TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 108

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente                        : 014/2017

Demandante                : Sabino Achaya Cerpa y Marcial Achaya Mamani

Demandado        : Waldo Inocente Terán

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Oruro

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Waldo Inocente Terán cursante a fs. 125 a 127 vta. de obrados en contra del Auto de Vista Nº AV-SECCASA 98/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; el Auto Supremo No 14-A de fecha 13 de Enero de 2017 cursante a fs. 141 a 141 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por remuneración devengada seguido por Sabino Achaya Cerpa y Marcial Achaya Mamani en contra de Waldo Inocente Terán; el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 003/2016 de fecha 07 de Enero de 2016 cursante a fs. 96 a 98 vta., declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, determinando que el demandado Waldo Inocente Terán cancele a favor de los actores conforme al siguiente detalle: saldo de remuneración en la suma total de Bs.3.000 (tres mil 00/100 Bolivianos).

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 100 a 102, por los actores Sabino Achaya Cerpa y Marcial Achaya Mamani, la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No AV-SECCASA 98/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, cursante a fs. 118 a 123 vta., que revoca la sentencia apelada No 003/2016 de fecha 07 de Enero de 2016, declarando improbada la excepción de pago y probada la demanda.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Waldo Inocente Terán interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 244/17 de fecha 18 de noviembre de 2016, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene una indebida e incorrecta aplicación del art. 1 de la Ley General de Trabajo, art. 2 y 9 del D.S. Nº 28699 y una errónea apreciación de la pruebas, bajo los siguientes argumentos:

1.- El recurrente alega que entre su persona y los actores no existió una relación laboral; ya que su persona solamente contrató al demandante Marcial Achaya Mamani para la ejecución de un proyecto de construcción de 50 viviendas en el municipio de la Rivera del departamento de Oruro, no teniendo ninguna relación contractual con el Sr. Sabino Achaya López, en tal sentido considera que la relación que emerge con el demandante Marcial Achaya Mamani, es un contrato de obra, vinculada al art. 732 del Código Civil, no configurándose ninguno de los elementos que constituyan una relación laboral conforme lo establece el art. 1 de la Ley General de Trabajo y art. 2 del D.S. Nº 28699, al efecto solicita que se valore que en el caso en concreto no se pactó horario, derecho de vacaciones, aguinaldo, ni mucho menos salario mensual, condiciones de una relación laboral.

2.- Por otra parte, indica que existe error de derecho en la apreciación de la prueba; por cuanto el Tribunal de alzada llega a la conclusión errada de la valoración del acta de conciliación celebrada en el Ministerio de Trabajo, que su persona se hubiera obligado a pagar la suma de Bs.33.200 como sueldos devengados, aspecto que no contempla el acta, sin considerar que la misma no tiene más valor y significación legal que la emergente del empeño de las partes de llegar a un entendimiento y en el caso en concreto su persona jamás menciono que se adeudaba la suma de Bs.33.200 a favor del actor Marcial Achaya Mamani, si bien reconoció la deuda, jamás señalo el monto de la misma.

Indica, por otra parte, que en el ejercicio de su derecho y con la facultad del art. 127 Inc. b) del CPT, interpuso la excepción de pago documentado, adjuntado documentos originales en copia que llevan la firma del Sr. Marcial Achaya Mamani incluido su número de cedula de identidad, los cuales acreditan que su persona cancelo la suma total de Bs.32.200, teniendo una obligación pendiente de Bs.3000; sin embargo el Auto de Vista no contrasto las pruebas vinculadas a la contestación de la excepción, en donde Marcial Achaya Mamani reconoce que su persona entrego aquellos montos de dinero, pero que corresponden a otra obra de la localidad de Todos Santos, cuando la prueba indica que corresponde al municipio de La Rivera, por lo que el Tribunal de alzada no expresa porque razón no tienen valor alguno dicha prueba.

