TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 106

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente:                194/2017

Demandante:                 Demetrio Constantaco Paredes

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”

Materia:                        Social (Reclamación de Pensiones)

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el SENASIR a través de Olga Durán Uribe y Verónica Ardaya Miranda, apoderadas legales de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo y representante legal del ente gestor, contra el Auto de Vista 6 de 19 de enero de 2017, cursante de fs. 342 a 344, dictado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones, el Auto que concede el recurso de fs. 357, el Auto Supremo de admisión 194-A de 24 de mayo de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Ante la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Demetrio Constantaco Paredes, la Comisión de Calificación de Renta dicta la Resolución 2873 de 15 de febrero de 2005, otorgándole Renta Básica de Vejez con reducción de edad, equivalente al 30% de su promedio salarial, pagadera desde enero de 2002 (fs. 140 de obrados).

La solicitud de calificación de Renta Complementaria de Vejez es desestimada por Resolución 10580 de 15 de diciembre de 2006, pronunciada por la Comisión Calificadora de Renta, cursante a fs. 208-209 de obrados.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

El jubilado titular presenta recurso de reclamación contra las resoluciones de la comisión calificadora de renta, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 166/16 de 15 de abril, confirmando las resoluciones reclamadas (fs. 315 a 3018 de obrados).

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por el jubilado titular, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 6 de 19 de enero de 2017, cursante de fs. 342 a 344, revoca las resoluciones emitidas por la Comisión Calificadora de Rentas y la Comisión de Reclamación, ordenando a la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, proceder al recalculo de la renta básica de vejez con reducción de edad en favor de Demetrio Constantaco Paredes en base a 25 años y 11 meses de aportes, así como a la otorgación de pago global complementario con reducción de edad en base a 13 años y 9 meses de aportes, debiendo procederse a esta calificación y recalculo tanto de la básica como del pago global complementario en base a los 12 últimos salarios correspondiente al Instituto Nacional de Estadística (INE) y sea de manera retroactiva a partir del mes de enero de 2002. Sin costas conforme a la Ley 1178 SAFCO.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 346 a 348, conforme los argumentos siguientes:

Señala que fue erróneamente interpretado el art. 45 parágrafos I, II y IV de la Constitución Política del Estado, porque un reconocimiento de renta debe estar sometido a un procedimiento previo, lo contrario, es decir una calificación de renta sin seguir ningún procedimiento o sin demostrar fehacientemente con documentación fidedigna ocasionaría un caos económico.

Argumenta que no se adecua el art. 14 del Decreto Supremo (DS) 27543 de 31 de mayo de 2004, al caso específico, debido a que la observación no es a las planillas, sino a la calificación de años de servicio; por lo que éste artículo fue erróneamente interpretado.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

Producto de las gestiones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); en la actualidad, el consenso internacional considera a la seguridad social como un derecho humano inalienable. En este entendido el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “La Seguridad Social, es un sistema conjunto que comprende una serie de medidas oficiales, cuyo fin es proteger a gran parte de la población contra las consecuencias de los diversos riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia”.

Concordante con esta posición internacional, el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la CPE, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales;   garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. Este artículo pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) Ley de 14 de diciembre de 1956, cuando señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.

Dejamos establecido que para los Jubilados del Sistema de Reparto, el ejercicio del derecho a la seguridad social está regulado por el Código de Seguridad Social, su Reglamento y todas las disposiciones conexas; siendo una de estas disposiciones, promulgada precisamente por las dificultades logísticas e información incompleta en los archivos del SENASIR, que impedían la otorgación de rentas; el Decreto Supremo (DS) 27543 de 31 de mayo de 2004, que en el Título II, dispone el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto. Concretamente el art. 14 dispone que, en caso de inexistencia de planillas y papeletas de pago en archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del DS, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memorando de designación y despido, liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas.

El Estado boliviano a través del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al evidenciar, previa revisión de planillas cursantes en archivo del SENASIR, que muchos asegurados no se encontraban consignados en las mismas, aunque contaban con documentos que acreditaban la prestación de servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, perjudicando la certificación de aportes y la otorgación de prestaciones que les correspondía, por Resolución Ministerial (RM) 559 de 3 de octubre de 2005, complementa los alcances del DS 27543, disponiendo en su artículo único, la ampliación del art. 14 del referido decreto, instruyendo al SENASIR, que en la certificación a efectos de las prestaciones del Sistema de Reparto, certifique bajo la modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas.

Precisadas las normas que amparan el derecho a la jubilación, que asiste al señor Demetrio Constantaco Paredes, se observa que el Tribunal Ad quem evidenciando el derecho que tiene el asegurado a ser jubilado titular del sistema de reparto, revoca las resoluciones emitidas por la Comisión Calificadora de Rentas y la resolución de la Comisión de Reclamación; instruyendo al ente gestor, recalcular la renta básica de vejez con reducción de edad, en base a 25 años y 11 meses de aportes y calificar el pago global complementario con reducción de edad, en base a 13 años y 9 meses de aportes; debiendo considerar como promedio salarial para ambas calificaciones, los 12 últimos salarios percibidos en INE; determinación que se encuentra acorde a derecho, concretamente al art. 14 del DS 27543 y a RM 559, que instruyen al SENASIR certificar aportes utilizando documentos supletorios, es decir, certificando los aportes en base al Finiquito, los certificados de trabajo con detalle salarial y descuentos de ley, calificación de años de servicio, afiliaciones y bajas al seguro de salud, boletas de pago, certificados de trabajo y planillas de pago; documentos que demuestran sin lugar a dudas que el jubilado trabajó durante 25 años y 11 meses, realizando aportes al régimen básico durante ese mismo tiempo; con relación a sus aportes al régimen complementario, considerando la fecha de creación del Fondo Complementario de CORDECRUZ, sus aportes son de 13 años y 9 meses. Bajo este mismo razonamiento, tomando en cuenta que su último empleador fue el INE, los últimos aportes al sistema de reparto son como dependiente de esa institución estatal, debiendo realizarse el recalculo de su renta básica de vejez con reducción de edad y la calificación de su pago global complementario con reducción de edad, con el promedio de los últimos 12 salarios aportados a reparto, es decir del periodo mayo/1996 a abril/1997, fecha de corte del sistema de reparto; resolviendo además que los cálculos sean de manera retroactiva a partir de enero de 2002.

A mayor abundamiento es necesario dejar constancia que, las rentas del sistema residual de reparto son el resultado de los aportes de los trabajadores activos a la seguridad social de largo plazo, aportes que generan esa prestación; es decir los trabajadores aportan durante su vida económicamente activa para que cuando ya no puedan trabajar, puedan gozar de una jubilación, derecho constitucionalmente garantizado.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 346 a 348, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante las apoderadas del representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.