TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 132

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente:                051/2017

Materia:                        Social

Demandante                Eulogio Gonzales Quispe.

Demandado:                Juvenal Gonzales Fernández.

Distrito:                        Oruro

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 710 a 714, interpuesto por el demandado Juvenal Gonzáles Fernández, contra el Auto de Vista SECCASA Nº 129/2016 de 05 de diciembre de 2016, cursante de fs. 706 a 708, emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Eulogio Gonzáles Quispe, contra el indicado recurrente, el Auto Supremo Nº 51-A de 13 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 727 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.- Tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia de Nº 048/2016 de 02 de marzo de 2016 (fs. 678 a 686), declarando probada en parte la demanda de fojas 8-9, aclarada a fs. 12 y vta. y 14 de obrados, sin costas, ordenando al demandado Juvenal Gonzáles Fernández, representante de la empresa BET SUR CONSORCIO TORRE FUERTE, el pago a favor del actor, de los conceptos que se detallan en la parte resolutiva y sobre los cuáles deben aplicarse lo preceptuado por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, conforme al siguiente detalle:

Indemnización por 2 años y un mes                                Bs. 8.333,33

Segundo Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia Gestión 2013        Bs. 4.000,00

Multa por incumplimiento del indicado Aguinaldo                Bs. 4.000,00

Vacación por 30 días                                                Bs. 4.000,00

Total:                                                                        Bs. 20.333,33

Auto de Vista.- En grado de Apelación, promovido por el demandado, conforme evidencia el escrito de fs. 688 a 689, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista SECCASA Nº 129/2016 de 05 de diciembre de 2016, cursante a fs. 706 a 708, CONFIRMÓ la Sentencia apelada Nº 048/2016 de 02 de marzo de 2016, cursante de fs. 678 a 686.


II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el demandado, Juvenal Gonzáles Fernández, interpuso recurso de casación, conforme el escrito de fs. 710-714, recurso que fue respondido por el demandante, por escrito de fs. 718 y vta., que luego de su remisión ante este Tribunal; mediante Auto Supremo Nº 51-A de 13 de febrero de 2017 (fs. 727 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

El recurrente luego de efectuar un resumen del expediente, alegó que el Auto de Vista hizo énfasis en que el recurso de apelación no se enmarcaba a lo previsto por el art. 218 del Código Procesal Civil (CPC), pese a que esta norma no determina los requisitos del recurso de apelación sino del Auto de Vista, por ello se interroga por qué no se declaró inadmisible.

Los arts. 256 y 269 del CPC, tampoco establecen nada sobre el petitorio del recurso y solo se exige la expresión de agravios, entre los que se encuentran en el recurso, en una errónea aplicación de la normativa laboral, encasillando los hechos a una relación indefinida, sin advertir que en aplicación del art. 3 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, fue sujeta a una relación definida, hasta la conclusión o cumplimento de la obra o tarea específica, conforme reconoció el actor en la conciliación ante la Jefatura de Trabajo, evidenciándose que se incurrió en falta de valoración de dicha norma, hecho que se resaltó en el recurso de apelación, pero que no fue considerado, rompiendo la igualdad jurídica de las partes en el proceso, dejando de valorar el rubro de actividad en la cual desempeñó las funciones el demandante, que se encontraban establecidas en las cláusulas vigésima cuarta y trigésima tercera del contrato de obra suscrito, aspectos que fueron incumplidos por el demandante, incurriendo en una causa justificada de despido, prevista por el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT).

Respecto del pago de las vacaciones, se probó que el tiempo efectivo de trabajo fue del 29 de mayo de 2012, hasta el 05 de marzo de 2014, es decir un año y 9 meses y un día y no de dos años como expresó la sentencia y que no fue valorado por el tribunal de alzada, advirtiéndose que la resolución fuese carente de motivación, arbitraria, injusta e insuficiente, porque no se valoró la forma de contratación, la conclusión de la obra y menos los periodos de descanso que tuvo el demandante.

Petitorio:

Presentó argumentos y jurisprudencia sobre la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, concluyendo que plantea el recurso, para que se remita ante la instancia competente, quien reparará el agravio y emitirá una nueva resolución considerando y valorando la verdad material de los hechos.

Contestación al recurso:

El demandante, por escrito de fs. 718 y va., respondió el recurso, argumentado que solo constituye una queja presentada, sin referencia jurídica alguna, además de no contener un petitorio claro y expreso, por lo que solicitó que se rechace el recurso, se confirme el auto impugnado, con daños, costas y perjuicios.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 710 y 714 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Los contratos de trabajo, conforme instituyen los arts. 5 y 6 de la LGT, se pueden pactar de manera individual o colectiva y puede ser verbal o por escrito y su existencia se puede acreditar por todos los medios legales de prueba.

Sin embargo, los contratos a plazo fijo, necesariamente deben ser estipulados de manera escrita, porque de lo contrario, se presume que son contratos a plazo indefinido, conforme determina el segundo párrafo del art. 1º del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, es evidente que el art. 3º del DL Nº, prevé que en los contratos de trabajo de las empresas de consultoría y de construcción, el plazo del contrato de trabajo será hasta la terminación de la obra y/o de los trabajos específicos, implicando que todos estos contratos se tratan de contratos a plazo fijo, conforme se ratificó en el DS Nº 21431 de 10 de noviembre de 1986, cuando estableció que este DL “… no alcanzan a las situaciones propias del retiro voluntario, haya o no discontinuidad entre una y otra prestación de servicios…”.

Sobre el mismo particular la Resolución Ministerial (RM), 283/2 de 13 de junio de 1962, estableció que: "...el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de la renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido..."

