TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 199

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente:                463/2017

Demandante:                Valentina Raquel Paz Moreno

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 185-181 vta., (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 54 de 04 de mayo de 2017, cursante a fs. 178 176., emitido por la Sala en materia de Trabajo, Seguridad Social Segunda Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación por suspensión de renta de vejez en curso de pago formulada por Valentina Raquel Paz Moreno, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 194-192, el Auto de 31 de agosto de 2016 de fs. 195 y vta., por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 463-A, de fs. 203 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Dirección General de Pensiones:

Por Resolución Nº 008758 de 18 de junio de 1999, la Dirección General de Pensiones, determinó conceder renta básica de vejez a favor de Valentina Raquel Paz Moreno, equivalente al 54% de su promedio salarial en el monto de Bs. 1.781,81, más incrementos de ley que se pagaría a partir de mayo de 1999.

Resolución Comisión Nacional de Prestaciones:

Por Resolución Nº 0000222 de 14 de enero de 2014, cursante a fs. 57 a 55, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, dejando sin efecto la Resolución Nº 008758 de 18 de junio de 1999 y determinó suspender definitivamente la renta básica de vejez concedida a favor de Valentina Paz Moreno, ordenando que se revise el monto indebidamente cobrado, para que la Unidad de Asesoría Legal, proceda a la recuperación de los mismos.

Resolución de la Comisión de Reclamación:

Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la asegurada (fs. 84-83), la Comisión de Reclamación del SENASIR, cumpliendo el Auto de Vista Anulatorio Nº 11 de 11 de septiembre de 2015, cursante a fs. 115 a 114, emitió Resolución Nº 398/16, de 12 de septiembre (fs. 146 a 138), confirmando la Resolución Nº 0000222, de 14 enero de 2014, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al evidenciar que se encuentra conforme a los datos del expediente y la normativa en vigencia.

Auto de Vista:

Interpuesto Recurso de Apelación por la asegurada (fs. 157-152 vta.), en el que reclamó la restitución de la renta suspendida, la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitido el Auto de Vista N° 54 de 04 de mayo de 2017, cursante a fs. 178-176, por el que REVOCÓ totalmente las Resoluciones Nº 0000222 de 14 de enero de 2014 y 398/16 de 12 de septiembre de 2016, manteniendo firme y subsistente la Resolución Nº 008758 de 18 de junio de 1999, de fs. 34, ordenando al SENASIR, que proceda a la rehabilitación de la renta básica de vejez a favor de Valentina Raquel Paz Moreno, sea a partir de la suspensión, sin costas.

Argumentos del Recurso de Casación:

Contra la Resolución emitida por el Tribunal de apelación, el Director General Ejecutivo a.i., del SENASIR, por intermedio de sus representantes, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de efectuar un análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa y principios aplicables al caso, acusó que no se habría valorado la documentación cursante en obrados, pues si bien el Auto de Vista sustenta su fallo en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, para reconocer los aportes de la solicitante, no consideró que dicha norma se aplica bajo presunción “Juris Tamtum”, que implica la posibilidad de prueba en contrario.

En el caso, se ha considerado la prueba presentada por la solicitante, sin tener presente que en mérito a la verdad material y la objetividad, el SENASIR, acorde a las facultades que le brindan los arts. 477 del RCSS y 09 del DS Nº 27991 y 5 inc. d) del DS Nº 27066, se encuentra facultado para revisar de oficio o por denuncia, las prestaciones de dinero concedidas o de la falsedad de los datos que hubiera servido de base para su otorgamiento, pudiendo suspender provisional o definitivamente las rentas otorgadas y exigir la devolución de las cantidades indebidamente entregadas.

