TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 130

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente                        : 231/2016-S

Demandante                : José Antonio Mozza Zambrana

Demandado                : Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA)

Proceso                        : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: La Sentencia Constitucional Plurinacional 1228/2017-S1 de 17 de noviembre, cursante de fs. 1490 a 1502; el recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante de fs. 1065 a 1069, interpuesto por el Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) S.A., representado por Elmer Pozo Oliva en su condición de Gerente General, a través de José Pompilio Coca Maldonado, contra el Auto de Vista Nº 92 de 30 de marzo de 2015, de fs. 1052 a 1054 y el Auto Complementario de 7 de mayo de 2015, de fs. 1057, emitidos por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, interpuesto por José Antonio Mozza Zambrana contra la entidad que representa el recurrente; la respuesta al recurso de casación de fs. 1072 a 1085; el Auto de 22 de julio de 2015 (fs. 1086), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 186-A de 15 de julio de 2016 (fs. 1135), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Planteada la demanda laboral de pago de beneficios sociales por José Antonio Mozza Zambrana, y tramitado el proceso, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 107/2014 de 14 de agosto de fs. 980 a 985 declarando probada la demanda de fs. 188 a 194, sin costas; disponiendo que el SABSA S.A. cancele a favor del actor, la suma de Bs. 1.490.052,52.- (Un millón cuatrocientos noventa mil cincuenta y dos 52/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales, incluida la multa del 30 % de acuerdo al art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista

En conocimiento de la Sentencia, la representación de la Entidad SABSA S.A. interpuso recurso de apelación, cursante de fs. 1005 a 1009; que fue resuelto mediante el Auto de Vista N° 92 de 30 de marzo de 2015, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 1052 a 1054; por el cual se confirmó en parte la Sentencia de primera instancia, sin costas; precisando que el sueldo indemnizable del actor es de $us5.500.- (Cinco mil 00/100 dólares americanos), equivalente a Bs. 37.950.- (Treinta y siete mil novecientos cincuenta 00/100 bolivianos), en consecuencia disponen que la Empresa SABSA S.A. pague a favor del demandante la suma de Bs. 1.161.646 (Un millón ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y seis 00/100 bolivianos), por concepto de Beneficios Sociales, determinación que fue corregida y enmendada por Auto de 7 de mayo de 2015, cursante a fs. 1057, respecto de un párrafo que no correspondía al fallo.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el representante de la Entidad SABSA S.A., formulo recurso de casación en la forma y en el fondo, por memorial de fs. 1065 a 1069, en mérito a los siguientes fundamentos:

En la forma:

Afirma que, el Testimonio de Poder Nº 445/2014 de 19 de julio, no le facultaba al apoderado de SABSA S.A. ser notificado con la Sentencia y Autos de Vista, aspecto que debió ser advertido por la autoridad judicial a tiempo de disponer la diligencia de comunicación procesal, respecto de la Sentencia y del Auto de Vista; sustentando su argumento en la SC 1397/2011-R de 30 de septiembre, que refiere sobre la notificación personal con el Auto de Vista, a objeto de garantizar que el afectado conozca oportunamente dicha decisión judicial y así pueda activar los mecanismos de impugnación disponibles.

Indica que, estas formalidades fueron omitidas, pues las notificaciones con la Sentencia y Auto de Vista, debieron ser efectuadas personalmente, aspecto que no ocurrió, máxime si la notificación con la Sentencia hubiese sido realizada sin cumplir las formalidades y requisitos exigidos por la ley, no se sabe si fue mediante cédula o personal, conforme manda el art. 75-III del Código Procesal Civil (CPC-1975), ocasionándole un grave daño económico a la institución que representa y por ende al Estado; por lo que, considera que resultan nulas las notificaciones efectuadas, conforme determina el art. 137 parágrafo I inc. 4) y II del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), concordante con los arts. 90 y 254 inc. 7) del mismo cuerpo Adjetivo Civil; apoyando dicha acusación en la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre y el Auto Supremo Nº 194 de 29 de abril de 2014.

