TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 163

Sucre, 12 de abril de 2018


Expediente                        : 344/2017

Demandante                : Raúl Arturo Molina Apolinar

Demandado        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”

Materia        : Reclamaciones de Pensiones

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Irma Delgado Guzmán interpone recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista 35/17 de 3 de marzo, cursante de fs. 607 a 609, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el escrito de contestación de fs. 659 a 663, el Auto que concede el recurso de fs. 659 vta., el Auto de fs. 680 vta. que declara desierto el recurso de fs. 611 a 612, el Auto Supremo de admisión 344-A de 10 de agosto de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Raúl Arturo Apolinar Molina solicita calificación de Renta de Vejez, efectivizada por la Comisión de Calificación de Renta del SENASIR mediante Resolución 10419 de 16 de agosto de 2001, otorgándole Renta Básica de Vejez con reducción de edad, equivalente al 34% de su promedio salarial, pagadera desde diciembre de 2000 (fs. 18 de obrados).

Acaecido el fallecimiento del titular y causante de la renta, en fecha 24 de noviembre de 2014, las señoras Irma Delgado Guzmán por un lado y Ana Melva Velasco Chávez por otro, solicitan renta como derechohabientes, las que fueron desestimadas por resoluciones 2276 y 2277 ambas de 12 de mayo de 2015, cursantes a fs. 403-404 y 405-407 de obrados.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

Ana Melva Velasco Chávez mediante su apoderado Marco Antonio Molina Velasco, presenta recurso de reclamación contra la Resolución 2277 de 12 de mayo de 2015 dictado por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 502/15 de 3 de julio, confirmando la resolución reclamada (fs. 517 a 522 de obrados).

Irma Delgado Guzmán presenta recurso de reclamación contra la Resolución 2276 de 12 de mayo de 2015 dictado por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, resuelto por la Resolución 626/15 de 13 de agosto, de la Comisión de Reclamación del SENASIR, confirmando la resolución reclamada (fs. 536 a 541 de obrados).

Auto de Vista.

Ana Melva Velasco Chávez e Irma Delgado Guzmán, interponen recurso de apelación contra las resoluciones 502/2015 de 3 de julio, y 626/15 de 13 de agosto, de la Comisión de Reclamación, resueltas por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 35/17 de 3 de marzo, cursante de fs. 607 a 609, confirma en su totalidad las resoluciones 2276 y 2277 ambas de 12 de mayo de 2015.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, Irma Delgado Guzmán formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 615 a 617, conforme los argumentos siguientes:

Señala que fueron erróneamente aplicados los arts. 45 de la CPE, referido a los Derechos a la Salud, Vida y Seguridad Social, art.  52 del Código de Seguridad Social (CSS), arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y art. 151 del Código Procesal del Trabajo.

Con referencia a los arts. 32 y 34 del Manual de prestaciones, argumenta que fueron aplicados erróneamente porque no se acomoda a su caso concreto, por cuanto ella es casada hace 43 años, que tiene dos hijos, que nunca se divorció, tampoco es concubina, que se casó de buena fe, no estuvo libre y consentidamente separada de su esposo por más de dos años.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

En armonía con las disposiciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); que consideran a la seguridad social como un derecho humano inalienable; el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la CPE, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

Derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; artículo que pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) Ley de 14 de diciembre de 1956, que señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.

Por su parte el art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; concordante con lo establecidos en el art. 109.I de la norma suprema, que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 55/2013 de 11 de enero, establece como entendimiento sobre el derecho a la jubilación el siguiente criterio: “Por la exigencia de conformar un silogismo que otorgue sustentación a la fundamentación de la presente Resolución, es imprescindible analizar en primer término las normas contenidas en la Norma Suprema de nuestro país, que regulan a la jubilación como parte integrante del derecho a la seguridad social; debiendo para ello revisar la Constitución Política del Estado. En ese orden, de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el párrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.

De lo señalado, es posible extraer que, los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto de prestaciones en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, en ese sentido la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, en relación a la jubilación, estableció que ésta protege: “… a la persona humana de las contingencias propias de la vejez como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.

Con este razonamiento, el art. 25.I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), con relación a la renta de viudez establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”.

Sustentando el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, el art, 22 de la DUDH dispone: “Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, principio que rige en Bolivia, por el reconocimiento del art. 45.II de la CPE.

El art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”, estableciendo en su art. 9 que: “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe sobre Colombia 1993, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo”. La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de las canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

En ese entendimiento, se advierte que el derecho a la renta de viudez o viudedad, como prestación de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas, recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano que entre sus fines y funciones esenciales se tiene el de constituir una sociedad justa y armoniosa y con plena justicia social, garantizando también el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado, conforme se tiene anotado en el art. 9 de la norma fundamental.

