TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 116

Sucre, 28 de marzo de 2018

Expediente                                : 226/2017

Demandante                        : Hermeregildo Arevillca Chávez

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Proceso                                     : Compensación de cotizaciones

Distrito                                : Santa Cruz

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 152 a 163, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de su apoderado Abelardo Dirk Ribera Rivero, contra el Auto de Vista Nº 40 de 27 de marzo de 2017, de fs. 147 a 149, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones iniciado por Hermeregildo Arevillca Chávez; el memorial de respuesta al recurso, cursante de fs. 172 a 173; el Auto Nº 88 de 19 de mayo de 2017 (fs. 174), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 226-A de 12 de junio de 2017 (fs. 183), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones.

Dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones efectuado por Hermeregildo Arevillca Chávez, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 290 de 18 de enero de 2016, cursante a fs. 64, resolvió otorgarle el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 57807, en el cual se consideró un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs1.530,14.- (mil quinientos treinta 14/100 bolivianos), documento válido para tramitar su Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, previa aceptación del mismo.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del Recurso de Reclamación por el asegurado a fs. 65, el Director General Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 464/16 de 9 de noviembre de 2016, cursante de fs. 118 a 122, revocó en parte la Resolución Nº 290 de 18 de enero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, otorgando en favor del asegurado una densidad de 1 año de aporte, manteniendo el salario cotizable, respecto al periodo mayo/1994. 


Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el asegurado interpuso recurso de apelación, cursante a fs. 138; que fue resuelto por Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 40 de 27 de marzo de 2017, de fs. 147 a 149, revocando en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 464/16 de 9 de noviembre de 2016 y la Resolución Nº 290 de 18 de enero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto ; disponiendo que el SENASIR realice una nueva Compensación de Cotizaciones en favor de Hermeregildo Arevillca Chávez, conforme a la documentación presentada en el expediente.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR formulo recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 152 a 163, señalando lo siguiente:

En la forma.

Luego de realizar una relación de los antecedentes del proceso, como de las determinaciones asumidas en la tramitación de la Compensación de Cotizaciones iniciada por Hermeregildo Arevillca Chávez, considera que hubo “poca seriedad” al emitirse el Auto de Vista, porque en la parte dispositiva, se revocaron las Resoluciones 464/16 de 9 de noviembre de 2016 y Nº 290 de 18 de enero de 2016, señalando erróneamente por quien fueron emitidas.

Afirma que, el Tribunal de apelación transgrede las garantías constitucionales de la defensa en juicio, vulnerando el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), con relación al art. 256 del mismo cuerpo legal, porque el apelante no expuso en su recurso de casación sus agravios debidamente fundamentados, incumpliendo con la carga procesal impuesta por la normativa, que consiste en especificar y fundamentar en que consiste la violación o aplicación indebida de la ley, respecto de los fundamentos del fallo de primera instancia, que fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución del Tribunal de apelación, quien debe circunscribirse conforme a lo resuelto por el inferior y que haya sido objeto de expresión de agravios en la apelación, conforme a los principios de pertinencia y congruencia; aspectos no existirían en la apelación presentada por el asegurado; pronunciándose un Auto de Vista sobre agravios no invocados por el apelante, incurriendo en la “causal” prevista en el art. 220 paragrafo III num 2 inc. a) del CPC-2013.  

En el fondo.

Indica que, la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 464/16 de 9 de noviembre de 2016, es clara y concreta la cual no hubiese sido considerada, contemplada, tomada en cuenta, menos leída por parte del Tribunal de apelación, aspecto que causaría un agravio, estando de manera precisa en este determinación, el por qué no se consideró los aportes reclamados por el asegurado, evidenciándose error de hecho y de derecho, en vista de existir pruebas documentales no valoradas por el Tribunal Ad quem.

Afirma que, al considerarse el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, a favor del asegurado, el Tribunal de apelación hubiese efectuado una incorrecta apreciación y errónea aplicación de la norma, al ser este Decreto Supremo aplicable solo para Pago de Reparto Anticipado (PRA), y no para Compensación de Cotizaciones; habiéndose interpretado de manera incorrecta el art. 24-II de la Ley de Pensiones (Ley Nº 065).

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista 40 de 27 de marzo de 2017, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; determinándose se mantenga firme y subsistente en todas sus partes la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 464/16 de 9 de noviembre de 2016.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde verificar si lo denunciado en el recurso es o no evidente, de cuyo análisis y compulsa, se tiene lo siguiente:

En relación al recurso de casación en la forma.

