TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 138

Sucre, 2 de abril de 2018.

Expediente:                428/2017

Demandante:        Angélica Vargas Otalora

Demandado:                Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR

Distrito:                        Oruro

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 175-173 (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación del Director General Ejecutivo del Servicio de Reparto (SENASIR), Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista SECCASA N° 93/2017 de 04 agosto de 2017, cursante a fs. 166-164, emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del recurso de reclamación por pago de Renta de Viudedad, formulada por Angélica Vargas Otalora Vda. de Aquino, al fallecimiento de su esposo Rómulo Aquino Rocabado, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 180 y vta., el Auto Nº 154/2017 de fs. 181, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 428-A de 20 de septiembre de 2017 cursante a fs. 190 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución Comisión Nacional de Prestaciones:

Que, por Resolución Nº 0003333 de 03 de octubre de 2016, cursante a fs. 105-104, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema Nacional de Reparto (SENASIR), DESESTIMÓ, conceder la renta de viudedad solicitada por Angélica Vargas Otalora.

Resolución de la Comisión de Reclamación:

Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la beneficiaria (fs. 112-111 vta.), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 529/16, de 14 de diciembre (fs. 126-121), confirmó la Resolución Nº 0003333, de 03 de octubre de 2016, expedida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, considerando que fue determinada conforme disposiciones que rigen la materia.

Auto de Vista:

Interpuesto el Recurso de Apelación por la beneficiaria (fs. 134-132), la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, expidió el Auto de Vista SECCASA N° 93/2017 de 04 de agosto de 2017, cursante a fs. 166-164, que REVOCÓ la Resolución N° 529/2016 de 14 de diciembre de 2016 de fs. 141-136 y deliberando en el fondo ordenó al SENASIR, otorgar la renta de viudedad de la solicitante Angélica Vargas Otalora Vda. de Aquino, a partir del mes siguiente de la presentación de la solicitud

Argumentos del Recurso de Casación:

Contra la Resolución emitida por el Tribunal de Apelación, Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de apersonarse y efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, alegó:

Que al revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR, se incurrió en violación de varias disposiciones legales en materia de Seguridad Social y Familiar, incurriéndose en mala interpretación del art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), porque la solicitante, al momento de contraer matrimonio con su causante, tenía un impedimento legal, pues no contaba con libertad de estado para contraer nuevo matrimonio, conforme exigen los arts. 140 y 148 de la Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014 (Código de Familias, CF), incurriendo en bigamia, prevista por el art. 169 del mismo Código, evidenciándose por la prueba presentada por la misma solicitante, que ella contaba con dos partidas de matrimonio y respecto del primero, con el señor Basilio Ledezma Avendaño, tramitó un divorcio que concluyo con una Sentencia de 05 de mayo de 2016, días antes del fallecimiento del causante del caso presente y ejecutoriada recién el 13 de junio de 2016.

Considera que no se aplicó las disposiciones de los arts. 52 del CSS y 32 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, porque si bien el causante tuvo una convivencia con la solicitante por más de dos años, no cumplía con el requisito de la libertad de estado, constituyendo un impedimento para acceder a la renta solicitada.

Petitorio:

Solicitó que en resguardo de los intereses económicos del Estado, se conceda el recurso de casación, para que este Tribunal resuelva, CASANDO el Auto de Vista recurrido.

Respuesta a la Casación:

Por memorial de fs. 180 y vta., la solicitante Angélica Vargas Otalora Vda. de Aquino, respondió el recurso de casación, alegando que en aplicación del art. 52 del CSS, la renta de viudedad se pagará a la esposa, hecho que se encuentra acreditado en el proceso y que no ha sido desvirtuado ante autoridad judicial competente y esta potestad no puede ser atribuida al SENASIR, quien carece de competencia, para cuyo efecto, solicitó se considere que esta disyuntiva, ha sido ya ampliamente superada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituyendo una verdad material que ella se encontró casada con su causante por 52 años, hasta su fallecimiento, por consiguiente, considera que el recurso debe ser declarado infundado por no contener violación o interpretación errónea de norma alguna.

Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 428-A de 20 de septiembre 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 173 a 175, interpuesto por el SENASIR, contra el Auto de Vista SECCASA Nº 93/2017 de 04 de agosto de 2017, cursante a fs. 166 a 164.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso concreto.-

A fin de dilucidar la presente problemática corresponde recordar que, en aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.

