TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 191/2018

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente:                072/2017

Materia:                        Social

Demandante:                Katiana Flores Melendres.

Demandado:                Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Distrito:                        Pando

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 86 a 87 vta., interpuesto por José Romero Saavedra y Nazira I. Flores Choque, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC), en virtud al Testimonio de Poder Nº 441/2016 de 03 de marzo, otorgado ante Notaría Nº 04 de la ciudad de Cobija, a cargo del abogado, Juan Yujra Mamani (fs. 58-60), contra el Auto de Vista Nº 343/2016 de 23 de noviembre, cursante de fs. 82 a 84, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido a demanda de Katiana Flores Melendres, contra la entidad Municipal que representan los recurrentes, el Auto Supremo Nº 72-A de 24 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 99 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 267/016 de 06 de septiembre de 2016 (fs. 67 a 69 vta.), declarando probada en parte la demanda de fojas 52, sin costas, ordenando al GAMC, que cancele a favor de la demandante Katiana Flores Melendres, la suma de Bs. 46.495.- (Cuarenta y seis cuatrocientos noventa y cinco Bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización por dos años, ocho meses y doce días, vacación y subsidios de frontera 6 meses por la gestión 2010, 12 meses por la gestión 2011, 12 meses por la gestión 12 (dos sueldos promedio) y 12 meses por la gestión 2013, conforme la liquidación que inserta en su texto.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el apoderado de la entidad municipal demandada (fs. 71-72), mediante Auto de Vista. Nº 343/2016 de 23 de noviembre, cursante de fs. 82 a 84, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, CONFIRMÓ la Sentencia Nº 267/16 de 06 de septiembre, sin costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el GAMC, representada por José Romero Saavedra y Nazira I. Flores Choque, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fojas 86 a 87 vta., recurso que no fue respondido por la demandante, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 72-A de 24 de febrero de 2017 (fs. 99 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

Denunció la violación del art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), que se refiere a los deberes de los bolivianos y que uno de estos deberes el que el Tribunal de alzada, tiene el deber de velar por los intereses del Estado y de la sociedad e interpretar las normas alegadas por la demandante, puesto que sus derechos no siempre se encuentran enmarcados a las mismas sino a otras que rigen la vida institucional como son las Leyes Nº 1178, 2027, 2341 y otras.

Afirma que no se aplicó el art 119 de la CPE, respecto a que las partes en conflicto gozan de igualdad de oportunidades y que el derecho a la defensa es inviolable; empero en el caso presente se vulneró estas previsiones, porque no se aplicó esa igualdad y se quebrantó el derecho a la defensa, porque no consideraron en el caso presente, las indicadas leyes que rigen el GAMC.

En consideración a que la demandante manifestó que fue despedida sin previo aviso, a sabiendas que le regía un contrato individual que se había vencido, en sentencia se ordenó el pago de la indemnización y del desahucio, resultando esta una determinación ultra petita, porque en la demanda no se identificaron los montos pretendidos y no se consideró que no le correspondían estos beneficios respecto de los periodos anteriores a la vigencia de la Ley Nº 321.

El GAMC se encuentra al día con los pagos de aguinaldos, por consiguiente, no existe una partida presupuestaria adicional para este concepto y el cancelar el mismo quebrantaría las previsiones del art. 5 de la Ley Nº 2042, similar situación ocurriría respecto del pago de las vacaciones, conforme establece la SCP 1734/2012.

Indica que en aplicación de la Ley Nº 321, se incorporó a los trabajadores asalariados permanentes al régimen de la Ley General del Trabajo (LGT); empero, en el caso presente la demandante, era trabajadora eventual, sujeta a un contrato de consultoría y por consiguiente sujeta a las previsiones de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027, evidenciándose que se incurrió en aplicación injusta e indebida de Ley Nº 321 y del DS Nº 110.

Respecto del pago del subsidio de frontera, afirma que la demandante, al ser consultora, en sus boletas, no se desglosaba este subsidio y por consiguiente, debió aplicarse las presunciones, para establecer que este concepto se encontraba cancelado, implicando con ello que se pretende un doble pago, que atentaría los intereses del GAMC.

Petitorio:

Concluyó indicando que interpone recurso de casación en el fondo, que pide luego del trámite de ley, se conceda remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que emita Auto Supremo, casando o modificando el Auto de Vista.

Contestación al recurso:

El recurso no fue respondido por la parte demandante, pese a su legal notificación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 87 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 29699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).

Fundamentos del caso concreto:

En el caso presente se han alegado seis aspectos, que se desglosan de la siguiente manera:

Los dos primeros, referidos a la presunta violación del art. 108 de la CPE y las previsiones del art. 119 de la misma norma suprema, respecto del derecho a la igualdad y del resguardo del derecho a la defensa, se establece que no fueron alegados en el recurso de alzada, impidiendo que este tribunal adquiera competencia para resolver estos argumentos; empero, conforme ya se relacionó líneas arriba, en materia laboral rigen los principios de proteccionismo e inversión de la prueba, que establecen que corresponde al empleador a producir la prueba y desvirtuar la demanda, mientras que corresponde al juez de la causa en caso de duda, respecto de la interpretación o aplicación de las normas, emitir la resolución y a favor del trabajador.

