TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº119

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente                  : 017/2017

Demandante                   : Alejandra Navía Avendaño

Demandado                    : Empresa de Autobuses QUIRQUINCHO SRL.

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, de fs. 699 a 700 interpuesto por Renéceres Choque, en representación de la Empresa de Autobuses QUIRQUINCHO SRL., contra el Auto de Vista N° 79/16 de 7 de julio, cursante a fs. 696, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la demanda de pago de beneficios sociales seguida por Alejandra Navia Avendaño contra la empresa en cuya representación se recurre; el Auto 495/2016 SSA-III de 1 de noviembre que concedió el recurso (fs. 706); el Auto de Admisión Nº 17-A de fs. 719, los antecedentes procesales; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 106/2015 de 30 de abril (fs. 301-305), declarando probada en parte la demanda de fs. 96 a 99, subsanada a fs. 100, 105-106, ordenando el pago de Bs. 50.154,07 (Cincuenta mil ciento cincuenta y cuatro 07/100 Bolivianos) por conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo de Navidad, horas nocturnas, domingos y feriados.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por el representante de la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 79/16 de 7 de julio, cursante a fs. 696, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, CONFIRMÓ en su integridad la Sentencia Nº 106/2015 de 30 de abril.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa vulneración del Art. 213 concordante con el Art. 218 del Código Procesal Civil, por no haber valorado que la juez a quo no aplicó el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), vinculante con los arts. 3.3) y 87 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se debía esperar la petición del plazo extraordinario del término de la distancia para la presentación de su prueba de descargo, sino imponer de oficio.

Vulneración del Art. 213 concordante con el Art. 218 del Código Procesal Civil, por no haber señalado disposición legal expresa sobre la libre apreciación de la prueba y la sana crítica y limitado a un comentario.

Vulneración del Art. 213 concordante con el Art. 218 del Código Procesal Civil, por haber entrado en contradicción, afirmando que la demandante es residente transitoria para luego cambiarle de statatus jurídico de migrante.

Asimismo, por mencionar el art. 24 de la Ley 25.871 de 20 de enero de 2004 de la República Argentina para otorgarle a la actora la calidad de ciudadana con derecho al trabajo, siendo que tal dispositivo legal no hace referencia a tal calidad.

Vulneración del Art. 213 concordante con el Art. 218 del Código Procesal Civil, por hacer mención al “Cuerpo de Procederes Laboral” que no existe y consiguientemente no existe el artículo 2020 del cita cuerpo de procederes.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se CASE el Auto de Vista impugnado y, deliberando en el fondo se revoque la Sentencia.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Con carácter previo y tomando en cuenta los argumentos esgrimidos y las normas acusadas de infringidas en el recurso, corresponde aclarar que el recurso de casación en el fondo y la forma revisten características esenciales que las distinguen una de la otra por sus efectos, los mismos que condicionan, a su vez, estructurar el postulado recursivo en el marco de tales especiales características.

En efecto, conforme a su naturaleza, la solución jurídica que la ley acuerda para las infracciones in procedendo es la nulidad, con o sin reposición, mas no la casación. Así se tiene de la inteligencia de los arts. 271.I y II y 220.III y IV ambos del Código Procesal Civil ampliamente abordada por este Tribunal en su jurisprudencia, tal el caso del AS. Nº 33 S. Social II, de 26/01/07, en el que en un caso similar, reprochando la negligencia del recurrente expresó:

“…si bien plantea el recurso en el fondo, empero acusa infracción de normas procesales, olvidando que los errores en la instrumentalidad del proceso, regulado por el código adjetivo, se debe impugnar vía recurso de casación en la forma o nulidad a efectos de retrotraer el trámite hasta el momento en que pudo haberse incurrido en el error in procedendo.

Por su parte, el recurso de casación en el fondo tiene lugar ante errores in judicando, esto es, en la aplicación del derecho sustantivo al presupuesto fáctico materia de litigio, a cuya emergencia, el tribunal de casación, en su caso, sin el reenvío que motiva la nulidad, deliberará sobre el fondo y decidirá el derecho subjetivo controvertido…”.

