TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 125

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente                                : 305/2017

Demandante                        : Marcelino Zapata Subia

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Proceso                                     : Compensación de cotizaciones

Distrito                                : Cochabamba

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 133 a 136, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista Nº 271/2016 de 27 de octubre de 2016, de fs. 126 a 130, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones iniciado por Marcelino Zapata Subia; el Auto de 14 de junio de 2017 (fs. 141), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 305-A de 21 de julio de 2017 (fs. 149), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones.

Dentro de la solicitud de Compensación de Cotizaciones efectuado por Marcelino Zapata Subia, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 4164 de 17 de noviembre de 2014, cursante a fs. 60, resolvió desestimar la solicitud efectuada.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del Recurso de Reclamación por el asegurado a fs. 74, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 724/15 de 30 de septiembre de 2015, de fs. 95 a 100, confirmó el Auto Nº 4164 de 17 de noviembre de 2014, emitido emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el asegurado interpuso recurso de apelación, cursante a fs. 117; que fue resuelto por Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 271/2016 de 27 de octubre de 2016, de fs. 126 a 130, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación 724/15 de 30 de septiembre de 2015, disponiendo se efectué el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, tomando en cuenta los parámetros y normas referidas en el Auto de Vista emitido.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 133 a 136, señalando lo siguiente:

1.- El SENASIR, cumplió a cabalidad con el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalado en el Auto de Vista, al no haberse negado a acceder a la seguridad social a quien la ley ampara, cuando cumple con los requisitos exigibles, no pudiendo extenderse certificados de compensación de cotizaciones por periodos no aportados, obviando los requisitos para ello, establecidos en normativa vigente; por lo que, el Tribunal de apelación realizo una incorrecta aplicación de los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil (CPC-2013), al incurrir en una errónea valoración de la prueba, dando valor a documentos que a simple vista no guardan relación con la realidad, no correspondiendo a certificaciones veraces; como el certificado de trabajo de CERAMIL Ltda. de fecha 15 de mayo de 1985, a fs. 20, que señala a Marcelo Zapata como trabajador, y otro certificado de trabajo a fs. 3, de la misma fecha, señalando como trabajador a Marcelo Zapata Subia, pero este último se encuentra redactado en papel membretado con la nueva denominación de la empresa, COBOCE-CERAMIL, la cual fue instituida s o menos el año 2000, teniendo incluidos en el papel membretado números telefónicos de 7 dígitos y correo electrónico, aspectos que no condicen con la fecha de emisión del certificado, y la firma del Jefe de Personal Odón Pancorbo Loza, coincide milimétricamente en ambos documentos, como si fuera una copia. De igual manera la papeleta de pago a fs. 4, claramente tendría borrones y correcciones, por lo que no debería considerarse como prueba a favor del solicitante, como erróneamente hizo el Tribunal de apelación, y teniendo el SENASIR la obligación de efectuar la revisión de toda documentación acompañada y su verificación de planillas, a efectos de evitar un daño económico al Estado, no se puede extender certificado de compensación de cotizaciones a Marcelino Zapata Subia, sin haberse dado cumplimiento a la normativa y sin determinar la veracidad de la documentación presentada, que cumplan con los requisitos dispuesto en los arts. 1287, 1289 y 1307 del digo Civil (CC).

2.- También se realizó una incorrecta interpretación por parte del Tribunal de apelación, del art. 24-I de la Ley Nº 065, Ley de Pensiones (LP), como el art. 1 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley de Pensiones, que define la densidad de aportes; así mismo, sobre los arts. 13, 14, 16, 17 y 18 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, que se aplica en caso de no existir planillas, en el caso, el solicitante no figura en planillas. 

Petitorio.

Solicita que deliberando en el fondo se case el Auto de Vista 271/2016 de 27 de octubre de 2016, emitido por pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación 724/15 de 30 de septiembre de 2015.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Planteado el recurso de casación en el fondo, se ingresa al análisis de las cuestiones reclamadas en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, conforme a los siguientes fundamentos:

1.- El art. 45 de la CPE, establece el derecho que se tiene de acceder a la seguridad social, y los principios que la rigen, que conforme indica el recurrente deben ser otorgados conforme a la presentación de requisitos exigidos por ley; se debe tener presente que  los derechos reconocidos en nuestra norma suprema, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, así lo determina su art. 13-I; también se debe tomar en cuenta que el parágrafo I del art. 109 de la CPE, establece: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”, debiendo en consecuencia darse una aplicación directa a los derechos determinados en nuestra Constitución, entre ellos se encuentra, el de la jubilación, establecida para la protección económica por parte del Estado hacía el beneficiario para que pueda sobrellevar las contingencias propias de la vejez, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales, otorgándole recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana, derecho que además, fue adquirido por el propio beneficiario, con los aportes efectuados en la prestación de su trabajo.

