TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 113

Sucre, 28 de marzo de 2018.

Expediente:                169/2018

Demandante:        Ingrid Vargas Banegas de Alarcón, beneficiaria de Germán Alarcón Peña)

Demandado:                Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 118-114, interpuesto por Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino, en representación del Director General Ejecutivo del Servicio de Reparto (SENASIR), Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista N° 44 de 10 marzo de 2017, cursante a fs. 111 y vta., emitido por la Sala Primera en materia del Trabajo, Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación por pago de Renta de Viudedad, formulada por Ingrid Vargas Banegas de Alarcón, al fallecimiento de su esposo Germán Alarcón Peña, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 126-125 vta., el Auto Nº 65 de fs. 127 y vta., por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 169-A de 12 de mayo de 2017 cursante de fs. 137 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución Comisión Nacional de Prestaciones:

Que, por Resolución Nº 0001219 de 15 de marzo de 2015, cursante a fs. 20-17, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema Nacional de Reparto (SENASIR), DESESTIMÓ, conceder la renta de viudedad solicitada por Ingrid Vargas Banegas.

Resolución de la Comisión de Reclamación:

Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la beneficiaria (fs. 52-51 vta.), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 198/16, de 03 de mayo (fs. 71-65), confirmó la Resolución Nº 0001219, de 15 de marzo de 2016, expedida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al encontrar que se encuentra de acuerdo a los datos del expediente y la normativa que rigen la materia.

Auto de Vista:

Interpuesto Recurso de Apelación por la beneficiaria (fs. 83-82), la Sala Primera en materia del Trabajo, Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, expidió el Auto de Vista N° 44, de 10 de marzo de 2017, cursante a fs. 111 y vta., que REVOCÓ la Resolución N° 0198/16 de 03 de mayo de 2016 y deliberando en el fondo ordenó al SENASIR, proceder a calificar la renta de viudedad de la solicitante INGRID VARGAS BANEGAS DE ALARCÓN y sea a partir del mes siguiente al fallecimiento del de cujus GERMAN ALARCÓN PEÑA.

Motivos del Recurso de Casación:

Contra la Resolución emitida por el Tribunal de Apelación, Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattyz Pino, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, formularon Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de apersonarse y efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, acusaron:

Que el Considerando Segundo, numeral 1ro., del Auto de Vista impugnado, se sustenta en la fe probatoria de la solicitante hubiese acreditado ser la esposa del titular de la renta, señor Germán Alarcón Peña, valorando el certificado de matrimonio de fs. 49, asignándole el valor previsto por el art. 160 del Código de Familias y del Proceso Familiar; mientras que en el numeral 2do., de este fallo, se analizó los fundamentos de las Comisiones Nacional de Prestaciones y de Reclamación del SENASIR, estableciendo que mientras no sea declarada la nulidad del matrimonio, por sentencia judicial a instancia de los titulares de la acción, esta filiación se mantiene vigente.

Aludieron que el SENASIR, debe iniciar las acciones judiciales pertinentes, para que con su resultado se suspenda la renta de viudedad o niegue ese derecho, cuando el espíritu de la norma es que ya cuenta con la facultad de suspender o negar ese derecho directamente, cuando la documentación no se encuentre a derecho y se vea irregularidades en su constitución, evidenciando una incorrecta valoración de la norma aplicable, consistente en los arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) y 52 del Código de Seguridad Social (CSS).

Los numerales 3ro., y 4to., del mismo Considerando, efectúan una incorrecta apreciación de la norma aplicable, al señalar que el SENASIR, no tiene potestad para calificar de viciado de nulidad el segundo matrimonio. Aspecto que es evidente, porque no puede realizar esa descalificación de un documento emitido por un órgano competente; empero, cuenta con el Manual y la economía jurídica del ámbito de la Seguridad Social por las que se rige, en los que se establecen procedimientos y requisitos a cumplir para calificar una renta, como en el caso presente que se identificó que “hubiera impedimento legal para contraer matrimonio”, establecido en dicho MPRCPA en concordancia con el CSS ya citados precedentemente.

Afirman que no se consideró que la solicitante tuvo más de 33 años para regularizar su situación desde el año 1982 hasta 2015, sin embargo, después de dos meses del deceso del titular de la renta, recién lo hizo, pretendiendo hacer valer una relación singular y continua por ese tiempo, aspecto que no consideró el tribunal de alzada, pues ella, no contaba con libertad de estado para suponer siquiera una unión libre y consensuada, cuya exigencia de validez es que sea estable y singular, conforme refieren los arts. 41, 46, 137, 140, 148 y 204 de la Ley Nº 603, habiendo ido el tribunal, más allá de lo solicitado al sentar por hecho la situación civil de la solicitante, respecto del titular de la renta, quien si bien procreó una hija con él, este hecho, no demuestra estabilidad ni singularidad, evidenciando que no fue valorada adecuadamente la prueba.

Por ello fundamentó que se transgredieron los arts. 34, 34 del MPRCPA, concordante con el art. 52 del CSS, pues al ser normativa que rige la Seguridad Social, se enmarca al debido proceso y a la seguridad jurídica, que en el caso presente, no se aplicó ni respetó la ley, citando el aforismo jurídico DURE LEX SED LEX, transgrediendo las previsiones del art. 168-III de la Ley Nº 603, concluyendo el recurso, con la transcripción de todas las normas citadas, incluidos los arts. 8, 45 y 108 de la CPE, fundamentando que resulta erróneo el razonamiento que se estaría negando el derecho al acceso a una renta de viudedad, sino que simplemente se consideró la documentación que cursa en obrados, sin que sea necesario la emisión de una sentencia que declare la falsedad de los datos, en mérito a una presunción iuris tantum

Petitorio:

Solicitaron que en resguardo de los intereses económicos del Estado, se conceda el recurso de casación, para que este Tribunal resuelva, CASANDO el Auto de Vista recurrido y se confirme la Resolución emitida por la Comisión de Reclamaciones del SENASIR.

