TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 165

Sucre, 12 de abril de 2018


Expediente                        : 464/2017

Demandante                : Aida Condori Sangalli

Demandado        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia        : Social (Reclamación de Compensación de Cotizaciones)

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator      : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Recurso de casación de fs. 151 a 154 del expediente, interpuesto por  Juan Edwin Mercado Claros, en su calidad de Director General Ejecutivo y Representante Legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista RES. A.V. 077/2017 de 16 de junio, cursante de fs. 146 vta. a 147, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso Social sobre Reclamación de Compensación de Cotizaciones, seguido por Aida Condori Sangalli contra la institución recurrente, el memorial de fs. 158 y vta. que contesta traslado, el Auto que concede el recurso de fs. 159, el Auto Supremo de admisión Nº 464-A de 16 de octubre de 2017 de fs. 169 y vta., antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR.

Iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones (CC) Procedimiento Manual por Aida Condori Sangalli, vinculada al Sector Cooperativista Minero, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR con base en el Informe Área de Certificación CC FORM-460 Nº Control 3798 de fs. 92, emite el Auto 00010036 de 1 de octubre de 2012 cursante a fs. 97, que desestima la solicitud argumentando que la interesada no figura en las planillas de la Cooperativa Minera 16 de Octubre Ltda., decisión en la que consta también que dicha Cooperativa tiene Nota de Cargo Nº 015/2010 de acuerdo a listado del Área de la Unidad de Cobro de Adeudo y Fiscalización, desde mayo/1982 hasta abril/1997.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR

La interesada formula el recurso de reclamación (fs. 100 y vta.) y la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronuncia la Resolución 069/16 de 22 de febrero de 2016 de fs. 123 a 127, que confirma el Auto Nº 00010036 de 1 de octubre de 2012.

Auto de Vista.

Aida Condori Sangalli formula el recurso de apelación de fs. 140 y vta. y la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 077/2017 S.S.A.II de 16 de junio, cursante de fs. 146 vta. a 147, revoca la Resolución 069/16, disponiendo que el SENASIR efectúe la calificación de los periodos enero/1977 y octubre/1996 a favor de la interesada, con base en la documentación señalada y al contenido de dicho fallo judicial.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del SENASIR  formula el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 151 vta. a 154, con los argumentos siguientes:

El auto de Vista consideró de manera equivocada la normativa contenida en los arts. 24.I de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, 1 del Reglamento parcial a la Ley 065 aprobado por el DS 822 de 16 de marzo de 2011 que define a la densidad de aportes como el número de años y fracción de ellos efectivamente cotizados por el asegurado, al Sistema de Reparto, Seguridad Social Obligatorio de largo plazo y Sistema Integral de Pensiones, entendiendo por “efectivamente cotizados” cuando se tiene consignado el monto descontado al trabajador de forma mensual por concepto de aportes al seguro social de largo plazo aspectos que son evidenciados en planillas de pago, boletas de pago y finiquitos.  

Por su parte el art. 48 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 prevé los requisitos que deben cumplir los asegurados y el art. 50 el salario cotizable.

El art. 14 del Decreto Supremo (DS) 27543, tiene por objeto el reconocimiento de la documentación “supletoria o extraordinaria” y  se aplica únicamente al caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR; en ese sentido, la documentación supletoria o extraordinaria, repone documentos que por situaciones ajenas al Administrador fueron destruidos o extraviados; no se puede reponer documentos que constan en el archivo histórico del SENASIR, siendo obligación de la institución, verificar la documental entregada de manera oficial por los ex fondos de pensiones, en virtud a que éstos no tienen vicios en su contenido y cumplen los requisitos que en tiempo y espacio, acreditan la legalidad y legitimidad de los aportes de los trabajadores efectivamente pagados al Estado; ésta situación no acontece en el presente caso,  porque el SENASIR cuenta con documentación de la Cooperativa Minera 16 de Octubre Ltda. (Planillas de Trabajadores por los periodos reclamados de fs. 80 a 86 y Lista de Trabajadores en Venta de Minerales de fs.108 a 118) y el nombre de la solicitante Aida Condori Sangalli, no figura en la misma.

Las fotocopias legalizadas de las Liquidaciones por Internación de Minerales BAMIN y Liquidaciones de Comercializadoras que cursan de fs. 13 a 63, se encuentran a nombre de la Cooperativa Minera 16 de Octubre Ltda., no de Aida Condori Sangalli, en consecuencia no es válida para certificación de aportes a su favor, de conformidad con el numeral 2 inc. r) de la Resolución Administrativa 299.13 de 31 de junio de 2013.

