TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 189

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                  : 84/2017

Demandante                : Zarella Roca de Poma y otras

Demandado                 : SAO S.A

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento             : Santa Cruz

Magistrado Relator     : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 600 a 604, interpuesto por Nelly Lourdes García Pacheco en representación de Zarella Roca de Poma, Bertha Mariela Molina Duran, Luketty Echalar Encinas y Vania Ribera Jordan; el recurso de casación de fs. 606 a 610 vta., interpuesto por SAO S.A. representado por  Cynthia Vanlencia Canedo y otros; impugnando el Auto de Vista 31 de agosto de 2016 de fs. 591 a 592, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Nelly Lourdes Garcia Pacheco en representación de Zarella Roca de Poma, Bertha Mariela Molina Duran, Luketty Echalar Encinas y Vania Ribera Jordan contra la empresa SAO S.A., el Auto de fs. 616 que concedió los recursos de casación; el Auto Supremo Nº 84-A de fs. 631 que declaró admisible los recursos; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 42 de 26 de noviembre de 2015 de fs. 540 a 549, que declaró probada en parte la excepción perentoria de prescripción, opuesta sobre las horas extras, al encontrarse vigente los periodos pertinentes a la vigencia de la actual CPE, conforme se señalo en sus fundamentos, probada en parte la excepción perentoria de pago, al no haberse demostrado el pago de las horas extras, demostrado únicamente el pago de bono de antigüedad de forma correcta, así como los otros derechos que fueron calculados en base al salario indemnizable de los últimos tres meses en los que ya se incluyen el bono de antigüedad a los finiquitos de cada una de las trabajadoras, probada en parte la demanda de reintegro de beneficios sociales, sin costas, al evidenciarse que la parte demandada demostró el pago de bono de antigüedad, los cuales fueron calculados correctamente sin derecho a reajuste o reintegro de los derechos ya pagados, como el desahucio, indemnización, vacación, prima, bono de producción y sueldo devengado, los cuales fueron calculados y demandados en virtud del errado cálculo del bono de antigüedad. Asimismo se demostró que Bertha Mariela Molina desempeñaba un cargo jerárquico de confianza como jefe de línea, por ende sin pago a horas extras, correspondiendo dicho pago solo a Zarrella Roca de Poma, Luketty Echalar Encinas y Vania Ribera Jordan, lo cual fue desvirtuado por la parte patronal, en cuyo mérito se ordenó a la empresa SAO S.A. que a través de su representante legal Mario Hernán Barron pague a tercero día a:

Zarrella Roca de Poma Bs. 125.706

Luketty Echalar Encinas Bs. 85.683

Vania Ribera Jordan Bs. 64.890.7

Haciendo un total de Bs. 276.279, más actualizaciones y reajustes dispuestos por ley.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por los demandantes de fs. 553 a 554 y el demandado de fs. 562 a 564, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 31 de agosto de 2016, que confirmó totalmente la Sentencia.

Argumentos de los recursos de casación

1.- Primer Recurso.- Contra el auto de vista Nelly Lourdes García Pacheco en representación de Zarella Roca de Poma, Bertha Mariela Molina Duran, Luketty Echalar Encinas y Vania Ribera Jordan, formuló recurso de casación de fs. 600 a 604, en el que acusó:

Que el tribunal ad quem incurrió en errónea interpretación y violación de normas constitucionales y laborales, toda vez que no consideró que en aplicación del art. 48 de la Constitución Política del Estado, las horas extras demandadas son imprescriptibles, y aplicando incorrectamente el art. 120 de la LGT ya derogado.

Asimismo indica que se infringio la ley, al omitir considerar el art. 55 de la LGT, que manda a pagar la hora extra con el recargo del 100%, por lo que a Zarella Roca de Poma le corresponde 11.049,50 horas extraordinarias equivalentes a Bs. 1.317.100,40; a Luketty Echalar Encinas, 12.197,50 horas extraordinarias equivalentes a Bs. 1.142.539,83; a Bertha Mariela Molina Durán 6.314 equivalentes a 959.349,16; y Vania Ribera Jordán 5.642,42 horas extraordinarias, equivalentes a Bs. 372.174,02; así tambien, no se pronuncia respecto al pago de multa del 30% establecido por ley, vulnerando las normas y leyes sociales, que no fueron aplicadas correctamente.

Señala que el tribunal de alzada incurre en errónea valoración de la prueba conforme el art. 46 de la LGT, al no otorgar el reintegro de beneficios sociales y reconocer horas extras con relación a Bertha Mariela Molina Duran.

Concluyó solicitando se case el auto de vista en todo lo que ha sido materia del presente recurso.

2.- Recurso  de Casación en la Forma y Fondo interpuesto por la Firma Comercial ADM. SAO S.A.

En la forma, acusó que el auto de vista impugnado omitió pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas en los tribunales inferiores, toda vez que existe falta de congruencia y fundamentación en la consideración de horas extras, existiendo incorrecta aplicación del principio de inversión de la prueba, en vista de que este principio es relativo y no absoluto para el empleador.

