TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 200

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 462/2017

Demandante                : Jerges Mercado Suárez

Demandado        : Mancomunidad de Municipios Chiquitanos

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y fondo de fs. 126 a 129 vta., interpuesto por Romulo Renato Arandia Orellana en representación legal de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, contra el Auto de Vista Nº 72 de 6 de julio de 2017, cursante de fs. 121 a 123, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Jerges Mercado Suárez contra la institución recurrente, traslado de fs. 130, los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

SENTENCIA.

Tramitado el proceso laboral, que pretende el pago de beneficios sociales y derechos laborales consistentes en desahucio, indemnización (1 año, 9 meses, 6 días), aguinaldo (6 meses 21 días/2015), doble aguinaldo por incumplimiento, vacaciones (9 meses, 21 días), saldo vacación (10 días) sueldos devengados (3 meses, 21 días), multa de 30%, peticionando la suma de Bs.191.771,84.- (ciento noventa y un mil setecientos setenta y uno 84/100 bolivianos), el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emite la Sentencia Nº 111 de 9 de marzo de 2017, cursante de fs. 100 a 103 vta., que declara probada la demanda de fs. 9 a 10, con costas; ordenando el pago de beneficios sociales por el tiempo de trabajo de 1 año, 9 meses y 5 días, en la suma de Bs190.685,46.- (ciento noventa mil seiscientos ochenta y cinco 46/100 bolivianos), con un salario indemnizable de Bs14.322.- (catorce mil trescientos veintidós bolivianos), correspondientes al desahucio (3 sueldos), indemnización (1 año, 9 meses 5 días), aguinaldo (6 meses, 20 días/2015), vacación (21 días) y sueldos devengados (3 meses y 20 días), más multa del 30%.

AUTO DE VISTA.

Interpuesto el recurso de apelación por la institución demandada (fs. 106 a 108), la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 72 de 6 de julio de 2017, cursante de fs. 121 a 123, confirma la Sentencia Nº 111, sin costas por mandato de la Ley 1178.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO.

Romulo Renato Arandia Orellana en representación legal de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista Nº 72, con los siguientes argumentos:

En la forma.- Omite valoración y fundamentación sobre la prueba documental de fs. 80 y 81 de FUNDEMPRESA y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que acreditan que el demandante es Gerente General, Administrador y representante legal de la empresa Complejo Eco-Turístico Las Cabañas Campestres S.R.L., documental con el valor probatorio que exige el art. 159 y 165 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y arts. 1287.I y 1289.I de Código Civil (CC); ésta omisión vulnera el derecho a la defensa en el marco del debido proceso previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC).

En el fondo.- a) Aplica e interpreta erróneamente el art. 201 del CPT, por cuanto una vez cerrado el término probatorio las partes deber ser notificadas en sus domicilios procesales a efecto de tomar conocimiento de dicho acto procesal y presentar las conclusiones dentro del mismo plazo que tiene el juez para dictar sentencia, contados partir de la nota de Secretaría conforme al art. 80 CPT; sin embargo, el Auto de Vista refiere erróneamente, que para dictar sentencia es necesario sólo el vencimiento del termino probatorio, situación que daría lugar a la nulidad de todo lo obrado con fecha posterior a dicho vencimiento; además, la documental y testifical fueron producidas fuera del término probatorio y no podrían ser objeto de valoración; b) Incurre en error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas de descargo, por cuanto sostiene que por las pruebas de cargo y testificales de fs. 77 y 88, se acreditó que el demandante es Gerente General permanente con un salario de Bs.14.332, sin considerar que la documental de fs. 80 y 81, y las testificales de descargo, desvirtúan la existencia de la relación laboral del demandante con la institución demandada, por cuanto el demandante simultáneamente ejercía las funciones de Gerente General, Administrador y representante legal de la empresa Complejo Eco-Turístico Las Cabañas Campestres S.R.L., por designación del Directorio de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, sin un horario habitual de trabajo, exclusividad, subordinación ni relación de dependencia laboral con la Mancomunidad de Municipios, además, por un tiempo limitado porque cada Directorio electo tiene la atribución de designar al Gerente General por un periodo de 2 años por un tiempo menor en caso de producirse renuncia voluntaria o designación de uno nuevo por incumplimiento de funciones y desfalco de dinero, como fue la causa de destitución, todo ello conforme a sus Estatutos y Reglamentos.

