TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 114

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente                  : 009/2017

Demandante                   : Juan Gutiérrez Tarquino

Demandado                    : Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 215 a 217 interpuesto por Roberto René Alarcón Loza, en su condición de Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), contra el Auto de Vista N° 69/2016 de 8 de junio, cursante de fs. 208 a 209, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguida por Juan Gutiérrez Tarquino contra la entidad en cuya representación se recurre; el Auto 374/2016 de 10 de octubre que concedió el recurso (fs. 222); el Auto de Admisión Nº 9-A de fs. 231, los antecedentes procesales; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 26/2015 de 28 de enero (fs. 168-171), declarando probada en parte la demanda de fs. 12 a 15, ordenando el pago de Bs. 276.250,50 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta 50/100 Bolivianos) por conceptos de indemnización, desahucio, vacación y primas.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por el representante de la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 69/16 de 8 de junio, cursante de fs. 208 a 209, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, CONFIRMÓ en su integridad la Sentencia Nº 26/2015 de 28 de enero.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurrente, acusa que el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia que reconoció el derecho del demandado a las primas por las gestiones 2007, 2008 y 2009, sin considerar que conforme al D.S. N° 24067 de 10 de julio de 1995, tales derechos corresponden a las empresas productivas del sector público y que COSSMIL no ingresa en esa definición debido a que no genera ninguna utilidad, toda vez que está destinada a brindar todas las prestaciones establecidas en el art. 4 de la Ley N° 11901, dando cumplimiento al mandato establecido en el art. 36.I de la Constitución Política del Estado, así como los arts. 1 y 2 de la Ley de Seguro Social Militar ( D.L. N° 11901); siendo pasible a las sanciones establecidas en el art. 31.b) de la Ley 1178.

Que no le corresponde el derecho al desahucio debido a que el demandante aceptó la invitación a la jubilación que le cursare COSSMIL, cumpliendo con los requisitos previstos por la Ley de Pensiones, sin que hubiese formulado reclamo alguno conforme al procedimiento establecido en la Resolución Ministerial N° 868/10 de 26 de octubre de 2010.

Que sólo corresponde el incremento salarial por las gestiones 2002, 2003, 2010 y 2011, en cumplimiento de los Decretos Supremos N° 26547, N° 27049, N° 498 y N° 809, que incluyen en el incremento salarial al sector defensa o todo el sector público, mas no así por las demás gestiones concedidas.

Luego de transcribir los arts. 123 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, 6 del D.L. N° 11901 y artículo único de la R.M. N° 1369 de 30 de diciembre de 2004, señala que COSSMIL como institución pública está impedida de pagar beneficios sociales.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se CASE Y/O ANULE OBRADOS y, deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Con carácter previo y tomando en cuenta los argumentos esgrimidos y las normas invocadas en el recurso, corresponde aclarar que conforme al art. 220.IV1 del Código Procesal Civil, el tribunal, para casar el auto de vista, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo “aplicando” esas “leyes conculcadas”.

Lo anterior demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de las formalidades reclamadas por el art. 274.I.3 del Código Procesal Civil referida a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, por cuanto el legislador está cuidando que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna.

Asimismo, conforme al citado art. 220 del Código Procesal Civil, la Ley establece determinadas y únicas formas de resolución, según sea el caso: improcedente, infundado, casando y anulatorio.

En el caso presente, el recurrente, en su petitorio demanda que se CASE Y/O ANULE el Auto de Vista impugnado, es decir: casar y anular a la vez o casar o anular alternativamente, lo que en si mismo encierra un contrasentido, por cuanto jurídicamente no es posible casar el auto de vista para luego anular lo casado.

Asimismo, se advierte que el recurrente no acusa infracción legal alguna en que hubiese incurrido el tribunal de apelación, limitándose a citar normas legales de manera referencial en unos casos y, en otros, normas ajenas al tema decidendi.

En efecto, en el caso del pago de primas, acusa que las mismas no corresponden citando sólo de manera referencial los DDSS N° 3691 de 3 de abril de 1954 y N° 24067 de 10 de julio de 1995 referidos al pago de primas, mas sin embargo no acusa infracción legal, mucho menos atribuye tal infracción legal al Tribunal de Apelación, lo mismo que en el caso de los incrementos salariales en el que cita los decretos supremos que regulan el pago de los mismos.

En el caso del desahucio cita la Ley de Pensiones (Ley N° 65 de 10 de diciembre de 2010) con relación a los requisitos exigidos para acogerse a la jubilación y la R.M. N° 868/10 de 26 de octubre de 2010 referido al procedimiento en sede administrativa.

Sobre lo anterior expuesto, se debe tener presente que, por mandato legal, la casación como solución jurídica no concluye en si misma, sino en la decisión de fondo respecto al derecho subjetivo controvertido (ius litigatoris), de tal modo que, la misma ley, obliga al tribunal que, en el caso de hacer cabida a la casación, se pronuncie necesariamente sobre el fondo; es decir, que delibere y resuelva la controversia de fondo. Dicho de otro modo, que dicte una nueva sentencia dentro del marco de lo resuelto por el tribunal de apelación y lo reclamado en el recurso.

