TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 135

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente                                : 459/2017

Demandante                        : William Hernán Zeballos Gemio  

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Proceso                                     : Compensación de cotizaciones

Distrito                                : La Paz

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 139 a 142, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 39/2016-SSA-I de 11 de marzo, de fs. 134 a 135, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones iniciado por William Hernán Zeballos Gemio; el Auto de 21 de marzo de 2017 (fs. 144), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 459-A de 5 de octubre de 2017 (fs. 154), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones.

Dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones efectuado por William Hernán Zeballos Gemio, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 4667 de 10 de julio de 2014, cursante a fs. 67, resolvió otorgarle el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 37882, en el cual se consideró un monto de compensación de cotizaciones de Bs2.338,56.- (dos mil trecientos treinta y ocho 56/100 bolivianos), documento válido para tramitar su Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, previa aceptación del mismo.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del Recurso de Reclamación por el asegurado de fs. 103 a 105, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 118/15 de 23 de febrero de 2015, de fs. 116 a 119, confirmó el Auto 4667 de 10 de julio de 2014, emitido por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, por encontrase resuelta conforme a disposiciones vigentes.

Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el asegurado interpuso recurso de apelación, cursante de fs. 126 a 127; que fue resuelto por Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 39/2016-SSA-I de 11 de marzo, de fs. 134 a 135, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación 118/15 de 23 de febrero de 2015, dejando sin efecto la Resolución 4667 de 10 de julio de 2014, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto; disponiendo que el SENASIR efectué una nueva resolución de certificación de compensación de cotizaciones a favor del interesado, por el tiempo real y efectivo aportado en los servicios prestados activamente, todo en observancia de las consideraciones del  Auto de Vista emitido.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 139 a 142, señalando lo siguiente:

El Auto de Vista no consideró en su integridad todos los documentos y antecedentes en el marco de la normativa vigente y aplicable al caso, pretendiendo otorgar un beneficio ilegitimo al beneficiario, que solicitó certificación de aportes del sector de la banca privada, mismos que son efectuados a través de estudios matemáticos actuariales, no pudiendo aplicarse el art. 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, que establece una certificación extraordinaria a través de los documentos supletorios, regulando única y exclusivamente tramites del sistema de reparto y no así tramites de compensación de cotizaciones; así, el art. 18 del indicado decreto supremo, determina las modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones, estableciendo que se podrán utilizar las modalidades señaladas en el arts. 13, 16 y 17 de ese decreto, sin referirse a su art. 14.

Así también, el art. 2 de la Resolución Ministerial (RM) 498 de 7 de septiembre de 2005, dispone que la certificación de aportes al sector de la banca privada se establece a través de los estudios matemáticos actuariales y sus complementos, y no procede la aplicación de los arts. 13 y 14 del D.S. 27543; de igual manera el art. 1 de la Resolución Administrativa (RA) 774 de 20 de octubre de 1999, señala que para este sector los únicos documentos con los que se pueda establecer fehacientemente los aportes efectuados, son los estudios matemáticos actuariales, y conforme a los antecedentes del proceso, el interesado no figura en los estudios matemáticos actuariales respecto del Banco Hipotecario Nacional en los periodos noviembre/1984 hasta marzo/1985, como tampoco del Banco de Crédito Oruro en los periodos mayo/1985 hasta junio/1987, por lo que no procede la certificación de los periodos reclamados. Y conforme al art. 24-I de la Ley de Pensiones - Nº 065 (LP) el reconocimiento que otorga el Estado a los asegurados es por los aportes efectuados, asimismo, el art. 1 del Reglamento Parcial de la Ley de Pensiones, define a la densidad de aportes, como el mero de os y fracción de ellos, efectivamente cotizados por el asegurado, también la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 67-II determina que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, de acuerdo a ley, obligando al cumplimiento del derecho a acceder a una renta única de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral, dando cumplimiento a la normativa vigente aplicable a cada caso.

Petitorio.

Solicita que deliberando en el fondo se case el Auto de Vista 39/2016-SSA-I de 11 de marzo, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y se confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación 118/15 de 23 de febrero de 2015.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Planteado el recurso de casación en el fondo, se ingresa al análisis de las cuestiones reclamadas en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, conforme a los siguientes fundamentos:

Para resolver la problemática planteada, es necesario entender que la Constitución Política del Estado, busca la eficacia material de los derechos fundamentales, que cuanta además, con una aplicación preferente a las demás normas, de conformidad a su art. 410-II, que indica: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; y, en materia de seguridad social, se tiene preceptos constitucionales que están establecidos bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, para ello, se generó el sistema de compensación de cotizaciones, que tiene como finalidad esencial posibilitar uno de los beneficios que presta la seguridad social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, el tener con una renta de vejez, y al ser este un derecho consagrado por nuestra norma suprema, que determina en su art. 45-IV: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; los procedimientos establecidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados, desde y conforme a la Constitución; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, señalo: “…el sistema de Compensación de Cotizaciones tiene como finalidad fundamental viabilizar uno de los beneficios que presta la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, como es contar con una renta de vejez; por lo tanto este derecho al constituir una función tutelar del Estado conforme previenen los arts. 45.IV y 67.II de la CPE, los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia; evitando en este marco cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar este derecho; ya que el derecho a contar con una renta de vejes digna, no solo es una conquista de los trabajadores, sino constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social. (SCP 0817/2015-S2 de 4 de agosto).