3.- Para finalizar el recurrente, indica que existe una arbitraria e indebida interpretación del pago de la multa del 30 %, por cuanto consideran que la relación que tenía con uno de los actores, no emerge de una relación laboral, por lo cual en el caso en concreto no existió un despido directo o indirecto, tampoco señala la demanda que fueron despedidos o que hubieran renunciado, lo que pretenden los actores en su demanda es el pago de la ejecución de una obra sujeta al ámbito civil en calidad de maestro contratista, pues lo contrario significa que se genere una incertidumbre jurídica que al solo incumplimiento de una obligación todos los ciudadanos estaríamos sujetos a multa del 30 % señalado por el D.S. 28699.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

Contestado el recurso de casación por los actores de Sabino Achaya Cerpa y Marcial Achaya Mamani; indican que se debe considerar que la relación laboral establecida en el proceso, no fue objeto de apelación ni objetado por el demandante ante el juez de primera instancia y por el contrario reconoció la relación obrero patronal.

En relación a la valoración de la prueba corresponde establecer que la misma fue valorada de manera integral y correcta por parte del Tribunal de Alzada, y por el contrario le correspondía al recurrente demostrar con documentos auténticos la equivocación manifiesta de la autoridad judicial conforme al principio de inversión de la prueba reconocido en el art. 48 de la CPE.

En conclusión solicita que se declara INFUNDADO el recurso de casación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De las causales de casación.

El art. 271 del Código Procesal Civil establece que: I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del Auto de Vista.

De la legitimación para interponer el recurso de casación:

El art. 272.I de la Código Procesal Civil es taxativo en establecer que: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el Auto de Vista.”

Del per saltum.

El AS Nº 746/2016 de fecha 28 de junio de 2016 pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, establece que: “El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.” 

Del error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el Juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos de que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba.

Ámbito de aplicación del D.S. Nº 28699 y la multa del 30 % en caso de incumplimiento en el pago de derechos adquiridos y beneficios sociales:

El art. 2 del D.S. Nº 28699 establece que de conformidad al artículo primero de la Ley General del Trabajo, que determina de modo general que los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena. c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

El mismo decreto supremo citado, al ser una norma jurídica de carácter sustantivo, prevé una sanción en caso de incumplimiento, cuando el art. 9 del mismo precisa en su parágrafo I y II, que, en caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una indebida e incorrecta aplicación del art. 1 de la Ley General de Trabajo, arts. 2 y 9 del D.S. Nº 28699 y una errónea apreciación de la pruebas; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En relación a la indebida e incorrecta aplicación del art. 1 de la Ley General de Trabajo y art. 2 del D.S. Nº 28699; conforme a los antecedentes del proceso, corresponde establecer que, tanto la demanda como la respuesta a la misma, son actos procesales que constituyen la base de la sentencia, de manera que, lo demandado, contestado, excepcionado, alegado y probado por los sujetos procesales, debe ser resuelto en forma pertinente o congruente, exhaustiva y fundamentada en la sentencia que pone fin a la primera instancia resolviendo el contradictorio. Nada que no esté demandado, debidamente contestado, excepcionado o reconvenido, y por tanto fuera de la relación procesal, será motivo de decisión, pues de no ser así el fallo podría ser tachado de ultra, extra o citra petitio, corriendo la sentencia el riesgo de la nulidad procesal absoluta. Cuando un litigante que ha sufrido agravios mediante la sentencia no apela de la misma, o al hacerlo contraviniere las exigencias legales de fundamentación de dichos agravios, pierde el derecho a recurrir en casación porque no es aceptable un "per saltum" (pasar por alto), ya que debe agotarse legalmente la segunda instancia para recurrir al medio extraordinario de impugnación que es de puro derecho. Así se infiere de la interpretación del artículo 271.II del Código Procesal Civil con relación al artículo 272.I del mismo cuerpo de normas adjetivas, por cuanto el Tribunal de alzada se ve imposibilitado de resolver las quejas del apelante, y verificar si efectivamente son producto de la sentencia de grado anterior, así como el de casación cuando corresponda.

En la especie, el recurrente acusa que el tribunal de apelación que hubiera incurrido en la indebida aplicación e errónea interpretación del art. 1 de la Ley General de Trabajo y el art. 2 de D.S. Nº 28966, por cuanto considera que entre su persona y los actores no existió una relación laboral, y en mérito a ello, la resolución del conflicto debía ser en el ámbito civil, la existir un contrato de obra de por medio.