Por ello es que la jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Se debe tener presente también, que la renta de viudedad, se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y por ello a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen derecho asimismo, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Consiguientemente se concluye que el derecho a la renta de viudez (viudedad en nuestra legislación), constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.

Por otra parte, debe considerarse también que conforme instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia

Al respecto, los art. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA establecen, las condiciones para el pago con carácter vitalicio de la Renta de Viudedad y quienes son los beneficiarios de tal derecho, instituyendo en primer orden, a la esposa u esposo y en segundo a la conviviente o conviviente.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la renta de viudedad es “la esposa” del titular de la renta Rómulo Aquino Rocabado (causante) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 46, documento que, hasta mientras no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto por el art. 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

En ese sentido, si bien en la causa que nos ocupa, la institución estatal guarda duda respecto de la legalidad del matrimonio celebrado entre Rómulo Aquino Rocabado y Angélica Vargas Otalora, puesto que se argumenta por el SENASIR que, al momento de celebrarse el matrimonio entre la derechohabiente, (hoy solicitante de la renta de viudedad) y el causante (titular de la renta de vejez), existía un impedimento legal para la celebración de su matrimonio (partida vigente); pues, aquella circunstancia se traduce en una causal de nulidad del matrimonio, conforme la previsión normativa del art. 168 inc. d) del CF, que hasta en tanto no sea declarada nula por sentencia judicial, a instancias de quien tuviese interés legítimo en este pronunciamiento, este vínculo conyugal se mantiene vigente.

Por eso, corresponde señalar la determinación asumida por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente enmarcada a derecho, no siendo evidente la vulneración de las normativas denunciadas por la parte recurrente, máxime si se advierte en obrados que la derecho habiente presentó solicitud de pago de renta de viudedad, para lo cual adjuntó certificado de matrimonio, fotocopia simple de C.I. de su esposo, certificado de defunción, entre otros, donde se advierte que Angélica Vargas Otalora, figura como cónyuge sobreviviente, acreditándose que mantuvo 52 años de convivencia y habría procreado cuatro hijos, conviviendo los dos últimos años con dicho De cujus, cumpliendo con los deberes de esposa hasta el fallecimiento del titular de la renta y acomodando su pretensión a las previsiones de los arts. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza que la cónyuge supérstite acompañó a su esposo hasta los últimos días de su vida, aspecto corroborado por las literales cursantes a fs. 48, 49 del trámite de la renta de vejez solicitada por su causante y fs. 70, 81 a 88, en la primera parte del trámite de renta de viudedad, consistentes en certificados y otros documentos que demuestran ese vínculo matrimonial, inclusive registrado en la Caja de Salud de donde se encontraban afiliados.

Ahora bien, si bien es evidente que no se puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, por lo que el SENASIR calificó como viciado de nulidad el segundo matrimonio que une a la solicitante con su causante, empero esta determinación no le corresponde, pues dicha entidad debe ajustar sus actos a derecho, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional, para posteriormente recién proceder a imponer la sanción que corresponda; en ese mismo sentido el Auto de Vista determinó que si bien el primer matrimonio, fue disuelto judicialmente, el segundo no fue objeto de anulación y se encuentra subsistente hasta la fecha.

La normativa aplicable a la seguridad social, no refiere que el SENASIR debe pedir previamente la anulación del vínculo matrimonial y posteriormente recién proceder a la suspensión o denegatoria de la renta; tampoco deja de ser evidente que al constituir instancias administrativas de decisión, vinculadas a derechos fundamentales de los ciudadanos, las resoluciones que de estas instancias emerjan, deben obedecer a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto; empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro hómine y el resguardo al debido proceso, entre otros, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9 y 45-II, 178 y 180-I de la CPE; máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad y por tanto de protección especial para el Estado.

En consecuencia en virtud de los fundamentos constitucionales de seguridad social citados anteriormente; siendo que las normas deben adecuarse conforme a la Constitución Política del Estado, corresponde manifestar que la solicitante se constituye legalmente y por justicia en beneficiaria de la renta de viudedad invocada; porque, el privar de dicho beneficio implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no sólo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera los arts. 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA y 140, 148, 168 y 169 del CF, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 175-173 (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación del Director General Ejecutivo del Servicio de Reparto (SENASIR), Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista SECCASA N° 93/2017 de 04 agosto de 2017, cursante a fs. 166-164, emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.