Que dentro del proceso demostraron la inexistencia de horas extras, conforme el oficio de recursos humanos, donde se evidencia que existe un rígido control y registro de asistencia y horas extraordinarias dentro de ADM, asimismo que el cómputo de su sistema de control de seguridad y asistencia, tiene Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo, que demuestra ser exacto, aspecto que no fue valorado; así como las planillas trimestrales dentro de las cuales la empresa demuestra el cumplimiento de sus obligaciones laborales no correspondiendo el pago de horas extras; tampoco consideró los mails, bajas médicas y formularios de vacaciones, que demuestran las interrupciones por vacaciones, permisos, feriados, bajas y faltas; aspecto que afecta el cálculo determinado.

En el Fondo, acusó que el tribunal ad quem incurrió en errónea interpretación de la ley y apreciación de las pruebas, ante la inobservancia del art. 66 y 150 del Código Procesal Laboral, toda vez que era necesario que la parte demandante presente prueba suficiente para acreditar la existencia de horas extras y la procedencia de su pago, más aún considerando que el principio de inversión de la prueba es relativo y no absoluto conforme ha establecido la amplia jurisprudencia.

Por otra parte indica error de hecho en la apreciación de pruebas y errónea aplicación del principio de primacía de la realidad, de acuerdo al art. 271 del Código Procesal del Trabajo, que en el presente caso tanto la sentencia como el auto de vista, han dispuesto el pago de las horas extras, sin que existan pruebas que demuestren su existencia o procedencia y a través de una incorrecta valoración de las pruebas, consistente en las Planillas trimestrales presentadas a la Jefatura Departamental del Trabajo, y registro de control dentro de las cuales se evidencia el pago de  horas extraordinarias por parte de ADM, evidenciando que la empresa cumplió con todas sus obligaciones laborales y no corresponde la reliquidación de ningún concepto, asimismo los mails, bajas médicas y formularios de vacaciones demuestran interrupción por permisos, feriados, faltas que afectan el cómputo de horas extraordinarias y el manual de funciones acredita que las responsabilidades del cargo de Zarella Roca son de jerarquía, calificándose como personal de confianza.  

Concluyó solicitando se case en parte el auto de vista de 31 de agosto y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda, o en su caso se anule obrados a efectos de emitir una nueva resolución.

II. Fundamento jurídico del fallo.

De los recursos de casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y lo fundamentado en los recursos, se establece lo siguiente:

Con carácter previo corresponde señalar que Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial tiene el deber de revisar de oficio las actuaciones procesales, disposición legal que encuentra relación con el art. 106. I del Código Procesal Civil, que dispone: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”

En ese contexto, haciendo un análisis del expediente, se evidencia que el Auto de Vista recurrido confirmó la Sentencia de primera instancia, empero, no hace un estudio y análisis de los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación por ambas partes, limitándose a señalar que la sentencia apelada ha realizado una valoración correcta de las pruebas efectivamente producidas o aportadas por ambas partes, sin siquiera nombrar norma alguna o mencionar documental en la que basa su determinación; por otra parte, con relación a los agravios reclamados por los demandantes se limita a manifestar que “…del análisis minucioso de la Sentencia apelada se evidencia que se ha realizado una valoración correcta de las pruebas efectivamente producidas…”, de igual manera para el segundo recurso señala “…del análisis minucioso de la Sentencia apelada se evidencia que en su parte Considerativa se ha procedido a valorar todas las pruebas aportadas por ambas partes procesales, no existiendo el agravio señalado por la parte recurrente al determinarse el pago de 2 horas extras que no han sido desvirtuadas…”, (las negrillas son añadidas), es decir no realiza una compulsa de las pruebas, para verificar si es correcto o no los reclamos efectuados por los actores, olvidando que toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y coherente, y que las apreciaciones de la parte considerativa deben ser debidamente fundamentadas y no contradictorias, debiendo ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita); que en el caso de autos, no se evidencia un análisis de la sentencia la misma que tampoco es coherente, congruente ni fundamentada; puesto que otorga horas extras excediendo el pedido realizado por las demandantes, lo cual además de ser una  afrenta al principio dispositivo, se constituye en un abuso de poder al estar esta disposición, desprovista de fundamentos y pruebas de respaldo, aspectos soslayados en el auto de vista impugnado.

En ese contexto el Tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el Juez A quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y la expresión de agravios del recurso, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Asimismo, el Auto de Vista no se ha pronunciado con la debida motivación y fundamentación que se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, esto implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al apelante, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 2009, así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada, aspecto reclamado por ambas partes durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 17. II de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 590 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie  nuevo Auto de Vista, debiendo considerar y resolver los agravios formulados de manera expresa por las partes.

No siendo excusable, se impone multa de Bs. 500 para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.