Señala también que, el art. 115 de la CPE, reconoce el debido proceso, que constituye una garantía constitucional de los justiciables y se debe conocer y resolver las controversias en estricta sujeción a las formas procesales.



En el fondo:

Refirió que, el Tribunal de alzada hubiese incurrido en una errónea interpretación y aplicación de los arts. 450 y 453 del Código Civil (CC), toda vez que el contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 19 de octubre de 1998, por el cual el demandante emitía facturas por la venta de Servicios Profesionales desde su estudio jurídico, no tenía una relación laboral de exclusividad, por ello es que no existe un sueldo; sino una retribución libre de cualquier deducción, denominada honorarios profesionales de carácter civil comercial y que no corresponde a una relación laboral, pudiendo rescindirse el contrato en cualquier momento de conformidad al art. 732 del CC, aspecto que considera omitido por los administradores de justicia de instancia; quienes debieron interpretar el contrato conforme manda el art. 510 del CC, averiguando la intensión común de las partes; que además, quien elaboró ese contrato como asesor legal, es el ahora demandante; por lo que la interpretación del contrato debió darse en favor de SABSA S.A. y no del demandante.

Añade como conclusión que, los de instancia no han valorado ni analizado correctamente las pruebas presentadas por su parte, en función a los arts. 3 inc. j) y 158 del CPT, violando el art. 397 del CPC-1975, por lo que acusa una errónea e ilegal valoración de las pruebas aportadas al proceso, puesto que de haberse valorado e interpretado correctamente esos medios de prueba, el Tribunal de Segunda Instancia, hubiera advertido que las características de la relación contractual entre las partes ahora en conflicto, correspondía a una venta de servicios que constituye una relación de orden civil y sin efectos en la jurisdicción laboral.

Petitorio:

Con estos argumentos, solicitó se emita una Resolución casando el Auto de Vista recurrido, conforme establece el art. 271 núm. 4) del CPC-1975.

Contestación del recurso de casación:

El actor mediante el escrito de fs. 1073 a 185 de obrados, contestó ambos recursos, alegando abundantes argumentos de hecho y de derecho, solicitando a este Tribunal, que declare improcedente o infundado el recurso.

Sentencia Constitucional Plurinacional:

Esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, tomó conocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1228/2017-S1 de 17 de noviembre, por la que se dejó sin efecto el Auto Supremo Nº 402 de 25 de noviembre de 2016, emitido por esta Sala, cuando resolvió el recurso de casación de fs. 1065 a 1069 de obrados, promovido por la representación de la Empresa SABSA, declarándolo INFUNDADO, Sentencia Constitucional Plurinacional, que dispuso emita una nueva Resolución, cumpliendo lo observado en ese fallo constitucional, respecto del derecho al debido proceso, en su elemento de la fundamentación, para que se explique con claridad de qué manera se manifiesta la dependencia y subordinación del demandante, respecto de la empresa demandada, puesto que sólo se explicó lo relativo a que el empleador proporcionó los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo.

Por ello, en cumplimiento de dicha determinación, conforme al art. 129-V de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con los arts. 15 y 16-I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se emite el presente Auto Supremo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo y la recomendación del Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde verificar si lo denunciado en el recurso es o no evidente, de cuyo análisis y compulsa, se tiene lo siguiente:

En relación al recurso de casación en la forma

La problemática central y única traída a casación en la forma, está referida a que si el Testimonio de Poder Nº 445/2014 de 19 de julio, le faculta o no al apoderado de SABSA S.A., a ser notificado con la Sentencia y el Auto de Vista, que según el recurrente no correspondería y que este aspecto debió ser advertido por la autoridad judicial a tiempo de disponer la diligencia de comunicación procesal, formalidades que fueron omitidas, porque con la sentencia y Auto de Vista, debieron ser notificadas personalmente y no al apoderado como ocurrió, máxime si la notificación con la sentencia (fs. 986) fue realizada sin cumplir las formalidades y requisitos exigidos por la ley.

