TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 85

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                        : 235/2017

Demandante                : María Rosa Espinoza Andrade

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia                        : Reclamación

Distrito                        : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158, interpuesto por CLAUDIA MALDONADO ENCINAS en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 008/2016 de 17 de octubre, cursante de fs. 149 a 153, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de reclamación seguido por María Rosa Espinoza Andrade contra el SENASIR; el auto de fs. 165 que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 235-A de 16 de junio de fs. 173 que Admite el recurso; los antecedentes del proceso, y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones.

Que, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR emitió la Resolución Nº 00003180 de 17 de julio de 2015 (fs. 71-72), por la cual dispuso el recalculo de la renta de vejez otorgada a favor de María Rosa Espinoza Andrade, así como determinarse el monto indebidamente cobrado en el equivalente al 20% mensual de la renta recalculada hasta cubrir el monto total adeudado.

Que, en cumplimiento de la Resolución Nº 00003180 de 17 de julio de 2015, la misma Comisión Nacional de Prestaciones, emite la Resolución Nº 00003528 de 10 de agosto de 2015 (fs. 82), otorgando a la asegurada María Rosa Espinoza Andrade, una renta de vejez recalculada en la suma de Bs.2.977,38 a partir de mayo de 1997.

Resolución Comisión de Reclamación.

Ante el recurso de reclamación interpuesto por María Rosa Espinoza Andrade (fs. 97-100), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 743/15 de 14 de octubre, cursante de fs. 110 a 115, resolvió confirmar la citada Resolución Nº 00003180 de 17 de julio de 2015, al considerar encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

Auto de Vista.

En grado de apelación deducido por María Rosa Espinoza Andrade (fs. 134 a 137), la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 008/2016 de 17 de octubre, revocó la Resolución Administrativa Nº 743/15 de 14 de octubre dictada por la Comisión de Reclamación, disponiendo se expida nueva resolución, computándose como salarios percibidos del mes de mayo de 1995 a abril de 1997 y dejarse sin efecto la determinación de los cobros indebidos.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION:

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158, interpuesto por CLAUDIA MALDONADO ENCINAS en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR, con los argumentos siguientes:

Mala interpretación y errónea aplicación de la Ley.

Señala que con arreglo al art. 8 del D.S. 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, concordante con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley 1178, el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico al Estado.

Violación del principio de seguridad jurídica.

Señala que al pretender que se deje sin efecto el cobro indebido se atenta contra el órden público, se lesiona los intereses del Estado y crea inseguridad jurídica, toda vez que el art. 5 inc. h) del D.S. 27066 de 6 de junio de 2003, otorga al SENASIR la atribución de efectuar la recuperación de aportes y agrega que lo indebidamente pagado o cobrado no puede constituir derecho adquirido ni dejar de cobrarse a quien se benefició de este excedente.

Violación del carácter obligatorio de las disposiciones sociales.

Señala que conforme al art. 48 de la Constitución Política del Estado, las disposiciones sociales son de cumplimiento obligatorio y que en ese marco, corresponde la devolución de lo indebidamente cobrado conforme al art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA)

Violación de la facultad de revisión y recuperación del SENASIR; errónea interpretación del Art. 477 del RCSS.

Alega que al efectuarse el cálculo incluyendo los periodos de mayo, junio, julio y agosto de 1997, acorde al art. 1 de la ley 2197 de 9 de mayo de 2001, modificatorio del art. 57.III de la Ley 1732 de Pensiones y el art. 9 del D.S. Nº 27991 de 28 de enero de 2005, el SENASIR tiene la facultad para realizar la revisión de rentas de oficio y determinar el daño económico al Estado. Asimismo, en cumplimiento del art. 5 inc. h) del D.S. 27066 de 6 de junio de 2003, tiene la facultad de efectuar la recuperación de aportes.

Agrega que corresponde que el Tribunal a quo analice para fundar su resolución, el conjunto o la integridad del Art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social y no basarse sólo en una parte del mismo.

Petitorio.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación.

Admisión.

Mediante Auto Supremo Nº 245-A de 22 de junio de 2017, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación en el fondo de fs. 118 a 121, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 272/2016 de 26 de octubre.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que así planteado el recurso, se advierte que la controversia traída ronda en la potestad del SENASIR de efectuar la revisión de las prestaciones concedidas y recuperar lo indebidamente pagado a fin de evitarle daño económico al Estado; ergo, corresponderá establecer si el tribunal de apelación, al revocar la Resolución Nº 743/15 de la Comisión de Reclamación del SENASIR, incurrió en la violaciones que se acusan, a cuyo efecto, se tienen las siguientes consideraciones:

Sobre la problemática planteada, de la lectura de la resolución de vista, se puede advertir que en la misma no se cuestiona en lo absoluto la potestad de revisión de oficio con que cuenta el SENASIR, mucho menos cuestiona sus facultades de recuperar para el Estado, lo indebidamente pagado, por cuanto, se advierte que el tribunal de apelación revocó la resolución de la comisión de reclamación, con base en la previsión legal del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, es decir, no sólo reconociendo dicha facultad de revisión con la cuenta el SENASIR, sino más al contrario, reconociendo expresamente tal facultad.

En efecto, el citado Art. 477, señala: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

Como se puede advertir de la inteligencia de ésta norma, luego de regular expresamente la facultad del SENASIR de revisar las prestaciones y otorgarle la suficiente competencia para revocar las mismas en caso de haberse concedido indebidamente, le otorga también competencias para exigir la devolución de lo indebidamente pagado. Mas sin embargo, aclara también expresamente, dicha norma, que cuando se trate de recuperar tales sumas de manos del asegurado, deberá asegurarse previamente si concurrieron los presupuestos fácticos establecidos también expresamente, esto es, que se encuentre debidamente probado “…que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas…”.

Dicho de otro modo, deberá encontrarse debidamente probado que el monto indebidamente pagado, hubiese sido establecido con base en documentos, datos o declaraciones falsas del asegurado o que, en definitiva, los actos y hechos del asegurado hubiesen incidido en el resultado.

Con base en lo anterior, se concluirá entonces que la facultad del SENASIR para revisar las prestaciones otorgadas constituye un mandato legal directo que de ningún modo puede ser cuestionado, como efectivamente aconteció en la especie, toda vez que, como se tiene expuesto, el tribunal de apelación no ingresó en tal cuestionamiento, mas al contrario, se advierte que el decisorio se encuentra fundado en el hecho de que el SENASIR no acreditó que tal yerro haya sido inducido por el asegurado, ergo, mal podría atribuírsele infracción legal alguna.

Asimismo, éste Tribunal no encuentra razones suficientes para hacer cabida a la casación impetrada bajo el argumento de habérsele impedido ejercer su potestad de recuperar lo indebidamente pagado, por cuanto para los casos en que el error haya tenido origen en el descuido, negligencia o incapacidad del funcionario de la entidad, la ley le acuerda al SENASIR competencias y mecanismos específicos para identificar al responsable y recuperar lo indebidamente pagado del funcionario responsable.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 156 a 158, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 008/2016 de 17 de octubre, cursante de fs. 149 a 153.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.