TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 164

Sucre, 12 de abril de 2018


Expediente                        : 468/2017

Demandante                : Marta Peñaranda Toledo

Demandado        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia        : Social (Renta de Viudez)

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Recurso de casación de fs. 201 a 205 del expediente, interpuesto por  Juan Edwin Mercado Claros, en su calidad de Director General Ejecutivo y Representante Legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 102/2017 de 17 de abril, cursante de fs. 196 a 197, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Social sobre Reclamación de Renta de Viudez, seguido por Marta Peñaranda Toledo contra la institución recurrente, el memorial de fs. 209 a 213 que contesta traslado, el Auto que concede el recurso de fs. 214, el Auto Supremo de admisión Nº 468-A de 16 de octubre de 2017 de fs. 224 y vta., antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Iniciado el trámite de Renta de Viudez de Derechohabiente por Marta Peñaranda Toledo, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR con base en el Reporte obtenido del Servicio de Registro Cívico (SERECI), emite la Resolución 00006196 de 15 de diciembre de 2015 cursante de fs. 130 a 132, que desestima la solicitud, argumentando que Juan Alfredo Lucero Uzquiano (+), contrajo matrimonio con Graciela Cuellar Melgar el 3 de junio de 1968 y que el mismo se encuentra vigente, (citando los arts. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, 41, 46, 80, 83 y 92 del Código de Familia abrogado (CFabrg.), vigente al momento de la petición).

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

La interesada formula el recurso de reclamación cursante de fs. 134 vta. a 136 y la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronuncia la Resolución 178/16 de 25 de abril de 2016  de fs. 164 a 176, que confirma la Resolución 00006196.

Auto de Vista.

Presentado el recurso de apelación de fs. 179 a 186, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 102/2017 de 17 de abril, cursante de fs. 196 a 197, revoca la Resolución 178/16, disponiendo que el SENASIR emita una nueva resolución mediante la cual se otorgue la Renta de Viudez reclamada por Marta Peñaranda Toledo Vda. de Lucero y sea a partir del mes siguiente al fallecimiento del causante, previas formalidades de ley.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del SENASIR  formula el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 201 a 205, con los siguientes argumentos:

El Auto de Vista contiene violación y errónea interpretación de los arts. 67 y 180 de la Constitución Política del Estrado (CPE), 52 del Código de Seguridad Social, 46, 73 y 129 del CFabrg., 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición.

El sistema de seguridad social actúa bajo parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad; garantiza el derecho a la jubilación universal, solidaria y equitativa (art. 45 de la CPE), previa aplicación de los Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales, Secretariales y Administrativas aplicables al caso; y, no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular, sin considerar el principio de defensa del patrimonio del Estado, en cuanto a la obligación constitucional de precautelar y resguardar el mismo, que también se encuentra plasmado en la Ley 004 y se traduce en resoluciones contrarias a la Constitución y la ley.

En el presente caso la solicitante no puede beneficiarse con la renta de vejez como derechohabiente porque el causante asegurado tenía un impedimento para contraer matrimonio, conforme prevé el citado art. 32 del Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición.

La Sentencia del Juez Tercero de Partido de Familia dentro del proceso de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio, anula en absoluto el matrimonio contraído por Juan Alfredo Lucero Uzquiano y Marta Peñaranda Toledo, ello implica que existió un impedimento legal del asegurado ahora causante (libertad de estado) y que subsiste el primer matrimonio, razón por la cual la peticionante no puede ser beneficiada por la renta de viudedad, subsistente de ser solicitado por la primera esposa, que al tenor del art. 73 del CFabrg., está plenamente vigente; en consecuencia, la ley solo reconoce el matrimonio civil que cumpla con los requisitos y formalidades establecidas al efecto (art. 41 del CFabrg.).