En el caso presente, pese a esos argumentos, no se ha identificado duda respecto de la aplicación de las normas, especialmente respecto de la aplicación de la Ley Nº 321, que establece que a partir de su promulgación, sin carácter retroactivo, que se incorporan al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de las capitales de departamento y de la ciudad de El Alto de La Paz, quienes gozarían de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren.

Por otra parte, no fue objeto de controversia el pago de aguinaldos, pues inclusive en la sentencia no se ha emitido criterio alguno sobre este tema; consiguientemente se establece que de ninguna manera se incurrió en violación de las previsiones del art. 5 de la Ley Nº 2042.

Respecto del pago de las vacaciones, tampoco cursa en obrados ningún documento que acredita que la demandante hubiese sido consultora, por el contrario, conforme evidencian los documentos aparejados a la demanda, se advierte que la demandante, fue nombrada mediante memorándums, en los que incluso de manera recurrente se le asignaron diferentes funciones. Por eso es que se establece que tampoco existe violación del indicado art. 5 de la Ley de Administración Presupuestaria Nº 2042, ni de la SCP que se cita en el recurso.

Conforme se refirió líneas arriba, no cursa en obrados ningún documento que acredite que la demandante hubiese sido consultora del GAMC, por consiguiente, de ninguna manera podía aplicarse al caso presente las previsiones de los arts. 4 y 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027, respecto de los periodos liquidados en sentencia, desvirtuándose la denunciada aplicación indebida de la aludida Ley Nº 321 y del DS Nº 110.

Por otra parte, ya se hizo constar en el resumen del recurso de casación, que el recurrente no identificó la norma aplicable en el caso presente, respecto del reconocimiento del pago del subsidio de frontera, sin embargo de ello, corresponde puntualizar que de acuerdo a las previsiones del art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, se instituyó el subsidio de frontera en el 20% del salario mensual, haciendo acreedores obligatorios a este beneficio, a todos los trabajadores del sector público y empresas privadas, cuyo lugar de trabajo, se encuentran dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales.

Esta norma ha sido declarada Constitucional mediante la SC Nº 068/2004 de 13 de julio, estableciendo que: “En consecuencia, el Poder Ejecutivo, al establecer en el art. 12 del DS 21137 la obligatoriedad de pagar el subsidio de frontera tanto en el sector público como en las empresas privadas a favor de sus trabajadores cuando presten servicios en los 50 kilómetros de la frontera, de ningún modo ha usurpado la función que tiene el Poder Legislativo de pronunciar leyes, y no ha incurrido en la nulidad que establece el art. 31 de la CPE por cuanto ha actuado dentro de la potestad reglamentaria que la propia Ley Suprema le reconoce, y más bien, en todo caso, ha desarrollado los preceptos constitucionales consagrados en el Régimen Social de la Constitución y las normas contenidas en la Ley General del Trabajo, que al ser una disposición general puede válidamente ser desarrollada en normas de inferior jerarquía normativa como son los Decretos Supremos. Por el criterio explicado se concluye que la norma objetada no es contraria a lo dispuesto en el art. 29 de la CPE que, en lo que interesa al presente caso, atribuye al Poder Legislativo potestad privativa para alterar y modificar los códigos, porque -se reitera- el art. 12 del DS 21137 no ha modificado código ni Ley alguna, sino que ha desarrollado la concepción de remuneración que está estipulada en la Ley General del Trabajo, adecuándose al derecho que el art. 7inc. j) de la Ley Suprema consagra”1.

Por consiguiente, al haberse acreditado en el caso presente que la demandante era empleada pública sujeta a las previsiones, tanto del Estatuto del Funcionario Público (una parte), como a la Ley General del Trabajo y Ley Nº 321, en aplicación a la normativa citada (en otro periodo de trabajo), es plenamente acreedora al indicado subsidio de frontera, conforme se reconoció tanto, por el Juez de primera instancia, como por el tribunal de apelación, no advirtiéndose infracción legal alguna.

Por otra parte, si bien en las consultorías, se acuerdan contractualmente las remuneraciones, se supondría que dentro de éstas, estaría incluido el subsidio de frontera; empero este hecho, no se aplica al caso presente porque -conforme se tiene señalado- no se ha acreditado documentalmente la existencia de alguna consultaría, que es la única forma de demostrar este tipo de contratación, al ser una cuestión civil, ajena a la legislación laboral.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 86-87 vta., interpuesto por José Romero Saavedra y Nazira I. Flores Choque, en representación del GAMC, contra el Auto de Vista Nº 343/2016 de 23 de noviembre, cursante de fs. 82 a 84, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS 23215 del 22 de julio de 1992.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.


1 SC 68/04, de 13 de julio.