Por otra parte, se debe considerar lo dispuesto en el art. 180.I de la CPE, referido al principio de verdad material, también reconocido en el art. 30.1.1 de la Ley 025 “Ley del Órgano Judicial” (LOJ), por el que se obliga a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. En ese contexto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, el garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme lo anotado, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).

Al respecto, cabe recordar que el art. 51.a) del CSS establece, entre otras, algunas condiciones respecto al pago con carácter vitalicio de la renta de viudedad; señalando luego el art. 52 del mismo Código, las posibles beneficiarias de tal derecho, instituyendo en primer orden, “a la esposa”, y en segundo “a la conviviente”, estableciéndose para la última, algunas condiciones, entre ellas, “que para la validez de la convivencia no hubiese existido impedimento legal para contraer matrimonio”. Disposición concordante con lo establecido en los arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones.

IV. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la Renta de Viudedad es Irma Delgado Guzmán “la esposa” del titular de la renta Sr. Raúl Arturo Apolinar Molina (causante), demostrando su condición con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 31, documento que, hasta en tanto no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una Sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto en los arts. 73 del Código de Familia (CF) y 160 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, 1287 y 1289 del Código Civil (CC), el mismo que hace plena fe, tanto entre las partes otorgantes como entre sus herederos sucesores, al haber sido extendido con las solemnidades del caso y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

En ese sentido, si bien el ente gestor y el Tribunal Ad quem, guardan dudas respecto de la legalidad del matrimonio celebrado entre ambos, bajo el razonamiento que al momento de celebrarse el matrimonio entre la derechohabiente, hoy solicitante de la renta de viudedad y el causante o titular de la renta, existía un impedimento legal para la celebración de su matrimonio (partida vigente); aquel hecho se traduciría en una causal de anulabilidad absoluta del matrimonio, conforme la previsión normativa del art. 80 del CF y 168 del Código de las Familias, que hasta en tanto no sea declarada nula por Sentencia Judicial debidamente ejecutoriada a instancia de los titulares del derecho, se mantiene vigente y válido.

Quedando así establecido por los documentos que cursan de fs. 18, 31, 221-226, 244-250, 391-395, la solicitante acreditó su condición de “esposa” del titular de la renta, hecho que se encuentra escrito en los registros de la Caja Nacional de Salud (CNS) (fs. 250) y del propio SENASIR (fs. 18), cumpliendo lo estipulado en el art. 52 del CSS y art. 34 del Manual de Prestaciones, fruto del cual inclusive llegó a procrear dos hijos.

Siendo evidente que no se puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, interpretación realizada por el SENASIR y por el Tribunal de Alzada, para calificar como viciado de nulidad el segundo matrimonio, descuidando considerar que no tienen potestad ni atribución legal para ello, pues deben ajustar sus actos a derecho, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional, para posteriormente proceder a imponer la sanción que corresponda.

Cabe señalar que, la exigencia de la no existencia de impedimento legal para contraer matrimonio, rige para los convivientes y no para los casados, situación que no es interpretada adecuadamente por el Tribunal de Apelación, por lo que la incorrecta aplicación de los arts. 52 del CSS, 32 y 34 del Manual de Prestaciones, argumentada por la recurrente, es evidente y efectivamente fueron vulnerados por el Auto de Vista recurrido.

Si bien la norma aplicable a la seguridad social, no obliga al ente gestor a pedir previamente la anulación del vínculo matrimonial para posteriormente proceder a la suspensión o denegatoria de la renta; tampoco deja de ser evidente que, al constituirse el SENASIR en una instancia administrativa de decisión, vinculada a derechos fundamentales de los ciudadanos, sus decisiones deben obedecer  a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto, empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, de favorabilidad, pro homine y efectividad, entre otros, siempre en busca de la justicia material. Se debe tomar en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9 y 45.II de la CPE; máxime cuando, como en el caso en análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad y por tanto de protección reforzada por parte del Estado.

Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido al confirmar en su totalidad las resoluciones del SENASIR, aplicó indebidamente los arts. 45 de la CPE, 52 del CSS, 32 y 34 del Manual de Prestaciones, por cuanto no se acomodan al derecho que le asiste a la ahora recurrente a percibir la renta de viudedad en su condición de esposa del causante de la renta; con la debida aclaración que el objeto de la Litis fue el reconocimiento del derecho social de la renta de viudedad de la señora Irma Delgado Guzmán, no así de nulidad o anulabilidad de matrimonio o finalmente de divorcio.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), por la permisión de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 35/17 de 3 de marzo, cursante a fs. 607 a 609, deliberando en el fondo instruye al SENASIR proceda a calificar la renta de viudedad a favor de Irma Delgado Guzmán, desde diciembre de 2014, mes siguiente al fallecimiento del causante y titular de la renta. Sin costas.

Se multa a los Vocales de la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con Bs. 500, por no ser excusable el error.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.