TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 158

Sucre, 12 de abril de 2018


Expediente                        : 040/2017

Demandante                : Neyla Antonia Choque Sandoval

Demandado        : Empresa KAISER S.R.L.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Jorge Fernando Delius Sensano en su calidad de representante legal de la Empresa KAISER SERVICIOS S.R.L., cursante a fs. 203 a 204 vta. de obrados,  en contra del Auto de Vista Nº 151 de fecha 15 de septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el Auto Supremo No 40-A de fecha 08 de Febrero de 2017 cursante a fs. 226 a 226 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Neyla Antonia Choque Sandoval en contra de la Empresa KAISER SERVICIOS S.R.L., representada legalmente por Jorge Fernando Delius Sensano; el Juez de Partido Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 10/2016 de fecha 19 de Abril, cursante a fs. 168 a 172 vta., declarando probada en parte la demanda, determinando que la empresa demandada KAISER SERVICIOS S.R.L. representada legalmente por Jorge Fernando Delius Sensano cancele a favor de la actora conforme al siguiente detalle: Indemnización, desahucio, vacaciones, segundo aguinaldo doble, reintegro de sueldo de la gestión 2014, incrementos de las gestiones 2013 y 2014, prima anual de las gestiones 2012 a 2014 y multa del 30 %,  la suma total de Bs. 130.135,3 (Ciento treinta mil ciento y treinta y cinco 30/100 Bolivianos), más la actualización establecida en el art. 9 del D.S. Nº 28699, que deberá ser calculado en sentencia.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 177 a 178, por la empresa demandada KAISER SERVICIOS S.R.L. representada legalmente por Jorge Fernando Delius Sensano, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 151 de fecha 15 de septiembre de 2016, cursante a fs. 195 a 196, que confirma la sentencia Nº 10/16 apelada de fecha 19 de Abril.

Ante la determinación del Auto de Vista, la empresa demandada KAISER SERVICIOS S.R.L. representada legalmente por Jorge Fernando Delius Sensano, interpone recurso de casación, con la contestación respectiva de contrario, el Tribunal de alzada emite Auto Interlocutorio Nº 07 de  fecha 10 de Enero de 2017, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, se tienen los siguientes argumentos:

1.- El recurrente Jorge Fernando Delius Sensano representante legal de la empresa demandada KAISER SERVICIOS S.R.L., establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación al art. 12 de la Ley General de Trabajo, por cuanto dicha norma reconoce los contratos por realización de obra, y al confirmarse la sentencia, se vulnera dicho precepto jurídico, ya que el desahucio solo se aplica para los contratos por tiempo indefinido, por lo cual no corresponde el pago del desahucio.

2.- Afirma por otra parte, que existe violación al art. 13 de la Ley General del Trabajo, ya que la empresa a la que representa en su momento ya pagó la indemnización por tiempo de servicios, conforme al finiquito que cursa a fs. 22 a 22 vta., el cual fue aceptado por la demandante, por lo cual se estaría sancionando a la empresa a un pago doble.

3.- Precisa que existe violación al art. 49.II de la CPE, ya que dicha norma suprema regula las relaciones laborales, entre ellas el aguinaldo, empero el que establece y regula el aguinaldo denominado Esfuerzo por Bolivia, es el D.S. Nº 1802 de fecha 20 de noviembre de 2013, el mismo que no tiene calidad de ley, siendo por tanto contrario a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, por lo cual la aplicación de dicho decreto supremo constituye violación a dicho precepto constitucional.

4.- Por otra parte, indica que existe vulneración del art. 44 de la Ley General de Trabajo, por cuanto la empresa demandada también ya cancelo dicho beneficio social, el cual fue aceptado por la demandante.

5.- Por otro lado, indica que existe una ilegal, errada e incompleta valoración de la prueba documental de descargo, ya que al ordenar el pago del incremento salarial,  no se valoró que fueron presentados los depósitos de sueldos en su cuenta del Banco Bisa S.A. y planillas de pago cursante a fs. 51 a 58, documentos en los que consta el 8 % del incremento salarial con relación a la remuneración que se estipuló en el contrato.

6.- Asimismo, indica que existe vulneración al art. 161 Inc. a) del CPT, por cuanto la demandante no objetó la prueba presentada a fs. 24 a 40, correspondiente al formulario 500 Impuestos a las Utilidades IUE, los cuales los reconoce tácitamente como genuinos y debieron ser tomados como tal.

7.- Por último el recurrente alega, vulneración al art. 9.II del D.S. N° 28699, por cuanto considera que la demandante recibió el pago de sus beneficios sociales en fecha 10 de abril de 2014, como se evidencia del finiquito de fs. 29 y 29 vta., que se encuentra aceptado y firmado por la misma, es decir 8 días después de la conclusión del contrato de obra, por lo cual dicho pago se encuentra dentro del plazo, que establece la norma, no correspondiendo en consecuencia la multa impuesta.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE las resoluciones recurridas y fallando en el fondo aplique las leyes conculcadas y declare improbada la demanda y probadas sus excepciones, declarando no haber lugar al pago de los beneficios sociales.

