TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., Y SOCIAL ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 111-1

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente                        : 585/2017

Demandante                : SESIGA BUHOS S.A

Demandado        : Graco Santa Cruz del SIN

Materia        : Contencioso Tributario

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Tramitador: María Cristina Díaz Sosa


VISTOS EN SALA: En mérito a los memoriales de fs. 161 a 162 y 165, de solicitud de Medidas Precautorias, de la revisión de antecedentes procesales, vía saneamiento y dirección procesal, se tiene:

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), interpone recurso de casación, contra el Auto de Vista 52 de 28 de abril de 2017, de fs. 120 a 125, pronunciado por la Sala Social Contenciosa Administrativa y Contenciosa Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso Contencioso Tributario seguido por la empresa Servicios Especializados de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental (SESIGA) BUHOS SA contra la institución recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 148, el Auto de fs. 157 de admisión, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

SESIGA BUHOS SA, por escrito de fs. 23 a 29, interpone demanda Contenciosa Tributaria contra GRACO Santa Cruz del SIN, impugnando el Auto Motivado Nº 79-25-000125-16 de 4 de octubre, que rechaza la solicitud del contribuyente SESIGA BUHOS SA, de mantener vigentes, firmes y subsistentes las Resoluciones Administrativas de Facilidad de Pagos. Conocida la demanda, la entidad demandada por escrito de fs. 47 a 50, interpone Excepción Dilatoria por Falta de Competencia del Tribunal, señalando que el Auto Impugnado no cumple con el requisito establecido en el art. 174 de la Ley 1340, siendo un acto administrativo de mero trámite o de procedimiento, y no un acto definitivo, porque no versa respecto a tributos determinados y mucho menos a la aplicación de sanciones, ya que deriva de un proceso administrativo de incumplimiento de facilidades de pago por deudas auto determinadas por el propio contribuyente, que ante su incumplimiento se convierten automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria, los que son inimpugnables, tal como lo establece el art. 108.8 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). Corrido el trámite, el juez de grado por Auto de fs. 74 a 75, declara improbada la excepción de incompetencia, en virtud a la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que dispone que los juzgados y salas en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, continuarán ejerciendo sus competencia hasta que sean reguladas por Ley como jurisdicción especializada. En conocimiento del Auto Interlocutorio, la entidad demandada interpuso recurso de apelación a fs. 83 a 87, concedido en efecto suspensivo por auto de 23 de febrero de 2017 (fs. 108), resuelto por el Auto de Vista descrito al exordio por el que la Sala Social Contenciosa Administrativa y Contenciosa Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó en su totalidad el Auto impugnado, bajo el argumento que el problema de fondo es emergente de la relación jurídica tributaria entre el contribuyente y la administración tributaria, encontrándose bajo su competencia conforme prevé el art. 157 de la LOJ, vigente al momento de la promulgación de la Ley 1340.

El Auto de Vista, motivó que, la administración tributaria formule recurso de casación, cursante de fs. 133 a 140 de obrados, expresando que vulnera el Debido Proceso, porque carece de fundamentación y motivación, lesionando así los derechos de la Administración Tributaria. Argumenta que no se pronuncia con relación al argumento que el acto administrativo impugnado vía Contencioso Tributario, no es susceptible de impugnación porque no determina tributos ni sanciones (art. 174 de la Ley 1340), ya que no se constituye en un acto administrativo definitivo; deriva de una solicitud por el incumplimiento del pago de las facilidades de pago otorgados al contribuyente, incumplimiento que automáticamente se convierte en Título de Ejecución Tributaria (art. 108.8 de la Ley 2492). Que, la falta de fundamentación del Auto de Vista, ocasiona la vulneración de la garantía constitucional al Debido Proceso y por consiguiente la supresión del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE); por lo que pide al Tribunal Supremo de Justicia, Anular el Auto de Vista recurrido, y/o en su caso Case el mismo; declarando probada la Excepción Dilatoria por falta de competencia de la juez, rechazando la demanda interpuesta y manteniendo firme el Auto Motivado impugnado.

II. CONSIDERACIONES LEGALES.

El art. 108 de la CPE dispone: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes”, deber inexcusable, de toda autoridad judicial a tiempo de conocer y resolver cualquier causa que sea de su competencia; concordante con el art. 15 de la Ley 025 de 24 de junio de 2010 Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Coherente con lo manifestado, recordar que la ley 719, dispuso que el Código Procesal Civil (Ley 439), está en vigencia plena a partir del 6 de febrero de 2016, en el caso de autos, el recurso de casación de fs. 133 a 140, fue presentado ante autoridad competente el 26 de octubre de 2017, es decir en plena vigencia del Código Procesal Civil.

Respecto a la excepción de incompetencia, corresponde señalar que conforme orienta la doctrina y la jurisprudencia construida por este Tribunal Supremo, el planteamiento de las excepciones previas y dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o impersonería), de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar el proceso; de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento.

A decir de Palacio, las excepciones previas o dilatorias, “Son aquellas oposiciones que, en caso de prosperar, excluyen temporariamente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera que tan solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía”. Al respecto, el art. 237.6 de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 Código Tributario (CT), considera la Falta de Competencia del tribunal como una excepción dilatoria, cuyo trámite lo determinan los arts. 238 y 239 del mismo texto legal; el auto que resuelva la excepción, será apelable sólo en el efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días (art. 240 CT); en caso que la excepción fuere rechazada se conminará al demandado a contestar la demanda dentro de los cinco días siguientes al de notificación del auto o providencia (art. 241 CT).

