TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 123

Sucre, 30 de marzo de 2018

Expediente:                038/2017

Materia:                        Social

Demandante                Heidi Butrón Lizarazu.

Demandado:                Ana Portales de Ruíz

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 286 a 288 vta., interpuesto por la demandada Ana Portales de Ruiz, contra el Auto de Vista Nº 159 de 03 de noviembre de 2016, cursante de fs. 282 a 283 vta., emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Heidi Butrón Lizarazu, contra la indicada recurrente, el Auto Supremo Nº 38-A de 06 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 302 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.- Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 134 de 28 de octubre de 2014 (fs. 221-223 vta.), declarando probada en parte la demanda de fojas 12-14, sin costas, ordenando a la demandada Ana Portales de Ruíz, el pago a favor de la actora, de los siguientes conceptos:

Indemnización por 5 años:                                        Bs. 8.000,00

Aguinaldo Doble Gestión 2010 y simple 2011:                Bs. 4.800,00

Vacación dos años:                                                Bs. 1.600,00

Sueldos pendientes 4 días:                                Bs.    213,33

Bono antigüedad (Bs. 269 x 24 meses):                        Bs.  6.456,00

Subsidios (18 x 815,4):                                        Bs. 14.677,20

Total:                                                                Bs. 35.746,53

Auto de Vista.- En grado de Apelación, promovido por ambas partes, conforme evidencian los escritos de fs. 228 y vta. y 231-234, cumpliendo la nulidad determinada por Auto Supremo Nº 246/2016 de 17 de agosto (fs. 270-273), el tribunal de alzada, conformado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 159 de 03 de noviembre de 2016, cursante a fs. 282 a 283 vta., CONFIRMÓ la Sentencia Nº 134 de 28 de octubre de 2014, cursante a fs. 221 a 223 vta.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, la demandada Ana Portales de Ruíz, interpuso recurso de nulidad y casación, conforme el escrito de fs. 286-288 vta., recurso que fue respondido por la demandante, por escrito de fs. 291-292; que luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 38-A de 06 de febrero de 2017 (fs. 302 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

La recurrente alegó que:

1.-Que se debe cumplir las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, Ley de Organización Judicial, del actual Código Procesal Civil y la Ley del Órgano Judicial, respectivamente, porque son normas de aplicación subsidiaria en materia laboral, todo a fin de revisar los procesos y anular obrados hasta el vicio más antiguo, cuando se identifican infracciones que interesan al orden público y sin ingresar al fondo del asunto.

Que en el caso presen al existir infracciones al debido proceso y la seguridad jurídica, solicita que debe anularse el proceso hasta el vicio más antiguo, el primero, porque se emitió la sentencia luego de más de nueve meses de haber vencido el término de prueba, infringiendo el art. 79 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y el segundo, porque no se notificó con el Auto de 4 de mayo de 2012, de fs. 58 a 59 de obrados, pese a que se anuló obrados hasta fs. 60, mediante Auto de 21 de agosto de 2012, aspectos que considera la recurrente le provocó indefensión.

2.- En caso de no anularse el proceso por los vicios denunciados y por la falta de fundamentación del auto de vista, alegó en el fondo del recurso, que el Tribunal de Alzada, incurrió en interpretación errónea o aplicación indebida, respecto de la carga procesal de la prueba, porque no consideró la prueba cursante a fs. 18 a 53, 92 a 122, que demuestran que la demandante jamás asistió de manera continuada por más de 90 días entre el año 2006 al 2011, extremos que no fueron valorados por la Juez de primera instancia, ni por el Tribunal de alzada, habiéndose sustentando sus fallos en simples indicios, sin advertir que ella no tenía dependencia, no existía sueldo o salario, incurriendo en violación de los arts. 151, 158, 159, 166, 169 y 200 del CPT, cuando determinó que prestó servicios, cuando sólo era una socia por porcentaje diario, semanal o quincenal.

Tanto en la sentencia, como en el auto de vista no se identificaron la prueba de cargo ni de descargo que sustentan dichos fallos, tan solo fundamentaron, que no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas, incurriendo en violación de las citadas normas procesales.