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, case el Auto de Vista 102/2017 de 17 de abril, y en resguardo de los intereses económicos del Estado, confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 178/16 de 25 de abril de 2016.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; éste principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

Además, el entendimiento jurisprudencial desarrollado por Sala Plena de éste Tribunal en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio, respecto al principio de verdad material, establece que: “...el principio de verdad material, que rige en los procedimientos administrativos y las resoluciones que de ellas emanen, en la acción contencioso administrativa está regida también por el principio dispositivo, sin que ello signifique que las formas rituales no deban impedir aflorar la verdad, dado que ésta debe ser la columna vertebral de la decisión judicial. Esta verdad a momento de impartir justicia debe llegar mediante la decisión libre del accionante a través de una exposición clara de su demanda y pretensión; si llega mediante la utilización de un mecanismo autoritario-judicial, tanto la verdad como la igualdad resultan dañadas, y este daño sellaría la suerte de la justicia del caso, no siendo coherente y justo resolver así (…) dejaría al proceso judicial sin la ecuanimidad de uno de sus sujetos procesales imprescindibles, cual es el Juez como tercero o como árbitro mediador de una contienda”.

En ese sentido, el principio de verdad material reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, una verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, a efectos de establecer su situación jurídica en determinado asunto, generando de esa forma una decisión justa que responda a los principios y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias.

En ese orden, es preciso señalar que según el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la seguridad social está reconocido a toda persona, derecho que por su naturaleza y finalidad forma parte de la dignidad del ser humano y es parte del desarrollo de su personalidad, sustentándose en el principio de universalidad.

Por su parte, el art. 45.I, II, III y IV, en concordancia con el art. 48.III y IV de la CPE, el derecho a la seguridad social se sustenta en los principios de: a) Universalidad: Es la garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la Seguridad Social de Largo Plazo sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin que exista discriminación por sexo, intra genérica, ni religión. b) Interculturalidad: por el cual se reconoce la igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las culturas del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la Seguridad Social de Largo Plazo, en aplicación a lo dispuesto en el art. 8.II de la CPE. c) Integralidad: Se refiere al otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social de Largo Plazo, acorde con los colectivos que se van a proteger, a través de la articulación de los regímenes que componen el Sistema Integral de Pensiones. d) Equidad: Es el otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la Seguridad Social de Largo Plazo y de beneficios reconocidos en la presente Ley. e) Solidaridad: Es la protección a los Asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes al Sistema Integral de Pensiones y de las bolivianas y los bolivianos con mayores ingresos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. f) Unidad de gestión: Es la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la Seguridad Social de Largo Plazo, a fin de cumplir el objeto de la presente Ley. g) Economía: Es la gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, manteniendo el equilibrio actuarial y financiero necesario para otorgar las prestaciones y beneficios, establecidos en la presente Ley. h) Oportunidad: Es el reconocimiento y otorgamiento de prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo en el momento que en derecho correspondan. i) Eficacia: Es el correcto uso de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, para garantizar el pago de las prestaciones y beneficios que esta Ley otorga. j) Igualdad de Género: Es proveer mecanismos necesarios y suficientes para cerrar brechas de desigualdad, en las prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo entre hombres y mujeres; la Prestación Solidaria de Vejez obtenida por el asegurado comprende el pago de: a) Pensión Solidaria de Vejez vitalicia a favor del Asegurado. b) Pensiones por Muerte a Derechohabientes, vitalicias y temporales según correspondan, al fallecimiento del asegurado con pensión solidaria de vejez.

Con base en la normativa y jurisprudencia precedentemente desarrollada, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo de justicia, que es uno de los pilares fundamentales de todo Estado democrático de derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material y social; además, el art. 9.4) de la CPE, establece como fines y funciones del Estado, “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”; por su parte el art. 13.I constitucional, prevé que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos; para ello, el art. 115 de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme al siguiente texto: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, por lo que la administración de justicia tiene que regirse sobre principios que hagan prevalecer el derecho sustancial antes que formal, es decir la verdad material, realidad de los hechos antes que aspectos formales que solamente conllevan a la vulneración de derechos fundamentales por servidores públicos que desconocen la finalidad del Estado y del legislador, como es el de realizar sus funciones con máxima eficiencia y eficacia.

