce del 100% de sus haberes y demás derechos laborales, caso contrario se vulneraría el principio de presunción de inocencia, plasmada en la Constitución Política del Estado, en su art. 116, como garantía laboral prevista en la jurisprudencia constitucional;…” 3

Esta jurisprudencia constitucional y la emitida por este Tribunal, advirtieron que cuando se procede al despido de un trabajador o de dirigente sindical, sin tramitar previamente un proceso interno administrativo, o iniciar un proceso penal, se vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia, exigiendo en uno u otro caso una sentencia ejecutoriada, sea dentro de ese sumario interno administrativo o proceso penal, para establecer ese despido.

Sin embargo, en el caso presente, al tratarse de un proceso especial, establecido específicamente para determinar si corresponde o no el desafuero sindical, conforme prevé el art. 2 de la indicada Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, ya no es preciso tramitar un proceso administrativo previo conforme a la normativa interna de la empresa o institución y tampoco corresponde tramitar un proceso penal; sino que de manera directa, en resguardo de ese debido proceso, el Juez de Trabajo, adquiere plena competencia para determinar si corresponde o no ese desafuero en mérito al conjunto de pruebas que se presentaron ante su autoridad y que, conforme establecen los principios de libre apreciación de la prueba e inexistencia de la prueba tasada, debe declarar probada o improbada la indicada solitud de desafuero sindical y determinar el retiro del dirigente sindical, o el traslado o modificación de las condiciones del trabajo, según corresponda, en resguardo del debido proceso y la presunción de inocencia, pero velando por la verdad material acreditada en el curso del proceso, conforme establecen los arts. 115-II, 116-I y 180-I de la CPE.

En ese entendido, revisando los antecedentes del presente proceso, se establece que ciertamente la empresa demandante demostró incuestionablemente que el demandado (Dirigente Sindical), incurrió en la causa justificada de despido, prevista por el art. 16 inc. e) de la LGT, porque incumplió el convenio o contrato al que se encontraba reatado, puesto que si bien en un principio no fue contratado considerando su condición de profesional, pero sí se lo hizo, para la asignación de nuevas funciones como encargado de “Técnico de Soporte” conforme evidencia el oficio de 04 de enero de 2016, o “Soporte de Sistemas”, de acuerdo al Contrato ANRH-T-15019/2015 de fs. 44 a 45 de obrados, evidenciando que los documentos que justificaron esa contratación, fueron los presentados por el trabajador y que cursan de fs. 55 a 62 de obrados, respecto de la hoja de vida, currículum vitae y declaración de adhesión al Código de Ética de YPFB, que luego fueron desvirtuados en su validez por los documentos presentados junto a la demanda cursante de fs. 1 a 7 de obrados y que no fueron valorados por el Tribunal de alzada, omitiendo la facultad que le otorgaron los arts. 3 in f) y 158 del CPT, de apreciar la prueba a su prudente arbitrio y sana crítica, evidenciándose de esta manea que se incurrió en violación de estas normas por su inaplicación al caso concreto.

En ese marco legal, se concluye que es evidente las causales de casación alegada por el recurrente, por consiguiente, se establece que el Tribunal de alzada incurrió en violación de esas normas, justificando la casación del Auto de Vista; correspondiendo, aplicar el artículo 220-V del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, CASA el Auto de Vista Nº 351/16 de 29 de noviembre de 2016, cursante de fs. 105-107, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y deliberando en el fondo, declara PROBADA la demanda de Desafuero Sindical de fs. 14 a 16 vta., disponiendo en aplicación del 3 de la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, el desafuero sindical del demandado Kieferth Vinique Chávez y por consiguiente, su retiro inmediato de su fuente de trabajo, ordenando a la empresa YPFB, demandante, proceda a liquidar y pagar sus beneficios sociales y derechos consolidados que le correspondan, con la pérdida del último quinquenio, conforme establece el art. 16 de la LGT y sea dentro de los 15 días siguientes de ejecutoriado el presente fallo, conforme establece el art. 9 del DS Nº 28699, bajo conminatoria de imponer la multa y actualización prevista por ésta última norma.

Sin multa por ser excusable y sin costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 Auto Supremo Nº 86/2014 de 21 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda.

2 SCP 1917 de 12 de octubre.

3 Auto Supremo Nº 262/2015, de 27 de agosto de 2015.