TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 192

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente:                341/2017

Demandante:                René Vásquez Jurado y otros.

Demandado:        Planta Industrializadora de Leche Sociedad Anónima Mixta (PIL SAM), Federación Departamental de Productores de Leche “FEDEPLE” y Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y en la forma de fs. 2187 a 2189 y de casación en el fondo fs. 2192 a 2197 vta., interpuestos por René Vázquez Jurado y por Aldo Justiniano Jiménez y Milton Cruz Salinas, respectivamente, como apoderados legales de los Ex Trabajadores de la Planta Industrializadora de Leche Santa Cruz, Sociedad Anónima Mixta, (PIL SAM), contra el Auto de Vista N° 108 de 03 de mayo de 2017, cursante de fs. 2171 y vta., pronunciado por la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de bono dominical, seguido por los recurrentes, contra la PIL SAM, la Federación Departamental de Productores de Leche “FEDEPLE” y la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, hoy Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; las respuestas presentadas; el Auto Nº 118 de 21 de junio de 2017 de fs. 2226, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 41-A de 31 de enero de 2018, de fs. 2241, por el que se declararon admisibles los recursos, el Acuerdo Nº 03/2018 de 27 de marzo, cursante a fs. 2260 y vta., por el que a pedido de parte, se determinó el sorteo anticipado del presente proceso, por la existencia de una anterior nulidad de obrados, determinada por éste Tribunal Supremo, y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia

Tramitado el proceso social de pago de salario dominical y reliquidación de beneficios sociales, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 401 de 20 de mayo de 2013, de fs. 1979 a 1994, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 232 a 239 y sus adhesiones de fs. 245, 266 a 268, disponiendo además que se excluye a FEDEPLE de dicha demanda, declarando: PROBADA la excepción perentoria de pago documentado en cuanto a los beneficios sociales ya pagados por la sociedad liquidada PIL SAM; declaró PROBADA en parte la excepción perentoria de prescripción interpuesta tanto por FEDEPLE de fs. 526 a 528 y la Prefectura del Departamento de fs. 619; sin costas, disponiendo que los demandantes modifiquen o reformulen su demanda por salario dominical, por el tiempo que no está prescrito; es decir, desde junio de 1998 hasta el 31 de agosto de 1999, (1 año, 2 meses y 25 días); contra quien dependieron laboralmente; es decir, la Sociedad Jurídica Industrial de Economía Mixta denominada por contracción PIL SAM. Dispuso también que no correspondiera incluir como demandado, a la Prefectura del Departamento o Gobernación Departamental de Santa Cruz, porque sólo fue parte accionista de la sociedad de economía mixta, que tenía autonomía de gestión.

Auto de Vista

Cumpliendo la nulidad de obrados determinada por Auto Supremo Nº 403-1 de 25 de noviembre de 2016, cursante a fs. 2151-2154 (cuerpo 11), emitido por este Tribunal Supremo, la Sala Primera en materia del Trabajo, Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 108 de 03 de mayo de 2017, resolvió los recursos de apelación de fs. 2001 a 2003 y de fs. 2021 a 2028, interpuestos por René Vásquez Jurado, Aldo Justiniano Jiménez y Milton Cruz Salinas, respectivamente, en representación de los ex trabajadores de la PIL SAM Santa Cruz, CONFIRMANDO en todas sus partes lo determinado en la Sentencia N° 401 de 20 de mayo de 2013 de fs. 1979 a 1994, con costas y costos en aplicación de los arts. 223-IV-2 del Código Procesal Civil (CPC).

Argumentos del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 2187 a 2189, presentado por el apoderado René Vásquez Jurado:

Contra la indicada resolución de vista, luego de efectuar un análisis y desglose de los antecedentes del proceso y referirse a que no se encontrarían prescritos los derechos de los demandantes y que no correspondía excluir a FEDEPLE del proceso, el indicado recurrente, argumentó en el fondo que:

Se habría incurrido en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 3 incs. g) y b), 140, 152, 155 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), 163 de su Decreto Reglamentario (DR LGT), 1503 del Código Civil (CC), porque no se habría protegido ni tutelado los intereses y derechos de los trabajadores; que los demandados no habrían desvirtuado sus responsabilidades económicas con los demandantes; que no se habría orientado las diligencias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y que; la prescripción de los derechos demandados, respecto del periodo de enero de 1996 a junio de 1998, no se habría operado, conforme se demostró por los documentos de fs. 202 a 222 de obrados, habiéndose omitido también, la confesión de FEDEPLE, que cursa en el memorial de fs. 526 a 528, en el que se reconoció que algunos de sus miembros fueron socios de PIL SAM y otros socios de PIL SAM no fueron miembros de FEDEPLE.

Argumenta que no fueron valorados varios documentos, incluidos el informe pericial, en los que se acreditaron que “…no deben sus salarios dominicales” y que PIL SAM, PIL SA, ADEPLE Y FEDEPLE, son las mismas personas jurídicas.

En la forma, argumentó que al haberse reclamado en la apelación, sobre las indebidas determinaciones de declarar probada la prescripción y excluir a FEDEPLE del proceso, se incurrió en negligencia, al no revisar estos aspectos en el expediente y que motivan que debe anularse obrados por las violaciones y malas interpretaciones de la ley.

Petitorio:

Concluyó afirmando que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, pidiendo que se conceda ante este Tribunal, para que se case el Auto de Vista y la Sentencia, ordenando a las demandadas, paguen a sus representados los salarios dominicales y días feriados establecidos en el informe pericial, correspondiente al mes de febrero de 2009, con costas y demás condenaciones de ley.