En ese contexto, el art. 52 del Código de Seguridad Social, establece que la renta de viudedad se pagará a la esposa o a falta de ésta a la conviviente, con el objeto de dar continuidad de medios de subsistencia a la esposa o conviviente; por su parte, el art. 32 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, señala que la renta de viudedad corresponde: “a la esposa sobreviviente o a falta de ésta a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante” y el art. 34 del mismo texto señala que: “no tendrá derecho a la renta de viudedad, la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, la esposa que hubiera estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años”.

Al respecto, la jurisprudencia de éste Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en Auto Supremo Nº 252/2015 de 27 de agosto, establece: “de la compulsa de los antecedentes que sustentan el trámite de reconocimiento de la renta de viudedad solicitado por Marcia Canseco vda. de Renjel, se tiene que el SENASIR a través de la Comisión de Calificación de Rentas y de la Comisión de Reclamación, no realizó una correcta valoración de los hechos y menos realizó una ponderación de los derechos a tiempo de desestimar la solicitud de la cónyuge supérstite, que convivió, procreó y contrajo matrimonio con el causante, siendo compañeros de vida por más de 28 años, porque sin el menor reparo se amparó en los arts. 32 y 34 del MPRCPA, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, 46 y 73 del Código de Familia y 52 del Código de Seguridad Social y desestimó la solicitud de Marcia Canseco Céspedes, porque el causante no contaba con libertad de estado para casarse con la solicitante y no presentó sentencia de divorcio del primer matrimonio que demuestre la desvinculación de la primera relación”.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Dentro del proceso de Renta de Viudedad, Marta Peñaranda Toledo, presenta la documentación cursante de fs. 1 a 26 que acredita que el 18 de enero de 1974 contrajo matrimonio de buena fe con Alfredo Lucero Uzquiano, fallecido el 7 de diciembre de 2014, habiendo transcurrido el mismo por más de 40 años.

Si bien el Juez Tercero de Partido de Familia de La Paz, declara probada la demanda de anulabilidad absoluta de matrimonio iniciada por la ahora demandante, por existir un primer matrimonio con Graciela Cuellar Melgar de 3 de junio de 1968, la Sentencia pronunciada por el Juzgador el 18 de septiembre de 2015, salva los efectos que produce el matrimonio a favor de Marta Peñaranda Toledo, de conformidad con el art. 92 del CFabrg.

Conforme al contenido del análisis jurídico legal y jurisprudencial pertinente,  el Tribunal Ad quem, al revocar la resolución del SENASIR y disponer la emisión de una nueva en la que se otorgue la Renta de Viudedad reclamada por la demandante, con base en la documentación adjunta al proceso por Marta Peñaranda Toledo, valoró correctamente la documentación y los hechos cursantes en obrados, actuando conforme a derecho y precautelando el derecho de acceder a una renta de viudedad.

Actuar en contrario, implica desconocer la realidad de los hechos descritos precedentemente, además de inobservar los principios que regulan el derecho a la seguridad social de la solicitante, principalmente al principio del verdad material y tutela judicial efectiva, que compele a los administradores de justicia, según la nueva visión de justicia, debe darse prevalencia a la verdad de los hechos antes que a los aspectos formales, y considerar que la administración de justicia en Sentencia, reconoció los efectos del matrimonio a favor Marta Peñaranda Toledo.

El SENASIR hizo prevalecer un registro formal de un primer matrimonio, sin considerar que Graciela Cuellar Melgar, nunca reclamó derecho alguno durante el trámite, aspectos que nos llevan a concluir que la solicitante se constituye en única beneficiaria de la renta de viudedad, conforme acertadamente determinó el Tribunal de alzada, de conformidad a las normas legales señaladas, internacionales y constitucionales, por imperio del art. 410.II de la CPE, que dispone la primacía de los derechos fundamentales ante las demás normas que regulan los mismos, con base en el principio de verdad material que también rige para los procesos administrativos, según el art. 4.d) de la Ley Nº 2341.

Por lo expuesto, éste Tribunal aplica la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 630 y 633 del Reglamento de Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 201 a 205, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.