TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 184

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                                : 565/2017

Demandante        : Hugo Apolinar Mamani Callisaya (Beneficiario 

                                                    de Vicente Mamani Poma)

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Proceso                                : Renta de Orfandad

Distrito                                : La Paz

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 74 a 77, interpuesto el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su  Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 69/2016 SSA-I de 6 de mayo, de fs. 68 a 69, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro de revisión de la renta única de orfandad vitalicia, otorgada a favor de Hugo Apolinar Mamani Callisaya; el Auto de 19 de octubre de 2017, por el que concedió el recurso (fs. 80); el Auto Supremo Nº 565-A de 27 de noviembre de 2017 (fs. 90), por el cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones.

La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante Resolución Nº 1809 de 15 de abril de 2015, cursante de fs. 43 a 45, resolvió la suspensión definitiva a la renta de orfandad vitalicia, otorgada en favor de Hugo Apolinar Mamani Callisaya; disponiendo se proceda al descuento del cobro indebido, en el equivalente de 20% mensual de la renta de viudedad que percibe la derechohabiente Petrona Callisaya Aliaga, hasta cubrir el monto total adeudado.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del Recurso de Reclamación por el asegurado (fs. 47), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 535/15 de 14 de julio de 2015, de fs. 54 a 58, revocó en parte la Resolución Nº 1809 de 15 de abril de 2015, disponiendo dejar sin efecto el descuento por concepto de cobro indebido del 20% mensual, de la renta de viudedad que percibe la derechohabiente Petrona Callisaya Aliaga, debiendo procederse a la devolución de los descuentos realizados.  Así también, determina que el Área de Reparto y la Unidad Jurídica, procedan a la recuperación de lo indebidamente cobrado por Hugo Apolinar Mamani Callisaya.

Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el  beneficiario interpuso recurso de apelación, de fs. 60 a 61; que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 69/2016 SSA-I de 6 de mayo, que cursa de fs. 68 a 69, confirmando en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 535/15 de 14 de julio de 2015; respecto de la recuperación de lo indebidamente cobrado, dispuesta por la Comisión de Calificación de Rentas, dejando sin efecto la misma, quedando consolidado lo percibido por el beneficiario.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 74 a 77, señalando lo siguiente:

Que, el Auto de Vista recurrido, no considera en su integridad el marco normativo vigente y aplicable a la materia de seguridad social, menos que el SENASIR basa sus actuados dentro de los parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad y de verdad material consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), tampoco el parágrafo II de su art. 67, que establece que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social y de acuerdo a la ley, no pudiendo aplicarse criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular.

Afirma que, el Tribunal de alzada, no hubiese aplicado en todo sentido lógico jurídico los arts. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) y 9 del D.S. 279991 de 28 de enero de 2005, en razón a que si bien determino correctamente la confirmación de la suspensión de la renta de orfandad, pero, en forma errada se deja sin efecto la recuperación de lo indebidamente cobrado, y se debió tomar en cuenta que la suspensión de la renta se ha generado a consecuencia de la vulneración de los requisitos establecidos para su acreencia, como la nupcias por parte del beneficiario, fecha a partir de la cual no le correspondía cobrar la renta de orfandad; al haber continuado con la percepción de esta renta ha generado cobros indebidos, que deben ser recuperados por el SENASIR, a efectos de reparar el daño económico al Estado, al entenderse que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida constituyen un enriquecimiento económico injusto.

No se consideró, que el SENASIR tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas, conforme al art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa (RA) 044 de 18 de julio de 2001, se determina que en caso de fusión de rentas, inconsistencia de datos y diferencias numéricas, los montos recibidos por los beneficiarios serán sujetos a devolución; así también, la Resolución Ministerial (RM) 384 de 11 de junio de 2004, en su art. 3, establece la recuperación de los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizara con descuento del 20%, observándose claramente que al tratarse de recursos del Estado, en aras de precautelar sus intereses económicos el art. 8 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado, en concordancia con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178, señalan que el sistema de control gubernamental interno de cada entidad pública, tiene por objetivo promover el acatamiento de las normas y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores; en virtud a ello el SENASIR debe recuperar las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida. 

