TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 105

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente                        : 020/2017

Demandante                : Hernán Jorge Poma Laura

Demandado        : Honorable Alcaldía Municipal de La Paz

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La Sentencia Constitucional Plurinacional 0527/2015-S3 de fs. 249 a 262, el recurso de casación en el fondo de fs. 103 a 104 vta., interpuesto por Hernán Jorge Poma Laura, contra el Auto de Vista No. 072/09-SSA-I de 6 de abril de 2009 de fs. 101, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz actual Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por el recurrente contra la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz ahora Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAM-LP), contestación al recurso de fs. 108 a 109, los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia No. 24/2008 de 24 de marzo, cursante de fs. 83 a 87, aduciendo a su falta de competencia para resolver la causa, declarando improbada la demanda de fs. 10 a 11, probada la excepción perentoria de pago e improbada la excepción de prescripción de fs. 23 a 24.

Auto de vista.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandante Hernán Jorge Poma Laura, en fecha 2 de abril de 2008 (fs. 89 y vta.), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia, mediante Auto de Vista Nº 072/09-SSA-I de 6 de abril de 2009, confirma en parte la Sentencia pronunciada, declarando la incompetencia para decidir las pretensiones del actor en materia laboral disponiendo remitir antecedentes a conocimiento de la Superintendencia Distrital del Servicio Civil, dejando sin efecto los demás aspectos decididos en el Auto de Vista precisamente por falta de competencia.

Auto Supremo Nº 073/2014

El demandante formula recurso de casación en el fondo (fs. 103 a 104 vta.), la Sala Social y Administrativa Liquidadora Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo Nº 073/2014 de 15 de abril, casa el Auto de Vista y declara probada la demanda de beneficios sociales, estableciendo una liquidación de Bs.15.342,63. (quince mil trescientos cuarenta y dos 63/100 bolivianos) a pagar por el demandado.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0527/2015-S3

El GAM-LP, acudió ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunció la SCP 0527/2015-S3 de 26 de mayo, que revoca la Resolución del Tribunal de Garantías, concede la tutela y deja sin efecto el Auto Supremo Nº 073/2014, ordenando se emita uno nuevo con la motivación y fundamentación debida en cuanto a la aplicación del art. 59 de la Ley 2028 y la determinación sobre en qué categoría de servidor o empleado municipal se encontraba el demandante cuando desempeñaba sus funciones en el GAM-LP.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO.

El demandante Hernán Jorge Poma Laura, interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista No. 072/09-SSA-I, con los siguientes argumentos:

El Auto de Vista sostiene erradamente que como trabajador estuvo comprendido dentro de los alcances del art. 59 de la Ley de Municipalidades (LM), sin considerar que: a) Ante la desvinculación laboral ocurrida el 7 de junio de 2002, a través del Ministerio de Trabajo,  el 18 de diciembre de 2002, cancelaron el finiquito parcial de sus derechos y beneficios sociales (fs. 3 y 21), reconociendo la relación jurídica laboral y consiguiente sujeción a la Ley General del Trabajo (LGT); b) El ingreso a trabajar en la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, data de 2 de mayo de 2000, antes de la vigencia de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) el 19 de junio de 2001, conforme al art. 5 de la Ley 2104 de 21 de junio de 2000; c) Está comprendido dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo, actuar en contrario o considerar la fecha de retiro, implica ir en contra del art. 69 del EFP, por lo que no es correcto interpretar que debió agotar los medios legales de impugnación en la vía administrativa en aplicación de la Ley de Municipalidades.

El recurrente solicita casar el Auto de Vista impugnado y que se declare probada totalmente la demanda, con costas.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

En cuanto al principio de irretroactividad, el art. 123 de la CPE, establece la excepción a la regla disponiendo la aplicación retroactiva de la Ley en los siguientes casos: En materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; En materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; En materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y, en el resto de los casos señalados por la misma Constitución; por lo que, las leyes sólo operan para el futuro, siendo su aplicación obligatoria a partir de su publicación en aplicación del art. 164.II de la CPE o desde la fecha que prevea la misma Ley, considerando que en cuenta que este principio tiene dos excepciones: la irretroactividad de las leyes en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional (art. 123 de la CPE), y ultraactividad que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (art. 116 dela CPE).