En mérito a ello, el SENASIR ha advertido que la solicitante no figura en las planillas, inclusive se revisó considerando su apellido de casada y que la documentación presentada por la interesada en el recurso de reclamación, corresponde a su esposo, el asegurado Alberto Castedo Castedo, como titular de una renta y asegurado a la Caja de Salud, existiendo por el contrario inconsistencia en el formulario de afiliación a la Caja Ferroviaria de Salud-RO en abril de 1985, porque no se trata de un periodo reclamado por la interesada; además, el certificado de aportes emitido por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A., (01/1970 a 04/1997), consigna los descuentos del 2,5% al Fondo de Pensiones Básicas, evidenciando inconsistencia en la tasa de aportes de estos periodos, mientras que los los formularios del Fondo Complementario de S.S., Ferroviario Red Oriental, consignan como fecha 30 de octubre de 1997, por lo que no se certifica los periodos reclamados, estableciéndose que el nombre de la solicitante, no figura en las planillas de los periodos 01/1970 a 04/1997 de esa Empresa, advirtiéndose también de la revisión del Sistema Informático DPINFO, que no existe registro de afiliación a ningún ente gestor.

Por eso es que fue correcta la suspensión definitiva de la renta, conforme se determinó en la Resolución Nº 0000222, porque se estableció que la solicitante era solo beneficiaria de su indicado esposo, quien es rentista, concluyendo que la documentación presentada por la interesada no cumple lo establecido por el art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por la Resolución Secretarial Nº 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997, evidenciándose una incorrecta valoración de esta norma, arts. 2 de DS Nº 26466 de 22 de diciembre de 2001 y 5 inc. b) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003.

Fundamenta la existencia de los principios éticos de la sociedad, los fines y funciones del Estado, los deberes a los que estamos sujetos y el principio de verdad material, previstos por los arts. 8, 9, 108 y 180 de la CPE, concordantes éste último, con los arts. 30 núm. 11 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y 4 inc. d) de la Ley Nº 2341, verdad material que se enmarca al debido proceso, la seguridad jurídica, respecto del cumplimiento de la ley.

Petitorio:

Luego de transcribir el texto de las normas que considera transgredidas y mal aplicadas, argumentó que el Auto de Vista impugnado, viola, transgrede y aplica erróneamente la normativa señalada, por lo que en tiempo oportuno interpone recurso de casación en el fondo, para que este Tribunal resuelva CASANDO el Auto de Vista recurrido y se confirme las resoluciones emitidas por las Comisiones de Calificación de Rentas y Reclamación del SENASIR.

Respuesta a la Casación:

Por memorial de fs. 194-192, la asegurada Valentina Raquel Paz de Castedo, respondió el recurso de casación, indicando que la Seguridad Social es una Política del Estado y que por ello, si bien existen diferentes normas referidas al tema, estas no pueden ir en contra de la Constitución Política del Estado, los principios constitucionales y procesales del Derecho Social.

Argumenta que se aplicó de manera correcta el art. 14 del DS Nº 27543 y que si bien existe una imprecisión en el porcentaje, este se aplicó de acuerdo a la normativa vigente, pues no existían aportes al “Seguro Social a Corto Plazo Complementario”.

Por ello es que teniendo derecho a percibir una renta completa, suficiente y oportuna es que solicita que este Tribunal declare infundado el recurso.

Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 463-A de 09 de octubre de 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 185-181 vta., interpuesto por los apoderados del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 54 de 04 de mayo de 2017, cursante de fs. 178 a 176, pronunciado por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso en concreto:

En aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.

Por ello es que la jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Se debe tener presente también, que la renta de vejez, se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y por ello a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen derecho asimismo, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Consiguientemente el derecho a la renta de vejez, constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.

Por otra parte, debe considerarse también que conforme instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia

Por su parte, el art. 477 del RCSS señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

Los arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, 5 inc. H) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 y al RM Nº 044 de 18 de julio de 2001, autorizaron primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”.

Por consiguiente, interpretando estas normas se establece que procede el descuento de las rentas en curso de pago, o el cobro por la vía coactiva social, contra las personas que al momento de la calificación de la renta, hubiesen hecho incurrir en error a la Dirección de Pensiones y ahora al SENASIR, mediante la presentación de documentos, datos o declaraciones fraudulentos, que es la única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos.

