TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 98

Sucre, 19 de marzo de 2018


Expediente                        : 025/2017

Demandante                : Yoban Quispe Blanco

Demandado        : Aserradero Multi Pando

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 201 a 203, interpuesto por Yoban Quispe representado por Guillermo Torres López, contra del Auto de Vista de 17 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra el Aserradero Multi Pando representado por Primo Camacho Salvatierra, el Auto de fs. 209, el Auto Supremo Nº 25-A de 1 de febrero de 2017 de fs. 217, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pando, emitió la Sentencia Nº 251 de 26 de agosto de 2016 de fs. 128 a 131 vta., declarando probada en parte la demanda, disponiendo que empresa cancele a favor del actor la suma de Bs. 127.782 por concepto de indemnización, desahucio, salario devengado, aguinaldo y vacación, monto que deberá ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 142 a 144, por el Aserradero Multi Pando, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 17 de noviembre de 2016, revocó la sentencia, sin costas y deliberando en el fondo declaró improbada la demanda.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista por el que Yoban Quispe, representado por Guillermo Tórres López, formuló recurso de casación, en el que acusó:

Que el Tribunal ad quem, incurrió en vulneración de los arts. 158, 169 y 176 del Código Procesal del Trabajo, al no valorar la prueba presentada, pretendiendo aplicar la Ley 439 a un proceso laboral, sin tener en cuenta que en materia laboral el juez no esta sujeto a la tarifa legal de la prueba y forma libremente su convencimiento; asimismo, señala que no consideró la prueba testifical de fs. 62 y 63, manifestando que estas no fueron corroboradas por otras pruebas documentales, motivo por el cual crea una exigencia que la ley laboral no contempla.

Que durante el proceso la empresa no presentó el libro de asistencia del personal que no figura en planilla, reiterado por la juez al encargado Fernando Uzquiano, por lo que solicita se aplique el art. 160 del Código Procesal del Trabajo.  

Petitorio.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, revoque la resolución recurrida y mantenga firme la sentencia de primera instancia que declaró probada la demanda.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Con relación a los argumentos del recurrente, se infiere que el mismo acusa la vulneración de los arts. 158, 169 y 176 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que el Tribunal de alzada, no reconoció la existencia de relación laboral, que según el actor hubiese sido demostrada con la prueba testifical; sobre el particular, se debe aclarar que la relación laboral tiene características esenciales establecidas en el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, como son la a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) Prestación del trabajo por cuenta ajena; y c) Percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; que en el caso de autos, el Tribunal ad quem del análisis de la prueba aportada, consistente en recibos de fs. 1 a 8, planillas de pago de la empresa, las declaraciones testificales de cargo y de descargo, evidenció que el actor si bien trabajó para el demandado, sin embargo, los trabajos realizados fueron por obra y a requerimiento de la empresa, toda vez que no se demostró de manera fehaciente que este haya cumplido un horario de trabajo y menos percibido un salario de Bs. 5.000 como afirma, al ser las testificales contradictorias y no teniendo documental de respaldo, determinó revocar la sentencia.

Ahora bien, respecto a que las declaraciones testificales no fueron tomadas en cuenta pese a ser uniformes, y que no se presentó el libro de asistencia, incumpliendo el art. 160 del Código Procesal del Trabajo, se debe considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurrió en el caso de autos. Además se debe aclarar que  si bien la norma prevé un posible análisis sobre la prueba en sede casacional; empero, tal labor, por el respeto a los principios de producción probatoria que rigen el proceso, deberá estar abastecida por una argumentación sólida y razonable sobre los errores incurridos por los jueces y tribunales, errores enfocados en cuál el razonamiento errado, cuál el eventual resultado de un absurdo o bien cual la prueba que por sí misma tenga la suficiente fuerza de cambiar la decisión final del fallo; exigencias, que no fueron cumplidas por el recurrente, pues su alegato es limitado a realizar una cita textual de piezas del expediente para seguidamente ofrecer una conclusión, aspecto que como se tiene dicho no cumple los requisitos procesales en cuanto es la argumentación de un error de hecho o derecho.

En igual sentido, la vinculatoriedad entre un error de hecho o bien uno de derecho, no se limita a un simple enunciado de disconformidad con el valor o resultado que los de instancia brindaron a una prueba o la articulación de la valoración integral del conjunto del cuerpo probatorio, sino, busca el error al configurar o determinar un hecho; es decir, proponiendo una teoría fáctica, refuta lo concluido ya sea en la Sentencia o el Auto de Vista, con el fin de aplicar sobre ella una norma en específico. Esta exigencia, si bien en apariencia denota cierto rigor, es en la práctica supeditada a la explicación de parte del que recurre a brindar al Tribunal de casación información suficiente para constituir un posible examen sobre lo decidido en instancias precedentes; lo que no ocurrió en el caso de autos, toda vez que la recurrente simplemente realiza un relato intrascendente de escaso contenido jurídico.

En consecuencia al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 201 a 203, interpuesto por Yoban Quispe representado por Guillermo Torres López. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.