Al respecto, cabe señalar que, la acusación sostenida como fundamento para la nulidad planteada, no corresponde ser analizada; por cuanto, dicha acusación, si bien se encuentra dentro del catálogo de procedencia del recurso de casación en la forma, prevista en el art. 254 del CPC-1975; sin embargo, de la lectura integral del recurso de apelación de fs. 1005 a 1009, este tema no fue aludido como agravio, no ha sido llevado en su oportunidad a conocimiento del Tribunal Ad quem, por parte de la entidad recurrente; en ese sentido, no es posible retrotraer el trámite a etapas ya cumplidas y concluidas en instancias jurisdiccionales; lo que implica que, se debe aplicar el principio de preclusión procesal, previsto por los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT.

Se debe anotar también, que conforme al principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, que se impone la nulidad para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la legitimidad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado; respondiendo a la frase "no hay nulidad sin perjuicio"; principio que se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad, en virtud al cual, existirá declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica y en sentido contrario, no procederá la nulidad, si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad; dicho de otro modo, no es admisible la nulidad por la nulidad misma, sino será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante esa vía; así en el caso de autos, no tiene ninguna transcendencia la nulidad solicitada por la supuesta irregular notificación  con la Sentencia de primer grado a la entidad recurrente (fs. 986), como tampoco con la notificación con el Auto de Vista recurrido (fs. 1059), diligencias realizadas al representante legal de SABSA S.A., en razón a que éstas cumplieron la finalidad, producto de ello, es que la entidad demandada, recurrió primero en apelación en el término previsto por ley y luego, también recurrió en casación en la forma y en el fondo, cuyo recurso objeto de análisis y pronunciamiento mediante el presente Auto Supremo.

Bajo ese entendimiento, se advierte que no existe ninguna infracción procesal que amerite determinar la nulidad de obrados, más aún si no se ha provocado indefensión a la entidad demandada, implicando que los de instancia no ocasionaron ningún perjuicio a la institución que representa el recurrente, quien al tener conocimiento efectivo de las decisiones asumidas, en primera y segunda instancia, pudo materializar los recursos permitidos por ley para impugnarlas dentro de los plazos previstos por ley, concluyéndose que no corresponde determinar esa nulidad pretendida, al no existir violación de los arts. 137-I inc. 4) y II, 90 y 254 inc. 7) del CPC-1975 y menos de la garantía y derecho constitucional al debido proceso, instituido en el art. 115 de la CPE.

En relación al recurso de casación en el fondo

Para ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo, debe establecerse de manera clara, que esta materia es distinta a las otras conforme a sus principios y la protección que se le otorga a los trabajadores respecto de los empleadores, conforme sustentan los principios consagrados en los arts. 48 de la CPE, 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), estando su normativa sustantiva sustentada en estos principios inherentes a la materia, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador.

Estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de inversión de la prueba; de primacía de la realidad; y, de no discriminación, establecidos en el art. 48-II de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una protección a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan precautelar al trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel, el sujeto débil de la relación laboral.

Conceptualizando estos principios informadores del derecho del trabajo, la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, señala en cuanto al principio de proteccionismo, que:

a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador”; empero, esta favorabilidad busca la equidad procesal, estableciendo un amparo preferentemente a favor del trabajador, por ser el sujeto débil de la relación laboral.

Así también, el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 señala y define de manera general los principios del derecho laboral, indicando:

I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: a) Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido con base en las siguientes reglas: In Dubio Pro Operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. De la Condición más Beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar. b) Principio de Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador. c) Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores. d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes. e) Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que coloquen a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto de otros trabajadores con los que mantenga responsabilidades o labores similares”. (La negrillas fueron añadidas).

Señalando además el referido Decreto Supremo, en el párrafo decimosegundo, de su único Considerando, como introducción a lo que se busca alcanzar con la promulgación del mismo, que:

Que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir, maneras camufladas para burlar obligaciones laborales: como son los contratos civiles encubiertos, o los contratos a plazo fijo cuando por su naturaleza la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”. (El subrayado fue añadido), buscando a través del principio de la primacía de la realidad una garantía para que no se evadan beneficios sociales, prevaleciendo la veracidad de los hechos sobre lo acordado entre partes; es decir, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente, así bajo este principio, en esta materia, no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad sobre la relación contractual; ya que ambos pueden expresar sus voluntades en un contrato, pero si la realidad es otra, y se trata de una relación laboral, es esta última la que tiene efectos jurídicos y la que prevalece al momento de su juzgamiento.

