TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 97

Sucre, 19 de marzo de 2018


Expediente                        : 026/2017

Demandante                : Edwin Diez Ortiz

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 55 a 56 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por José Romero Saavedra, Alex Jorge Sánchez Iraizos, Olga Muñoz Puma y Nazira Flores Choque, contra del Auto de Vista de 15 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por Edwin Diez Ortiz contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 49 vta., el Auto Supremo Nº 26-A de 1 de febrero de 2017 de fs. 68, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pando, emitió la Sentencia Nº 268 de 6 de septiembre de 2016 de fs. 32 a 34 vta., declarando probada la demanda, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija cancele a favor del actor la suma de Bs.27.573 por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones y subsidio de frontera, monto que deberá ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 39 a 40, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por José Romero Saavedra, Alex Jorge Sánchez Iraizos, Olga Muñoz Puma y Nazira Flores Choque, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 15 de noviembre de 2016, confirmó la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el auto de vista el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija formuló recurso de casación, en el que acusó:

1.- Que el Auto de Vista impugnado, contiene vulneración de los arts. 108 y 119 de la CPE, así como incorrectamente aplicación de la Ley Nº 321 y DS 110, toda vez que el actor no era un trabajador permanente, sino sujeto a contrato eventual a plazo fijo conforme los contratos de consultoría, por lo cual su trabajo estaba sujeto a los arts. 4 y 6 de la Nº 2027.

2.- Indica que no corresponde el pago de desahucio, toda vez que no se evidencia un despido intempestivo, sin embargo, los tribunales de instancia resuelven pagar por duodécimas y de manera separada la indemnización y desahucio, emitiendo una sentencia ultra petita, al incrementar la pretensión del demandante. Asimismo, señala que no procede el pago de aguinaldos ni vacación, toda vez que estos ya fueron cancelados y la institución no cuenta con partidas presupuestarias destinadas a este tipo de pagos económicos, a ex trabajadores, más aún si son contratados como consultores.

3.- Señala que el pago de subsidio de frontera, es atentatorio y vulneratorio a la institución que el actor perciba el doble, debiendo tener en cuenta que al ser  un consultor no se desglosa sino lo percibido en su boleta de pago en base a su contrato individual, por lo que es errónea la orden de pago de subsidio de frontera desde el año 2014 al 2016, mismo que atenta a la estabilidad económica del GAMC.

Petitorio.

Concluyo solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que case o modifique el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGAL Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

1.- En el análisis del caso, respecto a la interpretación indebida y errónea de los arts. 108 y 119 de la Constitución Política del Estado e indebida aplicación de la Ley Nº 321 y el DS Nº 110; sobre el particular, de la certificación de fs. 3, se tiene que el actor fue contratado consecutivamente como personal eventual y consultor en línea, desde el 1 de septiembre de 2014 al 29 de abril de 2016, es decir dentro de la vigencia de la Ley Nº 321 de fecha 18 de diciembre de 2012, que establece en su art. 1. I que: Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente ley, sin carácter retroactivo. II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”; asimismo, por la prueba aportada se evidencia que el actor ejerció como “Chofer”, en varios proyectos y programas como es el de Alimentación Complementaria Escolar, Centros de Estimulación Temprana, Fortalecimiento a la Gestión Municipal, Comunicación e Información Ciudadana, Fortalecimiento a los Centros de Salud, Comunicación e Información Ciudadana, prueba que no fue objetada por la entidad recurrente; en ese entendido, se debe tener presente que si bien por disposición del art. 12 LGT, se puede pactar contratos por tiempo indefinido, cierto tiempo, o por realización de obra o servicio; sin embargo, dicha disposición fue posteriormente reglamentada a través de la Resolución Ministerial Nº 283/62 de 13 de junio, en sentido que, el contrato de trabajo debe pactarse esencialmente por tiempo indefinido, aunque, admite como excepción, que éste pueda ser limitado en su duración, si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse, disposición que pese a su data, guarda plena concordancia con el principio protector, de continuidad y estabilidad laboral actualmente insertos en el art. 48.II de la CPE, como principios que regulan la interpretación y aplicación de toda norma de carácter laboral. Ahora bien, en el caso de autos se debe considerar que si bien es factible suscribir los contratos a plazo fijo, sin embargo, esto “solo cuando se tratan de tareas propias de la entidad y no permanentes”; lo que no ocurre en el caso de autos, toda vez que el actor en la vigencia de la Ley Nº 321 cumplió funciones de chofer, conforme sale de la documental de fs. 2 a 13, y si bien los mismos fueron suscritos por el actor a plazo fijo o como consultor en línea; sin embargo, el objeto de la contratación y los trabajos realizados fueron en tareas propias de la entidad recurrente, en consecuencia, la decisión del Tribunal ad quem al confirmar el pago dispuesto por el  juez a quo, es acertada, no evidenciándose una resolución ultra petita toda vez que en materia laboral conforme establece el art. 202 inc. c) del Código Procesal del Trabajo, la parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud.

2.- Con relación al pago de indemnización, desahucio, aguinaldos y vacaciones; conforme lo referido estando el actor amparado bajo la Ley General del Trabajo, corresponde su pago, más aún si la entidad demandada no ha desvirtuado las pretensiones del actor, conforme al principio de inversión de la prueba, previsto en los arts. 150, 66, 3 inc. h) del Código Procesal Laboral, no siendo suficiente el argumento de que la institución no cuenta con partidas presupuestarias destinadas a este tipo de pagos económicos, a ex trabajadores, o que ya hubiesen sido pagados dichos conceptos, cuando en los hechos no cursa documental alguna como planillas de pagos u otros que acrediten esos extremos, en consecuencia, las vulneraciones acusadas devienen en infundadas.

3.- Que respecto al pago de subsidio de frontera; sobre el particular se debe tener presente, que el art. 12 del Decreto Supremo Nº 21137 señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”, se puede evidenciar que este precepto establece que el trabajador, independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, para beneficiarse de este subsidio, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios.

En ese entendido el art. 12 del referido Decreto Supremo Nº  21137, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley para todos los trabajadores; por cuanto, las entidades del sector público, como las empresas privadas que desarrollen actividades dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país, conocen que tienen la obligación de cancelar a favor de sus empleados y trabajadores, el 20% adicional al salario mensual, por concepto de subsidio de frontera, justamente por encontrarse alejados de las ciudades y centros poblados, siendo deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada acatar y cumplir la Constitución y las Leyes; por lo cual, el subsidio de frontera al ser un derecho previsto en un Decreto Supremo que desarrolla el espíritu del derecho laboral y social establecido en la Constitución y en la Ley General del Trabajo, constituye un mandato para que las empresas privadas y entidades públicas dentro de cuyo ámbito se desenvuelvan, cumplan con el reconocimiento de un porcentaje adicional a quienes trabajan dentro de los 50 kilómetros de las fronteras bolivianas, en consecuencia, corresponde su pago toda vez que no cursa en obrados documental que el desglose del pago en planilla para demostrar que el mismo fue cubierto por la entidad recurrente.

En consecuencia al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 55 a 56 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por José Romero Saavedra, Alex Jorge Sánchez Iraizos, Olga Muñoz Puma y Nazira Flores Choque.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.