Asimismo, esta Sala ha señalado que:

"En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones in judicando como in procedendo para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin reenvío (artículo 274), fallando en lo principal del litigio ("iudicium rescissorium") y, en el segundo, anulando ("iudicium rescindens") y reenviando el expediente para que, según el caso, se pronuncie el juez de origen o el siguiente en número." (AS. 344-Social I, de 15/11/05).

Asimismo, se debe recordar que conforme al art. 220.IV1 del Código Procesal Civil, el Tribunal, para casar el Auto de Vista, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el Auto de Vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo “aplicando” esas “leyes conculcadas”.

Lo anterior demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de las formalidades reclamadas por el art. 274.I.3 del Código Procesal Civil referida a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, por cuanto el legislador está cuidando que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna.

Esas formalidades son las que el recurrente no ha cumplido en su recurso, por cuanto en su petitorio demanda que se CASE el Auto de Vista impugnado mientras que en sus fundamentos acusa infracción legal de los arts. 213 concordante con el Art. 218 del Código Procesal Civil.

Así concebido el postulado recursivo2 y dado el hipotético caso de que con lo que el recurrente tiene denunciado este tribunal haga lugar a la casación, tendría que aplicar los arts. 213 y 218 del Código Procesal Civil, siendo que no tienen ninguna relación con el derecho subjetivo controvertido, por tratarse de normas procedimentales materia del recurso de nulidad o casación en la forma, en tanto delimitan la estructura formal de la sentencia y el auto de vista.

Por otro lado se debe tener presente que, por mandato legal, conforme se tiene expuesto supra, la casación como solución jurídica no concluye en si misma, sino en la decisión de fondo respecto al derecho subjetivo controvertido (ius litigatoris), de tal modo que, la misma ley, obliga al tribunal que, en el caso de hacer cabida a la casación, se pronuncie necesariamente sobre el fondo; es decir, que delibere y resuelva la controversia de fondo. Dicho de otro modo, que dicte una nueva sentencia dentro del marco de lo resuelto por el tribunal de apelación y lo reclamado en el recurso.

Así entonces y teniendo en cuenta que la controversia de fondo versa sobre la relación laboral y el pago del desahucio, la indemnización y otros, se debe convenir que tales derechos controvertidos se encuentran regulados por normas sustantivas específicas. Ergo, si el yerro del juzgador radicara en la calificación de tales derechos ya sea para estimarlos como vulnerados o no y, en su caso, tutelarlos o no, mal podría tenerse como vulnerado un dispositivo que hace a la instrumentalidad del proceso, por cuanto ellos se limitan a regular el in procedendo mas no el in judicando, tan evidente es lo expuesto que, de admitirse una interpretación contraria, el tribunal de casación, en términos de casación en el fondo, no tendría posibilidades de fallar en lo principal del litigio dentro del marco establecido por los citados arts. 213 y 218 del Código Procesal Civil, por cuanto tendría que aplicar aquella norma procedimental, ajena al derecho subjetivo controvertido.

En todo caso, correspondía al recurrente estructurar su recurso en términos de casación en la forma o nulidad, de tal modo que, de ser evidente el yerro formal acusado, permita a éste Tribunal la nulidad con reposición hasta el momento del vicio.

Sin embargo de lo expuesto, admitido como se encuentra el recurso, se debe convenir que la improcedencia o el hecho de declarar improcedente un recurso, tiene íntima relación con el acceso a la justicia, por cuanto a esa emergencia el Tribunal de Casación excusa pronunciamiento en el fondo, sustrayéndose de emitir criterio sobre los derechos subjetivos controvertidos que indujo a las partes activar la jurisdicción; de ahí que, en tanto el recurso no entrañe una grosera infracción de las formas al grado tal que impida materialmente activar la competencia del Tribunal, corresponde expedir pronunciamiento velando por que las partes obtengan una respuesta a sus pretensiones de fondo (función dikelógica), a la vez de garantizar la uniforme interpretación de la Ley a los fines de la seguridad jurídica.

