TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 182

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                  : 087/2017

Demandante                   : Lourdes Lucia Cornejo Vidal 

Demandado                    : Caja Petrolera de Salud - Regional Santa Cruz

Proceso                           : Reintegro de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la Caja Petrolera de Salud (CPS) regional Santa Cruz, a través de José Fernando Antelo Hurtado en su calidad de Administrador Departamental de dicha entidad, de fs. 184 a 186, contra el Auto de Vista N° 165 de 9 de noviembre de 2016, de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Lourdes Lucia Cornejo Vidal, contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de fs. 189 a 190; el Auto Nº 27 de 8 de febrero de 2017, que concedió el recurso (fs. 191); el Auto Supremo Nº 87-A de 14 de marzo de 2017 (fs. 201), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales por Lourdes Lucia Cornejo Vidal, y tramitado el proceso, la Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia Nº 20 de 17 de marzo de 2016, de fs. 137 a 141, donde declara improbada la excepción de pago documentado, y en lo principal probada la demanda de fs. 5 a 8, sin costas, “por ser excusable”; determinándose en favor de la demandante una deuda por beneficios sociales y derechos laborales de Bs.57.137,59.- (cincuenta y siete mil ciento treinta y siete 59/100 bolivianos), de conformidad al detalle establecido en la indicada sentencia; más la multa del 30% prevista en el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, a regularse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Martha Eid Lit en su calidad de Administradora Departamental a.i. de la CPS regional Santa Cruz,  interpuso recurso de apelación cursante de fs. 152 a 153; que  fue resuelto por el Auto de Vista N° 165 de 9 de noviembre de 2016, de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmando la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la CPS - regional Santa Cruz, formuló recurso de casación, cursante de fs. 184 a 186, señalando lo siguiente:

1.- Esta reconocido el pago de liquidación de beneficios sociales de la actora, de Bs.82.242,99.- mediante Deposito en Custodia Nº 657 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y el comprobante de pago Nº 32216791 del señalado ministerio, pero la demandante pide reintegro -que considera tener- de sus beneficios sociales por la suma total de Bs.32.464,70.-, por desahucio Bs.16.478.82.-, por indemnización de los años 2007 y 2008 Bs.10.985,88.-, y por descuentos indebidos Bs.5.000.-, solicitando al mismo tiempo el pago de la multa del 30 % al total de la liquidación, argumentando que el finiquito de liquidación de sus beneficios sociales  no le fueron pagados dentro del plazo de 15 días establecido por el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, al respecto se presentó abundante prueba documental de fs.17 a 35 y de fs. 77 a 89; y las causales de su despido justificado por participar “con los unionistas” en la toma violenta de las oficinas administrativas de la CPS - regional Santa Cruz, es de conocimiento público al estar difundido por la prensa, hecho probado que no se ha valorado en absoluto en Sentencia, ni en el Auto de Vista emitido, violándose el art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT) al no estar basados los fallos de primera y segunda instancia en los principios de lealtad procesal, libre apreciación de la prueba y en el principio de la primacía de la realidad, omisión que atenta el principio constitucional de la seguridad jurídica establecido en el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

2.- Considera que se violó el art. 16 de la Ley General de Trabajo (LGT) y el art. 9 de su Decreto Reglamentario (RLGT), ya que en aplicación a los incs. a) y e) de estos preceptos se dispuso el memorándum de retiro Nº JDRH-M-417/08 de 10 de octubre, con recepción de fecha 13 de octubre de 2008, en el Ministerio del Trabajo, por las dificultades de entrega personal a la actora, y el finiquito de fecha 27 de octubre de 2008 es realizado dentro del plazo establecido por norma; no correspondiendo el desahucio, ni la indemnización de los últimos cinco años a la fecha de su retiro, solo los quinquenios consolidados, al tratarse de un despido legal; y el descuento señalado de indebido, de Bs.5.000,19.- es practicado como saldo deudor de un “préstamo de escolaridad” que la institución otorga a favor de los trabajadores.

3.- Afirma que existe violación al principio de lealtad procesal y el de buena fe del trabajador, al interponer una nueva demanda, sabiendo que “el proceso ya ha sido deliberado excepcionalmente” en la Sentencia de fs. 31 a 32 que declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesto por trabajadores despedidos entre ellos la actora.

4.- No se hubiese considerado, ni observado en el Auto de Vista las pruebas adjuntadas de fs. 17 a 23, sobre la excepción de pago documentado, incurriéndose en una falta de valoración de esta prueba, incumpliendo el art. 135 del CPT, vulnerando el art. 4 del mismo cuerpo legal.

