TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 187

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 078/2017

Demandante                : Jhinsor Peña Patón.

Demandado        : Unión Gremial de Matarifes de Oruro.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Oruro

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por la Unión Gremial de Matarifes de Oruro representada legalmente por Emilio Góngora García cursante a fs. 117 a 119 de obrados, en contra del Auto de Vista AV-SECCASA Nº 10/2017  de fecha 24 de Enero, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; el Auto Supremo No 78-A de 03 de Marzo de 2017 a fs. 133 a 133 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Jhinsor Peña Patón en contra de la Unión Gremial de Matarifes de Oruro; la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 049/2016 de fecha 15 de Marzo, cursante a fs. 78 a 82, declarando probada en parte la demanda e improbado el pago de vacaciones, determinando que la Unión Gremial de Matarifes de Oruro cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación en la suma total de Bs. 29.104,13 (veintinueve mil ciento cuatro 13/100 Bolivianos), monto que debería ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo, sin perjuicio que en ejecución de sentencia se aplique el D.S. N° 28699 de fecha 1° de Mayo de 2006.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 84 a 85, por la Unión Gremial de Matarifes de Oruro representada legalmente por Emilio Góngora García, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; resuelve el mismo mediante Auto de Vista AV-SECCASA No 10/2017 de fecha 24 de Enero, cursante a fs. 113 a 115, que confirma la sentencia apelada No 049/2016 de fecha 15 de marzo.

Ante la determinación del Auto de Vista, la Unión Gremial de Matarifes de Oruro representada legalmente por Emilio Góngora García, interpone recurso de casación en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto N° 28/2017 de fecha 16 de febrero, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación al art. 16 Inc. d) y e) de la Ley General del Trabajo y al art. 7 del D.S. N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949 y una errónea apreciación de las pruebas, bajo los siguientes argumentos:

1.- El recurrente alega que existe una vulneración al art. 16 Inc. d) y e) de la Ley General del Trabajo, precepto jurídico que claramente determina que no habrá lugar a desahucio e indemnización cuando exista una de las siguientes causales, a decir del recurrente, inasistencia injustificada de más de tres días consecutivos (DS N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949) e incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o al reglamento  interno de la empresa; esta norma no es aplicada por la Juez de Instancia, pese a haberse demostrado el abandonó del trabajo del actor, quien incumplió totalmente el trabajo, limitándose a la aplicación del art. 182 inc. c) del CPT; siendo así que en primera etapa del proceso, se explica que el demandante comenzó a trabajar cuando el matadero dependía de la Alcaldía y sus beneficios solo le corresponden desde el momento en que empezó a trabajar bajo su administración; agrega que no se tomó en cuenta el art. 7 del D.S. N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949.

2.- Por otra parte el recurrente, alega, que existe error en la apreciación de las pruebas, ya que su valoración debe estar asociada a uno de los lineamentos establecidos por ley, es decir que se debe aplicar el sistema de valoración de la prueba, con prudente criterio o sana critica, conforme determinan el art. 1286 del Código Civil y arts. 145 y 271.I del Código Procesal Civil, que permite tutelar la concurrencia de un desacierto en la aplicación de los sistemas de valoración de la prueba, considerado como una causal de casación en el fondo. En el caso en concreto el Tribunal de alzada considera, inexistentes o improbados las constantes faltas del demandando, cuando las literales de obrados, demuestran lo contrario un desacierto que debe tener la tutela mediante el recurso interpuesto.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el Auto de Vista recurrido.

La parte demandante contesta el recurso interpuesto e indica que no obstante  que el recurrente alega una indebida aplicación del art. 16 inc. d) y e) de la Ley General de Trabajo, sin embargo nunca demostraron aquello, tomando en cuenta que en materia laboral la carga de la prueba corresponde al empleador y no al trabajador.

De igual manera, respecto a que se hubiera demostrado el abandono de la fuente laboral, de los antecedentes del proceso se establece que no presentaron ni siquiera una planilla de asistencia, por lo cual no es cierto y evidente lo que manifiesta el recurrente.

Precisa, que el recurrente hace referencia a que hubo error en la apreciación de la prueba, lo cual es una falta a la verdad, ya que nunca demostraron nada, por el contrario hubo contradicciones, ya que el demandado en la contestación que cursa a fs. 26, de manera clara y textual manifiesta que es cierto que su persona trabajo en el matadero como ayudante de horquero, desde junio de 1988 a junio de 2009, afirmación que reitera a fs. 29 de obrados, pero posteriormente se retracta y menciona que solo trabajó dos años.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CONFIRME el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El desahucio en la legislación laboral boliviana.

La doctrina tiene unanimidad, conceptualizando al desahucio como una suerte de pago indemnizatorio al trabajador ante un despido intempestivo; dicho de otro modo, es la figura que obliga al empleador al pago de una determinada suma en el supuesto de que, de súbito, proceda a la ruptura unilateral del contrato de trabajo. El art. 13 de la LGT, aclara que la procedencia del desahucio se asienta en la situación de que el trabajador sea retirado por causas ajenas a su voluntad, en igual sentido se tiene el art. 8 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT). 

