TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 89

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente:                016/2017

Materia:                        Contencioso Tributario

Demandante:                Consultores Asociados CAHE S.R.L.

Demandado:                GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SIN

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 371-736, interpuesto por Jorge Antonio Iturralde Monje, en representación de la firma Consultores Asociados CAHE S.R.L., con NIT 1000849029, contra el Auto de Vista Nº 137/2015/SSA-I de 21 de septiembre, cursante de fs. 357 a 360, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso contencioso tributario interpuesto por la empresa que representa el recurrente, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el auto de concesión de fs. 377, el Auto Supremo Nº 16-A de 16 de enero de 2017, que dispone la admisión de recurso de casación, los antecedentes del proceso y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.- El Juez 3º en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria, de la ciudad de La Paz, luego del trámite del proceso Contencioso Tributario, emitió la Sentencia Nº 16/2014 de 30 de julio de 2014, cursante de fs. 219 a 238, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 29-31, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa (RD) Nº 036/2011 de 30 de enero de 2011, para su ejecución coactiva, que determinó de oficio, por conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente CONSULTORES ASOCIADOS “CAHE” S.R.L., para que cancele 253.168 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs), equivalente a Bs. 397.400, por concepto de Crédito Fiscal indebidamente apropiado en Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos fiscales de julio a octubre de 2006, más intereses y sanciones, equivalente a UFVs 3.000, calificando la conducta como omisión de pago. (fs. 1 a 6 de obrados).

Auto de Vista.- Contra la sentencia, la Empresa CONSULTORES ASOCIADOS “CAHE” S.R.L., por intermedio de su representante legal, por escrito de fs. 240-241 y vta., interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien emitió el Auto de Vista Nº 137/2015/SSA-1 de 21 de septiembre de 2015, cursante de fs. 357 a 360, que CONFIRMÓ totalmente la resolución de primera instancia.

II.- ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y ADMISIÓN:

Recurso de casación.- La Empresa CONSULTORES ASOCIADOS “CAHE” S.R.L., por intermedio de su representante legal, Jorge Antonio Iturralde Monje, mediante escrito de fs. 371-376, interpuso recurso de casación en el fondo, fundamentando lo siguiente:

1.- Que en la apelación se mencionaron las contradicciones en las que incurrió la Sentencia, respecto al objeto del proceso, que es el “crédito fiscal con facturas y notas fiscales presentadas ante la fiscalización y no así respecto a ingresos no declarados“, pues la jurisprudencia se refiere a estos gastos realizados que supuestamente no están vinculados a la actividad que realizan, pese a que se acreditó que esas facturas se refieren a material de escritorio, refrigerios, facturas de pasajes, hospedajes, alimentación y otros, porque sus tareas se realizan a nivel interdepartamental y que justifican esos gastos.

2.- También en el recurso de alzada, se observó que en la sentencia no se consideraron las falencias y nulidad de la RD Nº 036/2011, que incumple los elementos esenciales previstos por el art. 99-II de la Ley Nº 2492 y el DS Nº 27310 de 9 de enero de 2004, (Reglamento de dicho Código Tributario) y por ello se habría infringido el art. 119-II de la CPE, respecto de su derecho a la defensa, incurriendo en anulabilidad del acto, conforme establecen los arts. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 y 55 de su Decreto Supremo Reglamentario (DSR) Nº 27113 de 27 de julio de 2003.

Que el Auto de Vista, jurídicamente no demuestra que la sentencia apelada sea ecuánime y consistente, reiterando los fundamentos de ese fallo apelado.

3.- Que los informes técnicos, de primera instancia y segunda instancia, establecieron que las determinaciones no contienen ciertos requisitos legales, incurriendo en omisión de fundamentación de los hechos; es decir, se habría incurrido en una falta de especificidad del Crédito Fiscal IVA observado, por ello se sugirió que se deje sin efecto la Resolución Determinativa impugnada, sin embargo, estos informes no fueron considerados por el Juez, en la Sentencia ni por los señores Vocales, en el Auto de Vista.

4.- Que no se han considerado los pagos realizados por CAHE SRL, referido a las multas por incumplimiento a deberes formales, aspecto que anula de hecho la Sentencia y el Auto de Vista.

5.- Que los medios de pago realizados por CAHE SRL, a sus proveedores merecen prueba, sin embargo, considera que fueron errónea e ilegalmente depurados, al establecerse que no se efectuaron a favor de los verdaderos proveedores, pese a que esos pagos se realizaron a la empresa subcontratada y ella cancelaba a sus proveedores.

6.- Respecto de la prescripción alegada, afirma que las rectificaciones de las Declaraciones Juradas (DDJJ), son trámites que un contribuyente realiza para corregir algún error en las DDJJ y no constituyen un reconocimiento de la DDJJ original; consiguientemente, considera que en el caso presente, no se ha fundamentado legalmente la decisión sobre la prescripción invocada, que ha operado.