Recurso de casación en el fondo de fs. 2192 a 2197 vta., interpuesto por los apoderados Aldo Justiniano Jiménez y Milton Cruz Salinas:

Reiterando los argumentos del escrito de recurso de casación de fs. 2094 a 2099, alegaron que el fallo ahora recurrido, no corrigió los defectos de fondo incurridos por el Juez a quo y por ello es que, en aplicación de los arts. 250, 252 y 253.1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), interponen recurso de casación en el fondo, por existir interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley; disposiciones contradictorias; así como la falsa apreciación de las pruebas, por error de hecho y de derecho que incurrió el Juez de primera instancia, denunciando la vulneración al debido proceso, la legítima defensa, la seguridad jurídica y la imparcialidad, establecidas en los arts. 13, 15, 46-2 y 3, 48-1, 2 y 4; 109, 110, 113, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE) y al contener estos vicios, ineludiblemente el fallo debe ser anulado; por lo que, pidieron al Tribunal de Casación, tomar en cuenta las violaciones a la Constitución Política del Estado; al Procedimiento Civil; los arts. 1 y 4 de la LGT; 1, 49, 154, 158, 159, 166, 169, 179, 183, 188, 197 y 20 incs. a) y b) del CPT.

Afirman que se vulneraron por la errónea “decisión”, los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 (LOJ), al no haber revisado de oficio y subsanado las irregularidades procesales existentes, incurriendo en violación de los derechos a la defensa y de los arts. 1, 3 núm. 1 y 3; y 5 del CPC-1975, en mérito a los siguientes argumentos:

a) El Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia, en la que se declaró probada en parte la excepción perentoria de pago documentado, respecto a los beneficios sociales supuestamente cancelados por la PIL SAM; sin embargo, se hizo abstracción al excluir a FEDEPLE, siendo que ésta, conformaba una sociedad de economía mixta con CORDECRUZ y el 20% de acciones de los trabajadores; y al ser parte accionista, los 135 trabajadores recibían beneficios sociales desde 1996 a 1999; por lo que, es falso que FEDEPLE no tendría que pagar beneficios sociales, hecho que es contradictorio a las pruebas aportadas, en las que demostró que el propio ejecutivo de FEDEPLE, percibió beneficios sociales.

b) Afirman que en el primer considerando del Auto de Vista, la Sala al declarar probada en parte la excepción perentoria de prescripción interpuesta por FEDEPLE y la Prefectura; con falta de ética y vulnerando las reglas de la prescripción, señalaron que tampoco corresponde el pago del bono dominical, porque se habría operado la prescripción en el cómputo de inicio de la relación laboral, que en criterio de los de instancia debió cobrarse desde 1998 hasta 1999; vale decir, solo por 1 año, 15 días.

En ese sentido, denuncian que se vulneró el art. 48-I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles y las disposiciones sociales son de orden público y por lo tanto opera la retroactividad de la Ley, extremo que -afirman- también disponía el art. 162 de la anterior CPE de 1995; consiguientemente este razonamiento, violenta derechos fundamentales, vulnerando los arts. 120 de la LGT y 163 de DR LGT.

c) Argumenta que el Tribunal de Apelación no valoró la prueba e hizo un análisis de fondo sobre la problemática del pago del bono dominical por parte de los demandados que eran las empresas que conformaban PIL SAM, que cancelaban los beneficios sociales; limitándose simplemente en el segundo y tercer considerando a afirmar, que no existió aplicación errónea de la norma sustantiva y que FEDEPLE no tiene ningún nexo para pagar beneficios, que la Sentencia realizó una correcta valoración de la prueba y que el juzgador había dado una objetiva valoración de las pruebas adjuntas en el exordio y que existe argumentos reales en la parte considerativa y resolutiva, aspecto que los recurrentes estiman es falso, puesto que no se consideró el informe pericial, que determinó un monto para cada trabajador y confirma un salario dominical devengado y que la empresa FEDEPLE debía cancelar el triple del monto ganado por no haber pagado en su momento, desde la contratación de 01 de enero de 1996 a 1999.

En consecuencia consideran que no se analizó el recurso de apelación, donde se argumentó ocho elementos violatorios, no se tomó en cuenta la prueba documental sobre las boletas de pago y que antes de 1996 se pagaba el bono dominical; asimismo, no tomó en cuenta las pruebas testificales y las declaraciones de los demandados, violando la libre valoración de la prueba prevista en los arts. 149, 159, 166, 179, 183, 188 y 197 del CPT.

Consiguientemente rechazan el Auto de Vista, por ser interesado, y contener falta de fundamentación, motivación y congruencia, argumentando lo que consideran qué es un recurso de casación y las formas de resolución que corresponden, citando para ello, doctrina y jurisprudencia constitucional sobre el particular y sobre las nulidades de oficio.


Petitorio.

Que, en virtud a los arts. 250, 252 y 253 del CPC-1975, afirman que interponen recurso de casación en el fondo, solicitando en aplicación del art. 271.4) del mismo Código, se case el Auto de Vista recurrido y ordenen el pago del bono dominical desde enero de 1996 a 1999 y la reliquidación de los beneficios sociales.

Contestación a los recursos de casación:

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el memorial de fs. 2205 a 2208, argumentó:

Respondiendo el recurso de casación de fs. 2187 a 2189, que respecto a la falta de protección de los intereses de los trabajadores, se debe considerar el art. 137 de la CPE de 1995, que establece que los bienes del patrimonio de la Nación, constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional, respetarla y protegerla, citando para ese efecto la SC 0042/2006 de 31 de mayo, circunstancia que se encuentra reiterada en la actual Constitución Política del Estado en su art. 339, por consiguiente, lo argumentando en el recurso, no es legal ni constitucional.