Asimismo, conforme determina el art. 109 de la CPE, los derechos reconocidos por esta Ley Fundamental, no solo son directamente aplicables, sino que gozan de iguales garantías de protección, en ese entendido se tiene que, el art. 116-I de la CPE, establece: “Se garantiza la presunción de inocencia (…), y su art. 117-I, determina:  “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (…), significando que toda persona a la cual se le sindique o incrimine de haber realizado un acto penado por la ley, debe ser considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad mediante una sentencia debidamente ejecutoriada y obtenida mediante un debido proceso, que está establecido y consagrado en la Constitución Política del Estado en su art. 115-II, que determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; al respecto, la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, señalo: “El debido proceso, está reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El art. 115.II de la CPE, reconoce que: El Estado garantiza el derecho al proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. A su vez, el art. 117.I de la CPE, consagra: Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; conforme a estos preceptos, y la supremacía normativa que ejerce la Constitución, de conformidad a su art. 410-II, debe indudablemente para imponerse una sanción, determinar una responsabilidad respecto de un acto o asumir un hecho que pueda generar pérdida de derechos, otorgarse al administrado la posibilidad de defenderse, respecto del acto o hecho que se le acusa, presumiéndose la inocencia del mismo, hasta que se demuestre lo contrario mediante el proceso que corresponda en el marco del debido proceso; mismo que debe ser aplicado a todos los ámbitos y tramitaciones, ya que la jurisprudencia constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento de este, derecho-garantía-principio, resaltando que su carácter de derecho fundamental lo hace exigible ante cualquier procedimiento, sea jurisdiccional o administrativo, en ese sentido la SCP 1439/2013 de 19 agosto, señalo: “(…)se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. (…) El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional. Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”.

En ese orden de ideas, respecto de la documentación de fs. 3, 4 y 20, que a consideración de la entidad recurrente son falsas, porque contienen adulteraciones e incongruencias en razón al tiempo de su emisión, por ende fueron incorrectamente valoradas, debemos inferir que, tanto el SENASIR como este Tribunal, no tienen la competencia para determinar la falsedad de los documentos aludidos, presentados por el solicitante; y esta presunción asumida por la entidad recurrente debe ser dilucidada con carácter previo, por autoridad competente; no pudiendo determinarse pese a la conjeturas expuestas por el SENASIR, si la documentación aludida es falsa o sufrió alteraciones; y, si la entidad recurrente considero que la documentación presentada, era falsa debió haber acudido ante la instancia pertinente, para que mediante una resolución ejecutoriada determine la falsedad o no de la misma, conforme determina el art. 10 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 266 de 25 de mayo de 2005, al establecer que: “En los casos en que se evidencie la comisión de delitos o fraude procesal el SENASIR, deberá iniciar las acciones legales que corresponda y proceder a la recuperación de los cobros indebidos; en ese sentido, si considera la falsedad o alteración respecto de la documental presentada, debió iniciar la acción legal correspondiente, lo que hubiera cambiado la situación del beneficiario y por ende además de imponerle las sanciones correspondientes, hubiese podido servir como respaldo de la determinación asumida por el SENASIR, hecho que no ocurrió en el presente caso; limitándose simplemente a señalar que la documentación es falsa o sufrió alteraciones, sin haber demostrado este aspecto por la vía procesal correspondiente, en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

En consecuencia este Tribunal considera que no se incumplió con lo determinado en los arts. 134 y 145 del CPC-2013, respecto a la valoración que debe otorgar a las pruebas presentadas, porque no tiene la facultad -como se dijo- de declarar la falsedad de las mismas; no siendo evidente la infracción acusada.

2.- Debemos entender que la certificación de los aportes a la seguridad social a largo plazo del sistema de reparto, es decir cotizaciones hasta abril de 1997, han sido plasmados en diferentes normas, que han ido modificándose por diferencias circunstancias (archivos incompletos, planillas incompletas, documentación inexistente), siempre en busca del derecho a la jubilación y acorde al nuevo Estado Constitucional de Derecho; refiriéndonos concretamente el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), capítulos II y III del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004; resultando necesario aclarar que es aplica para certificar aportes al Sistema de Reparto tanto para quienes son rentistas en curso de adquisición o en curso de pago de éste sistema y todos los que aportaron al mismo, que por el cambio de sistema, no pudieron jubilarse y debieron vía Compensación de Cotizaciones hacer reconocer sus aportes, para luego jubilarse en el Sistema Integral de Pensiones.

En ese sentido, el art. 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, refiere: (Utilización de documentos que cursan en el expediente). En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a. Finiquitos, b. Certificados de trabajo, c. Boletas de pago o planillas de haberes, d. Partes de afiliacn y baja de las Cajas de Salud respectivas, e. Record de servicios o Calificación de años de Servicio, f. Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, g. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas; decreto supremo busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, como previamente se indicó, en este mismo decreto supremo en su art. 18 refiere:Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo; determinando que modalidades podrán ser usadas, y el art. 16 de esta normativa indica que los aportes pueden ser certificados con la documentación que curse en el expediente conforme a su art. 14; siendo así, existe documentación presentada por Marcelino Zapata Subia, conforme establece el Auto de Vista en su considerando segundo en el punto 8, fotocopias legalizadas de aviso de baja de afiliación y reintegro del trabajador, certificados de trabajo, boleta de pago, documentación que deben ser tomada en cuenta bajo la presunción juris tantum como establece este precepto, que no puede ser desconocida por el SENASIR, ya que una de las primicias en la administración de justicia procurar es la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones; consiguientemente, se evidencia en obrados el Tribunal de apelación, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, dando una aplicación correcta de la normativa que regula esta tramitación; en tal sentido, conforme a las consideraciones asumidas, el Auto de Vista no transgrede, ni vulnera el D.S. 27543; ni tampoco el art. 1 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley de Pensiones, al ser un precepto descriptivo, que determina las definiciones de la terminología establecida en la Ley de Pensiones; no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de conformidad al art. 220-II del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 132 a 136, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de Claudia Maldonado Encinas.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-