Si la excepción de incompetencia se declara probada, la apelación debe concederse en el efecto suspensivo, sin perjuicio de plantearse recurso de casación, al tratarse de una resolución definitiva que suspende la competencia del Juez de la causa y pone fin al proceso.

Si la finalidad primordial de las excepciones previas es atacar el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio o del derecho controvertido, al ser declarada improbada por el juez de la causa, no pone fin al proceso, por eso que su concesión deberá ser en efecto devolutivo (art. 240 Ley 1340), consecuentemente la resolución tiene la calidad de Auto Interlocutorio, que a decir del art. 210 del CPC son, los autos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso, que resuelven cuestiones accesorias, que si bien constituye, niega o modifica una pretensión, no resuelve la pretensión de fondo y tampoco pone fin a la causa; resoluciones que a diferencia de los Autos definitivos, que son aquellos que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa (art. 211 CPC).

Un auto definitivo y una sentencia se asemejan en cuanto a su alcance porque ambas resoluciones requieren sustanciación y lo más importante ambas ponen fin al proceso, pero la diferencia radica en que un auto definitivo no resuelve el fondo de la demanda principal, lo que sí ocurre con la sentencia.

Se debe aclarar que el Auto de Vista impugnado vía casación confirma plenamente el Auto Interlocutorio y por tanto no es susceptible de mayor recurso que el de apelación.

Al ser el recurso de casación o nulidad, un medio extraordinario de impugnación, que se asemeja a un juicio de puro derecho, mediante el cual se impugna la correcta aplicación, al caso concreto de normas sustantivas o la idónea interpretación y aplicación de los procedimientos previstos en las normas adjetivas, vía casación en el fondo o en la forma, según corresponda, es pertinente tener presente que a tiempo de redactar un recurso de nulidad o casación, imperativamente se debe observar determinadas formalidades procesales, las cuales no tienen por objeto burocratizar este recurso, por el contrario, las mismas pretenden hacer efectivo este medio extraordinario de impugnación, garantizando la efectividad de los principios de congruencia, especificidad, motivación y seguridad y seguridad jurídica, la omisión de dichas formalidades implicará se declare la improcedencia del mismo.

La razón por la cual se considera a la casación como un medio extraordinario de impugnación, es porque no todas las resoluciones judiciales que se emitan en primera instancia pueden ser impugnadas vía casación o nulidad, únicamente llegan a casación los autos definitivos y las sentencia, no así las providencias y los autos interlocutorios.

Asumiendo que el origen de la presente controversia procesal es una excepción, este instituto está regulado en el art. 338 y siguientes del CPC, norma procesal que refiere: “Toda cuestión accesoria con el objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado, se tramitará en la vía incidental”. Respecto a los mecanismos de impugnación dispuestos contra la decisión judicial que resuelve un incidente, taxativamente el art. 344 del CPC, no prevé la posibilidad de interponer contra el auto de vista que resolviere un incidente, recurso de casación, previsión legal que en concordancia con el art. 270 del mismo cuerpo legal, en la última parte de su parágrafo I refiere: “y en los casos expresamente señalados por Ley”.

Todas estas previsiones legales hacen que este Tribunal llegue a la conclusión de que los autos de vista que resolvieran incidentes, dentro un proceso contencioso tributario, no pueden ser impugnados vía recurso de casación, en mérito a que un incidente en esencia no pone fin a un proceso, consiguientemente, la decisión judicial con la que se resuelve un incidente es un auto interlocutorio y no un auto definitivo o una sentencia.

Un razonamiento contrario a lo manifestado, es decir el permitir que un auto interlocutorio pudiera ser impugnado hasta el recurso de casación, implicaría vulnerar el principio de celeridad y economía procesal, toda vez que una cuestión accesoria a lo principal, que no tiene incidencia directa con el objeto de la Litis, no puede ser el motivo para mover toda la estructura procesal que se habría concebido para la resolución de los diferentes recursos de casación y nulidad, permitiendo de esta manera desnaturalizar la esencia misma del recurso de casación, como es su extraordinariedad, sumándose a ello la posibilidad de que surjan nuevos mecanismos de dilación que los diferentes sujetos procesales, pudieran utilizar con la única finalidad de dilatar los diferentes procesos contenciosos tributarios.

A mérito de todo lo argumentado y fundamentado, amparados en el principio de saneamiento, previsto en el parágrafo I, art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), art. 1 num. 8 del Código Procesal Civil, en relación con el parágrafo II del art. 105 y parágrafo I del art. 106, ambos del mismos Adjetivo Civil, aplicables al caso de autos, conforme lo previsto en los arts. 214 y 297 párrafo segundo del Código Tributario Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, corresponde sanear el presente proceso.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a lo previsto en el art. 108 de la Constitución Política del Estado, arts. 214 y 297.II de la Ley 1340, arts. 344, 270.I y 106.I del CPC, dispone ANULAR OBRADOS hasta fs. 157 inclusive, toda vez que el mismo fue admitido sin haber realizado un análisis exhaustivo sobre la precedencia o no del recurso, limitándose a verificar el cumplimiento de las cuestiones de forma; por lo que reencausando procedimiento, vía saneamiento y dirección procesal, corresponde declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de casación.

Se llama severamente la atención a los señores vocales de Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que concedieron el recurso de casación, debiendo prestar mayor diligencia en su trabajo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.