Contestado el recurso de casación por Danis David Coronado Vacaflor en representación legal de la actora Antonia Choque Sandoval, bajo los siguientes argumentos:

1.- Indica que no existe violación al art. 12 de la Ley General de Trabajo, por cuanto el auto de vista, hace una correcta valoración de la prueba, el cual  constató que su mandante fue despedida y que no existe prueba en el expediente que demuestre efectivamente que la obra para la cual fue contratada la actora, hubiese finalizado en fecha 02 de abril de 2014, y por el contrario por la certificación emitida por PETROBRAS se puede evidenciar que el proyecto por el cual fue contratada, concluyó el 08 de noviembre de 2014.

2.- Asimismo, indica que no existe vulneración al art. 13 y 44 de la Ley General del Trabajo, por cuanto el auto de vista valoró de manera correcta que en relación a la indemnización y vacaciones no existía un documento debidamente firmado por todos todas las partes ni refrendado por la Jefatura Departamental de Trabajo, por lo cual fue correcta la determinación.

3.- Precisa en relación al segundo aguinaldo denominado Esfuerzo por Bolivia, que la parte recurrente no ha demostrado la inconstitucionalidad del mismo, debiendo en el caso en concreto aplicarse el principio indubio pro operario, al ser una norma más beneficiosa para el trabajador; por el contrario el argumento demuestra que el empleador no pagó el segundo aguinaldo por considerarlo ilegal.

4.- Afirma por otra parte, que no existe ilegal, errada e incompleta valoración de la prueba documental de descargo, por cuanto se valoró la prueba objetivamente, más aun si el empleador no cumplió con la conminatoria dispuesta a fs. 71 de obrados, ya que dentro el término probatorio se pidió al empleador presentar el convenio colectivo de incremento salarial conforme lo dispuesto por el art. 5 de la R.M. N° 161/2013 de 22 de abril; asimismo se ordenó al empleador presentar las boletas de pago desde el inicio de la relación laboral y no se dio cumplimiento; por cuanto si bien el empleador pagaba un monto superior al contrato, era por el concepto de horas extras y bono de frontera.

5.- Agrega por otro lado, que tampoco existe vulneración al art. 161 Inc. a) del CPT, por cuanto la actora en su debido momento solicitó, que no se valoren la pruebas presentadas por el empleador por ser copias simples y fácilmente manipulables, teniendo la parte demandada la obligación de presentar sus balances y no lo hizo.

6.- Para finalizar, la parte demandante indica que el empleador alega indebida aplicación del art. 9.II del D.S. 2869, el cual por más que se esfuerza no lo reconoce porque no existe, porque el recurrente no cita el año de su promulgación; además el recurrente indica que se hubieran pagado los beneficios sociales en fecha 10 de abril de 2014, según finiquito de fs. 29, lo cual es falso, ya que a fs. 29 no existe ningún finiquito.

En conclusión solicita que se declara INFUNDADO el recurso de casación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES

DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del debido proceso.

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo  además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”. 

En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.

Facultad revisora del Tribunal de Casación, ante la existencia de vicios procesales que implique vulneración al debido proceso.

El art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinada por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia pregonada por la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por Ley.

Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

Partiendo de dichos principios, debe entenderse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados, por el ello el Juez o Tribunal, frente a un acto procesal viciado, debe realizar un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente analizar si en el acto procesal existe un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tengan la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

El art. 106.I del Código Procesal Civil prescribe “I La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso..”; por esta facultad el Tribunal de Casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa; norma legal que está estrechamente ligada a lo dispuesto por el art. 220.II Núm. 2 Inc. a) del adjetivo citado.

Del principio de transcendencia su entendimiento jurisprudencial.

Los principios procesales que regulan la nulidad procesal, ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero.

Uno de los principios procesales desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia, es el principio de transcendencia, por el cual se entiende, que, si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

En ese sentido, debemos entender que la regla es que los Jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios procesales que rigen las nulidades; es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En atención al recurso de casación en el fondo, y con carácter previo a ingresar a deliberar sobre el mismo, corresponde a este Tribunal proceder a la revisión de las actuaciones procesales y en ese afán tenemos:

1) En antecedentes se observa que, Jorge Fernando Delius Sensano en representación de la empresa KAISER SERVICIOS S.R.L., en su calidad de demandado, se apersona al proceso conforme cursa a fs. 43 a 46 de obrados y contesta de manera negativa la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por Neyla Antonia Choque Sandoval; y al mismo tiempo interpone las excepciones de pago e “improcedencia legal”, bajo el fundamento fáctico que en relación al cobro de indemnización, duodécimas de aguinaldo y vacaciones reclamados por la demandante, estos ya fueron pagados conforme a finiquito de fecha 10 de abril de 2014 cursante a fs. 22 a 22 vta.

