TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 193

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                  : 085/2017

Demandante                   : Pamfilo Condori Huanca  

Demandado                    : Carmelo Quisbert

Proceso                           : Pago de beneficios sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Carmelo Quisbert contra el Auto de Vista N° 30/16 de 28 de abril de 2016, de fs. 101 a 102, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso de pago de beneficios sociales interpuesto por Pamfilo Condori Huanca contra el recurrente; la respuesta al recurso a fs. 115; el Auto de 5 de diciembre de 2016, que concedió el recurso cursante a fs. 120); el Auto Supremo Nº 85-A de 10 de marzo de 2017 (fs. 131), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales por Pamfilo Condori Huanca, y tramitado el proceso, la Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 229/2014 de 30 de diciembre de 2014, de fs. 76 a 82, donde declara probada en parte la excepción perentoria de prescripción, y en lo principal probada en parte la demanda de fs. 4 a 5, subsanada a fs. 9, con costas; disponiendo que el demandado cancele a favor del actor, la suma de Bs.30.240.- (treinta mil doscientos cuarenta 00/100 bolivianos), por concepto de indemnización por accidente de trabajo por incapacidad, de conformidad al detalle establecido en la indicada sentencia; monto que deberá actualizarse a momento de su pago a la UFV.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Carmelo Quisbert solictó complementación y enmienda, que fue resuelta por Auto de 4 de febrero de 2015 (85), no dando lugar a la misma; posterior a ello, ambas partes a su turno interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia emitida, el actor en memorial de fs. 87 a 88, y el demandado en memorial de fs. 89 a 91; ambos fueron resueltos por el Auto de Vista N° 30/16 de 28 de abril de 2016, de fs. 101 a 102, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el demandado solicitó complementación y enmienda respecto del Auto de Vista emitido, determinándose no ha lugar al mismo mediante Auto de 1 de agosto de 2016 (fs. 108); a continuación, Carmelo Quisbert formuló recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 110 a 112; asimismo, la parte actora interpuso recurso de casación en el fondo, de fs. 114 a 115, este último recurso fue declarado desierto mediante Auto Nº 27/2017 de 10 de febrero (fs. 123), por no proveer el porte de remisión del mismo.

Estando concedido el recurso de casación de la parte demandada, de fs. 110 a 112, señala lo siguiente:

En la forma.

Alega, vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), en razón a que el Auto de Vista recurrido, no refiere, menos precisa sobre los puntos impugnados en la apelación interpuesta, de fs. 89 a 91, omite resolver los fundamentos del inferior que han sido objeto de la apelación, determinación que desconoce la norma procesal, y es nula de pleno derecho por imperio del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Existe una total incongruencia en el fallo del Tribunal de alzada, por qué no solo debe existir correspondencia entre lo valorado y determinado, sino que, debe con precisión, claridad y detalle describirse los puntos apelados, realizando una debida fundamentación y motivación para que lo determinado, tenga validez legal, lo contrario como en el caso, no existe una descripción de nada sobre lo apelado; desconociéndose el derecho a una resolución motivada, conforme señala la SC 1369/2001-R de 12 de diciembre, que indica que es imprescindible que una autoridad al dictar una resolución contenga una debida fundamentación y motivación, lo contrario es vulnerar el derecho al debido proceso; esta omisión vulneraría el derecho a la defensa y se debe necesariamente, anular el Auto de Vista recurrido junto con su complementario.

En el fondo.

Afirma que, la prescripción total ha operado superabundantemente, y sin analizar nada, sin revisar, ni decir cual la razón, motivo o circunstancia para que opera la prescripción, el Tribunal de alzada confirmó totalmente la Sentencia, siendo que la prescripción extingue toda acción judicial cuando no se la ejerce a su debido tiempo o dentro de un determinado plazo, dos años en materia laboral conforme el art. 120 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Petitorio.

Solicita en su recurso de casación en la forma se anule el Auto de Vista recurrido; y en el recurso de casación en el fondo se case el Auto de Vista y su Auto complementario, disponiéndose la prescripción total de la acción intentada por el actor.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los fundamentos del recurso de casación en la forma y el fondo, se pasa a realizar las siguientes consideraciones:

En relación al recurso de casación en la forma.