En base a este principio, el art. 48-III de la CPE, señala que: Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. (El subrayado es añadido), norma que es concordante con el art. 5 del DS Nº 28699, que establece: Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente.

Por último corresponde puntualizar que en mérito al principio procesal de la verdad material, consagrado en el art. 180-I de la CPE, corresponde a la Administración de Justicia, resolver en mérito a los hechos y a la realidad de las situaciones acontecidas y no a las figuras jurídicas aparentes que las partes han pretendido de una u otra manera imponer en sus actos jurídicos.

Bajo estas previsiones de orden doctrinal y legal se llega a las siguientes conclusiones:

1.- De la lectura del Auto de Vista recurrido, del examen exhaustivo del contrato de trabajo cursante de fs. 1 a 4 de obrados (primer cuerpo) y los otros antecedentes del proceso, se advierte que el Tribunal Ad quem, al resolver el recurso de apelación y confirmar en parte la Sentencia de primer grado, determinó de manera correcta que existía entre los sujetos procesales una la relación laboral, porque concurrieron los elementos que hacen a la misma, conforme como establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, concordante y ratificado con el art. 2 del DS 28699 de 01 de mayo de 2006; es decir:“…a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación”; elementos que fueron interpretados en relación con el art. 5 de la misma norma, desarrollada precedentemente.

Por otro lado, es profusa la jurisprudencia respecto de la interpretación de la relación laboral y el contrato suscrito entre partes, debiendo tenerse presente como indica el Auto Supremo Nº 228 de 5 de mayo de 2008, correspondiente a la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio compartido por este Supremo Tribunal de Justicia a través de los Autos Supremos Nº 54 de 17 de mayo de 2012 y Nº 60 de 29 de mayo 2012, emitidos por la Sala Social y Administrativa Liquidadora; que entre otros, refieren que no es el nombre del contrato el que determina la relación de dependencia laboral, sino las características materiales de la prestación de servicios.

Ahora, existen diferencias que hacen a los contratos civiles y laborales, siendo las más sobresalientes, que en los contratos civiles, el contratista asume por sí solo y bajo su responsabilidad, la realización de un trabajo, a cambio del pago convenido con el contratante; y por otra parte, normalmente el pago se efectúa contra entrega del trabajo, o de acuerdo con el avance del mismo, en períodos acordados; a diferencia de lo anterior, en el contrato laboral se produce la dependencia del trabajador en relación con el empleador, quien proporciona los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo, se genera una prestación de trabajo controlado, por el cual, se produce una remuneración mensual y uniforme, denominado sueldo o salario, regulado por el art. 52 de la LGT; como se muestra en el presente caso, por las papeletas de pagos mensuales que recibió el trabajador de las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y enero de 2013; además de las papeletas de pagos de primas de las gestiones de 2006 hasta el 2011 y aguinaldos de las gestiones correspondientes, debidamente aprobados por la Gerencia General de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., conforme se acredita por las literales de fs. 20 a 156 de obrados.

Así en el caso de autos, el recurrente afirma que no se cumpliría con los elementos que hacen a la relación laboral establecidos en la normativa desarrollada precedentemente, argumentando una interpretación errónea por parte de los de instancia de la citada normativa; pero en base a todo lo relacionado, debemos entender que el contrato de “prestación de servicios profesionales” el 19 de octubre de 1998, cursante de fs. 1 a 4, no es un contrato de prestación de servicios de índole civil, sino constituye un contrato del que nace una relación laboral, como se determinó tanto en primera instancia y se ratificó por el Tribunal de alzada, conforme las siguientes consideraciones, que deben ser entendidas bajo los principios desarrollados supra y según el art. 5 del DS Nº 26899 en concordancia con el art. 48-III de la CPE, desarrollados precedentemente; al no ser una relación jurídica civil, sino una relación laboral, no puede constituirse en función a los arts. 450 y 453 del CC, porque los elementos constitutivos de este contrato, no encajan a estas figuras jurídicas y corresponde precautelar los derechos y beneficios del trabajador, por la prestación de su trabajo, que en el caso presente, pretendan ser burlados por el empleador encubriendo una relación laboral, por ello es que cuando se identifica alguna modalidad de contratación que pretenda atribuírsele las características de contrato civil o comercial y que tienda a encubrir la relación laboral, no puede surtir efectos como tales, debiendo prevalecer el principio de primacía de la realidad sobre la relación aparente.