El sistema de seguridad social actúa bajo parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad; garantiza el derecho a la jubilación universal, solidaria y equitativa (art. 45 de la CPE), previa aplicación de los Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales, Secretariales y Administrativas aplicables al caso; y, no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular, sin considerar el principio de defensa del patrimonio del Estado, en cuanto a la obligación constitucional de precautelar y resguardar el mismo, que también se encuentra plasmado en la Ley 004 y se traduce en resoluciones contrarias a la Constitución y la ley.

Por tratarse de recursos del Estado y en aras de precautelar sus intereses económicos, se debe observar el contenido del art. 8 del DS 23215 del DS 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República y los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley 1178, respecto a que el Sistema de Control Gubernamental Interno y Auditoría Interna, tiene por objeto promover el acatamiento de las normas legales y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores, por lo que el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico al Estado y la corrección pertinente.

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 41/17 de 9 de marzo, y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; éste principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

Además, el entendimiento jurisprudencial desarrollado por Sala Plena de éste Tribunal en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio, respecto al principio de verdad material, establece que: “...el principio de verdad material, que rige en los procedimientos administrativos y las resoluciones que de ellas emanen, en la acción contencioso administrativa está regida también por el principio dispositivo, sin que ello signifique que las formas rituales no deban impedir aflorar la verdad, dado que ésta debe ser la columna vertebral de la decisión judicial. Esta verdad a momento de impartir justicia debe llegar mediante la decisión libre del accionante a través de una exposición clara de su demanda y pretensión; si llega mediante la utilización de un mecanismo autoritario-judicial, tanto la verdad como la igualdad resultan dañadas, y este daño sellaría la suerte de la justicia del caso, no siendo coherente y justo resolver así (…) dejaría al proceso judicial sin la ecuanimidad de uno de sus sujetos procesales imprescindibles, cual es el Juez como tercero o como árbitro mediador de una contienda”.

En ese sentido, el principio de verdad material reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, una verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, a efectos de establecer su situación jurídica en determinado asunto, generando de esa forma una decisión justa que responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias.

La Seguridad Social en Bolivia ha tenido una serie de transformaciones o cortes, es así que para que una persona acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones, vigente desde la promulgación de la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010, su densidad de aportes, que es la suma de los periodos efectivamente aportados por el asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, incidirán en el monto de la renta; derecho fundamental reconocido en el art. 45 de la CPE y considerado actualmente como un derecho humano inalienable, protegido por organismos internacionales e instituciones supranacionales.

El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la OIT de 1952, reconociendo que la seguridad social comprende también las prestaciones de vejez.

Asimismo, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…) teniendo derecho a la vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Además, el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), prevé que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos', y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: 'Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

El art. 410 de la CPE, establece la jerarquía normativa, poniendo en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad, normas supremas que consideran a la jubilación como un derecho humano.

Ahora bien, la Compensación de Cotizaciones, definida por la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010, como el reconocimiento que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia a través del SENASIR, a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN); viene a ser una prestación del Sistema Residual de Reparto, aportes que necesariamente incidirán en el monto de jubilación, cuando el trabajador decida jubilarse; motivo que obliga a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar las normas que resguardan el derecho fundamental a la jubilación y el reconocimiento de las cotizaciones respectivas.

El DS 27543 de 31 de mayo de 2004, tiene por objeto facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes; además, del reconocimiento de documentación supletoria a efectos de la cotización de aportes respectivo; y, el art. 14 del citado texto normativo, establece que: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: Finiquitos. Certificados de trabajo. Boletas de pago o planillas de haberes. Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas. Record de servicios o Calificación de años de Servicio. Contratos de trabajo, memorando de designación y despido. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas”.

