TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 124

Sucre, 2 de abril de 2018


Expediente                  : 039/2017

Demandante                   : Luis Enrique Vargas Lemaitre

Demandado         : Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales

Materia                           : Contencioso Tributario

Distrito                         : Chuquisaca

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 288 a 299 interpuesto por Grover Castelo Miranda, en su condición de Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca, contra el Auto de Vista N° 656/2016 de 16 de noviembre de 2016, cursante de fs. 281 a 284, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en la demanda Contenciosa Tributaria seguida por Luis Enrique Vargas Lemaitre, contra la entidad en cuya representación se recurre; la respuesta de fs. 301 a 304; el Auto Nº 043/2017 de 24 de enero que concedió el recurso (fs. 305); El Auto de Admisión Nº 39-A de fs. 312, los antecedentes procesales; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez de Partido Tercero del Trabajo y S.S. de la ciudad de Sucre, expidió la Sentencia Nº 03/2016 de 5 de abril (fs. 237 a 239), declarando PROBADA la demanda de fs. 7-10 y dejando sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-000705-14 de 8 de diciembre de 2014.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por Grover Castelo Miranda en su condición de Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca (fs. 250-263), por Auto de Vista N° 656/2016 de 16 de noviembre, cursante de fs. 281 a 284, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, CONFIRMÓ la Sentencia Nº 03/2016 de 5 de abril.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurrente acusa que el Tribunal de Apelación hace referencia a las Resoluciones Administrativas N° 05-82-87, 05-462-91, 05-506-92 y 05-299-94 considerados como fundamentos de la Sentencia, para luego hacer alusión a que la Administración Tributaria habría señalado que la Juez nombra en su resolución a la RND N° 10-0016.17 para dejar sin efecto la R.D. N° 17-000705-14, siendo que en el recurso de apelación se señaló que la Juez aplicó normativa abrogada, identificando resoluciones administrativas que en el momento del proceso de verificación ya se encontraban abrogadas.

Que la actuación de la Administración Tributaria se sustentó en normas vigentes al momento de haberse iniciado el proceso, tales como el D.S. 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, sobre cuya base determinó la obligación de pago del sujeto pasivo por el uso de facturas observadas que fueron emitidas sin un rango de dosificación autorizado por el Servicio de Impuestos Nacionales, así como por estar emitidas a otro beneficiario.

Que, el sujeto pasivo, al adjuntar aquellas facturas fraudulentas para beneficiarse del crédito fiscal incurrió en un ilícito tributario, toda vez que emergente de la verificación, mediante R.D. N° 17-000705-14 se depuraron las facturas por no contar con la debida legalidad enmarcada en la norma tributaria.

Agrega que, conforme al art. 78.I de la Ley 2492, la responsabilidad respecto a la Declaración Jurada se produce y recae en el sujeto pasivo que realiza la Declaración, debiendo responder por los efectos que se produjeron al emplear, en su Declaración Jurada, facturas no autorizadas.

Que el Tribunal de apelación se limitó a señalar que al no ser obligación del adquirente de la factura el de revisar la validez de las mismas, se le deben validar las mencionadas facturas observadas, con lo que colocó a la Administración en estado de indefensión, siendo que en ningún momento se le exigió al demandante buscar los métodos para verificar por su parte la validez de dichas facturas.

Agrega que la simple afirmación del contribuyente de haber obtenido esas facturas de manera legal no puede ser tomada en cuenta en razón a que no cuenta con la debida fundamentación capaz de obtener la validación de las facturas, legalidad que no fue demostrada por el contribuyente en el proceso de fiscalización que bien pudo hacerlo obteniendo certificación de sus proveedores sobre la existencia de la transacción de la misma Administración pidiendo el respectivo cruce de información.

Que el sujeto pasivo no dio cumplimiento al art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, con el suficiente valor legal que le acuerda el art. 64 de la Ley 2492, aspecto que luego fue desestimado por el tribunal de apelación, vulnerando el principio de la seguridad jurídica, legalidad y el debido proceso.