Al respecto, la Sentencia C-763/2002 de la Corte Constitucional de Colombia, citada por la Sentencia Constitucional 0220/2010-R del Tribunal Constitucional de Bolivia, señala: “…la ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después…”.

1. Sobre la aplicación del Estatuto del Funcionario Público, Ley de Municipalidades y Ley General del Trabajo

Con el propósito de establecer el régimen legal laboral aplicable al caso concreto, se tiene que:

De conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 77 del EFP, Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 y 5 de la Ley 2104 de 21 de julio de 2000 que modifica el citado art. 77 al disponer que: “La Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, entrará en vigencia plena 90 días después de la posesión del Superintendente del Servicio Civil”, la vigencia del Estatuto del Funcionario Público, es desde el 23 de junio de 2001, por cuanto dicha posesión al Superintendente de Servicio Civil se efectivizó el 23 de marzo de 2001.

Por su parte, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 denominada Ley de Municipalidades, entró en vigencia desde el 8 de noviembre de 1999, al haber sido publicada en tal fecha.

La citada Ley 2028, realiza un corte en cuanto se refiere al régimen laboral de los servidores públicos municipales; así, el art. 59 prevé tres categorías:

1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la carrera administrativa municipal descrita en la dicha Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos.

2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal, que no son considerados funcionarios de carrera y tampoco se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público; y,

3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, quienes sí se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo.

En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 2028, todo trabajador que ingresa a prestar servicios en los Gobiernos Municipales, adquiere una de las categorías anotadas y únicamente la última categoría, vinculada a las prestaciones directas de servicios públicos, se encuentra sujeta a régimen laboral de la Ley General del Trabajo.

Por otra parte, resulta necesario referirnos al art. 52 de la Ley 2028, que sobre la Estructura del Órgano Ejecutivo municipal, prevé que está conformado por: 1. El Alcalde Municipal, máxima autoridad ejecutiva del Municipio; 2. Las Oficialías Mayores; 3. Las Direcciones; 4. Las Jefaturas de Unidad; 5. Las Subalcaldías Municipales de los Distritos Municipales; y 6. Los Funcionarios Municipales.

Además, el art. 61 de la citada Ley 2028, establece la carrera administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral y su permanencia dependerá de su desempeño; por otra parte, la carrera administrativa presupone el reclutamiento y selección de personal, conforme al art. 64 del mismo texto normativo.

De ello se infiere que, para determinar la normativa aplicable a una problemática laboral vinculada a un servidor público municipal, debe considerarse la fecha y forma de ingreso a su fuente laboral, y las funciones que el trabajador ejerce; así queda establecido a efectos del análisis y aplicación de la norma al caso en análisis.

2. Sobre las personas contratadas para Áreas Verdes del Gobierno Municipal

En cuanto a las funciones de los trabajadores municipales del servicio público municipal denominado “área verde”, tiene como actividad principal el mantenimiento y conservación de sus bienes de dominio público consistente en plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural, jardines, jardineras, derechos de vía y en general, toda superficie de terreno dentro del área urbana o en su periferia, provista de vegetación de propiedad del Municipio; como interés público que atiende una necesidad social, produce un beneficio colectivo y se presenta a la comunidad en forma adecuada, permanente, uniforme y general.

Este trabajo de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, implica poda de crecimiento de árboles, corte de pasto, deshierbe, cultivo, fertilización, fumigación, riego de la vegetación en las áreas verdes, arborización de plazas, jardines públicos y en general todas las actividades que procuren su embellecimiento y conservación; de ello se concluye que constituye una prestación directa de un servicio púbico por parte del trabajador municipal.