Por otra parte, afirma que si bien se citó en el recurso el art. 152 del CPT, empero no consideró que en mérito a las previsiones del art. 158 del mismo código, el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, consiguientemente el Juez tiene libertad para evaluar la prueba y que esta convicción no se encuentra ligada a un criterio legal, aplicando la sana crítica, la razonabilidad y la lógica jurídica, a quien le deja la ley en libertad para formar su convencimiento y en base a esa certeza determinar los hechos probados, citando para ese efecto, el Auto Supremo Nº 890 de 19 de diciembre de 2015.

Respecto de la exclusión de la Prefectura del Departamento (Gobernación de Santa Cruz), el recurrente no consideró que en mérito al Decreto Supremo (DS) Nº 24168, en sus arts. 2 y 5, se aprobó la formación de la Sociedad Planta Industrializadora de Leche Santa Cruz Sociedad Anónima Mixta (PIL Santa Cruz SAM), disponiéndose la protocolización de los documentos ante una notaría de fe pública, como personas de derecho privado, estando facultadas como tales, para realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, aspecto que fue ratificado en el art. 1º de los Estatutos, insertos en la Escritura Pública Nº 084/95 de Constitución de la Sociedad, todo de conformidad al art. 425 del Código de Comercio (CCo), que se las considera sujetos de derecho privado desenvolviéndose como sociedades anónimas.

Consiguientemente argumenta que el hecho de haber conformado la Prefectura, actual Gobernación, parte de esa Sociedad Anónima Mixta, no le hace responsable de las obligaciones que ésta última contrajo, como persona jurídica de derecho privado y autonomía de gestión y menos la convierte en un ente u organismo oficial, habiendo citado sobre este particular al tratadista Messineo, citado por Morales Guillén en su Código de Comercio, concordado y anotado.

Respondiendo el recurso de casación de fs. 2192 y 2197, el representante de la Gobernación de Santa Cruz, alega que respecto de la prescripción de los derechos laborales, el art. 165 de la CPE de 1995, no establece que los derechos laborales sean imprescriptibles; sin embargo, la actual CPE en su art. 48-IV, sí reconoce esa imprescriptibilidad; empero, ésta se aplica para casos de fecha posterior al 07 de febrero de 2009, por consiguiente considera que en el caso presente, se aplicó de manera correcta la prescripción, contenida en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, en aplicación de los arts. 123 y 164-I de la actual CPE, citando para ese efecto el Auto Supremo Nº 04/2015 de 7 de enero

Petitorio

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, se declare improcedente o infundado los recursos interpuestos.

Contestación presentada por la Federación Departamental de Productores de Leche “FEDEPLE:

Alegó que, el recurso de casación en el fondo, solo procede en mérito a las causales previstas por el art. 253 del CPC-1975; empero, en el caso presente el recurrente no alegó ninguna de estas causales y solo citó normas del Código Procesal del Trabajo, sin advertir que los vacíos previstos por éste último Código, referidas a los recursos de apelación y casación, se salvan por las normas del Código de Procedimiento Civil y los Principios Generales del Derecho.

Por otra parte, no se advirtió que la ampliación o modificación de la demanda, sólo puede realizarse antes de la contestación a la demanda; empero, en el caso presente, luego de haberse clausurado ya el término de prueba, a pedido de los demandantes, se anuló obrados porque no se había citado con la demanda a FEDEPLE, que estaría también demandada, circunstancia que motivó que se cite a FEDEPLE con el presente proceso, violentando el principio de preclusión

Que conforme a la valoración de las pruebas presentadas, FEDEPLE, nunca tuvo participación ni como empleador, ni como accionista de la Sociedad de Economía Mixta liquidada, denominada por contracción PIL SAM, que se encontraba conformada por CORDECRUZ, PIL SA y los trabajadores de PIL CORDECRUZ, (que conformaron una sociedad denominada TIL SA); posteriormente se transfirió las acciones de PIL SAM, a IPILCRUZ SA., que representaba al Grupo Gloria, determinando la disolución de PIL SAM, designándose como liquidador al señor Carmona, habiendo luego inclusive PIL SAM, transferido algunas acciones que tenía en PIL SA, a favor del indicado Grupo Gloria o IPILCRUZ.

Es decir, FEDEPLE, no aglutina socios, sino organizaciones y asociaciones de productores lecheros, de todo el departamento de Santa Cruz y sin fines de lucro y en beneficio de sus asociados, por ello afirma que algunos miembros de FEDEPLE, sí fueron socios de PIL SAM y otros socios de PIL SAM, no han sido miembros de FEDEPLE, declarándose por ello improbada la demanda y excluyendo a la FEDEPLE, situación que fue confirmada por el Auto de Vista recurrido, al determinar en aplicación del art. 11 de la LGT, que al haber existido sustitución de patronos, los demandantes debieron accionar contra este último, por eso es que argumentan que la resolución objeto de impugnación, no ha vulnerado derecho alguno, toda vez que la FEDEPLE, demostró no tener obligación para el pago de bono dominical demandado, por no ser empleador de los demandantes, ni como accionista de la indicada sociedad de economía mixta liquidada denominada por contracción PIL SAM.