Finalmente, señala que ante la depuración de las facturas, el contribuyente tiene todo el derecho de repetir contra los proveedores de las facturas.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando la anulación del Auto de Vista impugnado y se mantenga la Resolución Determinativa Nº 17-000705-14.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Del contenido del escrito recursivo, se advierte que en el mismo se postulan dos aspectos como problemas centrales sometidos a ésta jurisdicción:

  1. El sustento de la sentencia en normas derogadas que, el Tribunal de apelación, pese a su impugnación expresa, no habría resuelto y;
  2. La responsabilidad del demandante en las consecuencias emergentes de la irregularidad de las facturas declaradas para beneficiarse con el crédito fiscal.

En ambos casos, corresponderá establecer a éste Tribunal, si el Tribunal de apelación incurrió en la restricción a las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria y si se lesionó el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, para cuyo propósito se tienen las siguientes consideraciones de orden legal:

  1. Sobre la aplicación de normas derogadas.-

De la revisión de la sentencia de primera instancia, se advierte que efectivamente, la señora Juez de grado, cita las Resoluciones Administrativas N° 05-82-87, 05-462-91, 05-506-92 y 05-299-94, aspecto que siendo advertido en el recurso de apelación es abordado y considerado por el Tribunal de apelación en la resolución de vista ahora impugnada, señalando que la dosificación y habilitación de facturas consultan un procedimiento especial y expreso a cargo de la administración tributaria, en el que no tienen incidencia la cita de aquellas normas acusadas de abrogadas.

Asimismo, se aclara en dicha resolución de vista, que la señora Juez basó su decisorio, tanto en normas legales vigentes como en la jurisprudencia nacional sentada por el Tribunal Supremo, citando los AA.SS. N° 293 de 28 de diciembre de 1992 y 74/2011 de 4 de marzo.

Con base en lo anterior éste Tribunal no encuentra razones suficientes para hacer cabida a la nulidad impetrada, mucho menos advierte lesión alguna de los derechos acusados por el recurrente, ello en razón a que la cita de las Resoluciones Administrativas N° 05-82-87, 05-462-91, 05-506-92 y 05-299-94, en la sentencia de primera instancia, resultan irrelevantes y no inciden en el resultado del fallo, por cuanto:

  1. Las Resoluciones Administrativas N° 05-82-87, 05-462-91, 05-506-92 y 05-299-94 se encuentran citadas en el óbiter dicta de la sentencia en términos únicamente referenciales, con la finalidad de contextualizar el proceso de habilitación de las notas fiscales y, fundamentalmente, identificar el órgano encargado de tal tarea.
  2. Luego de citar aquellas resoluciones, la señora Juez, vía análisis comparativo con la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, reclamada como la única vigente, concluye que es la Administración Tributaria la entidad encargada de tal prerrogativa.

En definitiva, se advierte que, en lo sustancial, la señora juez funda su conclusión sobre el hecho de que la dosificación y habilitación de las facturas se encuentra a cargo de la Administración Tributaria, sobre la base de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 reclamada como la única vigente, de tal modo que las otras, acusadas como derogadas, mantienen estatus de referenciales sin incidencia en el resultado del fallo.

Consiguientemente, éste Tribunal no encuentra mérito suficiente para atribuirle al Tribunal de apelación autoría de lesión alguna, mucho menos para dar cabida a la nulidad impetrada.

  1. Sobre la responsabilidad del demandante.-

Del análisis de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, que sirvió de base para las conclusiones tanto de la Juez a quo como del Tribunal de apelación, se advierte que efectivamente es la Administración Tributaria la entidad encargada de autorizar la habilitación de facturas o notas fiscales, ergo, la encargada de controlar la validez de dichos documentos, tal y como acertadamente se concluyó en las instancias.