5.- Por último, alega una indebida aplicación de los arts. 9 y 10 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, señalando que las consideraciones legales del Auto de Vista recurrido, respecto del despido intempestivo, carecen de precisión por “no existir tales derechos que demanda”, al haberse cumplido por parte de la CPS los derechos sociales que le corresponden a la actora, resultando falsa la pretensión del despido intempestivo; por que, al haber protagonizado la actora la toma violenta de las oficinas de administración de la CPS, ha vulnerado las causales en los incs. a), c) y e) de los arts. 16 de la LGT y 9 del RLGT.

Petitorio.

Solicita de conformidad al art. 220-IV del Código Procesal Civil (CPC-2013), se resuelva casar el Auto de Vista N° 165 de 9 de noviembre de 2016, y deliberando en el fondo se “revoque la sentencia de primera instancia”, declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago documentado. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto a la violación acusada del art. 3 del CPT, en razón a que no estarían basados los fallos de primera y segunda instancia en los principios de lealtad procesal, libre apreciación de la prueba y en el principio de la primacía de la realidad, omisión que atentaría el principio constitucional de la seguridad jurídica, señalado en el art. 178 de la CPE; no señala la entidad recurrente, el por qué o como, se estaría vulnerando este precepto constitucional, menos el artículo que describe los principios procesales que rigen la tramitación de la jurisdicción laboral, afirmando de manera general, que el Tribunal de apelación, así como la Juez A quo, no hubiesen valorado en absoluto las pruebas presentadas, realizando en este punto de su recurso una relación de las pretensiones de la actora, y refutándolas como si se tratase de una respuesta a la demanda, sin colegir que fundamento del Tribunal Ad quem o decisión que haya asumido, omitiría alguno de los principios detallados en el art. 3 del CPT, señalado de vulnerado, o de qué forma se hubiese violado el principio de  seguridad jurídica reglado en el art. 178 de la norma suprema, y debe quien recurre de casación, citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas o violadas, sin demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que acusa. Considerando que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación de la norma que se alude, y no solo señalarla de vulnerada, se entiende que esta inobservancia, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley; en ese sentido se tiene infundado este argumento traído en casación.

2.- En este punto, debemos considerar que si bien la ley sustantiva de la materia, establece causales para la desvinculación laboral, establecidas en el art. 16 de la LGT y el art. 9 del RLGT, por las cuales el trabajador pierde ciertos beneficios, como ser el desahucio y la indemnización; estas causales deben ser probadas y no simplemente señaladas o referidas, en respeto de las garantías de las que goza no solo el trabajador, sino toda persona a la cual se le acusa de algún hecho; y, para llegar a determinar esa conducta debe someterse al trabajador -en autos a la actora- a un proceso administrativo conforme al reglamento de la empresa o entidad en la cual trabaja, en el cual tenga la oportunidad de presentar sus descargos y asumir defensa respecto de lo que se le acusa; y no simplemente señalar, que su conducta se acomoda a las causales establecidas en los incs. a), c) y e) del art. 16 de la LGTR y 9 de su Decreto Reglamentario, como se manifestó en el memorándum JDHR-M-417/08 de 10 de octubre de 2008, presentado a fs. 30, debiendo demostrarse el hecho que se le atribuye, en el indicado memorándum “que el día 10 de septiembre de 2008, en forma arbitraria y violenta, junto con otro grupo de trabajadores, hubiese tomado instalaciones de la administración de la CPS”, a través de un proceso, y que además estos hechos se acomoden a los incisos señalados “a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo; (…) c) Omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial; (…) e. incumplimiento total o parcial del convenio; es decir, debe dilucidarse estos aspectos en un proceso administrativo resguardando el debido proceso, dando la oportunidad de que la trabajadora pueda defenderse respecto de estas acusaciones, además, demostrarse en el mismo, que la conducta que se le atribuye, hubiese generado un perjuicio material intencional en los instrumentos de trabajo, que su imprudencia afecto la seguridad o higiene industrial del lugar donde desempeñaba su labor, y que incumplió con el convenio laboral; esto en función a la garantía de presunción de inocencia que rige en nuestra Ley Fundamental en su art. 116-I; y no puede vulnerarse esta garantía de manera arbitraria, señalando que es de conocimiento público el actuar de la trabajadora, por estar difundido por la prensa, materializando una desvinculación laboral unilateral e injustificada, al no haberse demostrado la acusación que pesa sobre la actora en el marco de un debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en los arts. 115-II y 117-I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); por lo que, no se vulnero la aplicación del art. 16 de la LGT ni el art. 9 del RLGT, ya que si bien señala causales para que el trabajador no goce del desahucio e indemnización, estas deben ser probadas a través de un proceso justo antes de efectuar un despido arbitrario e ilegal; no siendo evidente la infracción acusada por el recurrente al respecto.