Por consiguiente, en mérito a una interpretación armónica de esas normas, se concluye que todos los contratos a plazo fijo, necesariamente deben ser pactados por escrito y cuando supera la contratación por más de un año, se convierten automáticamente en contratos de trabajo, a tiempo indefinido.

Así ha determinado este Tribunal en diferentes fallos como son por ejemplo el Auto Supremo (AS) Nº 359/2013, de 27 de junio de 2013, cuando estableció: “De tal forma, por la normativa citada, y conforme a la jurisprudencia que el Tribunal Supremo de Justicia ha sentado mediante los Autos Supremos Nos. 198/2012 y 365/2012 de 20 de junio y 25 de septiembre respectivamente, tomado en cuenta el Principio de Protección que se otorga al trabajador, sin que ello signifique vulnerar los derechos del empleador, su contratación debe efectuarse de forma indefinida, sin embargo a ello y siendo que así lo dispone la normativa laboral, excepcionalmente dicha contratación puede limitarse por su naturaleza, determinando para ello que necesariamente el contrato debe pactarse por escrito, por lo que para demostrar que se convino con el trabajador un contrato bajo esa modalidad, debe necesariamente exhibirse dicho contrato, situación que se extraña en el caso de autos.”

De similar manera estableció el AS Nº 746 de 07 de octubre de 2015, cuando determinó: “… conforme al DS Nº 16187, cuando se deba pactar un contrato a plazo fijo, por temporada, realización de obra o servicio, condicional o eventual, se debe cuidar que el contrato se estipule por escrito, de otro modo se deberá presumir iuris tantum que el contrato es verbal y, por consiguiente, indefinido, ello en el entendido de que el contrato indefinido es la regla y los de plazo son la excepción; definición que también se encuentra recogida por la RM 283/62”.

Por otra parte, el recurso de casación propiamente dicho se sustenta en la violación, aplicación indebida e interpretación errónea de normas sustantivas o error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas y por consiguiente estas infracciones legales deben estar necesariamente identificadas en el recurso y no en escritos anteriores y posteriores, conforme refieren los arts. 271-I y 274 del CPC.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente, de una manera no muy precisa, se han alegado dos causales de casación del Auto de Vista recurrido, puesto que la primera parte del recurso, se abocó a realizar una remembranza del expediente y realizarse interrogantes respecto de la tramitación del proceso, sin argumentar vulneración específica alguna:

Resolviendo la primera causal, se advierte que es evidente que el actor había desempeñado funciones dentro del “Proyecto Construcción Electrificación Provincia Cercado, Paquete Nº 2 del Municipio de Caracollo” del Departamento de Oruro, consiguientemente en aplicación del art. 3º del DL Nº 16187, implicaría que fue contratado a plazo fijo, mientras dure dicha obra; empero al considerarse la naturaleza y las características del trabajo realizado, se considera que necesariamente debió ser contratado mediante un contrato escrito y no verbal, como se ha demostrado en el curso del proceso.

Evidentemente en el Contrato de Obra, suscrito por el actual demandado, con la Gobernación del aludido Departamento de Oruro, se especifican los derechos y las obligaciones de las partes que pactaron la ejecución de esa obra; empero, ese documento, constituye un contrato que regula las relaciones entre las personas que suscribieron ese documento, no afectado de ninguna manera al demandante, quien no intervino en ese contrato, asumiendo las obligaciones pactadas en el contrato verbal de trabajo al que fue sometido, por consiguiente, en mérito a los fundamentos, doctrina y jurisprudencia desglosada precedentemente, se concluye que entre las partes, regía un contrato a tiempo indefinido y por consiguiente a su conclusión intempestiva, correspondía el pago de los beneficios sociales establecidos en la sentencia y ratificados en la resolución de vista, ahora impugnada, evidenciándose de esta manera que no existe vulneración del art. 3º del DL Nº 16187, citado en el recurso.

Respecto del segundo argumento contenido en el recurso de casación, se fundamentó que el Auto de Vista, carece de motivación, es arbitrario, injusto e insuficiente, porque no valoró la forma de contratación, la conclusión de la obra y menos los periodos de descanso que tuvo el demandante, para ser acreedor a las vacaciones establecidas en las resoluciones de grado.

Este argumento, no denuncia de manera clara y concreta qué norma se habría vulnerado y menos aún qué pruebas específicas del expediente, se habrían omito en su valoración, pues el recurrente, entrelazo, la modalidad de la contratación, que según él, era a plazo indefinido, con el tiempo trabajado y los periodos de descanso, para tratar de desmerecer el Auto de Vista, sin cumplir la técnica procesal, exigida para el recurso de casación en el fondo, en el que debió identificar la norma aplicable al caso concreto, respecto de las vacaciones presuntamente concedidas de manera errónea, además de identificar de manera clara y concreta los elementos probatorios que hubiesen permitido a este tribunal ingresar a analizarlas nuevamente, al identificar un error de hecho o de derecho en esa apreciación, circunstancias que al ser inexistentes en el recurso, no abre la competencia de este Tribunal Supremo para resolver este punto del recurso, deviniendo en infundado.

Por consiguiente, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas o error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, que amerite la casación del Auto de Vista; en consecuencia corresponde, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184 núm. 1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 710 a 714, interpuesto por el demandado Juvenal Gonzáles Fernández, contra el Auto de Vista SECCASA Nº 129/2016 de 05 de diciembre de 2016, cursante de fs. 706 a 708, emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, con costas en aplicación del art. 223-V núm. 2 del CPC.

Se regula el honorario profesional en Bs. 1000, que mandará pagar el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.