En igual orden, debe tenerse presente que “…si bien la normativa laboral protege y tutela las relaciones de trabajo y al trabajador, no impone al empleador la permanencia de un trabajador o empleado en contra de su voluntad; la relación de trabajo supone la conjunción de dos voluntades en aras de lograr un objetivo común, cual es el producto derivado de las acciones de ambas partes” (Auto Supremo Nº 048/2012 de 15 de mayo, Sala Social y Administrativa Liquidadora). En ese  orden de ideas, es la propia norma que desestima el pago del desahucio, en el supuesto de que el trabajador se retire voluntariamente, o bien cuando éste incurra en alguna de las causales del catálogo del art. 16 de la LGT, así como en las análogas del art. 9 del DR-LGT. Un criterio similar, fue el adoptado por la normativa reglamentaria contenida en el Decreto Supremo (DS) 0110 de 1° de mayo de 2009, en su art. 3 indica que “Corresponde el pago de desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral”.

De la presunción de despido.

Este Tribunal considera que la faz práctica de toda presunción, se enfrasca en la consecuencia que la Ley o el juez extracta de un hecho conocido para tener por cierto otro hecho desconocido que se estima resultado lógico del primero. La doctrina reconoce la existencia de presunciones efectuadas por los jueces (estimadas en inferencias lógicas basadas en la experiencia y la ciencia, que son parte del sistema de valoración probatoria de la sana crítica y permiten aceptar como verosímil la relación entre un hecho y sus efectos); y, las presunciones legales, cuyo resultado se halla predestinado por el legislador en la norma (sustantiva o adjetiva). La legislación laboral boliviana, hace referencia a aquellos dos tipos de presunciones dentro del art. 179 del Código Procesal del Trabajo (CPT), manifestando: “La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y exime de toda otra, y la presunción judicial admite prueba en contrario”.

El art. 182 del CPT, condensa un importante número de presunciones legales, relacionadas con -entre otras- la existencia, vigencia, duración y término del contrato de trabajo; así en lo que importa a autos, taxativamente expresa que en las relaciones de trabajo -salvo prueba en contrario- se presumirá que la relación de trabajo termina por despido (inc. c); y, que éste se entiende sin causa justificada (inc. d); hasta aquí, es claro que la presunción sobre la terminación de la relación laboral entraña, el propósito de sustituir la veracidad de una situación jurídica, que es la desvinculación laboral, ante la eventualidad de que su probanza sea o bien inexistente o bien inconsistente. Esta estructura jurídica responde a la aplicación práctica del principio de protección del trabajador, dentro de un plano que procura equidad entre las partes, ante los supuestos de cesantía de aquél, emergentes de hechos no relacionados a su retiro voluntario y en la ausencia de las causales previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT; sin embargo, las presunciones laborales inscritas en los incs. c) y d) del art. 182 del CPT, son desvirtuables a través de prueba en contrario, de lo que cabe recalcar que realizada ésta y ante su falta de suficiencia, una determinada presunción que por Ley acepte prueba en contrario, está irremisiblemente condenada a ser declarada con lugar.

La indemnización, su desarrollo normativo y progresivo.

El art. 13 de la Ley General del Trabajo (modificado por el Decreto Supremo Nº 0110 de 1 de mayo de 2009), dispone: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses que se reputan de prueba excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo. Se reputa como periodo de prueba sólo al que corresponde al inicial de los primeros tres meses, mas no a los subsiguientes que resulten en virtud de renovación o prórroga.

Si el trabajador tuviera más de noventa (90) días de trabajo continuo, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquier contratación posterior de los trabajadores que se acoge a éste beneficio solo procederá previo acuerdo de ambas partes”. El art. 16 de la normativa citada, establece: “No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales: a) Perjuicio material causado con intención en los Instrumentos de trabajo; b) Revelación de secretos industriales; c) Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial; e) Incumplimiento total o parcial del convenio; g) Robo o hurto por el trabajador” (los incs. d y f del referido artículo se encuentran derogados por Ley de 23 de noviembre de 1944), norma concordante con el art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo.

El principio de inmediación vinculado a la apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación.

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el Art. 3 Inc. b) del Código Procesal Laboral; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el Art. 3 Inc. j) desarrollado de manera más amplia en el Art. 158 del Código Procesal de Trabajo, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba. 