En ese contexto, debemos precisar, que el demandado Waldo Inocente Terán, pese a estar legalmente notificado con la demanda interpuesta por los actores, el mismo en el plazo que señala la ley, no contestó la misma, por lo cual fue declarado rebelde; y una vez que se apersono al proceso y purgo la rebeldía ordenada, se limitó a interponer la excepción de pago documentado; es decir, el recurrente nunca observo o cuestiono la competencia laboral en la cual estaba siendo demandado por el pago de remuneración devengada, cuando la facultad que tiene la parte demandada en el campo del derecho laboral de cuestionar la competencia del juez en su primer acto a través de la excepción previa de incompetencia prevista en el art. 127 del Código Procesal del Trabajo, la cual no es una limitante para que en el transcurso del proceso, o inclusive a tiempo de dictar la sentencia el juez de oficio y en forma motivada, pueda declarar su incompetencia porque el instituto de la competencia judicial es de orden público y de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el art. 11 y 12 de la Ley 025.

Por el contrario, el recurrente aceptó y se sometió a la misma, ya que incluso una vez pronunciada la sentencia de primera instancia, la misma al ser favorable a sus intereses, tampoco apelo de la sentencia, aceptando sus efectos que derivan de la jurisdicción y competencia a la que se sometió y solo cuando el Auto de Vista le es desfavorable, recién observa la competencia laboral para la resolución del conflicto que lo enfrenta con los demandantes, de lo cual se concluye que son aspectos que no fueron motivo del debate en primera instancia y menos introducidos en la apelación, de ahí que tanto la sentencia como la resolución superior no se ha pronunciado al respecto, por consiguiente tampoco corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia pronunciamiento alguno,  sobre tales alegaciones, porque de hacerlo se estaría frente a un "per saltum".

Resulta totalmente contradictorio que el Auto de Vista recurrido, haya causado un agravio al recurrente relacionado a la competencia laboral, si los argumentos expuestos en el recurso de casación, no fueron objeto de control por el Tribunal de alzada, por cuanto el recurrente no apelo de la sentencia -le era favorable-, y con ello, acepto la jurisdicción y competencia laboral la que se sometido voluntariamente, por lo cual se concluye que el recurrente carece de legitimidad para interponer el medio recursivo, por este aspecto.

Muy aparte de ello, debemos reconocer que la relación laboral existente entre los actores y el demandado, fue demostrada durante el transcurso del proceso, conforme determina el art.1 de la Ley General del Trabajo y art. 2 del D.S. Nº 28699, ya que se demostró la relación de dependencia y subordinación de los trabajadores respecto al empleador, conforme a las pruebas cursantes a fs. 64, 65, 70 y 71 de obrados, de donde se extrae que los actores trabajaban bajo la dirección de un arquitecto, quien les instruía como debían realizar el trabajo; de igual manera se demostró la prestación de trabajo por cuenta ajena, ya que conforme cursa a fs. 74 de obrados, consistente en la confesión provocada del demandado Waldo Inocente Terán, quien reconoció que los actores eran sus trabajadores y por último se demostró la percepción de remuneración o salario, la cual también fue reconocida por el propio demandado en su confesión provocada, quien solo reconoció un saldo por pagar de Bs.3000, por lo cual se concluye que existió una relación laboral entre los actores y el demandado.

2.- Por otra parte, y en relación a la incorrecta valoración de la prueba; debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se conoce, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación previsto en el art. 3 Inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

En el caso en concreto, no se observa que exista un error de derecho en la apreciación de las pruebas, que en realidad y conforme al fundamento expuesto en el recurso de casación, sería un error de hecho; por cuanto el Tribunal de alzada en la valoración realizada, efectivamente reconoce que el acta de conciliación no establece montos específicos de lo adeudado, no obstante de ello, se observa que el Tribunal de alzada, realizó una valoración integral de la prueba, la cual la contrastó con la fotocopias legalizada del acta de denuncia interpuesta por los actores ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro-Bolivia, en donde sí se exponen montos específicos de remuneración devengada, por una parte la suma de 22.000 más 100 bolivianos y por otra 11.000 más 100 bolivianos, haciendo un total de Bs. 33.200, que fueron reclamados por los actores en instancia administrativa y que no fueron negados por el demandado en audiencia de conciliación, en donde el reconoció lo adeudado y se comprometido a cancelar la misma.