3. Sobre el Despido.

El despido es en términos generales el acto por el cual el empleador decide la ruptura unilateral de la relación laboral independientemente de la voluntad del trabajador; mismo que podrá según el caso, ser justificado o injustificado; en tal sentido el art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699, establece: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

La controversia en el presente caso, radica en determinar si existe interpretación y aplicación errónea del art. 59 de la Ley 2028 y si el demandante, en su condición de trabajador municipal de áreas verdes, está sujeto a la Ley General del Trabajo a efectos de pago de beneficios sociales peticionados.

De la revisión de antecedentes cursantes de fs. 1 a 3 y de fs. 83 a 85, se evidencia que la fecha de ingreso del recurrente a la entonces Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, data de 2 de mayo de 2000, mediante Memorándum 003290/2000, en el cargo de empleado Profesional B, dependiente de la Unidad de Áreas Verdes y el 5 de junio de 2002, el empleador emite el Memorándum D.G.RR.HH. 02649/2002 que comunica la necesidad de prescindir de sus servicios a partir de esa fecha por reestructuración; y, el 18 de diciembre de 2002, la Alcaldía paga mediante Formulario de Finiquito 213626, las vacaciones correspondientes al demandante.

Conforme al análisis legal y jurisprudencial contenido en el presente Auto Supremo, la norma de aplicación específica para el caso concreto es la Ley 2028 de Municipalidades, vigente desde el 8 de noviembre de 1999.

Ahora bien, considerando la fecha (2 de mayo de 2000) y forma de ingreso (memorándum de designación), y las funciones ejercidas por el demandante (profesional B, áreas verdes), se evidencia que el mismo se encuentra dentro de la tercera categoría del art. 59 de la Ley 2028, es decir, es una persona contratada para la prestación directa de servicios públicos vinculados a la actividad de mantenimiento y conservación de las áreas verdes de propiedad del Municipio de La Paz; y, en consecuencia, se encuentra sujeto a la Ley General del Trabajo; por cuanto el mismo no era un servidor público de carrera administrativa municipal y tampoco designado o de libre nombramiento que comprende a los Oficiales Mayores y Oficiales Asesores; en consecuencia, corresponde la cancelación de los beneficios sociales demandados, considerando que conforme al memorándum de fs. 2, el despido por reestructuración no está contemplado en el art. 16 de la LGT, situación que amerita el pago de los beneficios sociales peticionados y además, que el 18 de diciembre de 2002, mediante Formulario de Finiquito de fs. 3, el Gobierno Municipal de La Paz, canceló las vacaciones correspondientes como derecho adquirido por el demandante.

Al resultar evidente la infracción denunciada en el recurso de casación en el fondo, sobre interpretación y aplicación errónea del art. 59 de la Ley de Municipalidades, corresponde resolver conforme al art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), en cumplimiento de la norma permisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

En cuanto a la imposición de costas, conforme establece el art. 39 de la Ley 1178, la misma no es aplicable.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, CASA totalmente Auto de Vista No. 072/09-SSA-I de 6 de abril de 2009 de fs. 101, y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda de fs. 10 a 11, ordenando a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz ahora Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cancelar a favor de Hernán Jorge Poma Laura, la suma establecida en la siguiente liquidación:

Indemnización: (2 años, 1 mes y 5 días)

Sueldo promedio indemnizable: Bs. 3.010,00.-

Desahucio tres meses                        Bs.  9.030,00.-

Indemnización (620+250,83+41,80)                        Bs.  6.312,63.-

Vacaciones gestiones 01/02 y 02/03                        Bs.  1.254,16.-

SUB TOTAL                        Bs. 16.596,79.-

Menos el pago vacaciones                             -        Bs.   1.254,16.-

TOTAL GENERAL                                Bs. 15.342,63

Son: Quince mil trescientos cuarenta y dos 63/100 Bolivianos.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.