También alegó que no se consideraron los argumentos del recurso de apelación ni se revisó el expediente, específicamente las declaraciones de fs. 140 a 141 y 92 a 122, que demuestran que no correspondía el pago del desahucio, subsidio y otros.

Petitorio:

Concluyó pidiendo que se anule el proceso hasta el vicio más antiguo, o se case la “sentencia”, para que se declare improbada la demanda.

Contestación al recurso:

Este recurso fue contestado por la demandante, conforme el escrito de fs. 291-292, alegando que respecto de la nulidad de obrados, estas no son evidentes, conforme reconoció el tribunal de alzada. Mientras que respecto del recurso de casación, afirma que el auto de vista, apreció adecuadamente la prueba de cargo y descargo y de acuerdo a la sana crítica, sin que en mérito al principio de inversión de la prueba, la demandada hubiese demostrado la calidad de “socia” que tuviese la actora.

Por ello concluyó solicitando que se declare infundado el recurso, con costas.



III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 286-287 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Conforme ha establecido este Tribunal Supremo en abundante Jurisprudencia, el recurso de casación, puede ser en la forma, o recurso de nulidad propiamente dicho o en el fondo o recurso de casación propiamente dicho.

En el primero se denuncia la infracción de formalidades procesales que afectan al orden público y que evidencien la indefensión de alguno de los sujetos procesales, mientras que el segundo se sustenta en la violación, aplicación indebida e interpretación errónea de normas sustantivas o error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas. Estas infracciones legales deben estar necesariamente identificadas en el recurso y no en escritos anteriores y posteriores, conforme refieren los arts. 271-I y 274 del CPC.

Por otra parte, tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que en materia laboral, rige el principio de preclusión, previsto por los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT, que establecen que cuando no se cumple un acto procesal, dentro del término conferido para ese efecto, determina la clausura definitiva de esa etapa, no pudiendo retrotraerse el trámite, mientras que respecto de la de valoración de la prueba, los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley; (arts. 60 y 158 CPT); en mérito a ello, es que las dudas que surjan en el curso del proceso, respecto de la interpretación y aplicación del Código Procesal del Trabajo, debe resolverlas, acudiendo el juez, a los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo, para el logro de la finalidad especial que tienen estos procesos, cual es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial (arts. 58 y 63 CPT).

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente se han alegado tanto causales de nulidad como de casación.

1.- Desglosando las primeras, se verifica que denunció la recurrente que se violó el debido proceso y la seguridad jurídica, porque -conforme afirma en su recurso-, la sentencia habría sido emitido de manera extemporánea, con pérdida de competencia.

Revisando el expediente, se advierte que este punto, no fue objeto del recurso de apelación, implicando que el tribunal de alzada, no pudo emitir criterio alguno al respecto y por consiguiente, en virtud de la preclusión operada en el caso presente, no se puede considerar causales de nulidad que debieron ser oportunamente alegadas por la recurrente, en el recurso de apelación.

Pese a eso, se advierte que esa causal alegada, no es evidente, porque cursa en obrados la nota de ingreso a despacho del expediente para sentencia y si bien, la recurrente, afirma que este hecho no justifica esa pérdida de competencia, pues la sentencia debió ser emitida -dice- luego de vencido el término probatorio, en cumplimiento del art. 79 del CPT, que prevé que las sentencias deben ser expedidas en el plazo máximo de 10 días.

Sin embargo, el artículo siguiente (80 del CPT), establece que: “Para el efectivo cómputo de los plazos de dictación de las resoluciones antedichas, el Secretario entregará el expediente al Juez, inscribiendo nota expresa del día y hora en que lo hace”

Evidenciándose de esta manera que para realizar el cómputo del plazo de la todas las providencias y resoluciones del juez laboral, se computan considerando la fecha de inicio, el cargo o nota de ingreso a despacho o entrega del expediente al juez de la causa, conforme establece la norma citada.

