TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 100

Sucre, 19 de marzo de 2018


Expediente                  : 013/2017

Demandante                   : TNT Aracatuba Transportes Logística Ltda.

Demandado                    : Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional

Materia                           : Contencioso Tributario

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Tramitador: María Cristina Díaz sosa


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la empresa TNT Aracatuba Transportes logística Ltda., representada legalmente por Shirley Tejerina Segovia contra el Auto de Vista 55 de 4 de abril de 2013, cursante de fs. 154 a 155, dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso Contencioso Tributario seguido por la empresa recurrente contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, el memorial que contesta el recurso de fs. 170 a 171, el Auto que concede el recurso de fs. 172, el Auto Supremo de admisión 13-A de 13 de enero de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Auto Interlocutorio Definitivo.

El proceso contencioso tributario seguido por TNT Aracatuba Transportes Logística Ltda. contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, impugnando la Resolución Sancionatoria  en Contrabando AN-PSUZF-RS-004 de 26 de diciembre de 2009, ante el incidente planteado por la empresa demandada, mereció el Auto Interlocutorio Definitivo 27 de 6 de octubre de 2011, dictada por la Juez Primero Administrativo, Coactivo y Tributario Fiscal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara la perención de instancia, cursante a fs. 114 de obrados.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la empresa demandante, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista 55 de 4 de abril de 2013, cursante de fs. 154 a 155, confirma en todas sus partes el auto interlocutorio apelado.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, la empresa demandante formula recurso de casación de forma y fondo, cuyo escrito cursa de fs. 156 a 165, conforme los argumentos siguientes:

Casación en la Forma

El Auto de Vista al omitir pronunciarse sobre todas las pretensiones deducidas en el proceso, incumplió con el principio de congruencia.

Casación en el Fondo

1. El Auto de Vista aplica indebidamente el art. 309 del Código de Procedimiento Civil por interpretación errónea del art. 214 de la Ley 1340. Argumenta que la perención de instancia no aplica a procesos contenciosos tributarios, ya que no está prevista en el procedimiento estipulado en la Ley 1340, consecuentemente no corresponde la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, prevista en el art. 214 de la Ley 1340. 

2. Señala que en el Auto de Vista recurrido, existe manifiesto error de derecho en la apreciación de las pruebas y los hechos, porque el proceso contencioso tributario no ha sido abandonado por la empresa demandante, sino por la Aduana Nacional, que no se notificó con el Auto de Apertura del Periodo Probatorio, notificación que no es responsabilidad del demandante, sino de la parte y del oficial de diligencias del juzgado.

Por lo que pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case el errado Auto de Vista 550 de 4 de abril de 2013, e ingresando al pronunciamiento de fondo, revoque el Auto de Vista recurrido y el Auto Interlocutorio Definitivo.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

La problemática se circunscribe en determinar si en el proceso contencioso tributario es aplicable el instituto jurídico de la “Perención de Instancia”, regulada en el ámbito procesal civil; para luego establecer si en el caso de examen, corresponde o no su diligencia, de modo que permita saber si el Auto de Vista recurrido obró conforme a la ley o se apartó de ella, como expresa la empresa recurrente en el recurso examinado.

El proceso contencioso administrativo previsto por los arts. 214 y siguientes del Código Tributario de 1992 (Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, vigente por efecto de la SC 0009/2004 de 28 de enero), ha sido establecido como un recurso de carácter jurisdiccional para la impugnación de los actos administrativos por los que se determinen tributos en general, así como de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de las leyes, decretos y normas tributarias en general, de modo que posibilite al contribuyente, someter el acto administrativo tributario a un proceso contencioso en el que de manera contradictoria y en igualdad de condiciones sea oído y pueda hacer valer sus pretensiones, produciendo prueba, objetando la de contrario, desvirtuando los procedimientos administrativos tributarios que dieron lugar al acto determinativo, para lograr una decisión legal y justa.

