TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 131

Sucre, 2 de abril de 2018


Expediente                        : 39/2018

Demandante                : Centro de Educación Popular QHANA

Demandado        : Servicio Nacional de Sistema de Reparto 

Materia        : Contencioso Administrativo

Distrito                       : La Paz

Magistrado Tramitador: María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La demanda cursante a fs. 86 a 98 vta.; subsanación que antecede, los antecedentes de emisión del acto administrativo impugnado, los que cursan en el proceso.

I. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.

La empresa demandante el Centro de Educación Popular QHANA a través de su representante legal Dr. Fredy Wilson Ticona Mamani, manifiesta que el SENASIR mediante CITE: SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 120/2017 de fecha 25 de abril de 2017, comunica que en cumplimiento al D.S. 27066 de 06 de junio de 2003 se determinó efectuar la fiscalización de aportes devengados al seguro social de largo plazo, correspondientes a la entidad que representa.

Según nota CITE: SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 062/2017 de fecha 13 de Junio de 2017, el SENASIR comunica al Centro de Educación Qhana y Radio Yungas la deuda Nº 062/2017 por aportes devengados al seguro social de largo plazo del sistema de reparto, que emerge de un trabajo de fiscalización con el siguiente resultado; por el “Régimen Básico”: por omisión de pago de aportes los meses de enero/1994, septiembre/1995, julio, septiembre y octubre/1996; por los cuales se estableció una deuda de Bs. 58.521,91 equivalente a UFV´s 26.621,92 importe que incluye intereses y multas.

En fecha 29 de agosto de 2017, el demandante solicitó se emita resolución expresa sobre prescripción y caducidad, no solo de los periodos supuestamente adeudados, sino también sobre la prescripción de las facultades del ente administrativo para poder fiscalizar y determinar dichos adeudos.

Mediante nota recibida de fecha 02 de Octubre de 2017 CITE: SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 1512/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, el SENASIR responde a la solicitud de prescripción y caducidad solicitada, es decir no rechazan la pretensión, pero tampoco declaran la prescripción, señalando simplemente normas que no se constituyen en respuesta sea negativa o positiva.

Como efecto de ello, el demandante interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales el SENASIR contesto a través de la notas CITE: SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 1633/2017 de fecha 24 de octubre de 2017 y CITE SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 1775/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017, por las cuales la institución ahora demandada contestó que no daría curso a los recursos administrativos interpuestos.

La nota CITE SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 1775/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017, que se constituye en la respuesta al recurso jerárquico interpuesto por el demandante, y que es el acto administrativo que se impugna; explica que las labores de fiscalización de la Unidad de Fiscalización y Cobro de Adeudos del SENASIR, son de carácter operativo y de conciliación en vía administrativa, por tanto no le corresponde en la vía administrativa resolver las diferencias de criterio sobre la supuesta prescripción de los aportes devengados o la prescripción de la facultad fiscalizadora de la entidad, ratificando que a criterio del SENASIR los aportes devengados al seguro de largo plazo del Sistema de Reparto son imprescriptibles, por tratarse de contribuciones que en contra partida generan prestaciones de dinero a favor de los asegurados de dicho sistema; más adelante la carta de referencia explica que la resolución de controversia sobre el tema de la prescripción, es competencia de las juezas y jueces en materia de Trabaja y Seguridad Social, tal cual reconoce la Ley del Órgano Judicial en su art. 73 Núm. 5) concordante con el art. 127 del Código Procesal de Trabajo y una vez más ratifica la comunicación de deuda nota CITE: SENASIR UNI.FISCA.CD.Nº 062/2017 de fecha 13 de Junio de 2017 y demás notas enviadas, advirtiendo a la entidad demandante que de acuerdo al estado del proceso de fiscalización en los siguientes días se procederá con la emisión de la nota de vista.    

Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativo y en la forma se declare la nulidad de los actos hasta el inicio de la fiscalización y en el fondo emita resolución expresa sobre la prescripción y caducidad.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO Y ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

Sobre el principio de tutela judicial efectiva.

La tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia, es reconocido de manera expresa en el art. 115 de la CPE, el cual tanto la doctrina como diversa jurisprudencia es coincidente al afirmar que la tutela judicial efectiva consiste de manera general en la protección oportuna y realización inmediata de los derechos e intereses legítimos de las personas por parte de las autoridades que ejercen la función jurisdiccional; en consecuencia, es el derecho otorgado al ciudadano de exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional.

La jurisprudencia nacional promovida por el Tribunal Constitucional -ahora Plurinacional-, sentó una línea uniforme sobre este derecho,  que no sufrió modificaciones estructurales de fondo en el transcurso de los años, desarrollada -entre otras- por la opinión pronunciada por las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0600/2003-R de 6 de mayo, 0655/10-R de 19 de julio y 1063/11-R de 11 de julio. Así, el Tribunal Constitucional manifestó que la tutela judicial efectiva constituye: “...la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como "derecho a la jurisdicción" (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal". (SC 1813/2010-R de 25 de octubre).