Y debe tomarse en cuenta el art. 482 del RCSS, que determina que ninguna persona podrá alegar derechos adquiridos con relación a modificaciones que ese reglamento introduzca respecto la extensión de las prestaciones, modalidades de aplicación cuántica y procedimientos de cálculo o de cobranza.

Petitorio.

Solicita que, deliberando en la fondo  se CASE en parte el Auto de Vista Nº 69/2016 SSA-I de 6 de mayo, de fs. 68 a 69; y se confirme en su totalidad, la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 535/15 de 14 de julio de 2015, de fs. 54 a 58.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

El art. 477 del RCSS, señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas (el subrayado y negrillas con añadidos).

El art. 9 del D.S. 27991 de 28 de enero de 2005, y el art. 5 inc. h) del D.S. 27066 de 06 de junio de 2003, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”.

Por consiguiente, interpretando estas normas se establece que procede el descuento de las rentas en curso de pago, o el cobro por la vía coactiva social a las personas que se les suspendió definitivamente las rentas, para recuperar los montos que fueron indebidamente cobrados por algún rentista.

Sin embargo, de la segunda parte del art. 477 del RCSS, a efectos de proceder al descuento de los montos que fueron cobrados indebidamente por el rentista, es menester determinar primero que la prestación que se le otorgó, debe haberse realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, proporcionados por el asegurado, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos, aspecto que no se observa en el caso de autos, puesto que no se comprobó o demostró que la otorgación de la renta de orfandad se hubiese originado por información fraudulenta proporcionada por beneficiario, cuando solicitó se le conceda su renta vitalicia de orfandad, ni durante el trámite de esta solicitud, requisito que -como se ha visto anteriormente-, es de inexcusable cumplimiento para disponer la devolución retroactiva de pagos efectuados. Y necesariamente, se debe considerar que ese cálculo de la prestación que se le otorgó, debió ser realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, proporcionadas por la asegurada, siendo esta la única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas.

En el caso concreto, se suspendió definitivamente la renta de orfandad, en aplicación de los art. 53 del CSS y 40 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA); y no así, por haberse determinado que fue otorgada en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, por parte del beneficiario, que como se consideró precedentemente, es la única situación en la que se puede efectuar la devolución retroactiva de pagos efectuados.

Por último, es evidente que en aplicación de las indicadas facultades de revisión que tiene el SENASIR, puede recuperar los daños económicos provocados al Estado, conforme faculta los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178,  y 8 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado; empero, esa facultad, de acuerdo a la misma normativa descrita, solo permite realizar esa tarea en la vía administrativa o Coactiva Social, cuando se evidencie justamente los presupuestos jurídicos para su procedencia, cuando los beneficiarios o derechohabientes, hubiesen presentado documentos, datos o declaraciones fraudulentas, aspecto que en el caso presente no se ha acreditado.

Más allá de esta consideración, este Tribunal considera que no existen cobros indebidos por parte del beneficiario, en razón a que la renta de orfandad vitalicia o renta de orfandad sin límite de edad por discapacidad, no debe suspenderse ante las nupcias del beneficiario o beneficiaria, al mantenerse la condición de capacidad diferente por la cual se le proporcionó una renta de por vida, al formar parte de un sector con mayor protección por parte del Estado, como se entendió en otros AASS emitidos por esta Sala, entre ellos el Nº 119 de 15 de mayo de 2017 y el Nº 92 de 16 de marzo de 2018. Aspecto que no merece análisis en el presente fallo ante ausencia de reclamo por parte del beneficiario.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera las disposiciones alegadas en el recurso de casación, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 74 a 77, interpuesto por el SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros; manteniéndose firme y subsistente el Auto de Vista Nº 69/2016 SSA-I de 6 de mayo.

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.