Afirma que los demandantes mal direccionaron la demanda, pues luego de haber corregido y ampliado la demanda en dos ocasiones, solicitaron un perito dirimidor para establecer los porcentajes de los dominicales demandados, habiendo el juez de la causa aplicado los principios de proteccionismo e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; empero, al final se aplicaron los principios de primacía de la realidad, de razonabilidad y buena fe entre otros, habiéndose recalcado y aclarado en el Auto de Vista, que el Auto de Admisión de la Demanda y ampliaciones de la misma, que la demanda se formuló contra la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y PIL SAM, como personas jurídicas demandadas; empero el juez, abstrayéndose de las formalidades, continuó tramitando con esas nuevas ampliaciones y nulidades, incluyendo de manera forzada como demandada, a FEDEPLE, en mérito a ese principio de favorabilidad que mal se reclama en el recurso.

Por ello afirma que pese a la tortuosa duración del presente proceso, no pudo acreditarse la calidad de demandada a FEDEPPLE, por no ser parte de PIL SAM, CORDECRUZ, IPILSA, TILSA U OTRAS, habiéndose presentado por la entidad que representa el Testimonio de la Escritura Pública Nº 084/2005, que acredita la composición accionaria de dicha sociedad anónima mixta, ratificado por declaraciones testificales y otros documentos.

Respecto del recurso de casación en la forma, sostiene que éste solo procede de acuerdo a las previsiones del art. 254 del CPC-1975, cuando se han violado las formas esenciales del proceso, aspecto que en el caso presente no se encuentran justificadas, porque los fallos emitidos, resolvieron la controversia de manera adecuada y considerando las previsiones de los arts. 64, 154 y 158 del CPT, habiéndose considerado de manera adecuada la nota de fs. 271, por la que se interrumpió la prescripción, conforme se relaciona en la Sentencia y se ratifica en el Auto de Vista.

Por consiguiente, al no haberse fundamentado adecuadamente el recurso de casación como una nueva demanda de puro derecho, reconocida de ésta manera en la Jurisprudencia, corresponde desestimar dicho recurso.

Petitorio.

Solicitó, se declaren infundados los recursos de casación, manteniendo el Auto de Vista recurrido, con costas y multa en ambas instancias.

II. Fundamentos jurídicos del fallo:

Que, así planteado los recursos de casación en el fondo y en la forma, de fs. 2187 a 2189 y de casación en el fondo fs. 2192 a 2197 vta., las respuestas relacionadas, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se determina lo siguiente:

Doctrina aplicable al caso:

De la nulidad de obrados:

El art. 16-I de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 (LOJ), señala: “I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley”; del mismo modo, el art. 17-III, de este cuerpo normativo citado, establece: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”. De modo que, es claro que el remedio procesal de la nulidad es viable cuando el vicio de procedimiento, fue reclamado oportunamente y afecta el derecho a la defensa de la parte impetrante.

Se debe señalar también, que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso, recurso dado para reparar los agravios que, aparentemente contiene la Sentencia; en consecuencia, la apelación de “…ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde”.1

Jurisprudencia que si bien fue emitida en la Sala Civil, se aplica al caso presente por la permisión del art. 252 del CPT, al aplicarse a ésta materia, las reglas que rigen las impugnaciones judiciales contenidas en las normas civiles, salvo disposición expresa del Código Adjetivo que rige la materia.

De la Legitimación Activa y Pasiva.

El art. 115-I de la Constitución Política del Estado, señala que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, consiguientemente, se considera que la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales cuando se trate de intereses legítimos, tanto de la parte demandante quien debe tener legitimación activa para interponer una acción, como de la parte demandada que debe tener legitimación pasiva para oponerse a la acción demandada.

Respecto a la legitimación, Lino E. Palacio, al referirse a los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala:

"Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa...".2

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada.

En este entendido, diremos que la legitimación define la posibilidad de acceder ante el órgano jurisdiccional en función de la relación que tienen las partes con el objeto del proceso que es el objeto que vincula a las partes con la relación jurídico material que se discute y se pretende resolver, por lo que puede concluirse afirmando, que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto como parte activa o pasiva.

En definitiva, la legitimación pasiva implica la idoneidad de la parte demandada para comparecer a la demanda; es decir, que a quien se demanda tenga o sea titular de los derechos u obligaciones, que el demandante a través de su acción pretende que se reconozcan.

En este sentido, este Tribunal, ha orientado que: “Dada la problemática planteada, es necesario establecer que para la existencia de un proceso, concurran a la vez dos posiciones, una activa y otra pasiva, con capacidad para ser y actuar como parte en un proceso, frente a un tercero imparcial -Juez-, con el fin de sustanciar una pretensión; sin embargo eso no es suficiente para la integración jurídico procesal, tanto desde el lado activo -demandante-, como pasivo (demandado), ya que es preciso que tengan una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta pretensión con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material. En el caso en cuestión bajo los parámetros señalados de principio referidos a la pretensión de la demanda y los argumentos esgrimidos por el opositor para solicitar se le considere como legitimado pasivo para ser demandado, no cabe la posibilidad de discutir aquello y pueda ser integrado a la litis, pues no existe esa necesaria relación causal con el objeto litigioso que le pudiera conferir el derecho a ejercitar oposición con relación a la pretensión concreta… Estableciéndose que el recurrente no puede arrogarse titularía de ese derecho de oposición…3.

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado y la pretensión; en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz y carecer de legitimación.