2) En ese contexto, se observa que como emergencia de la contestación negativa de la demanda, el Juez Sexto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emite el auto interlocutorio de fecha 26 de noviembre de 2014 cursante a fs. 47 a 47 vta., por el cual constituye la relación jurídico procesal estableciendo los puntos de hecho a probar; no obstante de ello, la autoridad jurisdiccional omite pronunciarse y sustanciar las excepciones interpuestas por el demandado, o en su caso pronunciarse sobre su trámite, si corresponde, al ser una nominada y la otra innominada, es decir, que no se encuentra en el catálogo del art. 127 del CPT, es decir, no las corre en traslado a la parte demandante para su puntual pronunciamiento, conforme a procedimiento, repitiendo esta omisión al momento de pronunciar sentencia; por cuanto la autoridad jurisdiccional no resolvió las excepciones interpuestas por el demandado, conforme exige el art. 133 del CPT, quedando dicho medio procesal de defensa sin atención ni resolución.

Esta omisión del procedimiento, fue reclamada en el recurso de apelación interpuesto por el demandado, si bien no de manera expresa, si de manera tácita, cuando en el recurso de apelación el demandado alega que en: “…La indemnización fue pagada a la actora mediante finiquito de fs. 22 por el tiempo de servicios de 1 años, 9 meses y 22 días. Por lo que al encontrarse pagada no debía ser incluida en la liquidación y la autoridad judicial actuó ilegalmente. Las vacaciones asimismo fueron pagadas por la cantidad de 15 días correspondientes al año 2013 mediante finiquito de fs.22, que no fue tomada en cuenta por su autoridad al realizar el finiquito de fs. 114 vta.”, es decir, si bien no se expuso como agravio en el recurso de apelación de manera expresa la falta de tramitación y resolución de la excepción de pago interpuesta por el demandado, los argumentos expuestos como agravios apuntan a ello, a reclamar atención ante un supuesto pago de beneficios sociales a favor de la demandante.

Es más, como emergencia de los agravios expuestos por el demandado en el recurso de apelación, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista que resuelve el mismo, estableció lo siguiente: “En cuanto a la indemnización y vacación no consta documento debidamente firmado por todas las partes ni refrendado por la jefatura departamental de trabajo ni se ha presentado la excepción de pago documentado a efecto de que sea valorada o sea motivo de las actividades probatorias.”; y es como consecuencia de este argumento, que el demandado a fs. 199 solicita aclaración al Tribunal de alzada, precisando que en la contestación a la demanda hace presente y prueba documentalmente el pago de dichos beneficios conforme lo determina el art. 127 del CPT, por lo cual de manera expresa solicita que se aclare por qué no se tomó en cuenta dicha excepción interpuesta, no obstante de ello, el Tribunal alzada no aclaró ni atendió el reclamo realizado por la demandado.

3) En base a los antecedentes expuestos, este Tribunal encuentra errores o inobservancias del procedimiento, los cuales son calificados como lesivos a la garantía del debido proceso y consiguientemente, anulables, por existir trascendencia y perjuicio al demandado, por cuanto los defectos procedimentales provocan indefensión material y además que afectan la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; ya que conforme se tiene el Juez de Instancia y el Tribunal de alzada no corrigieron estos errores de procedimiento, pese a las observaciones realizadas por el demandado, y que afectan a la resolución del proceso, por cuanto la excepción de pago documentado, constituye un mecanismo de defensa que busca oponerse a la pretensión de la parte demandante, ya que ante la eventualidad de que dicho medio de defensa sea declarado probado, la liquidación realizada en sentencia surtirá variación y por el contrario si la excepción de pago documentado es declarada improbada, de igual manera la liquidación asumida en sentencia cambiaría, dando más firmeza a los fundamentos que la sustenten; lo que demuestra sustancialmente que la tramitación y resolución de la excepción interpuesta puede modificar la sentencia de primera instancia, estableciendo de ésta manera la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.

Estos hechos, eximen analizar a este Tribunal los demás agravios del recurso de casación, que implican la consideración de aspectos de fondo, pues en función de lo expuesto, corresponde asumir un criterio anulatorio hasta que el Juez de instancia tramite las excepciones interpuestas por el demandado; en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 220.III.2. a) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, y con base en los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, ANULA OBRADOS hasta fs. 47 inclusive, disponiendo que el Juez de Partido Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Santa Cruz, imprima el trámite correspondiente a las excepciones interpuestas por el demandado, sea bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

No siendo excusable el error en ambas instancias, se impone multa de Bs. 300 al Juez de instancia y a los Vocales del Tribunal de alzada.

Por Secretaría de Sala cúmplase lo dispuesto por el art. 17 Parágrafo IV de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.