TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIM ERA

Auto Supremo Nº 190

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente:                211/2017

Demandante:        Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Pio X Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Inca Huasi Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Antonio CACSA Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Joaquín Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San José de Punata Ltda. y Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Mateo S.R.L.

Demandado:        Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) y Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP)

Proceso:                        Contencioso Administrativo

Magistrada Tramitador: María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La solicitud de promover acción de inconstitucionalidad concreta de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas Pio X Ltda., Inca Huasi Ltda., Quillacollo Ltda., San Antonio CACSA Ltda., San Joaquín Ltda., San José de Punata Ltda. y San Mateo SRL., contra el Decreto Supremo (DS) 2762 de 11 de mayo de 2016, que determina la existencia de la Resolución Administrativa Regulatoria de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 002/2016 de 8 de julio, por incluir a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, al pago de la Tasa de Regulación, traslado por providencia de fs. 403 al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) ahora demandados, que no fue respondido dentro del plazo previsto por el art. 80 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas citadas precedentemente, representadas por Javier Kiyoshi Chisaka Montan, por escrito de fs. 389 a 402, solicitan a éste Tribunal promover acción de inconstitucionalidad concreta contra el DS 2762 de 11 de mayo de 2016, por supuestamente contravenir los arts. 158.I.23, 296.I.19, 323.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), con los siguientes argumentos:

1. El Decreto Supremo expone a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas más concretamente a sus asociados, al cobro indebido y adicional de un monto determinado sin contraprestación de un servicio financiero; y a una regulación personal contraria a todo principio constitucional, no sujeta a la regulación de la AFCOOP, labor privativa y exclusivamente ejercida por otro órgano estatal competente como es la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI).

2. Expone a las Entidades Cooperativas a sanciones pecuniarias, cuya atribución compete exclusiva y privativamente a la ASFI, interfiriendo y perjudicando propiamente su funcionamiento de forma directa, conforme a las disposiciones constitucionales que regulan su configuración (arts. 330, 331 y 332 de la CPE).

3. Exige el pago de Tasa de Regulación, cuando las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, ya cumplen con dicha situación a favor de la ASFI, entidad que las regula, de conformidad con las disposiciones constitucionales que regulan su configuración (arts. 330, 331 y 332 de la CPE).

4. De la declaratoria de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del citado Decreto Supremo, depende la resolución a pronunciarse dentro del proceso contencioso administrativo.

5. La solicitud de las Cooperativas tiene el propósito de declarar la inconstitucionalidad de todo el DS 2762 de 11 de mayo de 2016.

CONSIDERANDO II: El art. 73.2 del CPCo, prevé: “la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”, debiendo contener los requisitos exigidos por el art. 24.I y cumplir lo previsto en los arts. 79 y 80, todos del citado CPCo, referidas a la legitimación activa y al procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa respectiva.

El art. 80 del CPCo. establece que: “I. Una vez solicitado se promueva la Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca del proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado, si corresponde, dentro de las veinticuatro horas, para que ésta sea respondida en el plazo de tres días a partir de su notificación. II. Con la respuesta o sin ella, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes al vencimiento del plazo, la autoridad decidirá, fundamentadamente, si promueve la Acción de Inconstitucionalidad Concreta.  III. Promovida la acción o no, la autoridad deberá remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional su decisión junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes que sean necesarios. En el caso de no promoverse la acción, la remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará a efectos de su revisión por la Comisión de Admisión….”.

En cuanto al contenido de una pretensión de inconstitucionalidad, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional entre otros en el Auto Constitucional 0286/2014 CA de 28 de agosto, establece: “…se constituye en un impedimento para que éste Tribunal pueda someter al control de constitucionalidad una disposición legal refutada en su totalidad y contrastada con los preceptos, principios y valores de la Ley Fundamental, dado que no se puede demandar de inconstitucional una norma in extenso…”; más aún, si como en el presente caso, se trata de una supuesta inconstitucionalidad concreta, es decir, dentro de un proceso judicial contencioso administrativo, con una problemática específica.

En ese contexto, corresponde a éste Tribunal en su condición de autoridad judicial que conoce y resuelve el proceso contencioso administrativo, verificar si la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, contiene los fundamentos jurídicos constitucionales que justifiquen y aperturen la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para pronunciarse sobre el fondo del mismo; y, en caso de evidenciar que la solicitud carece de dicho fundamento, resolver no promover la acción intentada y disponer la remisión de antecedentes (fotocopias legalizadas), en grado de revisión ante la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.

CONSIDERANDO III: Del análisis de la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, se advierte que:

Se limita a enunciar como norma impugnada o considerada inconstitucional todo “el DS 2762 de 11 de mayo de 2016”, por supuestamente contravenir los arts. 158.I.23, 296.I.19, 323.II y 410.II de la CPE, sin precisar con claridad en qué medida las disposiciones legales contenidas en dicho Decreto Supremo impugnado in extenso, son incompatibles con los preceptos constitucionales invocados; situación que se constituye en un impedimento insubsanable para promover la acción intentada y que el Tribunal Constitucional Plurinacional considere el fondo de la problemática planteada.

Por otro lado, la solicitud carece de fundamentación que demuestre la relevancia del Decreto Supremo considerado inconstitucional, en la decisión que el Tribunal Supremo asuma a momento de resolver el fondo de la problemática formulada dentro del proceso contencioso administrativo, es decir, en qué medida la Sentencia a pronunciarse dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del  DS 2762 de 11 de mayo de 2016; en consecuencia, la solicitud no se enmarca dentro del contenido del art. 79 del CPCo., que exige que la acción de inconstitucionalidad concreta, proceda en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma contra el que promueve la acción; más aún si a momento de emitir la Sentencia de fondo, éste Tribunal Supremo resolverá lo que corresponda en derecho, aplicando los principios procesales y constitucionales, con la facultad del control judicial de legalidad, contenida en el art. 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).

El fundamento de hecho y de derechos de las Cooperativas peticionantes, no demuestran de qué manera todo el contenido del DS 2762 de 11 de mayo de 2016 es incompatible con la Constitución Política del Estado, no sustenta los razonamientos o fundamentos jurídico-constitucionales de su pretensión de promover la acción ante el órgano encargado del control de constitucionalidad respectivo, ni explica los motivos de inconstitucionalidad necesarios que puedan generar duda razonable y justifique promover el recurso previsto en los arts. 72 y 73.2 del CPCo.

Por lo expuesto y con base en la normativa y jurisprudencia precedentes, corresponde no promover la acción por incumplimiento de las formalidades esenciales, conforme dispone el art. 80. III del texto procesal constitucional.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con los arts. 73.2, 79 y 80 del Código Procesal Constitucional, resuelve: NO PROMOVER la acción de inconstitucionalidad concreta intentada por las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas Pio X Ltda., Inca Huasi Ltda., Quillacollo Ltda., San Antonio CACSA Ltda., San Joaquín Ltda., San José de Punata Ltda. y San Mateo S.R.L.; y, dispone remitir en revisión la presente resolución ante la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la respectiva nota de cortesía y las formalidades previstas en el art. 80.III del citado Código Procesal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.