Consiguientemente el Juez A quo a momento de admitir la demanda, tiene la obligación de cumplir con lo establecido en el art. 121 del CPT, que señala: “Antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el Juez observare que no reúne los requisitos exigidos en el artículo 117 de este Código, la devolverá al demandante para que subsane las deficiencias que le señale"; es decir, le corresponde al Juez analizar si la pretensión contenía los requisitos intrínsecos establecidos en el art. 117 del CPT, entre los que se encuentra específicamente el previsto en el inciso b): “El nombre de las partes y de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas, su vecindad, residencia o dirección si es conocida, o la afirmación de que se ignora la del demandado, bajo juramento;”

Corresponde determinar de manera precisa la legitimación activa del demandante para formular la acción y la legitimación pasiva para poder oponerse a la acción demandada, así como y los aspectos extrínsecos como los de fundabilidad, o proponibilidad objetiva de la pretensión.

Resolución del caso concreto:

Analizados los antecedentes del proceso, los fundamentos de los recursos de casación y sus respuestas, se establece lo siguiente:

Resolución del recurso de casación de fs. 2187 a 2189, presentado por el apoderado René Vázquez Jurado:

Evidentemente este recurso, alega que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, argumentando en la última parte de su escrito que debe anularse obrados, al haberse reclamado en la apelación, sobre las indebidas determinaciones de declarar probada la prescripción y excluir a FEDEPLE del proceso, afirmando que se incurrió en negligencia, al no haberse revisado estos aspectos en el expediente y que motivan dicha nulidad por “las violaciones y malas interpretaciones de la ley”.

En razón de orden, corresponde resolver en primer término esa presunta nulidad de obrados, para luego ingresar a resolver el recurso de casación en el fondo, pues de determinarse que son ciertas las causales de nulidad argumentadas, eximiría a este tribunal, realizar ese examen y determinar únicamente la nulidad impetrada.

En ese entendido, revisando minuciosamente el recurso de apelación y los argumentos tanto de la Sentencia, como del Auto de Vista, ahora recurrido, este Tribunal considera que este argumento, en si no constituye una causal propiamente dicha, pues se refiere a la apreciación de la prueba y al criterio que tuvieron tanto el Juez a quo, como el Tribunal ad quem, para declarar improbada la demanda y confirmarla en apelación.

Se hizo constar líneas arriba, que la nulidad de obrados, solo procede cuando exista alguna irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa conforme a Ley; es decir, la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos y por consiguiente, cuando se interpone el recurso de apelación, esta, de ninguna manera se agota, con la simple interposición del recurso, sino que este derecho se concreta y materializa con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que conoce y resuelve sobre los motivos que sustentaron la interposición del indicado recurso.

Es decir en definitiva, conforme prevé el art. 105-II del CPC-2013, aplicable al caso presente, por permisión del art. 252 del CPT, corresponde determinar la nulidad de obrados cuando se hubiese provocado indefensión de alguna manera al recurrente.

En el caso presente, no se evidencia que se hubiese provocado indefensión en el Auto de Vista Nº 108 de 03 de mayo de 2017, pues éste, ciertamente analizó los argumentos de los recursos de apelación promovidos contra la Sentencia de primera instancia y los resolvió de manera escueta, pero precisa, cumpliendo la pertinencia prevista por el art. 265-I del CPC-2013, aplicable por la permisión de la indicada norma procesal contenida en el art. 252 del CPT.

Por lo afirmando, se concluye que no son evidentes las causales de nulidad alegadas contra el Auto de Vista recurrido, tanto, porque el recurso, no fundamentó adecuadamente la causal de nulidad impetrada, invocando cuestiones de fondo en sus argumentos, cuando indica que se debe anular obrados por violaciones y malas interpretaciones de la Ley; como, porque se da a entender entre estos argumentos, que el Tribunal de alzada, no habría cumplido al momento de emitir esa resolución, con su obligación de pronunciarse adecuadamente con los agravios que contiene el recurso de apelación presentado por el ahora recurrente, consiguientemente, corresponde desestimar en resolución esta nulidad por infundada, más aún si se considera qué este proceso ya fue anulado anteriormente por la misma razón.

Resolviendo los argumentos del recurso de casación, respecto de la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 3 incs. g) y b), 140, 152, 155 del CPT, 120 de la LGT, 163 de su DR, 1503 del CC, porque no se habría protegido ni tutelado los intereses y derechos de los trabajadores, porque -según afirma el recurso- los demandados no habrían desvirtuado sus responsabilidades económicas con los demandantes, sin haberse orientado las diligencias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y que; la prescripción no habría operado, conforme se demostró por los documentos de fs. 202 a 222 de obrados y que se omitió la confesión de FEDEPLE; al respecto, corresponde puntualizar los siguientes aspectos:

El objeto del proceso laboral, es el reconocimiento de los derechos laborales, consignados en la ley substancial, para cuyo efecto, el juez, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino por el contrario, debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso, para realizar un acto simulado o perseguir un fin prohibido de la ley, conforme determinan los arts. 59, 60 y 158 del CPT.

Es decir, el Juez del trabajo, no está obligado de reconocer todas las pretensiones de los trabajadores, demandantes, sino por el contrario, debe reconocer los derechos que la norma sustancial efectivamente prevea en su favor, e inclusive reconocer aquellos derechos que no se hubiesen consignado de manera clara en la demanda, pero que fueron objeto de discusión en el proceso, conforme prevén los arts. 64 y 202 inc. c) del CPT, por ello es que si bien, se instituyen principios y normas constitucionales que precautelan los derechos de los trabajadores, al ser irrenunciables e imprescriptibles y que prima la inversión de la prueba en su favor y que son nulos los actos que tiendan a burlar sus intereses, conforme prevén los arts. 46, 48 de la CPE, 4 de la LGT, 3 inc. g), 66, 150 y otros del CPT, esto de ninguna manera determina que necesariamente el juez debe conceder a favor del trabajador, derechos que no se encuentra reconocidos en su favor en la ley substancial, como erróneamente se pretende ahora.

