TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 80

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                        :177/2017

Demandante        :Carmen Murillo Campoverde Vda. de Pari derechohabiente de Rufino Pari Yujra

Demandado        :Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia        :Reclamación de Pensiones

Distrito                        :La Paz

Magistrada Relatora        :María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros cursante de fs. 204 a 201 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 103/2016 S.S.A.II  de 10 de Noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo No 177-A de fecha 12 de mayo de 2017 cursantes a fs. 223 a 223 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante Resolución Nº 5226 de fecha 28 de Octubre de 2015 cursante a fs. 131 a 132 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, desestimó la solicitud de renta de viudedad impetrada por Carmen Murillo Campoverde, señalando que el causante Rufino Pari Yujra no contaba con libertad de estado al momento de contraer nupcias con la solicitante, ni durante el tiempo de su convivencia.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

En virtud de ello, la beneficiaria interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 137 a 136 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución Nº 871/15 de fecha 17 de Diciembre de 2015 cursante de fs. 143 a 140, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursando de fs. 168 a 166, por Carmen Murillo Campoverde Vda. de Pari; la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista No 103/2016 S.S.A.II de fecha 10 de Noviembre  de 2016, cursante a fs. 198 a 197 vta., el revocó la resolución Nº 871/15 de 17 de Diciembre, y deliberando en el fondo dispuso que se conceda la renta única de viudedad a la beneficiaria y causahabiente Sra. Carmen Murillo Campoverde a partir de septiembre de 2015 y sea con las formalidades de ley.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite Auto Nº 046/2017 SSA.II de 08 de marzo de 2017, concediendo el recurso.

II.ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizó una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 180 de la Constitución Política del Estado, arts. 46 y 73 del Código de Familia, del actual Código de las Familias y Proceso Familiar art. 140 y arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en curso de Pago y Adquisición, bajo los siguientes argumentos:

El SENASIR sostiene, que el Tribunal de alzada no considero que el asegurado Rufino Pari Yujra, al momento de contraer nupcias con la Sra. Carmen Murillo Campoverde, se encontraba casada con la Sra. Hortencia Álvarez Pinell, matrimonio que se encontraba vigente; en tal sentido no contaba con libertad de estado, requisito indispensable para contraer un nuevo matrimonio, conforme al art. 46 del Código de Familia vigente al momento de resolución apelada, y reconocido en el art. 140 del Código de Familias y del Proceso Familiar (actual).

Precisa que de ahí es que proviene la errónea interpretación de la norma, por cuanto el art. 52 del Código de Seguridad Social y arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, exige como requisito para conceder la renta de viudedad, que el causante ostente el estado de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia judicial ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso, lo que no sucede el caso de autos; ese el fundamento por el cual el Servicio Nacional de Sistema de Reparto desestimó la renta de viudedad, la cual obedece al impedimento legal del causante para haber contraído matrimonio con la solicitante, sin contar con libertad de estado, situaciones que no considerada correctamente por el Tribunal de alzada, toda vez que el causante contaba con impedimento legal para contraer matrimonio con la solicitante conforme se tiene en los antecedentes del proceso.

Los demás argumentos expuestos en el recurso, son repetitivos, a la problemática planteada.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo; CASE el auto de vista recurrido y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación Nº 871/15 de fecha 17 de Diciembre de 2015.

Contestado el recurso de casación por la Sra. Carmen Murillo Campoverde Vda. de Pari; precisa que su matrimonio fue legal, no existiendo al momento de su celebración observación o impedimento para el mismo, es más indica que ninguna persona interpuso acción que pretenda demostrar la ilegalidad de su matrimonio, por lo cual una entidad distinta a la llamada por ley, no pueden desconocer la validez de su matrimonio; ya que el mismo es reconocido por el Servicio de Registro Cívico, al estar legalmente inscrito en dicha institución, conforme lo obliga el art. 160.I del Código de las Familias y el Proceso Familiar.

De igual manera solicita que se considera que su persona desde que contrajo matrimonio con el causante, comenzaron una vida en común, tuvieron dos hijos, vivieron juntos por más de 30 años, participaron en diversos eventos sociales, la comunidad los reconoce como esposos, y su persona es quien asumió las obligaciones religiosas después de su muerte.

Por último solicita, que se tome en cuenta el art. 169.II del Código de las Familias, que establece en casos de uniones múltiples se salvan los derechos patrimoniales regulados por otras leyes; aclarando que siempre actuó de buena fe.

En conclusión solicita que se declara INFUNDADO el recurso de casación.

III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Progresividad del derecho a la Seguridad Social.

El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; normativa en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la suprema norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

En ese contexto, el art. 45 de la Constitución Política del Estado establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

Del contexto descrito es factible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto normativo especializado, entre los cuales destacan los de jubilación, viudez y vejez, y tanto el cumuló de potestades, como cada uno de esos derechos, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de tal forma que la renta de jubilación protege al ser humano de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales como el de viudedad al fallecimiento del causante.

Matrimonio y la unión libre de hecho, su entendimiento doctrinal y normativo.

En ese marco y a los fines de contextualizar la presente resolución, corresponde establecer que debemos entender sobre el matrimonio como instituto jurídico y como fenómeno social, al efecto debemos remitirnos a su definición general, entendida como “la unión de un hombre y una mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades legales” (OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; ISBN950-885-005-1); de esta interpretación general, naces otros criterios dispares, pues “mientras para algunos es sólo la procreación de los hijos, para otros es la ayuda mutua, moral y material, de los cónyuges”. Este entendimiento, hoy ha sido rebasado por las coyunturas existentes en las sociedades, pues también a través del tiempo se ha otorgado pleno reconocimiento a las uniones entre un hombre y una mujer con finalidades prácticamente idénticas al matrimonio, pero que adoptan formas y denominaciones distintas. El ejemplo más visible sobre aquel aspecto se refleja sin duda en las uniones libres o de hecho, que distingue el ejercicio de dos voluntades con el fin de constituir un hogar y la vida en común.