Además, conforme se determinó en la Sentencia de primera instancia, de conformidad a la valoración de las pruebas efectuadas por la A quo, la actora gozaba de fuero sindical, por ende contaba con una estabilidad laboral, y no puede establecerse que su desvinculación laboral es justificada, sino se realizó previamente un trámite de desafuero sindical; aspecto que no fue reclamado por la entidad recurrente, en apelación, mostrando la conformidad de este fundamento de Sentencia emitida.

Ahora, en cuanto a que el descuento, realizado por la CPS - regional Santa Cruz, de la liquidación de beneficios sociales y derechos laborales de la demandante, en el finiquito cursante a fs. 18, en la suma de Bs.5.000,19.- por un saldo de una deuda, que a consideración de la entidad recurrente no es un descuento indebido, como se determinó en ambas instancias, al haberse otorgado un crédito a la trabajadora; debe entenderse que la compensación de las acreencias es de carácter civil, y no pueden ser descontados de los beneficios sociales y derechos laborales, adquiridos por el trabajador, no siendo viable la deducción de estos por ningún concepto, y más allá de la posible existencia de una deuda, que debe demostrarse y efectuarse su cobro por la vía legal correspondiente para ello, no puede ser reducida arbitrariamente del pago de estos derechos, por no existir conexitud entre los beneficios sociales que son una obligación social y la deuda que es una obligación civil, máxime si tomamos en cuenta que los beneficios sociales son inembargables por imperio del art. 92 de la LTG y del art. 48-IV de la CPE.

3.- En este punto la entidad recurrente, refuta la actitud de la actora, alegando violación del principio de lealtad procesal y de la buena fe del trabajador, sin señalar norma alguna que estuviese mal aplicada, erróneamente interpretada o fuese vulnerada por parte del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de vista que recurre, ni que fundamento del Auto de Vista estaría contrario a derecho, aludiendo únicamente el actuar procesal de la parte contraria; y conforme a las consideraciones efectuadas en el punto 1 de los fundamentos de este fallo, no puede este Tribunal suplir la carencia argumentativa del recurso.

4.- Sobre el incumplimiento del art. 135 del CPT que relaciona el recurrente con una falta de valoración de la prueba presentada sobre la excepción de pago, al ser una norma descriptiva que señala que debe acompañarse a momento de plantear una excepción de pago, dirigida más al interesado, determinando la documentación que debe presentar junto con la excepción que plantea, este Tribunal no encuentra la manera en que el impartidor de justicia pueda incumplir esta norma aludida; que además, no fue un aspecto reclamado por la entidad recurrente en su recurso de apelación, que cursa de fs. 152 a 153, por lo que, no existe pronunciamiento sobre la normativa aludida, en el Auto de Vista recurrido, argumento que tardíamente se alegan en casación; y debe entenderse al principio de congruencia, como componente del debido proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a observar la existencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto por la instancia de alzada, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista; así como la pertinencia que debe contener toda resolución respecto de los aspectos que se reclaman en forma oportuna, siendo estos agravios los que aperturan la competencia para analizar lo asumido en Sentencia por parte del Tribunal de alzada, para posteriormente puedan ser recurridos en casación; evidenciándose que ese aspecto que ahora se pretenden objetar a través del recurso de casación en el fondo, en este punto -el incumplimiento del art. 135 del CPT- no fue expuesto ni observado en el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente, por ende no fueron considerados por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; activándose la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del CPT; imposibilitando ingresar a un análisis, al ser aspectos que no forman parte de la fundamentación del Auto de Vista emitido, porque no fueron reclamados en el recurso de apelación.

5.- En este punto el recurrente, alega una indebida aplicación de los arts. 9 y 10 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, realizando una descripción de lo que es un despido justificado, y reiterando el argumento resuelto en el punto 2 de este fallo, sobre la conducta de la actora y la vulneración del art. 16 de la LGT y 9 del RLGT, en sus incisos a), c) y e); pero no refiere como el Tribunal de alzada vulneró o aplicó indebidamente este decreto supremo, recayendo en la misma falta de argumentación del primer punto; no pudiendo suplirse esta carencia por este Tribunal, conforme se tiene explicado precedentemente.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 184 a 186, interpuesto por la la Caja Petrolera de Salud regional Santa Cruz, a través de José Fernando Antelo Hurtado en su calidad de Administrador Departamental de dicha entidad.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-