Por otra parte, pese a que en el recurso, no se argumentó ningún error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas cursante en obrados, para abrir la competencia de este Tribunal, para volver a analizar las mismas, al ser incensurables en casación; al constituir un argumento adicional del recurso, que no se habría desvirtuado por los demandados, las responsabilidades económicas pretendidas por los actores, tratándose de una cuestión muy sensible para los actores, se verifica que en el curso del proceso, se ha demostrado, que antes de la interposición de la demanda, que ha sido ampliada y contiene además adhesiones, la Empresa Planta Industrializadora de Leche Santa Cruz, Sociedad Anónima Mixta, (PIL SAM Santa Cruz), fue disuelta, porque transfirió todos sus activos a la Empresa Industrias PIL Santa Cruz SA, denominada IPILCRUZ SA, conforme evidenció el documento de fs. 560 a 604 de obrados, hecho que fue reconocido por los demandantes a tiempo de formular su demanda, adjuntando para ello inclusive boletas de pago recibidas por esta última empresa, consiguientemente se considera que la solidaridad contenida en el art. 11 de la LGT, respecto del pago de beneficios sociales y otros derechos, respecto de PIL SAM, con relación a IPILCRUZ, se encontraba extinguida, al haber transcurrido más de los seis meses previstos por dicha norma.

Consiguientemente, se establece que no existe legitimación pasiva de parte de la actual Gobernación del Departamento de Santa Cruz, para ser demandado en el presente proceso, pues antes de esa transferencia, inclusive, ya había transferido todas sus acciones a favor de los ex trabajadores de PIL CORDECRUZ, que conformaron la sociedad denominada Trabajadores de Industrias Lácteas SA, “TILSA”, y que eran parte de la PILSAM Santa Cruz, de acuerdo a lo que se demuestra tanto por la Escritura Pública de Constitución de ésta sociedad de fs. 416 a 517, como las Escrituras Públicas y documentos que cursan de fs. 2084 a 303 en fotocopia simple y fotocopias legalizadas de fs. 357 a 375 y 1028 a 1029 y 1577 a 1558, respectivamente y ratificados por los Certificados expedidos por FUNDEMPRESA, encargada del Registro de Comercio del País, que cursan de fs. 1023 y 1147 de obrados, evidenciándose la falta de legitimación pasiva de la Gobernación, pues si bien ésta era propietaria de un 20% de la indicada Sociedad Anónima Mixta, posteriormente transfirió sus acciones tanto a título de compensación por adeudos de beneficios sociales (10%) y a título oneroso el otro 10%, cuándo se transfirió definitivamente su remanente a IPILCRUZ SA, actuaciones que se enmarcan a las previsiones del art. 425 del CCo que establece que las sociedades anónimas mixtas, se rigen y regulan en mérito a las normas de las sociedades anónimas.

Respecto de FEDEPLE, en el curso del proceso, se demostró que ciertamente en la PIL SAM, fueron accionistas de ésta empresa mixta, entre otras, la Empresa Productores Industriales de Leche S.A. (PIL SA), conforme evidencia los documentos de constitución de la primera; sin embargo, luego se determinó su disolución, conforme demuestra la Escritura Pública Nº 026/2001, que cursa a fs. 550 a 557, en la que se nombró como liquidador al señor Nils Ottoniel Carmona Zambrana, conforme reconoce éste en sus declaraciones que cursa a fs. 2754 y 2759, como miembro de FEDEPLE, él fue liquidador de PIL SA, pero en ningún momento fue liquidador de SIL SAM; por consiguiente, no existe prueba alguna que demuestre la existencia de un nexo que acredite la legitimación pasiva como demandado de FEDEPLE respecto del presente caso y que por ello se establece que constituye un organismo ajeno a la Litis, conforme también se ratificó por las Certificaciones de FUNDEMPRESA, descritas líneas arriba y que cursan a fs. 1023 y 1147 de obrados, que establecen que no existe ningún nexo entre PIL SAM y FEDEPLE y por consiguiente, nunca existió una relación laboral o de dependencia de los actuales demandantes con ésta entidad, estando adecuadamente emitidas tanto la Sentencia como el Auto de Vista, ahora recurrido, al haber excluido a los demandados del presente proceso, más aún si respecto de ésta última, no se formalizó contra ella de manera concreta la demanda, sólo se argumentó un posible nexo por el hecho que el liquidador de PIL SA, fue o es, integrante en algún momento de FEDEPLE, evidenciándose la absoluta falta de legitimación pasiva, conforme se relacionó líneas arriba, cuando se conceptualizó que es preciso que exista una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta pretensión con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material.

Resulta indebida, la determinación de haberse declarado probada la excepción de pago y de prescripción opuestas por los demandados, pues éstos, al no tener la legitimación pasiva para ser demandados, también carecen de legitimación activa para oponerse a la demanda y pretender desvirtuarla en mérito a argumentos legales que no les corresponde, porque no existía el nexo causal de empleador y trabajador que permita asumir la defensa de esa manera, aspecto que debe ser enmendado en resolución.