7.- Que en el caso presente, se aplicó la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, respecto a hechos anteriores acaecidos en julio a octubre de 2006, pese a que en cumplimiento de los arts. 3 y 150 de la Ley Nº 2492, no podía aplicarse retroactivamente.

8.- Se ha considerado la infracción, respecto del crédito fiscal emergente de facturas de actividades que supuestamente no estaban vinculadas, empero no se ha considerado los débitos fiscales generados por su empresa y que fueron pagados oportunamente, pese a que en aplicación del art. 23 del DS Nº 254654 de 23 de julio de 1999, el SIN, debió emitir con carácter general y mediante resolución administrativa, los créditos fiscales que no se consideren vinculados a la actividad sujeta al tributo, por ello es que afirma, que el cargo establecido sobre la validez o no de los créditos fiscales, no se encontrarían respaldados jurídicamente.

9.- Reitera que la RD Nº 036/2011, se encuentra viciada de nulidad al no contener los motivos que sustente su decisión, conforme exigen los arts. 96 y 99 de la Ley Nº 2492, citando para ese efecto las SSCC 2023/2010-R de 9 de noviembre, reiterada en la SC 1054/2011-R de 1 de julio; SSCC 0871/2010-R, 1365/2005-%, citadas en la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, que identifica los aspectos que deben cumplir las resoluciones para resguardar el debido proceso.

Petitorio.- Concluyó fundamentando que tanto el juez de primera instancia, como el Tribunal de alzada, han cometido varios errores procesales en la tramitación del proceso, interpretado de manera incorrecta lo demandado, por lo que al evidenciarse violación y aplicación indebida de la normativa vigente, interpone el recurso de casación en el fondo, pidiendo que se conceda, para que este Tribunal case la resolución impugnada, disponiendo “la nulidad de la RD 36/2011 o en su caso la prescripción de la misma por corresponder por ley”.

Este recurso no fue respondido por la entidad demandada.

Admisión.-

Conforme se tiene relacionado líneas arriba, mediante Auto Supremo Nº 16-A de 16 de enero de 2017, este tribunal, admitió el recurso interpuesto, considerando que se había cumplido los requisitos previstos por el art. 274 del Cód. Proc. Civ., pasándose a considerar el mismo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fojas 153 a 162 para su resolución, se advierte que la controversia del presente caso, radica en establecer si los talleres autorizados para realizar la conversión de las movilidades a Gas Natural, deben facturar junto a los servicios prestados, los kits y cilindros que se instalan en las mismas, a ese efecto, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso.-

El recurso de casación, conforme instituye el art. 271 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso presente, por la permisión de los art. 214 y 297 del Código Tributario (CT), Ley Nº 1340, es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una resolución judicial, en la que se ha incurrido en violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, o que fue emitida en mérito a un procedimiento que no cumplió las solemnidades legales; es decir, en el recurso de debe denunciar que se incurrió en un error in iudicando, cuando se refiere al fondo del asunto, o bien, en un error in procedendo,  cuando se refiere a la forma del proceso respectivamente.

La jurisprudencia asumida por este Tribunal, sobre las causales y requisitos de procedencia para el recurso de casación en el fondo y en la forma, ha establecido que la Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales, que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme estable el art. 271 del CPC, por ello se establece que el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, consiguientemente, el recurso de casación, solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, (por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando), los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el citado art. 271-I del CPC, siendo su finalidad la casación del auto de vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia.

Cuando el recurso de casación se plantea en la forma, (por errores de procedimiento o errores in procedendo), la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el art. 271-II del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, porque se hubiesen violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley y que fueron oportunamente reclamadas ante los jueces o tribunales inferiores.

En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 274-I del CPC, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y en la forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo CASE la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley.

En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevan la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente está orientada a determinar la NULIDAD de la resolución impugnada o a la NULIDAD de obrados.

Por ello es que, respecto al examen de admisibilidad del recurso de casación, cuya exigencia se encuentra establecida en el art. 274-I núm. 3 del CPC, obedece a la tesis, referida líneas arriba, a que este recurso, se asimila a una nueva demanda de puro derecho y por ello es que, en el recurso debe identificarse en qué medida el Tribunal de apelación hubiera incurrido en alguna vulneración legal y cómo debe sanearse ese yerro, que puede ser error “in procedendo” y error “in judicando”.

Por consiguiente, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar los fundamentos de la Resolución recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas las normas a tiempo de emitir la Resolución que ahora impugna en casación; empero, este hecho de ninguna manera implica que deba reiterarse los argumentos planteados en el recurso de apelación y que ya fueron resueltos en el Auto de Vista, salvo que se hubiese omitido en esa resolución, o que la misma, no se adecue a la norma aplicable al caso concreto.

