TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOS, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 186

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                  : 196/2018

Demandante                   : Porfirio Callejas Pérez

Demandado                    : Empresa unipersonal de serenos y servicios “ARIES”

Proceso                           : Pago de beneficios sociales e indemnización por

                                        incapacidad absoluta y permanente

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Tramitador        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda representante de la empresa unipersonal de serenos y servicios ARIES, a fs. 113, contra el Auto de Vista Nº 35 de 27 de febrero de 2018, pronunciado por la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fs. 109; dentro la demanda de pago de beneficios sociales e indemnización por  incapacidad absoluta y permanente interpuesta por Porfirio Callejas Pérez contra la empresa recurrente; el Auto Nº 45 de 12 de abril de 2018 (fs. 117), que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Consideraciones legales.

Que, el Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975, (CPC-1975) elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, se aplica en la materia, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que dispone: “Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral.

Que, mediante la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, se modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código; en mérito a ello se establece que corresponde aplicar al caso de autos, dicha normativa; por lo que, en aplicación del art. 274 en relación al 277-I del CPC-2013, se debe efectuar el examen de admisibilidad del recurso presentado.

II. Análisis de Admisibilidad.

En aplicación de la norma procesal referida, se establece que:

1.- Se verifica que el recurso, fue presentado dentro el plazo previsto por Ley, porque, la empresa recurrente fue notificada con el Auto de Vista que impugna, el 14 de marzo de 2018, (como se verifica en la diligencia a fs. 112); quien interpuso recurso de casación el 26 del mismo mes y año, conforme consta en el timbre electrónico a fs. 113, es decir dentro los ocho días previstos en el art. 210 del CPT, en concordancia con el art. 90 en sus parágrafos I, II y III del CPC-2013, con la permisibilidad establecida en el art. 252 de la norma adjetiva laboral.

2.- Identifica la resolución recurrida, al señalar como resolución impugnada al Auto de Vista, cursante a fs. 109 y vta., dando cumplimento al art. 274-I-2 del CPC-2013.

3.- Por último, analizando detenidamente el recurso de casación contenido en el escrito a fs. 113, se verifica que argumenta como único punto, que: “no han valorado correctamente LO ARGUMENTO expuesto en mi RECURSO DE APELACIÓN que mencionaban todo y cada uno de los AGRAVIO SUFRIDO y mencionaba toda la prueba documentales que la juzgadora NO VALORO (textual), sin señalar normativa alguna que hubiese sido incumplida, desconocida o inaplicada por parte del Tribunal de alzada, no formula ninguna impugnación específica de que disposición legal, no se hubiese cumplido o que razonamiento del Tribunal Ad quem estuviere contrario a la norma, contiene solo un argumento general de la posición del recurrente, respecto a que no se habría valorado correctamente los argumentos que expuso en su recurso de apelación, que además contiene incongruencia en la redacción, sin señalar cual sería esta incorrecta valoración; por lo que no cumple con las exigencias y requisitos señalados en el art. 274-I-3 del CPC-2013, que establece: “Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente, únicos presupuestos jurídicos, que permitirían a este Tribunal ingresar a analizar los fundamentos del recurso; evidenciándose que se incumplió la técnica procesal recursiva, exigida por la norma señalada.

Por consiguiente, al no haberse cumplido con la carga legal impuesta por tanta veces señalado art. 274-I-3 del CPC, corresponde aplicar el art. 220-I-4, del mismo cuerpo adjetivo legal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación  al art. 277-I, determina la inadmisibilidad del recurso de casación cursante a fs. 113, interpuesto por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda, en representación de la empresa unipersonal de serenos y servicios “ARIES”, declarándolo IMPROCEDENTE; por consiguiente, se declara la ejecutoria del Auto de Vista 35 de 27 de febrero de 2018, pronunciado por la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fs. 109; con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs1.000 (un mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.