Sin embargo, es importante dejar establecido, que esta circunstancia, no debe ser entendida que la prescripción no operó o que no existe pago sobre los derechos pretendidos, sino porque quienes opusieron las excepciones no tenían la legitimación para hacerlo, debiendo resolverse estas cuestiones por la autoridad llamada por ley, si es que se activa un nuevo proceso y siempre que fuesen opuestas por la entidad o persona demandada que corresponda, conforme permiten los arts. 127 y siguientes del CPT.

Por último, es evidente que cursa en obrados un informe pericial que establecería la pretensión de los actores; empero, esta pretensión debe ser considerada por la Autoridad llamada por ley y contra la persona o entidad que sea responsable de esas obligaciones, pues en el caso presente se ha demostrado que los demandados carecían de legitimación pasiva para responder por las mismas, yerro que lamentablemente se incurrió por los actores, pues si bien, conforme establece el art. 111 del CPT., no se encontraban obligados a acreditar la existencia de la persona jurídica contra quien incoaron su pretensión, inclusive estando prohibido por ley, que este aspecto se debata como una cuestión principal del proceso, conforme refiere esta norma; sin embargo, se advierto al inicio del juicio, que la sustitución de patronos acaecida respecto de PIL SAM, a favor de IPILCRUZ SA., fue de conocimiento de los demandados, evidenciándose un erróneo asesoramiento jurídico, pretendiéndose obtener el pago de los derechos sociales, respecto de personas jurídicas que, la primera, dejó de ser responsable solidaria sobre esas obligaciones, en aplicación del art. 11 de la LGT, como fue la actual Gobernación de Santa Cruz; y/o que nunca tuvo una relación jurídico laboral, respecto de los demandantes, como fue FEDEPLE.

2.- Resolución del recurso de casación de fs. 2192 a 2197 vta., interpuesto por los apoderados Aldo Justiniano Jiménez y Milton Cruz Salinas:

Respecto del primer punto de este recurso, referido a la vulneración al debido proceso, la legítima defensa, la seguridad jurídica y la imparcialidad, establecidas en los arts. 13, 15, 46-2 y 3, 48-1, 2 y 4; 109, 110, 113, 119 y 120 de la CPE, por contener vicios que ameriten la nulidad por la violación de la Constitución Política del Estado, del Código de Procedimiento Civil y arts. 1 y 4 de la LGT; 1, 49, 154, 158, 159, 166, 169, 179, 183, 188, 197 y 20 incs. a) y b) del CPT, se establece que en momento alguno se alegó que se estuviese interponiendo recurso de casación en la forma, faltando a la técnica recursiva que exigen este tipo de recursos, al asimilarse a una nueva demanda de puro derecho y que deben cumplir los requisitos previstos por el art. 271-I del CPC-2013.

Conforme se refirió al momento de resolver el recurso de casación en la forma del otro recurrente, se estableció que no sólo corresponde alegar o pretender la nulidad, sino que se debe demostrar la infracción procesal que hubiese provocado indefensión, conforme exige el art. 105-II del CPC-2013, a fin de aplicar los arts. 16 y 17 de la LOJ, circunstancia que en el caso presente es inexistente, por ello es que este argumento debe ser desestimado, más aún si se estableció que el Tribunal de alzada, resolvió el recurso de apelación formulado por los demandantes, de manera concreta y puntual sobre los puntos de controversia, llegando inclusive a citar jurisprudencia emitida por este tribunal sobre el particular, evidenciándose que en momento alguno se incurrió en violación al derecho a la defensa, derecho que corresponde a los demandados, asumiéndose en este caso, que a los demandantes les corresponde el derecho de acceso a la justicia o Tutela Judicial Efectiva, pues los actores, tuvieron amplias facultades de ejercer sus derechos como tales, habiendo, luego de formular su demanda, adhesiones y ampliaciones, respondido a las excepciones, promovido incidentes de nulidad, respondido los recursos de apelación presentados por los demandados, en cuyo mérito, todas las resoluciones interlocutorias impugnadas, fueron confirmadas por el tribunal de alzada, evidenciándose una activa participación de los demandantes, quienes además promovieron incidentes respecto de solicitud de pase de un abogado, la intervención de apoderados y otros aspectos más.

Respecto a que FEDEPLE, fue indebidamente excluida del proceso en la Sentencia, no es correcto, pues en ningún momento se acredito que ésta habría formado parte de la Sociedad de Economía Mixta PIL SAM, pues el paquete accionario inicial de esta Empresa estaba conformada por CORDECRUZ en un 84,27%, Productores Industriales de Leche SA (PILSA) 15,71%; y Los trabajadores 0,02%, conforme evidencia el certificado de FUNDEMPRESA que cursa a fs. 1093 de obrados; empero, la accionista PILSA, luego fue disuelta conforme acreditan los Testimonios de las Escrituras Públicas Nº 026/2001 y 107/2001, que cursan a fs. 550 a 557, repetida a fs. 993 a 999, en cuyos documentos de ninguna manera se establece que FEDEPLE, se hizo cargo de las obligaciones laborales pendientes de esta empresa, cuyas cargas sociales, pasaron a IPILCRUZ SA, en mérito a la transferencia de todos los activos de PIL SAM, mediante el documento de transferencia de fs. 560 a 604 de obrados, que ya fue relacionado precedentemente, cuando se resolvió el anterior recurso de casación, resultando irrelevante que el ejecutivo de FEDEPLE hubiese recibido beneficios sociales, pues si se demostró en esa oportunidad que éste funcionario tenía dependencia laboral con PIL SAM, el lógico que sea acreedor al pago de beneficios sociales, independientemente que hubiese ejercido funciones de ejecutivo en FEDEPLE, que constituye una entidad diferente que aglutina a todos los productores de leche del Departamento de Santa Cruz.