Por su parte la Resolución Ministerial (RM) Nº 559 de 3 de octubre de 2005, con la facultad contenida en el art. 25 del DS 27543, concluye que de la revisión de planillas cursantes en los archivos del SENASIR, se evidencia que: “muchos de los asegurados no se encuentran consignados no se encuentran consignados en las mismas, aunque cuentan con documentación que acredita que prestaron sus servicios en las empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, perjudicando la certificación de aportes y la otorgación de prestaciones que le correspondiera (…) RESUELVE: ÚNICO.- (CERTIFICADO DE APORTES BAJO LA MODALIDAD DE SUPLETORIOS). Se amplía el alcance del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, instruyéndose al Servicio Nacional de Sistema de Reparto SENASIR, que en la certificación a efectos de las prestaciones del Sistema de Reparto, proceda a la Certificación de Aportes bajo modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas. Al efecto, el SENASIR, deberá dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el mencionado Decreto Supremo”.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0640/2015-S1 de 22 de junio, que reitera la SCP  a SCP 0494/2014 de 25 de febrero, establece que: “…considerando los alcances de protección que tiene el derecho a la Seguridad Social; en el caso específico el reconocimiento de aportes al Sistema de Reparto, bajo la modalidad de Compensación de Cotizaciones, sobre cuyo concepto es posible acceder ulteriormente a una renta de vejez, resulta contraria a las normas constitucionales antes descritas y a los principios que estructuran el derecho a la Seguridad Social, que la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, en los tramites de Compensación de Cotizaciones, bajo un criterio restringido de las disposiciones existentes en este ámbito, no proceda al reconocimiento real y efectivo de todos los años de trabajo que alega tener una trabajadora o trabajador, no obstante de presentar prueba idónea que acredite este extremo, limitándose solo a la verificación de sus archivos, como ocurrió en el caso presente, medida que menoscaba el ejercicio del derecho a percibir una renta de jubilación digna; ya que al no reconocer el real tiempo de servicios de un afiliado con aportes al Sistema de Reparto, no solo afectara a un reconocimiento justo y real de su densidad de aportes, sino también a su cálculo de compensación de cotizaciones”.

Con base en la normativa y jurisprudencia constitucional y la normativa específica precedentemente desarrollada, corresponde al SENASIR, expedir las certificaciones de aportes, reconociendo la validez y efectividad de la documentación supletoria con la que cuente el solicitante beneficiario, aun cuando no se encuentre consignado su nombre en las planillas o información que curse en los archivos del SENASIR.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Aida Condori Sangalli, dentro del proceso de Compensación de Cotizaciones Procedimiento Manual, no figura en las listas o planillas que cursan en el expediente del SENASIR, correspondientes a la Cooperativa Minera 16 de Octubre Ltda.; sin embargo, la solicitante presentó documentación supletoria consistente en Formulario AVC 07 de Aviso de Baja del Afiliado (fs. 1), Papeleta de Pago (fs. 2), Formulario de Certificación de Salario (fs. 3), Certificado de Trabajo de 10 de diciembre de 1996 (fs. 4); ante la observación del SENASIR, adjunta fotocopias legalizadas de las Liquidaciones (fs. 13 a 63), expedidas por el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa.

La documentación supletoria presentada, acredita la existencia de los aportes de la seguridad social de largo plazo, descontados del salario de la beneficiaria, desde enero de 1977/ a octubre/1996; en consecuencia, corresponde aplicar la normativa y jurisprudencia constitucional, el bloque de constitucionalidad, la normativa específica contenida en el DS 27543, la RM Nº 559, que taxativamente instruye al SENASIR, que a efectos de certificación de las prestaciones del Sistema de Reparto, proceda a la Certificación de Aportes bajo modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas; además, se debe observar el principio de verdad material, a efectos de precautelar los derechos al reconocimiento de la cotización de aportes y a la jubilación que asisten a la asegurada.

Se evidencia entonces, que el Tribunal Ad quem, al revocar la resolución del SENASIR y disponer la emisión de una nueva en la que se reconozca  la calificación correspondiente (desde enero/1977 a octubre/1996), con base en la documentación supletoria presentada por Aida Condori Sangalli, valoró correctamente la documentación supletoria cursante en obrados, actuando conforme a derecho y precautelando el derecho fundamental y humano que asiste a la asegurada de acceder a una jubilación eficaz y equitativa que sea resultado de los aportes realizados durante su vida laboral activa, precautelando un derecho que se encuentra por encima de las normas procedimentales, argumentadas por el ente gestor como violadas, erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas. En consecuencia, corresponde reconocer los aportes realizados a través de la Cooperativa Minera 16 de Octubre Ltda., por los periodos enero/1977 a noviembre/1996.

Por lo expuesto, éste Tribunal aplica la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 55.III del DS 822 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 de Pensiones.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 151 vta. a 154, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase