TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 144

Sucre, 2 de abril de 2018


Expediente                        :385/2017

Demandante        :Susana Sánchez Severichz

Demandado        :Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”

Materia        :Reclamación de Pensiones

Distrito                        :La Paz

Magistrada Relatora        :María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El SENASIR a través de su Director General Ejecutivo y representante legal Juan Edwin Mercado Claros, interpone recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista 78/17 de 17 de abril, cursante de fs. 238 a 239, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el escrito de contestación de fs. 248 a 249, el Auto que concede el recurso de fs. 248 vta., el Auto Supremo de admisión 385-A de 1 de septiembre de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Susana Sánchez Severichz solicita calificación de Renta de Vejez, calificada por la Comisión Nacional de Prestaciones de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) mediante Resolución 594 de 29 de noviembre de 1996, otorgándole Renta de Jubilación, equivalente al 72% de su promedio salarial, pagadera desde julio de 1996 (fs. 38-39 de obrados).

Del detalle de boletas procesadas, fs. 114 a 118 de obrados, se evidencia que la jubilada percibía renta complementaria en el sector Médico y RA, por servicios prestados en el Ministerio de Defensa.

De fs. 76 a 86 cursa Convenio de Pago COSSMIL Nº 01/2014 de 25 de abril, por el que la jubilada se compromete devolver lo indebidamente cobrado del periodo enero/1999 a abril/2008 y aguinaldos que corresponden, por haber incurrido en doble percepción, es decir haber percibido renta y salario financiados con recursos públicos. De igual forma, a fs. 51 cursa el Convenio de Pago Nº 60/99 suscrito por el Director de Pensiones y Susana Sánchez Severichz, por el que la jubilada se compromete devolver lo indebidamente cobrado del periodo enero/1999 a octubre/1999, por incurrir en doble percepción.

A la solicitud de rehabilitación de renta del sector Médico y RA, por Formulario de Rehabilitaciones cursante a fs. 171 de obrados, se evidencia que ésta renta se encuentra con “ALTA” desde el mes de junio de 2015; ante la existencia de dos rentas en curso de pago de los sectores COSSMIL y Médico y RA, pagadas en boletas separadas, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto por Auto 4022 de 3 de septiembre de 2015, dispone la fusión de la renta única de vejez de la asegurada Susana Sánchez Severichz, en el sector COSSMIL, en la suma de Bs4.924.55.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

La jubilada titular presenta recurso de reclamación contra el auto de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 783/15 de 3 de noviembre, confirmando la resolución reclamada (fs. 204 a 209 de obrados).

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la jubilada titular, la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 78/17 de 17 de abril, cursante de fs. 238 a 239, revoca la resolución emitida por la Comisión de Reclamación, por consiguiente deja sin efecto el auto 4022 de 3 de septiembre de 2015, disponiendo que el SENASIR efectúe una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor de la interesada por el tiempo real y efectivo aportado en los servicios prestados activamente, todo en observancia a las consideraciones de la resolución.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 243 a 246, conforme los argumentos siguientes:

Señala que fueron transgredidos y mal aplicados los arts. 45 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque si bien es obligación de Estado proteger el capital humano del país, es obligación del ente gestor cumplir con los parámetros legales y jurídico administrativos que rigen y enmarcan sus actuados, dentro sus atribuciones, obligaciones y deberes; es por eso que, el respeto a la seguridad social no es de manera discrecional, sino bajo lineamientos operacionales de orden normativo en pos de evitar cualquier daño económico contra el Estado.

Argumenta que fue transgredido y mal aplicado el art. 48 del DS 822 de 16 de marzo de 2011, que establece que tienen derecho a la Compensación de Cotizaciones (CC) aquellas personas que hubieran realizado cotizaciones en forma previa al 1 de mayo de 1997, tengan un salario cotizable previo a noviembre de 1996 y no hubiera generado beneficio y pago en el sistema de reparto; en el caso concreto, la señora Susana Sánchez Severich es una rentista en curso de pago, prestación generada por sus aportes a éste sistema.

Señala que no corresponde aplicar el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, porque esta disposición legal regula los trámites realizados en el Sistema de Reparto y no para trámites de CC.

Aclara que la documentación presentada por la asegurada, posterior a abril de 1997, fecha de corte del sistema de reparto, es administrado por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), extremo fácilmente verificable en el Estado de Ahorro Previsional Histórico, cursante en obrados.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

En armonía con las disposiciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); que consideran a la seguridad social como un derecho humano inalienable; el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la CPE, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. Este artículo pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) Ley de 14 de diciembre de 1956, cuando señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.