Éste proceso se encuentra normado por el Título VI del referido cuerpo normativo, que regula su tramitación y resolución, y en cuanto a la problemática de interés, el art. 214 establece que: “Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en éste título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del procedimiento civil”, con la aclaración que hoy no es el Tribunal Fiscal, sino los Juzgados Administrativos, Coactivos Fiscales y Tributarios de los respectivos Tribunales Departamentales de Justicia como una instancia del Órgano Judicial; norma que guarda concordancia plena con lo dispuesto en el art. 74.2 de la Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), en cuanto a ésta última establece la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil y Código de Procedimiento Penal, cuando corresponda, ante la falta de disposición expresa en el ámbito tributario.

En atención a ésta supletoriedad, el Título VI del Libro Primero del Adjetivo Civil regula sobre “La conclusión extraordinaria del proceso”, bajo los institutos jurídicos del desistimiento, la perención y la transacción; debiendo entenderse respecto a la perención de instancia, que ésta equivale a la extinción del proceso, extinción que se produce porque las partes actuantes han permanecido inactivas durante el plazo señalado por la ley, institución de orden público del cual no es posible prescindir inclusive en el proceso contencioso tributario, dada la permisión de la normativa tributaria señalada ut supra, debido a que tiene la finalidad de que los derechos no queden largo tiempo en estado de incertidumbre con lo que se busca el orden y la tranquilidad social, impidiendo que la demanda pueda durar indefinidamente y se eternice, no obstante el abandono de la acción por parte de quién pudiera suponerse con más interés para proseguirla hasta la sentencia final.

Bajo estas consideraciones, el argumento de la empresa recurrente, en sentido de la indebida aplicación del art. 309 del Código de Procedimiento Civil por una errónea interpretación del art. 214 de la Ley 1340, no obedece a un análisis riguroso del instituto y su finalidad, conforme se anotó precedentemente, considerando además el efecto de la perención de instancia señalado en el art. 311 del adjetivo civil, pues si bien ésta norma, establece como efectos de la perención, que ésta no importa la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente, tal situación sólo podría tener efecto tratándose de un proceso de carácter ordinario civil, puesto que, si se toma en cuenta que la interposición de una demanda judicial, notificado a quien se quiere que prescriba una acción o un derecho, constituye una causa que interrumpe la prescripción, conforme se tiene establecido en el art. 1503.I del Código Civil, y dado el efecto jurídico de tal interrupción, señalado en el art. 1506 del cuerpo normativo citado, jurídicamente inaplicable al proceso contencioso tributario, considerando el plazo fatal y perentorio de los 15 días que se tiene para interponer la demanda contenciosa tributaria. Es necesario dejar constancia que, si bien la doctrina considera que cualquiera de las expresiones “caducidad” o “perención”, son adecuadas para denominar el instituto de la perención, por cuanto ambas se refieren al efecto extintivo que se produce, conforme revisión de la Ley 1340 se evidencia que la misma normaba la caducidad de las acciones, más no el instituto de la perención de instancia propiamente dicha, por cuando transcurrido el plazo de los 30 días a partir de la última notificación y decretada la caducidad, se procedía al archivo de las actuaciones, sin la posibilidad de que pueda intentarse una nueva demanda, conforme constituye una de las características del instituto de la perención de instancia dado que ésta no importa la extinción de la acción.

Por lo manifestado se puede concluir que, el instituto jurídico de la perención de instancia previsto en el art. 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, son plenamente aplicables al proceso contencioso tributario, conforme la remisión dispuesta por el art. 214 del Código Tributario Boliviano de 1992 concordante con el art. 74.2 del Código Tributario Boliviano vigente, Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; bajo este entendimiento, el argumento esgrimido por la empresa recurrente, sobre la no aplicación del art. 309 del CPC-1975 a los procesos contenciosos tributarios, no corresponde a derecho.

Con esta conclusión, corresponde analizar el caso concreto y analizar si el Tribunal de alzada actuó correctamente al confirmar en todas sus partes el auto interlocutorio definitivo apelado.

Interpretando el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, son tres las condiciones para que un proceso se extinga por perención; la primera, existencia de una primera instancia que nace con la petición y fenece con la decisión del órgano encargado de administrar justicia (Resolución); la segunda, inactividad procesal de la parte; y la tercera, el transcurso del plazo de seis meses a computarse desde la última actuación.