En cuanto a la confusión efectuada por el Tribunal de apelación, en la parte dispositiva del Auto de Vista, que determino recovar en parte las Resoluciones administrativas emitidas, primero por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, la Resolución Nº 290 de 18 de enero de 2016, y después por la Comisión de Reclamación la 464/16 de 9 de noviembre de 2016, y que el Tribunal Ad quem, señalo erróneamente quienes emitieron estos actos administrativos, refirndose en forma invertida a quienes las pronunciaron; aspecto que no constituye un motivo de nulidad, al ser un error de transcripción no trascendental, porque se identifica en forma clara las Resoluciones que están siendo revocadas en parte, con el número de las mismas y la fecha de emisión, quedando por demás claro, que la inversión realizada al señalar quienes emitieron estas determinaciones, fue producto de un error involuntario; incongruencia significaría la concurrencia de un vicio de contenido sustancial, o bien uno de forma que tenga fuerza por sí mismo que modifique el resultado final del fallo o vulnere derechos y garantías protegidos tanto por la norma como por la Constitución, de tal modo que las razones que sustentan un determinado decisorio resulte anómalo, lo que no ocurre en autos, en la medida que la decisión responde con fidelidad a los fundamentos expuestos, y el error de transcripción aludido no genera confusión; además, este argumento traído en casación, si le generaba duda al recurrente, podía ser esclarecido por la vía de la enmienda y complementación.

Precisar también que, en materia de nulidades procesales rigen principios que deben ser estrictamente observados por los administradores de justicia, para determinar una nulidad, principios en los cuales deben ceñirse para no retrotraer un proceso sin que sea necesario, violentando la celeridad y economía procesal que debe contener la tramitación de un proceso; estos son el de especificidad o legal, el de trascendencia, el de protección y el de convalidación; resultando el error mencionado, un lapsus que no determinada motivo de nulidad del Auto de Vista recurrido. 

En cuanto a supuesta vulneración por parte del Tribunal Ad quem del art. 265-I con relación al art. 256 ambos del CPC-2013, en razón a que, no se hubiese circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación; se debe hacer mención, que la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) en su art. 4 inc. L), establece: Principio del informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que pueda ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; por su parte, el art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 497 de 7 de septiembre de 2005, establece: “Los recursos de Reclamación y de Apelación, podrán ser presentados en oficio o carta fundamentada, con la firma únicamente del interesado, sin necesidad de firma de abogado, admitiéndose su presentación en la Oficina Central o en las Administraciones Regionales, en ese marco legal referido, corresponde señalar que las impugnaciones contra las resoluciones emitidas por Comisión de Calificación de Rentas, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, son efectuados en sede administrativa; empero, la impugnación contra las determinaciones de la Comisión de Reclamación dependientes del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, conllevan un procedimiento mixto, teniendo en cuenta que se inicia en sede administrativa y concluye en la vía ordinaria; siendo aplicable en esta impugnación las normas administrativas como las ordinarias previstas en el adjetivo civil; y la inobservancia de exigencias formales no esenciales para una apelación, conforme al principio de informalismo señalado, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, que va a asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestn objeto del procedimiento; siempre y cuando este recurso conlleve una argumentación de agravios esencial y básica, que establezca la pretensión del asegurado apelante. 

Y debe tenerse presente que, en aplicación del principio de informalismo que rige en los procesos administrativos, indicado precedentemente, obliga al Tribunal de alzada a pronunciarse sobre todos los aspectos presuntamente omitidos en la fase administrativa, regularizando procedimiento para evitar mayor dilación en las pretensiones perseguidas por el asegurado; también debe recordarse que los Tribunales de apelación, al constituirse en órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, considerando los agravios contenidos en el memorial de apelación; en ese entendido, en el caso de autos, s allá de las alusiones expresadas supra, el asegurado contra la determinación asumida en la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 464/16 de 9 de noviembre de 2016, cursante de fs. 118 a 122, interpuso recurso de apelación a fs. 138, cumpliendo con las exigencias necesarias para la procedencia de su recurso, señalando los agravios que a su consideración le hubiese causado la determinación administrativa indicada; circunscribiéndose el Tribunal de apelación respecto a los mismos, conforme dispone el art. 265-I del CPC-2013; además de que el recurrente omite indicar que fundamentos del Auto de Vista estarían apartados de los solicitados en apelación, limitándose de manera general a señalar la congruencia y pertinencia que debe tener la determinación del Tribunal de apelación conforme a la norma citada; no siendo ciertos los argumentos esgrimidos por el recurrente respecto de su recurso de casación en la forma.

En relación al recurso de casación en la fondo.