Dejamos aclarado que para los Jubilados del Sistema de Reparto, el ejercicio del derecho a la seguridad social está regulado por el Código de Seguridad Social (CSS) Ley de 14 de diciembre de 1956, su Reglamento (RCSS) DS 5315 de 30 de septiembre de 1959 y todas las disposiciones conexas; en cambio para los jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP) rige la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, los decretos supremos de reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Pensiones y todas las disposiciones conexas. El caso que nos ocupa, siendo la asegurada jubilada titular con renta en curso de pago del sistema de reparto, aplica el CSS, el RCSS y las disposiciones conexas.

De obrados se extrae que la jubilada titular con renta en curso de pago del sistema de reparto, no presentó recurso de reclamación contra las resoluciones que calificaron sus rentas del sector COSSMIL y Médico y RA; que, el ente gestor al evidenciar que la jubilada percibía mensualmente dos boletas de pago, una por cada sector, por Auto 4022 de 3 de septiembre de 2015, dispone la fusión de la renta única de vejez, en el sector COSSMIL. Observándose en el detalle adjunto al auto de fusión, que se consigna como renta básica el monto calificado por COSSMIL Bs1.368.64 y como renta complementaria del sector Médico y RA Bs696.75, además de todos los incrementos de las gestiones, acumulados a 2000, 2001 hasta 2015, totalizando la suma de Bs4.924.55.

La fusión de renta, no implica un recalculo o mejoramiento de renta única de vejez, que es lo que demanda la jubilada, porque reclama sus aportes hasta abril de 1997, sin tomar en cuenta que sus rentas fueron calificadas con aportes hasta junio de 1996 porque el pago fue a partir de julio de 1996, es decir que esos aportes no pudieron ser considerados a momento de calificar ambas rentas; por lo señalado, mal puede ahora la jubilada reclamar en la fusión de rentas, una supuesta errónea calificación de las mismas, si no observó ese extremo a momento de su notificación con las referidas calificaciones de rentas de COSSMIL y Médico y RA; siendo evidente que lo único que hizo el ente gestor al fusionar las rentas calificadas el año 1996, fue consignar los montos calificados como renta básica y complementaria, incluyendo los incrementos por cada gestión, los que fueron sumados aritméticamente para obtener el monto total de renta.

Las personas que no cumplieron los requisitos para jubilarse en el sistema de reparto, vigente hasta el 30 de abril de 1997, pero realizaron aportes a ese sistema, deben realizar el trámite de compensación de cotizaciones ante el SENASIR, quien previo trámite reconocerá estos aportes, que son financiados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), debiendo la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo pagarlos, a momento que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en la Ley 065 de Pensiones, que tiene por objeto establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones, concordante con la Constitución Política del Estado. En este sentido, el art. 48 del Decreto Supremo 822 de 16 de marzo de 2011 “Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Pensiones en materia de prestaciones solidarias de vejez, Prestaciones por riesgos, pensiones por muerte derivadas de éstas y otros beneficios”, dispone: “I. Tienen derecho a la CC los asegurados que cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

a)Haber realizado cotizaciones al Sistema de Reparto en forma previa al 1 de mayo de 1997, tener un Salario Cotizable previo a noviembre de 1996 y que no hubieran generado beneficio y pago en este Sistema” (el resaltado es añadido).

La asegurada al ser rentista en curso de pago del sistema de reparto, está excluida del trámite de CC, porque ya recibe una prestación por los aportes realizados a este sistema; en consecuencia, el Auto de Vista objeto de casación aplicó erróneamente el art. 48 de la Ley de Pensiones, porque pretende que la jubilada sea nuevamente beneficiada por esos aportes.

Siendo el trámite que nos ocupa uno de fusión de rentas calificadas el año 1996, es inaplicable el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, referido al tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto, porque la fusión es diferente al recalculo o mejora de renta, procesos que necesariamente implican una certificación de aportes.

Si consideramos que el ente gestor por auto 4022 de 3 de septiembre de 2015, al evidenciar que la jubilada percibía al mes dos boletas de pago (COSSMIL y Médico y RA) procedió a fusionar las mismas en una sola, concediendo Renta Única de Vejez, acto administrativo que no implica mejoramiento de renta, procedimientos establecidos en el Título IV, Capítulo XII del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por la Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, que permiten tanto la fusión como el mejoramiento de renta, que por su naturaleza se tramitan de forma separada, previo cumplimiento de requisitos específicos para cada trámite; a los cuales la asegurada si considera aplicable a su situación, debe activar ante el ente gestor.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 78/17 de 17 de abril, cursante a fs. 238 a 239, deliberando en el fondo mantiene subsistente la Resolución 783/15 de 3 de noviembre, (fs. 204-209) de la Comisión de Reclamación, por consiguiente el Auto 4022 de 3 septiembre de 2015 de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, de fs. 180 a 182 de obrados. Con costas en aplicación del art. 223.V num. 3 del CPC.

Se multa al Tribunal de Apelación con Bs.500, por no ser excusable el error.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.