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el Art.  261.III del Código Procesal Civil, aplicable al caso por expresa remisión del Art. 208 del Código Procesal de Trabajo,  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el Art. 271.I del Código Procesal Civil.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida e errónea del art. 16 incs. d) y e) de la Ley General del Trabajo y art. 7 del D.S. N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949 y una errónea apreciación de las pruebas; en merito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En merito a los fundamentos expuestos por el recurrente, y no obstante que en el recurso de casación, la entidad demandada no hace referencia directa a los beneficios sociales del desahucio y indemnización, los argumentos expuestos están dirigidos a observar la improcedencia de dicho pago, por cuanto se alega como incorrectamente aplicada la normativa establecida en el art. 16 Inc. d) y e) del LGT y art. 7 del D.S. N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949, normativa laboral que establece causales atribuidas al trabajador, por las cuales no es procedente legalmente la cancelación de dichos beneficios sociales, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

En relación al beneficio social del desahucio; conforme se tiene anotado el desahucio es considerado como una suerte de pago indemnizatorio al trabajador ante un despido intempestivo; no obstante de ello, es la propia norma que desestima el pago del desahucio, en el supuesto de que el trabajador se retire voluntariamente, o bien cuando éste incurra en alguna de las causales del catálogo del art. 16 de la LGT, así como en las referidas del art. 9 del DR-LGT, criterio similar, que se mantiene en el art. 3 del Decreto Supremo N° 0110 de fecha 1° de mayo de 2009.

En el caso de autos, se tiene que, conforme la demanda cursante a fs. 13 a 15 de obrados, el actor afirma que su persona fue despedido sin previo aviso y sin justificativo por el Sr. Mario Condarco Presidente transitorio de la Unión Gremial de Matarifes, indicándole que la institución estaba en quiebra; esta afirmación, conforme al art. 182 inc. c) y d) del CPT, está inmersa en una presunción legal, que taxativamente expresa que en las relaciones de trabajo -salvo prueba en contrario-, se presumirá que la relación de trabajo termina por despido y que éste se entiende sin causa justificada; empero esta afirmación, admitía prueba en contrario conforme lo establece la propia normativa laboral citada; es decir que le correspondía a la entidad demandada destruir la presunción legal en la cual ingresaba la afirmación referida a la forma de conclusión de la relación laboral, conforme se lo permitía la norma y se lo obligaba el principio de inversión de la prueba, por el cual le correspondía a la entidad demandada demostrar el retiro voluntario del actor, y con ello proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material; sin embargo la empresa demandada no produjo prueba pertinente e idónea en ese sentido, ya que la producción probatoria de la parte demandada, solo se reduce a las declaraciones de los testigos Víctor Calani Choque y Humberto Coca Alcalá cursante a fs. 72 a 76 de obrados, quienes en sus atestaciones no pudieron establecer en grado de certeza, el motivo de la desvinculación laboral del actor; por lo cual se llega a la conclusión que al haberse condenado al pago del beneficio social del desahucio, se obró de manera correcta y conforme la normativa laboral señalada.

En relación al beneficio social de indemnización, en el caso en análisis, y conforme se tiene del art. 1 del D.S. N° 110 de fecha 1° de mayo de 2006; para la norma citada, resulta irrelevante que la desvinculación laboral se haya producido de manera intempestiva y por causal ajena a la voluntad del trabajador o que esté haya renunciado de manera voluntaria a su fuente laboral, por cuanto la norma solo pone como requisito para el pago de la indemnización, que el trabajador haya trabajador por 90 días continuos, para la procedencia de dicho beneficio social; en tal sentido no existe errónea aplicación del art. 7 del DS. N° 1592 de fecha 19 de abril de 1949, por cuanto aun el trabajador haya renunciado de manera voluntaria, el derecho adquirido a la indemnización era perfectamente exigible por el trabajador.

De la misma manera no se encuentra transgresión al art. 16 incs. d) y e) de la Ley General del Trabajo, ya que incluso el inciso d) de la citada norma y alegado por el recurrente, ha sido derogado por Ley de 23 de noviembre de 1944; peor aún se demostró la casual del inciso e) de la misma norma sustantiva, argumentó que se refuerza al momento que la entidad demandada interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en donde de manera libre y voluntaria reconoce que pese a tener conocimiento de la conducta desordenada y disputas internas que generaba el actor, nunca se le inicio proceso en su contra, por lo cual no se demostró el incumplimiento del convenio de trabajo, debiendo en ese caso primar el estado de inocencia reconocido en el art. 116.I del CPE, a favor del actor

2.- Por otra parte, debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se tiene anotado en los fundamentos jurídicos del fallo, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación previsto en el art. 3 Inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

En el caso en concreto, el recurrente no ha cumplido estos requisitos de contenido y no señala cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por el Juez de Instancia y el Tribunal de Apelación, por cuanto el recurrente solo se limitó a indicar en el recurso interpuesto, que las “literales de obrados demuestran lo contrario”, sin existir otro argumento técnico jurídico que justifique su reclamo, no resultando suficiente al caso, la enunciación del art. 1286 del Código Civil y arts. 145 y 271.II del Código Procesal Civil, sin establecer en que consiste la indebida apreciación de la prueba; olvidando que la casación (sea de forma o de fondo), una vez más se asemeja a una demanda nueva de “puro derecho”, en la que no solo debe identificarse las normas vulneradas, sino, explicarse en que consiste la infracción, violación, falsedad o error en la interpretación y/o aplicación de las mismas.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la Unión Gremial de Matarifes de Oruro representada legalmente por Emilio Góngora García, contra el Auto de Vista AV-SECCASA Nº 10/2017 de fecha 24 de Enero, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1000.- (mil bolivianos) que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.