Analizando lo cuestionado por el recurrente, el D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, en su art. 18 refiere: “Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo; determinando que modalidades podrán ser usadas, y el art. 16 de esta normativa indica que los aportes pueden ser certificados con la documentación que curse en el expediente, conforme al art. 14 de este mismo decreto supremo, que en su texto dispone: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a. Finiquitos, b. Certificados de trabajo, c. Boletas de pago o planillas de haberes, d. Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e. Record de servicios o Calificación de años de Servicio, f. Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, g. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas (las negrillas son añadidas); norma que busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las  prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, que de igual forma debe ser entendida para la compensación de cotizaciones; siendo así, existe documentación que cursa en el expediente como bien señala el Tribunal de apelación, como ser los certificados de trabajo a fs. 1, 6 y 7, documentos de afiliación a la Caja Petrolera de Salud a fs. 3 y 4, boletas de pago de sueldos de fs. 69 a 89, finiquito a fs. 90; evidenciándose de esta manera documentación supletoria que respalda los aportes de los periodos extrañados por el SENASIR y reclamados por el asegurado, que deben ser tomados en cuenta bajo la presunción juris tantum, ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello, otorgando una dispensa de probar el hecho alegado, cuando se acrediten premisas que hagan valido lo solicitado, estos presupuestos se dan a través de la documentación supletoria señalada; dicha presunción está establecida en el art. 14 del D.S. 27543, que fue desarrollado precedentemente, y fue cumplida por el asegurado, que acreditó los presupuestos para que se tome en cuenta esta presunción permitida en el precepto señalado, al haber adjuntado a su solicitud la documentación indicada, que no puede ser relegada como pretende la entidad recurrente, al ser una de las primicias en la administración de justicia procurar es la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones.

Ahora, de acuerdo a lo manifestado por la institución recurrente, la Resolución Ministerial Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, en su art. 2, establece que: “…la certificación de aportes del sector de la banca privada se establece a través de los Estudios Matemáticos Actuariales y sus complementos, de conformidad a las Resoluciones Administrativas Nº 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 6 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los artículos 13 y 14 del Decreto Supremo Nº 27543 para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales; empero, corresponde expresar que si bien la indicada Resolución Ministerial, prevé ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la banca privada en base a los estudios matemáticos actuariales y sus complementarios, no es menos cierto que el D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004 en su art. 14, otorgó la posibilidad de que estas certificaciones se las realicen en base a documentación supletoria, en resguardo del derecho a la seguridad social; además, en aplicación del 410 de la CPE, se debe aplicar preferentemente esta norma fundamental y así como del D.S. 27543 ante una Resolución Ministerial; y como precedentemente se explicó, en un análisis desde y conforme a la Constitución Política del Estado, bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, como una obligación del Estado de salvaguardar el capital humano, a través de la otorgación de una Renta de subsistencia por el trabajo prestado y aportes efectuados, que no puede desconocerse cuando existe documentación de respaldo y en su caso documentación supletoria que acredite aportes realizados; como también se estableció en diferentes Autos Supremos emitidos por este Tribunal, entre ellos, el  Nº 287 de 4 de junio de 2013, por la única Sala Social de esa gestión; Nº 85 de 21 de mayo de 2014 y Nº 173 de 18 de junio de 2015, por Sala Social Segunda; y, Nº 441 de 5 de diciembre de 2016 y Nº 5 de 20 de febrero de 2017, por esta Sala.

A este razonamiento, debemos añadir que en los procesos administrativos como en los judiciales, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así establece el art. 180-I de la CPE, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo se suscitaron los hechos controvertidos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, dando prevalencia a la verdad material y a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta forma de impartir justicia.

De tal manera, conforme a jurisprudencia desarrollada, y lo establecido en los arts. 45 y 67-II de la CPE, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera el D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, ni la RM 498 de 7 de septiembre de 2005, como tampoco otros preceptos señalados, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; conforme al principio de la favorabilidad y proteccionismo de quien fue trabajador, en base a la búsqueda verdad material como primacía de la correcta impartición de justicia, y respeto a los derechos consagrados en nuestra ley fundamental, este Tribunal, considera que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso.

Correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013),  acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 142, interpuesto por el SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-