Del procedimiento para la fiscalización de aportes devengados a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto y su cobro en vía administrativa y su cobro en vía coactiva social.

De los antecedentes administrativos aparejados a la demanda, se tiene que el Centro de Educación Popular QHANA a través de su representante legal Dr. Fredy Wilson Ticona Mamani y por medio de este procedimiento, impugna la nota CITE: SENASIR/UNI.FISCA.Nº1775/2017 de fecha 20 de noviembre, con la cual la autoridad demandada desestimó el recurso jerárquico planteado; el argumento de la entidad demandante es que no hubo pronunciamiento al recurso revocatorio interpuesto en contra de la nota CITE: SENASIR/UNI.FISCA.Nº 1512/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, que fue la nota que envió el SENASIR, en respuesta a la solicitud expresa sobre prescripción y caducidad, haciendo conocer a la empresa demandante la imprescriptibilidad de los aportes y estableciendo que de acuerdo a procedimiento el mismo se encuentra en etapa de descargos, pudiendo la empresa presentar los mismos.

Identificados los antecedentes administrativos que motivan la presente demanda contenciosa administrativa; en la ocasión y a los fines de resolución es necesario establecer cuál es el procedimiento que establece la normativa para la fiscalización de aportes devengados a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto, la misma que señala lo siguiente:

Resolución Administrativa Nº 1966.07 de 9 de noviembre de 2007 que Reglamenta el DS 29241 de 28 de agosto de 2007: ARTÍCULO TERCERO.- (Del plazo y el procedimiento para cumplir la obligación).

El procedimiento para cumplir con la obligación del pago de adeudos, se lo aplicará de la siguiente manera:

1.- Determinada la deuda por concepto de aportes devengados mediante una Auditoria de Fiscalización, la Unidad Cobro de Adeudos y Fiscalización del SENASIR emitirá la Nota de Aviso dirigida al Representante Legal o Propietario de la empresa/entidad deudora, comunicando oficialmente el importe adeudado y otorgando un plazo de 5 días hábiles para que la empresa/entidad haga conocer en forma escrita y expresa la forma de pago que adopte en alcance del D.S. Nº 29241 y su Reglamento, pudiendo efectuar el pago al contado o mediante la suscripción de un Convenio de Pago.

2.- La Unidad Cobro de Adeudos y Fiscalización, a través del Área Legal de Coactivo Social deberá elaborar el Convenio de Pago en la vía administrativa que permita el pago de la obligación económica, aplicando la Escala establecida en el art. 4º del presente Reglamento, adicionando el 6% de interés anual por diferimiento de pago, previa actualización de importes hasta la fecha de suscripción del Convenio.

3.- La suscripción del Convenio de Pago deberá efectuarse dentro el plazo máximo de 10 días hábiles de conocida la forma de pago que adopte la empresa/entidad deudora.

4.- El Cronograma de Pagos formará parte indivisible del Convenio de Pago y deberá ser suscrito de igual manera por los representantes legales de las entidades y empresas que suscriban los Convenios de Pago. Los montos adeudados serán cobrados y pagados en moneda nacional, con mantenimiento de valor respecto de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs).

Pasados los 5 días de plazo otorgado en la Nota de Aviso, y no tener respuesta de parte de la empresa/entidad deudora para la forma de pago en la vía administrativa, inmediatamente la Unidad Cobro de Adeudos y Fiscalización deberá girar la Nota de Cargo correspondiente para su remisión al Área Legal de Coactivo Social, más los antecedentes del caso para el inicio del proceso coactivo social.

En consecuencia, de la normativa señalada se advierte que, previamente le corresponde al SENASIR establecer el monto por aportes devengados a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto, gestionar su cobro en vía administrativa, en caso de no efectivizarse el pago, debe girar la nota de cargo conforme las atribuciones que le competen y proceder en vía judicial mediante el proceso coactivo social a través de los jueces y tribunales en materia de Trabajo y Seguridad Social, por tener jurisdicción y competencia para tramitar o dilucidar el pago de aportes devengados a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto, procedimiento que debe seguirse en el presente caso en estricto cumplimiento de la normativa señalada ut supra concordante con los art. 223 del CSS y 610 del RCSS, y finalmente con el art. 73 núm. 5 de la Ley N° 025 Ley de Órgano Judicial, en donde la entidad demandante tendrá la oportunidad de oponer la excepción de prescripción a la cual alude y obtener una respuesta judicial que emane de una autoridad competente y de esta manera ejercer sus derechos y garantías que la Constitución Política del Estado reconoce a su favor en estricto sometimiento al principio de tutela judicial efectiva.

Consecuentemente, se concluye que la acción contencioso administrativa no es una vía de impugnación de los actos administrativos y/o resoluciones del SENASIR, ni aún en la vía de la ejecución de fallos judiciales, ya que tiene establecido su propio procedimiento que se encuentra señalado en la norma citada precedentemente, motivo por el cual, este Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para resolver en el fondo el proceso, debiendo proceder al archivo de obrados. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014, se declara SIN COMPETENCIA para conocer y resolver el proceso.

Regístrese, notifíquese y archívese.