En ese sentido, en el contrato efectuado en el presente caso, se acomodan los elementos que hacen a la relación laboral, teniendo como un primer indicio la cláusula octava, que determina una relación de carácter indefinido, apartándose de una de las características que harían a un contrato de índole civil, el tiempo, puesto que los pagos por el servicio prestado, en este tipo de contratos civiles, se realizan generalmente, contra entrega del trabajo y por un periodo fijo acordado.

Ahora, la dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, se cumple con la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto (el trabajo prestado como asesor jurídico) a favor de un tercero (SABSA S.A.), que determinará la existencia básica de una situación de subordinación labora.

La doctrina en materia laboral, reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, al que le corresponde un deber de obediencia por parte del trabajador, quien presta la labor o el servicio, hecho existente en la relación del actor con SABSA S.A., acreditado en el contrato suscrito entre partes, puesto que el demandante para recurrir en consulta a otros profesionales debería tener autorización expresa de su empleador, conforme la cláusula quinta del indicado contrato objeto de análisis, hecho que no ocurriría en un contrato civil de prestación de servicios, demostrándose una subordinación del actor respecto del demandado, como ocurre en una relación típicamente laboral.

Así también, los gastos efectuados en sus trámites y el material de escritorio que usaba en la realización de su trabajo eran dotados por su empleador, así dispone la cláusula séptima y finalmente se estableció que el actor tendría derecho a vacación de conformidad al art. 44 de la Ley General del Trabajo (LGT), como señala la cláusula novena del contrato, ratificando la dependencia y la subordinación del actor respecto de su empleador.

Respecto a la característica de prestación de trabajo por cuenta ajena; como ya se relacionó líneas arriba, existió la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto a favor de un tercero y este trabajo por cuenta ajena, es aquel que realiza el trabajador en una labor personal ya sea física o intelectual, que implica la realización de actos materiales ejecutados con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, sea indistintamente una persona natural o jurídica; es decir que la labor desempeñada por el actor como asesor jurídico, constituye la prestación de trabajo por cuenta ajena que realizaba el demandante, a favor de su actual contratante.

En cuanto a la percepción de un sueldo o salario, se evidencia por las papeletas de pagos mensuales que recibió el trabajador de las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y enero de 2013, conforme se consideró al exordio, que el actor percibía a cambio de su trabajo un sueldo, determinado además, en la cláusula cuarta del contrato suscrito; siendo que el actor, en forma mensual recibía el pago de su trabajo en un monto uniforme, constituyéndose esto en un salario y el hecho que, el ex trabajador hubiera percibido una retribución denominada honorarios profesionales y no salario; corresponde precisar y reiterar, como uno de los elementos de la relación laboral, el determinado en el inciso c) del art. 1 del DS Nº 23570, concordante con el inciso c) del art. 2 del DS Nº 28699, que señalan: “c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación.

Por lo que, independientemente de la denominación que se le quisiera dar, el actor percibió una remuneración mensual y uniforme; habiendo sido tales hechos apreciados y valorados por el Tribunal de segunda instancia en mérito a las facultades que la ley le confiere.

Por otra parte, el hecho que el trabajador emita factura, no es medio para probar la existencia de un contrato civil en lugar de uno laboral; sino precisamente a efecto de encubrir una relación laboral y pretender otorgarle características civiles o comerciales, por lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad, como expresó el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido y se consideró anteriormente en el presente Auto Supremo, sobre  la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, cuando se la define las características derivadas de la prestación del servicio y no de la nominación que pudieran hacer las partes.