Petitorio.- La institución recurrente peticiona casar totalmente el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declarar improbada la demanda laboral, con costas y costos.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

En cuanto a las características de la relación laboral, el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, prevé: “De conformidad al Artículo Primero de la Ley General del Trabajo, que determina de modo general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena. c) La percepción de remuneración o salario., en cualquiera de sus formas y manifestaciones”.

Además el art. 4 del citado Decreto Supremo, ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral, entre ellos, el de primacía de la realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes; y, el art. art. 5 determina que cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente.

Respecto al procedimiento establecido a efectos del pronunciamiento de la sentencia laboral, el art. 201 del CPT, prevé: “Puesto el expediente por Secretaría en el despacho del Juez, inmediatamente vencido el término de prueba, con sin alegatos ni solicitud expresa de resolución, éste pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el Artículo 79 de este Código”, es decir, dentro del plazo máximo de 10 días.



IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

La controversia en el presente caso, radica en determinar si el Auto de Vista Nº 72 de 6 de julio de 2017, cursante de fs. 121 a 123, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, aplicó correctamente el art. 201, 79 y 80 del CPT, sobre el vencimiento del plazo probatorio y plazo para pronunciar sentencia, y los arts. 115.II de la CPE, 158, 159, 252, 265 del CPT y 145 del CPC, respecto a la motivación y fundamentación y a la correcta valoración de las pruebas de descargo, necesarias para la validez de una decisión judicial vinculada al debido proceso, y que en el presente caso no se consideró que el demandante Jerges Mercado Suarez, era un trabajador por tiempo limitado (2 años), no permanente, que la prestación de trabajo era civil, no laboral y que fue destituido antes del cumplimiento de su periodo por incumplimiento de funciones y desfalco de dinero.

Conforme se tiene expresado en el análisis precedente y de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que:

El Auto de Vista Nº 72 de 6 de julio de 2017, contiene la motivación y fundamentación necesarias sobre la valoración de la prueba documental cursante a fs. 80 y 81, al precisar que las mismas si bien acreditan que el demandante es Gerente General, Administrador y representante legal de la empresa Complejo Eco-Turístico Las Cabañas Campestres S.R.L., los estados de cuenta individual emitidos por Previsión (fs. 10 a 11), demuestran los aportes del ahora demandante en calidad de dependiente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, concluyendo que el Juez a quo realizó una correcta valoración de la documental que consta en antecedentes; considerando que se encuentra verificada la existencia de la relación laboral por la documental ofrecida por el demandante (fs. 3 a 11 y 15) y las testificales (fs. 87 a 88vta.), además de la documental presentada por el demandado (fs. 93 a 96), se evidencia que no existe omisión de valoración de prueba alguna que vulnere el debido proceso en su elemento defensa o los citados arts. 115.II de la CPE, 145 y 265.I del CPC, y 158, 159 y 252 del CPT.

Por otra parte, en aplicación de los arts. 201, 79 y 80 del CPT, sobre el pronunciamiento de la sentencia, plazo y forma, la normativa citada y desarrollada en el Análisis Jurídico Legal, prevé que una vez vencido el término probatorio, con o sin alegatos, o solicitud expresa, el Juez de la causa deberá pronunciar sentencia en el plazo máximo de 10 días, computables a partir de la nota expresa del día y hora que consigna el Secretario como ingreso a despacho para sentencia.

Consta a fs. 98 la providencia de clausura del término probatorio, de 3 de marzo de 2017; acto seguido, a fs. 99, se evidencia las diligencias de notificación a las partes con dicha providencia, practicadas en la misma fecha  y a fs. 99 vta., la nota de la Secretaria del Juzgado Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, de ingreso a despacho para Sentencia, el mismo 3 de marzo de ese año; de ello se infiere que no existe incumplimiento o error en el procedimiento impreso en el proceso para el pronunciamiento de la Sentencia Nº 111 de 9 de marzo de 2017, cursante de fs.100 a 103 vta. de obrados, por cuanto la norma prevé su emisión inmediatamente vencido el plazo probatorio, en consecuencia, la no presentación de alegatos o concusiones o la falta de oportunidad de las partes para hacerlo, no implica incumplimiento de normativa procesal alguna, ni vulneración del derecho al debido proceso en su elemento defensa, por cuanto es la norma procedimental que prevé la inmediata emisión del fallo de fondo una vez vencido del término de prueba.

De ello se infiere que la motivación y fundamentación expuesta por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista Nº 72 impugnado, sobre la aplicación del art. 201 del CPT y el pronunciamiento de la Sentencia por el Juez a quo, es correcta.

Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal ad quem no incurrió en vulneración alguna y no es evidente la infracción acusada en el recurso de casación, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación; sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de Julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.