TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 195

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                  : 077/2017

Demandante                   : Santiago Arana

Demandado                    : Compañía de Plástico “ART Ltda.”

Materia                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 250-254 interpuesto por Santiago Arana, contra el Auto de Vista Nº 107 de 04 de julio de 2016, cursante a fs. 244-249, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la demanda sobre pago de beneficios sociales que sigue el recurrente contra la Compañía de Plástico “ART Ltda.”; los antecedentes del proceso; el Auto de 27 de enero de 2017 que concedió el recurso (fs. 257); el Auto de Admisión Nº 77-A de fs. 266, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 05 de 13 de enero de 2014 (fs. 214-215), declarando probada la excepción perentoria de pago documentado e improbada la demanda de fs. 6 a 7.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por el demandante, por Auto de Vista Nº 107 de 04 de julio de 2016, cursante a fs. 244-249, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, CONFIRMÓ la Sentencia Nº 05 de 13 de enero de 2014.

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

Que el Tribunal de Casación en observancia de lo previsto por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial y 106 del Código Procesal Civil, tiene, respecto a los tribunales inferiores, la facultad de revisión de oficio para verificar si, en las causas sometidas a su conocimiento, los jueces y tribunales observaron los plazos y leyes que rigen su tramitación y, en su caso, disponer al nulidad de oficio.

En ese contexto, el Tribunal revisará las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso.

Al respecto cabe señalar que las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes.

En ese contexto el art. 213 del Código Procesal Civil, establece:

I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.

II. La sentencia contendrá:

(…)

3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.

4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”.

Bajo estas premisas, se debe convenir que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, constituida en garantía de legalidad procesal en procura de garantizar la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

Así, en el presente caso, se advierte que el Tribunal de Apelación, confirmó la resolución de primera instancia, sin formular fundamento alguno, limitándose a señalar que dicho Tribunal, ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentido que no corresponde el pago de horas extras cuando no se hubo demostrado que el trabajador haya trabajado en horas extraordinarias y no haberse probado documentalmente una autorización a tal efecto, para luego transcribir los AASS N° 6 de 1 de febrero de 2013; 10/2014 de 31 de marzo y, 228 de 21 de abril de 2015, para concluir señalando “Sin entrar en Mayores consideraciones de orden legal se determina (…) POR TANTO…..”.

Conforme se puede advertir de lo anterior, el Tribunal de Apelación omitió fundamentar debidamente su decisorio, al sustentar el mismo en simples citas de tres Autos Supremos, sin describir si entre el presente caso y los casos resueltos en aquellos Autos Supremos existe identidad fáctica, mucho menos las razones por las cuales considera aplicables tales resoluciones al presente caso, lesionando, con ello, el debido proceso, por cuanto conforme se tiene establecido en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, (AASS 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012), entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

En suma, estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, por lo que corresponde disponer la nulidad de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, art. 220.III núm. 1 del CPC, conforme los argumentos y fundamentos expuesto en la presente resolución, ANULA el Auto de Vista Nº 107 de 04 de julio de 2016, cursante a fs. 244-249, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitirse nueva resolución, de conformidad a los parámetros expuestos en la presente decisión.

No siendo excusable la omisión advertida, se sanciona a los vocales suscriptores con la suma de Bs. 200.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.