TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA.

Auto Supremo Nº 159

Sucre, 12 de abril de 2018


Expediente:                310/2017-ADM

Demandante:         Zenobio Orellana

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo, Juan Edwin Mercado Claros

Materia:        Recurso de Reclamación

Distrito:                        Cochabamba

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 161 a 163, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo, Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista N° 005/2016 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Auto concesión de fs. 170; Auto Supremo de admisibilidad N° 179-A de 21 de julio, los antecedentes del proceso.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO.

Resolución Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante Auto Nº 00002629 de fecha 10 de junio de 2015, desestimó la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, presentado por el asegurado Zenobio Orellana, por no evidenciar aportes  al seguro a largo plazo, que de acuerdo al informe con Nº de control 1690 de 20 de mayo de 2015, no procede la Certificación de los periodos 03/94 a 04/97, debido a que revisada la documentación cursante en el área de Certificación y Archivo Central, se pudo evidenciar que solo figura el Sr. ORELLANA LUIZAGA ZENOBIO y no así de ZENOBIO ORELLANA.

Resolución Comisión de Reclamación.

Ante el recurso de reclamación por parte del asegurado (fs. 121), la Comisión de reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 629/15 de 13 de agosto (fs. 134-137), resolvió confirmar la Resolución Nº 00002629 de 10 de junio de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, por encontrarse conforme a datos del expediente y normas vigentes que regulan la materia.

Auto de Vista.

En recurso de apelación deducido por Zenobio Orellana (fs. 143), la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 05/2016 de 15 de octubre, revocó la Resolución Nº 629/2015 de 13 de agosto, disponiendo que  el SENASIR dicte nueva resolución, incluyendo en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos marzo/1994 a abril/1996.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Claudia Maldonado Encinas, en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR, afirma que el Auto de Vista, vulneró el art. 9 del D.S. Nº 27991, de fecha 28 de enero de 2005, debido a que el SENASIR tiene la facultad de revisar de oficio las calificaciones de rentas y pagos globales.

Después de realizar un resumen de los antecedentes fácticos del recurso, señala como disposiciones legales infringidas, el art. 24 de la Ley Nº 065 de Pensiones, art. 1 de su reglamento, arts. 594 y 595 del reglamento al Código de Seguridad Social, art. 3 de la Resolución Administrativa Nº 098/13 de 8 de mayo de 2013, Resolución Administrativa 299.13 de 31 de julio de 2013. Cap. II-num.5. y arts. 1286, 1296 y 1523 del Código Civil.

Petitorio.

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 005/2016 de 15 de octubre y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 629/15 de 13 de agosto de 2015 emitida por el SENASIR, sea previa las formalidades de rigor.




III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO LEGAL.

A fin de dilucidar la presente problemática es menester señalar que la renta de vejez se encuentran inserto como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

El art. 22 de la DUDH, “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte del Pacto, se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

En el mismo sentido el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “ Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:

El art. 35 y siguientes y 45. II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran la irrenunciabilidad de los derechos sociales imponiendo al Estado la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias.

Dentro de ese marco, analizando el caso en cuestión, el Tribunal de Alzada a través del fallo recurrido, al revocar la Comisión de Reclamación Nº 629/15 de 13 de agosto de 2015, emitida por la Comisión de reclamación del SENASIR, compulsó adecuadamente los antecedentes del proceso, debiendo incluirse en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos marzo/1994 a abril/1996.

En el caso concreto, es posible advertir tras examinar los antecedentes procesales, que si bien existe una contradicción en los datos del asegurado respecto al registro de un segundo apellido, dicha inconsistencia, bien pudo haber sido corregida por la Caja de Salud de Caminos, al ser la responsable directa de la filiación y administración de los aportes laborales y patronales y que de la revisión de su número de afiliado 49-1130-OLZ, cuyos guarismos son coincidentes a los datos de Orellana Luizaga Zenobio; empero, a pesar de la errónea adición del apellido Luizaga por parte de la empresa, no se adicionaron guarismos distintivos al final del número del afiliado, lo que nos da cuenta de que en aquel entonces no existían otros beneficiarios con datos similares y que como consecuencia de ello, se advierte que los periodos omitidos le corresponden al beneficiario Zenobio Orellana; más aún si el empleador, empresa Andrade Gutiérrez S.A. era subsidiaria de una empresa brasileña que en la actualidad estaría dada de baja; motivo por el cual, el asegurado no pudo realizar el trámite de aclaración de registro, no siendo este factor imputable al beneficiario.

En conclusión, el Tribunal Supremo de Justicia no advierte que el Auto de Vista impugnado contenga violación, aplicación indebida, o errónea interpretación de la ley, por el contrario concluye que las razones de decisión del citado fallo, objeto del recurso, responden al espíritu proteccionista con que el legislador boliviano instituyó el régimen del Seguro Social, en aras del cuidado y protección del capital humano del Estado, por ello, corresponde resolver la acción intentada en la forma prevista por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184. 1 de la CPE y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo a fs. 219 a 221, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.