Sin embargo, cuando acontece esta situación las autoridades del SENASIR, no tienen la competencia para establecer la veracidad o falsedad de documentos que no fueron franqueados por ésta entidad, pues se presume su legalidad y deben ser desvirtuados ante la justicia ordinaria y mediante los procedimientos instituidos para ese efecto y ante la autoridad que corresponda, sea de materia civil, familiar, penal y otra.

Fundamentación del caso concreto:

La resolución de vista impugnada en casación, no ha puesto en tela de juicio la facultad que tiene el SENASIR para revisar de oficio de las rentas en curso de pago y adquisición, puesto que esta facultad se encuentra reconocida en la normativa citada precedentemente (arts. 477 del RCSS, 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5 inc. H del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 e inclusive la RM Nº 044 de 18 de julio de 2001), por el contrario, se establece que el Auto de Vista, aplicó adecuadamente la indicada normativa, advirtiéndose que no es evidente que exista infracción alguna sobre este particular, pues en la parte considerativa reconoció esa facultad de revisión y cobro que tiene el SENASIR, afirmando que hasta “….mientras no se compruebe que dichos documentos presentados son fraudulentas o fraguadas, estas tienen toda la fuerza legal que le asigna la ley paga gozar de un beneficio que dicho sea de paso es irrenunciable e imprescriptible, por lo que este argumento no puede ser utilizado como una causal para negar y vulnerar un derecho constitucional protegido por la C.P.E.”.

Es decir, los documentos que sustentaron la Resolución Nº 008758 de 18 de junio de 1999 que cursa a fs. 34 vta., por la que se concedió a favor de Valentina Raquel Paz Moreno, renta básica de vejez, no fueron desvirtuados en su validez y tan solo se determinó por parte del SENASIR, que la indicada beneficiaria, no figuraría en las planillas del periodo 01/1970 a 04/1997 de trabajo por el que se concedió dicha renta.

Este hecho no justifica que se hubiese determinado la suspensión definitiva de la indicada renta, pues la validez de esos documentos no puede ser determinado de manera unilateral por el SENASIR, porque se tratan de documentos que tendrían el valor legal previsto por los arts. 1287, 1289-I, 1296 y 1523 del CC, al haber sido franqueados por entidades y funcionarios públicos y privados respectivamente y que además tienen el valor que le reconoce el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, para establecer la densidad de cotizaciones; es decir, finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud, documentos que sustentaron dicha resolución y que en el curso del proceso, no han sido desvirtuados.

Respecto a que no se habría cumplido los principios éticos y de verdad material, que rigen los arts. 8, 9, 108 y 180 de la CPE, concordantes éste último, con los arts. 30 núm. 11 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y 4 inc. d) de la Ley Nº 2341, no es evidente, porque de los antecedentes del expediente, se establece que luego de haber sido beneficiada Valentina Raquel Paz Moreno, con la renta de vejez, no se ha demostrado de manera específica que los documentos que sustentaron el reconocimiento de esa renta, fuese documentos fraudulentos, tan solo el SENASIR, ha emitido un criterio, suponiendo que esos documentos son falsos, por el hecho que la indicada beneficiaria no figura en planillas; o que, los aportes realizados, fuesen en un porcentaje diferente al previsto por la norma, concluyéndose que fueron aplicados de manera acertada las presiones de los arts. 14 y 16 del indicado DS Nº 27543, porque se reconoció la validez de los indicados documentos que cursan de fs. 1 a 29 y que en caso que se tratare de entidades en mora, que no dejaron de funcionar o que se encuentren cerradas, se determinó que se debe considerar esos aportes con la documentación que cursa en obrados.

Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera las normas alegadas en el recurso de casación, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme determina el art. 220-II del CPC, aplicable por las normas permisivas contenidas en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 185-181 vta., (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 54 de 04 de mayo de 2017, cursante a fs. 178 176, emitido por la Sala en materia de Trabajo, Seguridad Social Segunda Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.