Respuesta a la Casación:

Por memorial de fs. 126 a 125 vta., la solicitante Ingrid Vargas de Alarcón, respondió el recurso de casación, alegando que el recurso no cumple la técnica recursiva prevista por los arts. 271 y 274 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil (CPC).

Por otra parte, citó los AA.SS. Nos. 351 de 19 de septiembre de 2012, 454 de 26 de noviembre de 2014, 96/2015 de 02 de abril de 2015, 326 de 05 de octubre de 2016, que sustentan su pretensión, para que se le concede la renta de invalidez al fallecimiento de su esposo, que por derecho le corresponde, solicitando que se declare Infundado el recurso promovido.

Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 169-A de 12 de mayo 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 114-118, interpuesto por los apoderados del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 44 de 10 de marzo de 2017, cursante a fs. 111 y vta.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso en concreto.-

A fin de dilucidar la presente problemática corresponde recordar que, en aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.

Por ello es que la jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Se debe tener presente también, que la renta de viudedad, se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y por ello a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen derecho asimismo, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Consiguientemente se concluye que el derecho a la renta de viudez (viudedad en nuestra legislación), constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.

Por otra parte, debe considerarse también que conforme instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia

Al respecto, los art. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA establecen, las condiciones para el pago con carácter vitalicio de la Renta de Viudedad y quienes son los beneficiarios de tal derecho, instituyendo en primer orden, a la esposa u esposo y en segundo a la conviviente o conviviente.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la renta de viudedad es “la esposa” del titular de la renta Germán Alarcón Peña (causante) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 49, documento que, hasta mientras no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto por el art. 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

En ese sentido, si bien en la causa que nos ocupa, la institución estatal guarda duda respecto de la legalidad del matrimonio celebrado entre Germán Alarcón Peña e Ingrid Vargas Banegas, puesto que se argumenta por el SENASIR que, al momento de celebrarse el matrimonio entre la derechohabiente, (hoy solicitante de la renta de viudedad) y el causante (titular de la renta de vejez), existía un impedimento legal para la celebración de su matrimonio (partida vigente); pues, aquella circunstancia se traduce en una causal de nulidad del matrimonio, conforme la previsión normativa del art. 168 inc. d) del CF, que hasta en tanto no sea declarada nula por sentencia judicial, a instancias de los titulares de dicha acción, se mantiene vigente.

Por eso, corresponde señalar la determinación asumida por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente enmarcada a derecho, no siendo evidente la vulneración de las normativas denunciadas por la parte recurrente, máxime si se advierte en obrados que la derecho habiente presentó solicitud de pago de renta de viudedad, para lo cual adjuntó certificado de matrimonio, fotocopia simple de C.I. de su esposo, certificado de defunción, entre otros, donde se advierte que Ingrid Vargas Vanegas figura cónyuge sobreviviente, acreditándose que mantuvo 33 años de convivencia y habría procreado una hija, conviviendo los dos últimos años con dicho De cujus, cumpliendo con los deberes de esposa hasta el fallecimiento del Titular de la Renta y acomodando su pretensión a las previsiones de los arts. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza que la cónyuge supérstite acompañó a su esposo hasta los últimos días de su vida, aspecto corroborado por las literales cursantes a fs. 35 y 36 del trámite de la renta de vejez tramitada por su causante y fs. 79 al 86, en la primera parte del Trámite de renta de Viudedad y fs. 32 a 49 de la segunda parte del mismo trámite, consistentes en certificados y otros documentos que demuestran ese vínculo matrimonial, inclusive registrado en la Caja de Salud de donde se encontraban afiliados.

Ahora bien, si bien es evidente que no se puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, por lo que el SENASIR calificó como viciado de nulidad el segundo matrimonio que une a la solicitante con su causante, empero esta determinación no le corresponde, pues dicha entidad debe ajustar sus actos a derecho, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional, para posteriormente recién proceder a imponer la sanción que corresponda; en ese mismo sentido el Auto de Vista determinó que si bien el primer matrimonio, fue disuelto judicialmente, el segundo no fue objeto de anulación y se encuentra subsistente hasta la fecha.

La normativa aplicable a la seguridad social, no refiere que el SENASIR debe pedir previamente la anulación del vínculo matrimonial y posteriormente recién proceder a la suspensión o denegatoria de la renta; tampoco deja de ser evidente que al constituir instancias administrativas de decisión, vinculadas a derechos fundamentales de los ciudadanos, las resoluciones que de estas instancias emerjan, deben obedecer a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto, empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro hómine y el resguardo al debido proceso, entre otros, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9 y 45-II, 178 y 180-I de la CPE; máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad y por tanto de protección especial para el Estado.

En consecuencia en virtud de los fundamentos constitucionales de seguridad social citados anteriormente; siendo que las normas deben adecuarse conforme a la Constitución Política del Estado, corresponde manifestar que la solicitante se constituye legalmente y por justicia en beneficiaria de la renta de viudedad invocada porque, el privar de dicho beneficio implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no sólo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera los arts. 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA y 168-III del CF, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 118-114, interpuesto por Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista N° 44 de 10 marzo de 2017, cursante a fs. 111 y vta., emitido por la Sala Primera en materia del Trabajo, Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.