En ese mismo entendimiento, si bien fue el propio trabajador quien elaboró el contrato de servicios profesionales, bajo el supuesto denominativo de contrato civil con pleno conocimiento; se debe considerar que las normas laborales son de orden público, encontrándose por ello fuera de la posibilidad de ser modificadas por acuerdo de partes, tornándose nulas en su caso; en este sentido dispone el parágrafo III en relación con el parágrafo I, ambos del art. 48 de la CPE, con relación con el art. 4 de la LGT; asimismo, corresponde tener presente que el trabajo y el trabajador, en todas sus perspectivas, se encuentran tutelados y protegidos por el Estado, precisamente a efecto de evitar que se produzcan excesos o burlas de parte del empleador en el cumplimiento de los derechos del trabajador.

2.- Adicionalmente, es oportuno precisar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y reiterada por este Supremo Tribunal de Justicia en diversas resoluciones, ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 1286 del CC y en el art. 397 del CPC-1975 y específicamente en materia laboral, los jueces y tribunales de instancia, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas y que deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o persigan un fin prohibido por la ley, pues el proceso laboral, solo tiene por objeto el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y en mérito a ese criterio se debe interpretar las disposiciones procesales, conforme establecen los arts. 3 inc. j), 59, 50 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Por consiguiente, la valoración de las pruebas son incensurables en casación, salvo que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en esa valoración, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda volver a valorar esa prueba identificada de manera clara y específica en el recurso, cumpliéndose la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del CPC-1975 y 271-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que señala: “…cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial (Las negrillas fueron añadidas).

Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones: La primera que deberá demostrarse el error de hecho o de derecho, por documentos o actos auténticos, la segunda que estos documentos deben demostrar la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no ha sucedió, porque no se identificó la existencia de algún error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas y porque conforme se ha relacionado precedentemente, no se ha desvirtuado por la entidad demandada, la existencia de la relación laboral existente entre el demandado y SABSA, por el contrario, conforme se ha desglosado precedentemente, se ha establecido de manera clara e irrefutable, que entre ambas partes, existió una relación laboral, sujeta a todas las condiciones que caracterizan este tipo de prestaciones laborales, en la que se ha acordado todas las modalidades del contrato y si bien la entidad ahora depende del Estado y presuntamente resultaría gravoso cancelar los beneficios sociales demandados, estos son una consecuencia necesaria y obligatoria de los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes y que deben ser absueltas por la entidad demandada, conforme prevé el art. 11 de la LGT, al haber existido una sustitución de empleador, quien ahora último debe responder por las emergencias laborales de todo el personal que pasó a su cargo, así como de los contratos asumidos por la entidad que se hizo cargo, con todos sus activos y pasivos, incluidas las cargas laborales, conforme refiere el art. 5 del DS Nº 1494 de 18 de febrero de 2013 que dispuso que se descontarían estos conceptos al momento de la cancelación del importe que correspondía de las acciones nacionalizadas de la Compañía TBI Overseas Bolivia, perteneciente a la sociedad, Airport Concessions & Development Limited - ACDL encabezado por Abertis S. A. y las acciones en propiedad de terceros provenientes de la misma sociedad.

En el marco de las consideraciones realizadas, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en transgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, menos en alguna errónea apreciación de las pruebas, al confirmar la Sentencia de primera instancia como se acusó en el recurso de fs. 1065 a 1069; correspondiendo, en consecuencia, aplicar los arts. 271. 2) y 273 del CPC, por haberse interpuesto dicho recurso antes de la vigencia plena del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), concordante con el art. 220-II de esta nueva norma adjetiva civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1065 a 1069, interpuesto por José Pompilio Coca Maldonado en representación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A.; contra el Auto de Vista Nº 92 de 30 de marzo de 2015, de fs. 1052 a 1054 y el Auto Complementario de 7 de mayo de 2015, de fs. 1057, emitidos por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, manteniéndoselos firmes y subsistentes.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992; considerando el DS Nº 1494, 18 de febrero de 2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.