Analizando el recurso desde ésta otra perspectiva y atendiendo que en el mismo se acusan vicios procesales e infracción de los arts. 213 y 218 del Código Procesal Civil, infiriendo que los postulados del recurso se orientan en la dirección del recurso de casación en la forma, éste Tribunal no encuentra fundados los motivos traídos a juicio, por cuanto:

En lo que respecta a la aplicación del plazo extraordinario por cuestión de la distancia a efectos de permitir la presentación de las pruebas que se reclama en el recurso, no tiene relevancia en el resultado del fallo, por lo que mal pudo haberle ocasionado perjuicio alguno que justifique la nulidad, mucho menos la casación en el fondo, por cuanto, como se tiene expuesto supra el planteamiento es insuficiente para tal menester.

Se debe tomar en cuenta, conforme se tiene doctrinalmente admitido que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas para ello. Couture, señala que, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.

Dependiendo de la inobservancia de la ley, Couture clasifica a los actos procesales nulos en absolutamente nulos y relativamente nulos. Respecto a los primeros, señala que la gravedad de la desviación resulta de tal magnitud que es imperativo enervar sus efectos, pues el error conlleva un deterioro en las garantías que integran el debido proceso, que insistir en su subsistencia hace peligrar tales garantías; v. gr., la falta de citación al demandado que ha impedido que haga valer sus derechos, habiéndose dictado sentencia condenatoria en su contra. En cuanto al segundo, también hay un apartamiento de las formas procesales, pero de menor gravedad; de ahí que no necesariamente requiere ser declarado inválido, pues habrá que analizar si el acto ha ocasionado efectivamente un perjuicio a la parte interesada.

Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad, entre los que cuenta el de Trascendencia que esencialmente indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

En el caso presente, el recurrente se limita a señalar que le correspondía a la juez aplicar de oficio el término de la distancia, lo que en otros términos supone suplir su propia negligencia; mas sin embargo, lo que se destaca es el hecho de que no expone cuál el perjuicio ocasionado con tal omisión, más aún si la prueba pretendida fue posteriormente arrimada al expediente y considerada por el tribunal de apelación; dicho sea de paso, no incidió absolutamente en el resultado del fallo.

El mismo razonamiento ha de aplicarse para los demás casos traídos por el recurrente, a mérito que en ninguno de ellos se expone cual el perjuicio ocasionado, pretendiendo la nulidad sólo por la nulidad, lo que resulta ajeno a la justicia del caso, amén de que la cita del art. “2020” constituye un error de transcripción intrascendente cuando el texto de dicho dispositivo legal se lo tiene transcrito a continuación de aquella cita en el auto de vista impugnado. Intrascendencia que alcanza al “nomen juris” reclamado de Cuerpo de Procederes Laboral, por cuanto es su naturaleza y no el nombre de dicho cuerpo legal adjetivo el que adquiere relevancia.

Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que no son evidentes las infracciones acusadas, por lo que, no encontrándose fundados los argumentos del recurso, corresponde dar aplicación del art. 220.2) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439); aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de recurso de casación en el fondo y en la forma, de fs. 699 a 700 interpuesto por Renéceres Choque, en representación de la Empresa de Autobuses QUIRQUINCHO SRL., contra el Auto de Vista N° 79/16 de 7 de julio, cursante a fs. 696, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios del profesional abogado en Bs. 1.000, que mandará pagar el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 ARTÍCULO 220. (FORMAS DEL AUTO SUPREMO).

La forma del auto supremo será: (…) IV. Casando, cuando la resolución infringiere la Ley o leyes acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser total o parcial.

2 Aunque no es menos relevante que también se demanda la revocatoria de la sentencia que no se encuentra acordada para la competencia del Tribunal de Casación, sino para el Tribunal de Apelación, amén de haber omitido señalar cuál la solución jurídica pretendida luego de la casación, respecto a la controversia principal.