En ese contexto, es importante puntualizar que conforme cursa a fs. 49 a 51 de obrados, el recurrente al momento de oponer la excepción de pago documentos adjunta como prueba de su pretensión recibos de pagos realizados en fecha 02 de octubre de 2014 por la suma de Bs. 1000, en fecha 23 de Octubre de 2014 por la suma de Bs.18.000 y en fecha 29 de Octubre de 2014 por la suma de Bs.13.200, los cuales sumados hacen la suma de Bs. 32.200, esta información es importante, por cuanto en su demanda los actores reclamaban un pago de remuneración devengada en la suma de Bs. 33.200, reconociendo que el monto acordado con el demandado era la suma de Bs. 35.200, de los cuales los actores reconocieron haber recibido al suma de Bs. 2000, los mismos que extrañamente no fueron considerados en sentencia, ya que la misma al declarar probada la excepción de pago interpuesta por el demandado, solo reconoció una saldo a favor de los actores en la suma de Bs. 3000, cuando si se suman los Bs. 32.200 que supuestamente hubieran demostrado el demandado en su excepción de pago documentado y los Bs. 2000 que reconocieron los actores haber recibido, tenemos la suma de Bs. 34.200 y un saldo por pagar solo de Bs. 1000, lo que resulta ser ilógico de acuerdo a la pretensión de los actores e incluso ilógico desde el punto de vista del demandado quien reconoce solo deber la suma de Bs. 3000 a favor de los actores.

No obstante de ello, la información que cursa en los antecedentes glosados, es muy importante a los fines de contrastar si existió una correcta valoración de la prueba o no; por cuanto se observa en el acta de conciliación la cual tiene la firma del demandado, que si existe un monto de dinero que se consigna en dicho actuado -contrariamente a lo que afirma el demandado-, el cual está referido a un pago parcial que los actores aceptan haber recibido de manos del demandado en la suma de Bs. 2000, cuando indican los actores: “Trabajamos 2 meses y acabamos fines de octubre y en ese sentido solo nos dios 2000 Bs…”; este monto de dinero no es desconocido por el demandado, lo que resultaría ilógico si consideremos que el acto de conciliación se verifico en fecha 22 de diciembre de 2014; es decir si contrastamos fechas, cuando se desarrolla la conciliación entre partes y la fecha en la cual el demandado supuestamente realizó lo pagos parciales a los actores, los cuales se hubieran producido en el mes de octubre de 2014; se entiende que el demandado no debiera haber reconocido en el acta de conciliación como pagado solo la suma de Bs.2000, sino que debía haber reconocido como pagado la suma de Bs.32.200, los cuales supuestamente ya hubiera cancelado a favor de los actores, mucho antes de la audiencia de conciliación verificada en sede administrativa, reconociendo de esa manera el total de la remuneración devengada reclamada por los actores. Con lo cual se concluye que el Tribunal de alzada, realizo una correcta valoración probatoria, de manera integral y lógica conformé determina el art. 3 Inc. j) y 158 del Código Procesal de Trabajo, al concluir que el juez de instancia no contrastó las literales en todo su contenido, al declarar probada la excepción de pago documentado, vulnerando de esta manera el art. 161 del CPT relacionado con la valoración de documentos privados.

3.- Por último y en relación a la multa del 30 % que establece el art. 9 del D.S. Nº 28699, debemos recordar que al estar demostrada la relación laboral que existió entre los actores y el demandado, la misma era correcta en su aplicación, más aun si valoramos que conforme acta de conciliación celebrada el 22 de diciembre de 2014, los actores reclamaron el pago de la remuneración devengada, por lo cual se concluye que la multa fue impuesta de manera correcta.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el demandado Waldo Inocente Terán, contra el Auto de Vista Nº AV-SECCASA 98/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.