En cuanto al error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, acusa existir pruebas no valoradas por el Tribunal de apelación, y de no haberse considerado, la Resolución de la Comisión de Reclamación impugnada, en la cual se determinaría en forma clara, por qué no se consideró los aportes extrañados por el asegurado; al respecto, tenemos que considerar que la revisión de la valoración otorgada a una prueba, en casación, solo se activa ante una demostración de error de hecho o de derecho, aspecto que técnicamente no plantea ni fundamenta de forma suficiente el recurrente; limitándose a realizar una transcripción casi integra de la Resolución de la Comisión de Reclamación, alegado que se evidencia error de hecho y de derecho al existir pruebas no valoradas por el Tribunal Ad quem, con afirmaciones desprovistas de razonamiento sobre los yerros que hubieran cometido las autoridades jurisdiccionales sea en la valoración de la prueba o en la interpretación y aplicación de la ley; sin especificar además que prueba, haciendo una referencia de manera general; también hay que tener en cuenta que la correcta fundamentación es un requisito de contenido en la formulación del recurso de casación, que delimita la competencia del Tribunal de Casación, quien se pronunciara precisamente sobre los aspectos de derecho expuestos en el mismo; el recurrente no identifica las pruebas, tampoco específica cual el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, de conformidad al art. 271-I del CPC-2013, cuando señala sobre el recurso de casación: “Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”, presupuesto que en el caso, el recurrente no ha cumplido, limitándose a expresar su teoría de los hechos.

Ahora, en cuanto a la errónea aplicación del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, más precisamente su art. 14; es necesario referir que este Decreto Supremo, fue promulgado en el entendido que el SENASIR es la institución pública designada para procesar y otorgar prestaciones del Sistema de Reparto, que dicha institución por las dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, no ha logrado calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2001, disponiendo en su art. 1 que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto posibilitar el acceso a un Pago de Reparto Anticipado - PRA, así como, facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, el cual no solo se refiere a posibilitar el acceso a un PRA, sino también para facilitar el tratamiento de certificación de aportes, en ese contexto, los arts. 13 y 14 refieren que a efectos del tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, es posible la utilización de documentos que cursan en el expediente cuando no existan planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo enero de 1957 a abril de 1997, bajo presunción juris tantum, la última de las normativas citadas contiene un listado de aquellos documentos que pueden ser considerados en el marco de los parámetros expuestos a efectos de acreditar las cotizaciones realizadas por el asegurado.

Ante esta posibilidad de habilitar documentación supletoria para acreditar los periodos efectivamente trabajados y aportados; debemos añadir que conforme a la Constitución y a la jurisprudencia sentada por este Alto Tribunal en reiteradas resoluciones, entre ellas el Auto Supremo Nº 227 de 13 de mayo de 2013, que tanto en los procesos administrativos como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180-I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30 num 11) de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple inexcusablemente cómo se suscitaron los hechos controvertidos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad material, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta forma de impartir justicia; también, es necesario recordar que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los artículos 45 parágrafos II y IV, 48 parágrafo I y 67 parágrafos I y II de la CPE.

En ese sentido, el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, refiere: (Utilización de documentos que cursan en el expediente). En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a. Finiquitos, b. Certificados de trabajo, c. Boletas de pago o planillas de haberes, d. Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e. Record de servicios o Calificación de años de Servicio, f. Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, g. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas; y como se señaló precedentemente, este Decreto Supremo busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, este mismo Decreto Supremo en su art. 18 refiere:Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo; determinando que modalidades podrán ser usadas, y el art. 16 de esta normativa indica que los aportes pueden ser certificados con la documentación que curse en el expediente conforme a su art. 14;  siendo así, existe documentación presentada por Hermeregildo Arevillca Chávez que fue requerida por el ahora recurrente, como nota extendida por la Jefatura de Recursos Humanos  de la empresa METAL-MEC, en la que indica que el asegurado figura en planillas de los años 11/85 a 04/97 (fs. 25), como la documentación cursante de fs. 53 a 60, y el certificado de trabajo a fs. 62, que respaldarían los aportes extrañados por el asegurado; que deben ser tomados en cuenta bajo la presunción juris tantum como establece este precepto, y se denomina presunción -en derecho- a una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello; al respecto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el capítulo primero de investigaciones jurídicas de esta universidad “Conceptos básicos y antecedentes de las presunciones y las ficciones jurídicas”, señalo: “…quien tiene a su favor una presunción iuris tantum estará dispensado de probar el hecho alegado, pero en cambio debe acreditar los hechos que constituyan las premisas o presupuestos de las mismas, esta presunción que está establecida, a en nuestra legislació en el art. 14 del tantas veces referido DS 27543, fue cumplida por el asegurado, ya que acredita los presupuestos para ello, con la documental adjunta, que no puede ser desconocida como pretende el recurrente, ya que una de las primicias en la administración de justicia procurar es la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones; consiguientemente, se evidencia en obrados el Tribunal de apelación, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, dando una aplicación correcta de la normativa que regula esta tramitación; de tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo establecido en los arts. 45 y 67-II de la CPE, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso; correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013),  acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 152 a 163, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de su apoderado Abelardo Dirk Ribera Rivero.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-