TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 181

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                  : 089/2017

Demandante                   : Liduvina Esteves Velásquez 

Demandado                    : Empresa “Flota Sin Fronteras”

Proceso                           : Pago de Beneficios Sociales y derechos laborales

Distrito                         : Chuquisaca

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la empresa “Flota Sin Fronteras” representada por Doris Rodríguez Villca, a través de Rubén Alcón Durán, de fs. 1781 a 1782, contra el Auto de Vista N° 065/2017 de 1 de febrero, de fs. 1777 a 1778, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Liduvina Esteves Velásquez, a través de Nelson Arancibia Amador contra la empresa recurrente; la respuesta al recurso de fs. 1785 a 1786; el Auto Nº “122/2016” de 6 de marzo de 2017, que concedió el recurso (fs. 1787); el Auto Supremo Nº 89-A de 15 de agosto de 2017 (fs. 1793), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Liduvina Esteves Velásquez, representada por Nelson Arancibia Amador, y tramitado el proceso, la Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 037/2016 de 10 de agosto, de fs. 1748 a 1752, donde declara probada en parte la demanda de fs. 7 a 8, sin costas; determinándose en favor de la demandante una deuda por beneficios sociales y derechos laborales de Bs39.583,93; menos el monto ya cancelado de Bs9.800; debiendo cancelarse a favor de la actora, la suma de Bs29.783,93.- (veintinueve mil setecientos ochenta y tres 93/100 bolivianos), más la multa del 30% prevista en el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Doris Rodriguez Villca, representante de la empresa “Flota Sin Fronteras”  interpuso recurso de apelación cursante de fs. 1760 a 1761; que  fue resuelto por el Auto de Vista N° 065/2017 de 1 de febrero, de fs. 1777 a 1778, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmando la Sentencia de primera instancia.


II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa “Flota Sin Fronteras”, formuló recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 1781 a 1782, señalando lo siguiente:

Considera que el Tribunal de alzada, interpreto y aplico erróneamente el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, al confirmar la determinación de la Juez A quo, que dispuso que en ejecución de sentencia, se liquide el 30% de la multa de los beneficios sociales, habiéndose acreditado que el juicio no tiene por objeto la liquidación de beneficios sociales, sino la reliquidación de los mismos; por lo que, al establecerse que se debe cancelar la indicada multa, no se consideró que con anterioridad se pagó oportunamente la indemnización, correspondiendo el pago solo del importe reconocido en la reliquidación.

En ese sentido, alega que se hubiese desconocido por parte de los de instancia en forma arbitraria los finiquitos que cursan a fs. 4 y 16, que demuestran el pago de Bs9.800.- como liquidación de los beneficios sociales, documentos que tiene todo el valor legal, que prevé el art. 159 el Código Procesal del Trabajo (CPT).

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista N° 065/2017 de 1 de febrero, solicita se emita un Auto Supremo casando parcialmente dicho fallo, y se deje sin efecto dicha multa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Se tiene que, el art. 9 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan (…)”, mientras que su parágrafo II, prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”.

Asimismo la Resolución Ministerial (RM) 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta el DS 110 de 1 de mayo de 2009, en su art. 1 establece: “II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador.

Estableciéndose claramente conforme a la normativa agregada, que el empleador debe cancelar de forma efectiva los derechos y beneficios sociales que le correspondieran al trabajador, en un plazo impostergable de quince (15) días calendario desde la desvinculación laboral, y al exceder este plazo, debe el empleador pagar una multa del 30% del total a cancelarse.

En el marco legal señalado, en cuanto a la errónea interpretación y aplicación del art. 9 del D.S. 28699, porque  a consideración de la empresa recurrente, no correspondería la multa del 30%, por haberse cumplido con el pago de beneficios a la actora, oportunamente y dentro del plazo establecido, como consta en el finiquito a fs. 4 y que se reitera a fs. 16, prueba que tiene la fe probatoria establecida en el art. 151 del CPT; debe entenderse que, la Juez de instancia estableció la imposición de la multa del 30%, sólo respecto al saldo que no se canceló oportunamente; es decir, la juzgadora en la Sentencia, descontó de la liquidación efectuada el monto pagado en el finiquito aludido (Bs9.800.-); determinación claramente reiterada en por el Tribunal de alzada, en razón a que la disposición legal aludida, prevé que, en caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el mismo artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor; constituyéndose esta disposición legal en la garantía para precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales adquiridos por los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral.

En el caso de autos, si bien la empresa demandada en base a un finiquito señalado ha efectuado un pago por concepto de beneficios sociales a la actora, este resulta parcial, conforme se demostró en el transcurso del presente proceso, en razón a que no cubrió todos los derechos y beneficios sociales que correspondían a la actora, y al no haber efectuado el pago total de los beneficios sociales en forma oportuna y en el tiempo en que el art. 9 del DS 28699 establece, corresponde aplicar la multa dispuesta en la indicada normativa, con relación al monto a pagar por beneficios sociales que emerge de la presente demanda, descontando por su puesto lo ya pagado con anterioridad, como efectivamente se determinado en instancia, de modo que la multa del 30% está fijado sólo respecto al saldo que se estableció corresponde a favor de la actora, de modo que no podría entenderse una errónea aplicación a la normativa que regula dicha multa.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1781 a 1782, interpuesto por la empresa “Flota Sin Fronteras” representada por Doris Rodríguez Villca, a través de Rubén Alcón Durán; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Auto de Vista N° 065/2017 de 1 de febrero. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-