En este sentido, de la revisión de los actuados procesales se advierte que, la empresa TNT Aracatuba Transportes Logística Ltda., mediante su representante legal, interpuso demanda contencioso tributaria el 9 de marzo de 2010 (fs. 35 a 39), admitida la demanda por Auto de 10 de marzo de 2010, se corre en traslado a la parte demandada, con su contestación se traba la relación procesal por Auto de 30 de abril de 2010, sometiéndose a término probatorio de 30 días improrrogables, actuado procesal notificado solo a la empresa demandante, como evidencia el formulario de notificación de fs. 99. Resolviendo el memorial presentado por TNT Aracatuba de ofrecimiento de prueba y alegatos para sentencia, el decreto de 11 de junio de 2010 de fs. 109 vta. de obrados, señala textualmente: “Previamente a considerar el memorial que antecede de fs. 103 a 109, de ofrecimiento de pruebas de cargo y alegatos para sentencia presentado por el sujeto pasivo TNT ARACATUBA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA., notifíquese a la Administración Aduanera con el Auto de fecha 30 de abril de 2010 de fs. 98, con el fin de que se aperture el término probatorio en la presente causa, luego de cumplida esta formalidad se resolverá conforme a derecho”; diligencia que no fue cumplida por el Oficial de Diligencias del Juzgado Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Santa Cruz, advirtiéndose inobservancia de los arts. 2, 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, por parte de la señora Juez, que incumplió sus deberes procesales al no dar el impulso procesal que correspondía, contando con facultades especiales para exigir este cumplimiento e imponer sanciones a sus subalternos; tomando en cuenta además que las notificaciones, de acuerdo al art. 263 de la Ley 1340, deben ser realizadas en estrados judiciales, toda vez que se cumplió con la notificación personal con la demanda y auto de admisión, en el domicilio procesal a la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, conforme se tiene del formulario de fs. 44 de obrados; hasta que el 19 de septiembre de 2011, Michaele Vargas Guzmán en representación de la Aduana Regional Santa Cruz por memorial que cursa a fs. 110, al amparo del art. 309 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del art. 214 de la Ley 1340, solicita la Perención de Instancia, por el no movimiento de la causa por más de un año.

De lo anotado se observa que efectivamente el proceso estuvo paralizado por más de seis meses, requeridos para declarar la perención de instancia del proceso; sin embargo, esta inactividad procesal no es atribuible a la parte demandante, que cumplió con su deber de coadyuvar en la citación con la demanda y auto de admisión a la institución demanda, en su domicilio procesal; toda vez que es obligación de la instancia jurisdiccional el otorgarle el impulso procesal correspondiente en cumplimiento del principio de celeridad reglado en los arts, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) así como el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), para así desarrollar las demás actuaciones procesales, debiendo velar por la prosecución de la causa hasta su conclusión, sin que sea necesario la intervención de las partes, cuidando la manipulación de plazos procesales, de acuerdo al interés de las partes; entendimiento no compartido menos analizado por el Juez A quo, ni por el Tribunal Ad quem. Por lo que, éste argumento, nos lleva a concluir que el error de apreciación de los hechos manifestado por la empresa demandante como argumento casacional, resulta evidente, al verificar en la revisión de antecedentes procesales, que la paralización del proceso fue responsabilidad de la instancia jurisdiccional.

Por lo señalado, al ser evidente la vulneración de la normativa denunciada por la empresa recurrente, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo, conforme las disposiciones legales contenida en el art. 220.IV de la Ley 439 Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297 de la Ley 1340 CTB de 1992 y 74.2 de la Ley 2492 CTB de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 55 de 4 de abril de 2013, cursante de fs. 154 a 155, y deliberando en el fondo deja sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo 27 de 6 de octubre de 2011, de fs. 114, disponiendo que la Juez de primera instancia prosiga con la tramitación del proceso contencioso tributario, debiendo cumplir con el principio de celeridad, constitucionalmente reconocido. Al no ser excusable el error, se multa con 3 días de haber, a la Juez A quo y al Tribunal Ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.