Así entonces y teniendo en cuenta que la controversia de fondo versa sobre la pertinencia del reconocimiento del pago de las primas anuales, el desahucio y el incremento salarial, se debe convenir que tales derechos controvertidos se encuentran regulados por normas sustantivas específicas. Ergo, si el yerro del juzgador radicara en la calificación de tales derechos ya sea para estimarlos como vulnerados o no y, en su caso, tutelarlos o no, mal podría tenerse como vulnerado, entre otros, la Ley de Pensiones y la R.M. 868/10 en el marco del derecho al desahucio, por cuanto tal derecho se encuentra regulado por el art. 12 de la Ley General del Trabajo, norma que fue considerada como fundamento legal en la decisión del Tribunal de Apelación.

De admitirse una interpretación contraria, el Tribunal de Casación, en términos de casación en el fondo, no tendría posibilidades de fallar en lo principal del litigio dentro del marco establecido por la citada Ley de Pensiones, mucho menos de la R.M. N° 868/10, por cuanto tendría que aplicar dicha normativa sabiéndolas ajenas al derecho subjetivo controvertido consistente en el desahucio.

Sin embargo de lo expuesto, admitido como se encuentra el recurso, se debe convenir que la improcedencia o el hecho de declarar improcedente un recurso, tiene íntima relación con el acceso a la justicia, por cuanto a esa emergencia el Tribunal de Casación excusa pronunciamiento en el fondo, sustrayéndose de emitir criterio sobre los derechos subjetivos controvertidos que indujo a las partes activar la jurisdicción; de ahí que, en tanto el recurso no entrañe una grosera infracción de las formas al grado tal que impida materialmente activar la competencia del Tribunal, corresponde expedir pronunciamiento velando por que las partes obtengan una respuesta a sus pretensiones de fondo (función dikelógica), a la vez de garantizar la uniforme interpretación de la Ley a los fines de la seguridad jurídica.

Analizando el recurso desde ésta otra perspectiva y aun infiriendo que la simple referencia que hace el recurrente sobre tales normas suponga acusación de infracción y consintiendo que tal cita traduzca referencia pertinente para la solución de la controversia, éste Tribunal no encuentra fundados los motivos traídos a juicio, por cuanto:

En lo que respecta al pago de las primas anuales, el Tribunal de Apelación justificó ampliamente su procedencia, respaldando sus fundamentos en la inversión de la prueba y presunción de certeza previstos en los arts. 3.h) y j) y art. 181 ambos del Código Procesal del Trabajo, así como en la jurisprudencia establecida en el Tribunal de Casación, citando inextenso la ratio decidendi del A.S. N° 70 de 25 de febrero de 2015, según los cuales, el no poseer “fines de lucro” no supone pasar por alto el reconocimiento de los derechos y beneficios sociales que correspondan a los trabajadores. Consiguientemente éste Tribunal no encuentra fundados los motivos recursivos traídos por el recurrente.

En cuanto al desahucio, se advierte que el Tribunal de Apelación obró en el marco de la corrección, fallando con total sindéresis jurídica, en razón a que independientemente a que la invitación a la jubilación haya tenido origen en el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de Pensiones, correspondía, de todos modos, cumplirse con el presupuesto legal previsto por el art. 12° de la Ley General del Trabajo, esto es, otorgarle un pre aviso al trabajador de 90 días de anticipación; aspecto que no fue cumplido por la entidad demandada y, siendo así, justo es que se le reconozca derechos sobre el desahucio.

Sobre el incremento salarial, el recurrente pretende la exclusión de determinados periodos, con base en la cita de cuatro decretos supremos, sin especificar las razones, por lo que éste Tribunal se encuentra imposibilidad de emitir pronunciamiento aún a fuerza de interpretación de lo expuesto en el recurso. En todo caso y deduciendo que se tratara de la referencia expresa que hacen dichos decretos supremos sobre las entidades públicas, corresponde aclarar que todos los decretos supremos relativas a las gestiones de 2002 a 2011 incluyen también al sector público, de tal modo que no se encuentra razones fundadas para excluir el pago de las mismas con base en tales alegatos.

En lo demás del recurso, se advierte que la problemática traída en casación no fue materia de discusión en las instancias, mucho menos del recurso de apelación, por lo que no corresponde mayor análisis.

Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que no son evidentes las infracciones acusadas, por lo que, no encontrándose fundados los argumentos del recurso, corresponde dar aplicación del art. 220.2) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439); aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 215 a 217 interpuesto por Roberto René Alarcón Loza, en su condición de Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), contra el Auto de Vista N° 69/2016 de 8 de junio. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 ARTÍCULO 220. (FORMAS DEL AUTO SUPREMO).

La forma del auto supremo será: (…) IV. Casando, cuando la resolución infringiere la Ley o leyes acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser total o parcial.