Respecto a la vulneración al debido proceso, al considerar que existe una falta de motivación y fundamentación respecto de los agravios llevados en el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada, vulnerando así el art. 236 del CPC-1975, que señala: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a la que se refiere el artículo 227...”, precepto válido para la emisión del Auto de Vista recurrido, al haberse interpuesto el recurso de apelación de fs. 89 a 91, con anterioridad a la vigencia plena del Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, que modificó la Disposición Transitoria Primera de Código Procesal Civil, con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes; en concordancia con la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, que establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; que, de igual manera en el cuerpo adjetivo civil vigente, el art. 265 parágrafo I, establece: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, determinando claramente la norma adjetiva, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso; además, de contener la resolución que se emita una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición asumida, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

En ese orden de ideas, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el cual el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal; y, citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; así lo entendió la SCP 0092/2012 de 19 de abril: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”; en cuanto a la fundamentación, se ha establecido por este Tribunal en anteriores Auto Supremos emitidos, el Nº 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), así como en el Nº 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, que: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; estando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, o para el caso al art. 236 del CPC-1975, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

Conforme a estas apreciaciones, este Tribunal al contrastar el recurso de apelación en cuanto a sus agravios y dudas elevadas en apelación, con los fundamentos expuestos en el Auto de Vista; se tiene que, el ahora recurrente, formuló como agravios en el recurso de apelación de fs. 89 a 91, que se le negó el acceso a la justicia, en el término probatorio, porque este debería empezar a correr con la notificación del auto complementario del Auto de relación procesal, con el cual no se habría notificado; también se alegó en la apelación que se desestimó ilegalmente la prueba ofrecida; de igual forma se acusó que se negó “draconianamente” un incidente de nulidad planteado; y, por último, señalo como agravio la prescripción a medias determinada en la Sentencia, y la errada determinación de la A quo, respecto a la excepción perentoria de prescripción planteada.

Ahora, el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista recurrido, de fs. 101 a 102, solo se refirió sobre uno de los agravios señalados en la apelación, respecto a la prescripción, que además no contiene una debida fundamentación y motivación, ya que no plasma el razonamiento del Ad quem por el cual llegó a la conclusión de confirmar lo determinado por la Juez de instancia, solo contiene una transcripción de Autos Supremos  relacionados con el tema, pero no se realiza un análisis del caso particular; omitiendo referirse sobre los otros agravios planteados; incurriendo de esta manera en violación al debido proceso por falta de motivación y fundamentación, vulnerando el principio de congruencia en cuanto a la concordancia que debe existir entre los fundamentos planteados y lo resuelto, denominada incongruencia citra petita, conocida como la omisión en la que se incurre cuando el juzgador o tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, al no darse respuesta a lo cuestionado por el apelante, siendo una obligación del Tribunal de alzada otorgar una respuesta, ya sea dando curso o negando la solicitud, cuestionamiento o duda planteada en la apelación, con un fundamento sostenible, dentro lo que corresponda en derecho, las garantías constitucionales, y la búsqueda y procura de la realización de la justicia material.

Criterios que deben asumirse por el juzgador para que se puedan emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes, sobre esta temática la SCP 0682/2014 de 10 de abril, indicó: “En ese entendido, siguiendo la línea jurisprudencial sentada y desarrollada por las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló: Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,; por los argumentos desarrollados y las Sentencias Constitucionales citadas,  es evidente que el Tribunal de alzada vulnero el debido proceso incurriendo en una incongruencia en el contenido de la Resolución de vista que emitió.

De igual manera, se puede evidenciar, que existen dos recursos de apelación, el interpuesto por el actor, de fs. 87 a 88, y el precedentemente analizado presentado por el demandado, de fs. 89 a 91, ambos fueron concedidos conforme al Auto Nº 361/2015 de 3 de junio de 2015, de fs. 95; sin embargo, pese a señalar ambos recursos en “Vistos” del Auto de Vista recurrido, omite totalmente considerar la apelación  presentada por el actor, vulnerándose el derecho al acceso a la justicia, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad procesal.

Siendo por demás evidente que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso, incurriendo en una falta de fundamentación y motivación al no absolver varios agravios planteados en la apelación del ahora recurrente de casación, recayendo en una incongruencia citra petita, ya que no se pronunció sobre todos los puntos que fueron cuestionados en la apelación sometida a su conocimiento, así como una falta de pronunciamiento total del recurso de apelación planteado por la parte demandante; razón por la cual la determinación asumida por este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Tribunal de alzada acomode su resolución acorde a los principios que rigen la Constitución, velando garantizar el debido proceso, y dotando de legitimidad sus resoluciones.

Las consideraciones efectuadas, eximen a este Tribunal, analizar el fundamento del recurso de casación en el fondo, pues en función de lo expuesto, este Tribunal asume un criterio anulatorio hasta la enmienda de los errores anotados y de la omisión incurrida; correspondiendo fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en virtud a la permisión remisiva dispuesta por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista N° 30/16 de 28 de abril de 2016, de fs. 101 a 102, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en ambos recursos de apelación respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs. 150.-  (ciento cincuenta 00/100 Bolivianos) a cada uno de los Vocales del Tribunal Ad quem por la manifiesta inobservancia e incongruencia omisiva en su fallo emitido.

Se recomienda al Tribunal de alzada mayor atención en cuanto la consideración de las apelaciones que conoce, para evitar nulidades que afecten la celeridad del proceso. 

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-