Conforme se hizo constar líneas arriba, cuando se resolvió el otro recurso de casación, se ha evidenciado que tanto la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, como FEDEPLE, carecían de legitimación pasiva para ser demandados en el presente proceso, porque la primera, si bien, cuando asumió los activos y pasivos de CORDECRUZ, como Prefectura del indicado departamento, era socia de PIL SAM, sus obligaciones como tal, sólo abarcaban hasta el límite de sus acciones y cuanto transfirió las mismas a los trabajadores en un 10% y luego a IPILCRUZ, el otro 10% restante, dejó de ser partícipe de la indicada sociedad, que se disolvió, asumiendo las responsabilidades sociales la indicada empresa IPILCRUZ, después de haberse vencido el plazo de la solidaridad, prevista por el art. 11 de la LGT; mientras que FEDEPLE, nunca llegó a ser accionista de PIL SAM, porque se han desvirtuado los argumentos de los actores, quienes afirmaron que formaban parte de IPILCRUZ; es decir, se desvirtúo que ésta entidad hubiese recibió bajo algún título, acciones de PIL SAM.

Consiguientemente, estas dos entidades, no podían alegar la existencia de pagos documentados respecto de la pretensión de los actores y menos fundamentar que esos derechos hubieran prescrito por transcurso del tiempo, al amparándose en las previsiones del art. 127 inc. b) del CPT, considerando para ello, la aplicación de los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR LGT, que regían antes de la actual Constitución Política del Estado.

Es menester puntualizar que ciertamente las previsión del art. 162 de la CPE-1995, no contempla en su texto la imprescriptibilidad del los derechos laborales, aspecto que fue incluido recién en el art. 48-IV de la actual CPE; empero esta controversia en el caso presente, no corresponde ser analizada ni dilucidada, pues quienes opusieron las indicadas excepciones de pago y de prescripción, carecían de legitimación activa para oponerlas como demandados, al haberse demostrado que no tenían la legitimación pasiva para ser demandados, por consiguiente, este aspecto debe ser enmendado en resolución, porque evidentemente se advierte que se vulneraron los Parágrafos I, II, III y IV del art. 48 de la actual CPE, al haberse aplicado indebidamente las previsiones de los arts. 127 inc. b) del CPT, 120 de la LGT y 163 de su DR, porque los ahora demandados, carecían de legitimación para oponer las excepciones alegadas.

En este recurso, no se fundamentó la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, solo se alegó que se habría incurrido en violación de la libre valoración de la prueba prevista en los arts. 149, 159, 166, 179, 183, 188 y 197 del CPT, al argumentar que no se habría considerado la prueba de cargo, incluida la prueba pericial que demuestra montos correspondientes al pago de los dominicales que fueron objeto del proceso.

En mérito a la libre apreciación de la prueba y considerando el objeto del proceso, que es el reconocimiento de los derechos substanciales que se reconoce a los trabajadores (arts. 59, 60 y 158 del CPT), correspondía precisar en primer término, en sentencia y en el Auto de Vista, quien es el responsable de los derechos demandados, para atribuírseles los derechos demandados y no en sentido contrario, primero establecer esos derechos y luego recién identificar al responsable o responsables de su pago.

Pues se presume generalmente que la demanda contiene todas las pretensiones de los actores y que ésta debe ser desvirtuada por los empleadores o demandados, conforme prevén los arts. 3 inc. g), 66, 150 y otros del CPT; empero, de ninguna manera se puede pretender que sea desvirtuada por quienes carecen de legitimación pasiva para ser demandados. Es decir, aunque en el curso del proceso existe prueba fehaciente que demuestren todos los derechos pretendidos (como se alega en el recurso objeto de análisis), o que los demandados no desvirtúen estas pretensiones, no puede atribuírseles alguna obligación en su contra, si carecen de legitimación pasiva para cancelar esas cargas, como aconteció en el caso presente, que la demanda se formuló y amplió contra entidades que tanto por el transcurso del tiempo (cuando se venció el plazo de la responsabilidad solidaria en mérito a la sustitución de patronos), o porque no tuvieron una participación en la masa societaria, carecen de legitimación pasiva para responder por esas obligaciones, concluyéndose que no es evidente que se hubiese incurrió en violación de los arts. 149, 159, 166, 179, 183, 188 y 197 del CPT, citados en el recurso.

Consiguientemente, corresponde a este Tribunal resolver los recursos, conforme determina el art. 220-V del CPC-2013, aplicable a la materia por mandato de la norma prevista en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA en parte el Auto de Vista recurrido N° 108 de 03 de mayo de 2017, cursante de fs. 2172 y vta., y deliberando en el fondo, declara IMPROBADAS las excepciones de fs. 526 a 528 y 619 opuestas por FEDEPLE y la Prefectura del Departamento (actual Gobernación de Santa Cruz), manteniendo incólume el resto de la resolución recurrida; sin costas en todo el proceso, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 de su Decreto Reglamentario.

Al no ser excusable el error en que se incurrió, se impone multa de dos días de haber a los Vocales suscribientes, a ser descontado de su haber mensual, a tal efecto hágase conocer la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 220-III del CPC-2013 y las recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos en los que se CASE el Auto de Vista, como en el presente caso, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 Auto Supremo Nº 44 de 07 de marzo, Sala Civil.

2 Lino E. Palacios."Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406.

3 Auto Supremo Nº 140/2013 de 02 de abril, Sala Civil.