En el caso presente, previa revisión del expediente, se establece que no hubo pérdida de competencia para emitir la Sentencia, como erróneamente alegó la recurrente, puesto que consta a fs. 220 de obrados, la nota de ingreso a despacho el 17 de octubre, suscrita por la Secretaria del Juzgado, habiéndose expedido la sentencia de manera oportuna el 28 de octubre, es decir dentro del indicado plazo.

Con referencia al segundo argumento de nulidad, que corresponde a la presunta falta de notificación con el Auto de 4 de mayo de 2012, cursante de fs. 58 a 59 de obrados, se verifica los siguientes aspectos:

En los folios indicados, no cursa ningún auto, sino un escrito de ofrecimiento de prueba y una providencia en los que establece que los plazos comienzan a correr a partir de su correspondiente notificación.

Es evidente, que por Auto de 21 de agosto de 2012, cursante a fs. 91, se anularon obrados hasta fs. 60, para que se notifiquen las partes con el Auto de Relación Procesal de 13 de julio de 2012, empero esa notificación fue cumplida conforme consta el formulario de fs. 125 de obrados, evidenciando que no existe omisión alguna, además que, al tratarse la determinación de 04 de mayo, alegada en el recurso, de una simple providencia de mero trámite, esa supuesta omisión, se encontraría subsanada en mérito al aludido principio de preclusión, pues no fue reclamada por la demandada cuando presentó el escrito de fs. 126 de obrados, en el que ratificó sus medios probatorios.

Evidenciándose en conclusión que no existe vulneración de normas procesales que hubiesen provocado indefensión y que ameriten determinar la nulidad de obrados.

2.- Respecto del recurso de casación en el que se fundamentó la presunta interpretación errónea o aplicación indebida, de la carga procesal de la prueba, porque no se consideró la prueba cursante a fs. 18 a 53, 92 a 122 y 140 a 141, incurriendo en violación de los arts. 151, 158, 159, 166, 169 y 200 del CPT, se establece lo siguiente:

La normativa citada, se refiere a los elementos probatorios en materia laboral, a que en esta materia, los jueces y tribunales no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas, la valides de los documentos, la confesión, las declaraciones testificales y la finalmente a la apreciación de los indicios, considerándolos en su conjunto, su gravedad, concordancia y convergencia, en mérito a la sana crítica.

La recurrente afirma que no se habrían considerado el conjunto de pruebas cursantes a fs. 18 a 53, 92 a 122 y 140 a 141, empero entre estos argumentos, no ha identificado algún error de hecho o de derecho en la apreciación que realizaron los de grado, para permitir que este tribunal -que es de puro derecho- puede de manera excepcional, volver a analizar ese conjunto probatorio, máxime si conforme se tiene señalado en aplicación de los arts. 60 y 158 del CPT, se establece que los jueces y tribunales no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley.

Por otra parte, el argumento objeto de análisis, sustenta su pretensión en sentido que el Tribunal de Alzada, no habría resuelto los argumentos del recurso de apelación, circunstancia que implicaría -si hubiese sido argumentado de manera adecuada- la existencia de un error in procedendo, que puede sustentar un recurso de casación en la forma, empero este hecho no fue motivo de argumentación específica en el recurso de nulidad ya resuelto líneas arriba.

En ese marco legal, se concluye que este Tribunal se encuentra impedido de analizar las supuestas infracciones acusadas en el recurso, más aún si la recurrente, conforme se tiene referido, solo atinó a citar ese conjunto probatorio, sin desglosarlas detalladamente para identificar algún error de hecho o de derecho en esa apreciación.

Por consiguiente, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas o error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, que amerite la casación del Auto de Vista, en consecuencia corresponde, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 286 a 288 vta., interpuesto por la demandada Ana Portales de Ruiz, contra el Auto de Vista Nº 159 de 03 de noviembre de 2016, cursante de fs. 282 a 283 vta., emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas en aplicación del art. 223-V núm. 2 del CPC.

Se regula el honorario profesional en Bs. 1000, que mandará pagar el juez a quo.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.