TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 96

Sucre, 19 de marzo de 2018

Expediente                                : 076/2018

Demandante                        : Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Demandado                        : María Eugenia León Ugarte

Proceso                                     : Contencioso

Distrito                                : La Paz

Magistrado Tramitador                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: La demanda contenciosa de fs. 56 a 61, interpuesta por MARLEN ROCIO AGUILAR CONTRERAS y CONSTANTINO ANDRES HERRERA CENTELLAS en representación del MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, contra MARIA EUGENIA LEON UGARTE y en forma solidaria contra LUIS MIRANDA FUENTES, FELIX TARIFA MARTINEZ y NUMA BRAVO OTERO, demandando el pago de daño civil calificado en dictamen de responsabilidad civil expedido por la Contraloría General de la República, los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO: Que de la revisión del memorial de demanda, se evidencia que los demandantes pretenden el pago de daño civil calificado en el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-088/97, emergente de una auditoría operativa sobre el proyecto “Centro de Investigación y Desarrollo Piscícola del Altiplano” elaborado por la Consultora Centro de Estudios y Asesoramiento para Proyectos de Desarrollo (CEAPRODE).

Conforme a la definición del art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), la demanda contenciosa tendrá lugar “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo…”.

Asimismo, el art. 2.1. de la Ley 620, le otorga competencia a las Salas Especializadas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para “Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional”.

Conforme al art. 5.j) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo (DS) Nº 0181 de 28 de junio de 2009, el contrato se define como un “Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría”, el mismo que concluye por: a) cumplimiento en tanto ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el contrato y b) por resolución, como mecanismo excepcional.

Se debe tener presente que conforme a lo doctrinalmente admitido, la controversia suscitada en los motivos de la terminación del contrato, ya sea por cumplimiento o resolución, constituirá impedimento de su materialización, ergo, materia litigiosa emergente del contrato, lo que no ocurrirá en caso que dicha conclusión del contrato se encontrare consolidada, por cuanto en éste caso, jurídicamente, no existe contrato que pueda ser controvertido.

En el caso presente, no se demanda ante éste Tribunal la solución de una controversia sobre el contrato mismo o emergente de él, sino el cobro de un adeudo por responsabilidad civil establecida en el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-088/97, emergente de una auditoría especial ex post.

Por otro lado, en la tercera cláusula del referido dictamen de responsabilidad civil,  se tiene expresamente establecido: “En caso de que no se proceda al pago, en el plazo de 20 días de recibido el dictamen, el Viceministerio de Agricultura y Ganadería deberá iniciar la acción coactiva fiscal en base a los informes de Auditoría ya citados”.

En ese mismo sentido, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en su art. 3 señala:

“Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal:

1. Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles.

2. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles.

En el caso del inciso primero, el proceso así instituido tendrá el carácter de proceso de oficio.  En los casos del inciso segundo, el proceso será reconocido como proceso por demanda".

De lo anterior transcrito, se concluye que los demandantes escogieron con error la vía del proceso contencioso para el propósito pretendido, toda vez que para el cobro de los resultados de una auditoría y la ejecución de un dictamen de responsabilidad civil, la ley acuerda un procedimiento expreso y especial, con arreglo al art. 31 de la Ley 1178, que no es precisamente el proceso contencioso regulado por el art. 775 del CPC-195. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 780 del Código de Procedimiento Civil, RECHAZA la demanda contenciosa interpues ta por MARLEN ROCIO AGUILAR CONTRERAS y CONSTANTINO ANDRES HERRERA CENTELLAS en representación del MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, contra MARIA EUGENIA LEON UGARTE y en forma solidaria contra LUIS MIRANDA FUENTES, FELIX TARIFA MARTINEZ y NUMA BRAVO OTERO, en consecuencia, se dispone el desglose de los documentos originales a favor de los demandantes bajo constancia y posterior archivo de obrados.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.