Asimismo y con base en ésta conclusión, no resulta coherente atribuirle responsabilidad al sujeto pasivo del tributo, por cuanto, independientemente a que no existe norma alguna que le otorgue tal responsabilidad, no cuenta, materialmente, con los medios y mecanismos para ejercer tal control al momento de la transacción constitutivo del hecho generador.

Así también lo tiene establecido el Tribunal de Casación en su jurisprudencia, señalando que“…no es posible desconocer el pago efectivo del IVA realizado por el contribuyente (…) bajo el argumento de existir observaciones en la dosificación de las facturas señaladas, habida cuenta de que se halla demostrado, que no tuvo responsabilidad alguna con los errores detectados (…) correspondiendo, de conformidad al art. 103 del CTB, a la Administración Tributaria fiscalizar al emisor de las facturas y verificar si (…) las emitió correctamente dosificadas y cumplió sus deberes formales, al ser dicha empresa el agente de retención”. (Sentencia Nº 272/2012, S. Plena de 15 de nov. De 2012).

En el mismo sentido, la Sentencia 402/2013 S. Plena de 19 de septiembre de 2013, citada por la entidad demandada, señaló “el contribuyente de buena fe recibe facturas por la compra de un bien o servicio y las presenta en la creencia de que son válidas y correctas, máxime cuando se trata de una empresa del Estado boliviano, por tanto las facturas emitidas por YPFB, aún cuando no fueron autorizadas en el rango de dosificación, no invalida ni puede privársele el derecho al goce del crédito fiscal, toda vez que no es responsabilidad de “ASEA LTDA”; salvo que la AT pruebe que el contribuyente obtuvo dichas facturas conociendo que las mismas hubieran sido declaradas extraviadas, falsificadas o alteradas, conforme establece el numeral 72 de la RA 05-0043-99, así como el uso de facturas falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, que en este caso dan lugar a la perdida de estos beneficios por el período en que estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal, siendo condición sine qua non la comprobación en debido proceso penal con decisión definitiva en calidad de cosa juzgada, del uso de facturas falsificadas con conocimiento pleno del contribuyente de que las eran…”

Un razonamiento distinto, tal y como sugiere la entidad demandada, no tendría más mérito que el otorgar licencia a la administración para trasladar su responsabilidad al administrado, lo que resultaría jurídica y moralmente inadmisible, siendo que por mandato legal es ésta entidad la encargada de tal oficio y es ésta a quien el Estado le otorgó las herramientas, mecanismos y amplias facultades para normar y ejercer dicho control, de tal modo que, en vez de reclamarle probanza al administrado, conforme expresamente se reclama en el recurso de casación, implemente mecanismos, entre ellos los informáticos, que restrinjan el registro de toda factura que se encuentre fuera del rango de dosificación autorizado o se trate de facturas duplicadas o giradas a favor de más de un contribuyente.

Por último, en cuanto a la actividad probatoria que reclama la Administración al demandante referida a la existencia de la transacción, éste Tribunal considera tal pretensión una ligereza poco responsable, por cuanto exige del demandante una actividad que por mandato expreso de la Ley le corresponde ejercerla de oficio, bajo responsabilidad administrativa, tal el caso de conseguir certificaciones no solo de terceros, sino de la misma Administración.

Dicho de otro modo, el recurrente reclama que el ahora demandante debió pedir a la Administración el cruce de información de sus sistemas informáticos para probar la efectiva realización de la transacción, cuando tal actividad constituye un deber y una obligación de la Administración en el marco del art. 100 del Código Tributario, lo mismo que la información de terceros sobre la actividad fiscalizada.

Por lo expuesto, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en las infracciones acusadas por el recurrente, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el casación en la forma de fs. 288 a 299 interpuesto por Grover Castelo Miranda, en su condición de Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca, contra el Auto de Vista N° 656/2016 de 16 de noviembre de 2016, cursante de fs. 281 a 284.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, y del art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.