Fundamentos jurídicos del caso concreto:

Bajo los antecedentes descritos, se advierte que en el caso presente, se ha identificado que el recurrente ha fundamentado varios puntos citados en el recurso de apelación, observando la sentencia de primera instancia, agravios que fueron absueltos por el Tribunal de alzada, conforme consta en la resolución de vista objeto de análisis, no obstante de ello, en el recurso de casación seguramente considerado el hecho que este medio de impugnación se tratara de una “nueva demanda de puro derecho”, argumenta varios aspectos alegados en el recurso de apelación, pretendiendo la revisión irrestricta del expediente, mediante el relato reiterativo de los argumentos del recurso de apelación, sin que se hubiese identificado -al haberse interpuesto el recurso de casación en el fondo- cuáles son las causales de casación que sustentan ese recurso.

En ese contexto, verificando el Auto de Vista, se establece que identificó de manera adecuada el objeto del proceso, cuando se estableció en el punto 1º de los fundamentos que la sentencia estableció que no se habían desvirtuado los argumentos de la Administración Tributaria, al no haber considerado el contribuyente las previsiones de los arts. 8 de la Ley Nº 843 y 8 del DS Nº 21530, advirtiéndose que no existe contradicción alguna en el Auto de Vista.

También estableció que la RD impugnada, cumplió los presupuestos exigidos por el art. 99-II del CTB Ley Nº 2492, y por consiguiente no se incurrió en violación al derecho a la defensa y menos aún en las causales de nulidad previstas en los arts. 36 de la Ley Nº 2341 y su DSR., habiendo concluido que no son evidentes los agravios alegados, por consiguiente se demostró jurídicamente que la sentencia se adecua a las normas aplicables al caso presente.

Respecto de los informes técnicos, el tribunal ad quem, estableció que constituyen -como tales- solo una opinión a la cual no se encuentran reatados, citando para ese efecto el AS Nº 011/2013 de 20 de agosto.

Respecto a los pagos alegados, el tribunal de alzada, consideró los mismos e incluso citó el art. 76 del CTB (Ley Nº 2492), respecto de la carga de la prueba, pues se acreditaron que el registro contable de las facturas de compras, fueron realizadas en comprobantes de diario mayor, registrando estos gastos a nombre de otra empresa, mientras que los comprobantes de egreso se registraron a nombre de la empresa demandante.

Igualmente, respecto de la interrupción de la Prescripción, el tribunal de alzada se pronunció acertadamente citando para ese efecto el art. 61 del CTB Ley Nº 2492.

De igual manera se pronunció sobre la aplicación de la RND de 14 de diciembre, estableció que se cumplió el principio procesal “tempus regis actum”, reiterando lo afirmado en la sentencia.

Los débitos fiscales generados por la empresa demandante, no fueron objeto de la RD impugnada y si bien fueron pagados oportunamente, conforme exige la norma ciada en el recurso, empero, este aspecto no fue tampoco objeto de impugnación en el recurso de apelación, sólo se hizo constar esos pagos realizados y su consideración de ninguna manera afecta el fondo de la presente causa, pues -conforme se indica líneas arriba- no era objeto del proceso, pero pese a eso en el Auto de Vista, se reconocieron esos pagos, identificando como incumplimiento de deberes formales, el haber realizado una actividad que no está registrada en su NIT, conforme exige el art. 70 del CTB, evidenciando que la resolución impugnada se encuentra jurídicamente respaldada sobre este punto.

Sobre el cumplimiento de los requisitos de validez de la RD Nº 036/2011, el tribunal de alzada ya se pronunció en la primera parte de la resolución de vista, resultando redundante el argumento, además de haberse citado varias SSCC, empero no se ha identificado cómo y de qué manera se habría vulnerado alguna norma sobre este particular.

Es evidente que respecto de los pagos realizados por CAHE SRL, de las multas por incumplimiento de deberes formales, el tribunal de alzada, ciertamente no emitió criterio concreto sobre este particular, sin embargo, se considera que estos pagos se pueden imputar en la fase de ejecución tributaria, si es que se demuestran que cubrieron de alguna manera los cargos establecidos en el punto tercero de la parte resolutiva de la RD Nº 036/2011, que es objeto del proceso y cursa de fs. 1-2 del expediente y de fs. 827 a 822 del Anexo 4 remitido ante este Tribunal, empero este hecho de ninguna justifica que el Auto de Vista impugnado, adolezca de un vicio insubsanable que determine la nulidad de obrados (pese a que el recurso es de casación en el fondo), porque no se ha demostrado que se hubiese incurrido en indefensión.

Conclusión.- En virtud de lo fundamentado, pese a las deficiencias del recurso de casación que no cumplió con la técnica recursiva, se absolvieron más que infracciones las “alegaciones del recurso de casación”, estableciéndose que los miembros del Tribunal de Alzada no incurrieron en ningún infracción legal, correspondiendo dar aplicación a las previsiones del art. 220-II del CPC, con la permisión contenida en el art. 297 del in fine del Cód. Tributario Ley Nº 1340 aplicable al caso presente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42-I numeral 1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 371-736, interpuesto por Jorge Antonio Iturralde Monje, en representación de la firma Consultores Asociados CAHE S.R.L., manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista Nº 137/2015/SSA-I de 21 de septiembre, cursante de fs. 357 a 360, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin costas ni costos, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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