La legislación boliviana, reconoció usos, costumbres y hábitos propios de naciones originarias como de áreas no necesariamente enraizadas a ellas (centros urbanos industriales y rurales) que posean las características antes señaladas, estableciendo que su reconocimiento, solamente sea limitada a no contrariar a la organización esencial de la familia y prohibiendo que afecten las buenas costumbres y el orden público, conforme lo establecía el art. 160 del abrogado Código de Familia, asimismo la actual Ley N° 603 Código de Familias reconoce en su art. 137.II las uniones libres como institución sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código, conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a las y los hijos adoptados o nacidos de aquellos. Es así que en el matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción.

En ese orden de ideas, recordar que el historial constitucional boliviano, otorga trascendental valor jurídico, no solo al matrimonio y la familia, sino también a la unión libre o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad para contraer enlace; producen efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas. Luego, el orden normativo regido por la actual constitución, mantuvo incólume aquel reconocimiento (art. 63.II de la CPE) bajo condiciones de estabilidad y singularidad, entabladas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, prescribiendo además que los “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (art. 64. I de la CPE).

En esa línea normativa, los efectos que el régimen familiar reconoce en materia previsional, no se encuentran alejadas de las anteriores consideraciones, pues la norma no únicamente muestra acuerdo que el matrimonio como fuente generadora de derechos, sino a la par, tiene presente la existencia de otro tipo de relaciones que si bien son carentes de la ritualidad y formas que la norma prevé en torno al matrimonio, a la par comparte la veta común con éste de estabilidad y singularidad.

Renta Única de Viudez.

El Código de Seguridad Social señala en su art. 52. “La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiere iniciado dos o más años antes del deceso.”, norma concordante con el art. 103 del Reglamento del Código de Seguridad Social; nótese que la segunda parte de la norma establece requisitos de forma para la conviviente pero no así para la esposa.

Asimismo el mismo art 52 del Código de Seguridad Social (CSS), concordante con el art. 103 de su Reglamento, también establece que a falta de la esposa y en caso de no existir conviviente inscrita en los registros de la Caja, tiene derecho la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante o hubiese quedado en estado de gravidez para éste, señalando además que no tendrá derecho a renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa.

En ese marco también, el art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), establece determinadas situaciones de hecho en las cuales no se tiene derecho a la Renta de Viudedad, como ser: 1. La divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante; 2. La esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia; 3. La conviviente, si el “de cujus” estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada; y 4. Cuando hubiera quedado dos o más concubinas.

De la normativa referida se infiere que el tiempo de convivencia de la esposa o conviviente dos años antes del fallecimiento del causante se constituye en requisito esencial para constituirse en beneficiaria de la renta de viudedad, siendo en todo caso excluyente de este beneficio cuando la peticionante no haya convivido por dicho tiempo con el titular de la renta.

Principio de Verdad Material.

El Art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el Art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”

Análisis del caso en concreto.

Del análisis del recurso de casación en el fondo, se tiene que, la problemática se circunscribe, en establecer si la solicitante la Sra. Carmen Murillo Campoverde -derechohabiente-, esposa del causante el Sr. Rufino Pari Yujra, es beneficiaria a percibir la renta de viudedad en el marco de las disposiciones contenidas en el Código de Seguridad Social y Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

En consideración de la Sala, el reconocimiento expreso de la eventualidad de relaciones de convivencia no necesariamente vinculadas al matrimonio y el establecimiento de periodos de tiempo en esa convivencia, que hacen a requisitos materiales para la otorgación de la renta de viudedad, reafirman y reconocen los efectos que conlleva el compromiso bilateral adquirido por los cónyuges o convivientes, indistintamente, que de modo libre y voluntario asumen un proyecto de vida en común a plazo indefinido, siendo éste precisamente el nudo de conexión que une a la situación fáctica con el derecho sobre el seguro de muerte y renta de viudedad.

Tanto el CSS (art. 52) como el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (arts. 32 y 34), en lo que refiere a esta temática, poseen dos momentos de trascendencia, pues por un lado la norma requiere la presencia de unión continuada entre el causante y la derechohabiente, la que implícitamente exige a su vez una condición material de estabilidad en la relación y que incumbe sin lugar a dudas el deber de cuidado y responsabilidad recíproca entre los cónyuges o convivientes. Un segundo momento, es el referido a los tiempos que dispuestos por norma como parámetro a ser tomados en cuenta para calificar y otorgar el derecho, por cuanto, con equidistancia a lo previsto en el Código de Familia suponen dos años previos de convivencia al fallecimiento del causante.

En conclusión, la otorgación del derecho de renta no sólo es el efecto derivado del estado civil o del matrimonio del causante, sino que incumbe de modo cierto y evidente aspectos que hacen a la vida en común de relaciones que eventualmente puedan presentarse con posterioridad. Esta postura adquiere solidez si se tiene presente la negación de la renta de viudedad a la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años (art. 37 del MPRCPA), pues la renta de viudedad se configura en relación con un determinado causante, que no es el beneficiario directo y cuyas vicisitudes matrimoniales, fruto de su personal autonomía y libertad, son las que finalmente repercuten en el régimen jurídico de la pensión del beneficiario, ya que el legislador ha considerado como interés susceptible de protección el derivado de la convivencia marital durante un cierto tiempo.

En autos, si bien, el SENASRI guarda duda respecto de la legalidad del matrimonio celebrado entre Rufino Parí Yujra y Carmen Murillo Campoverde, bajo el argumento que, al momento de celebrarse el matrimonio existía un impedimento legal, por cuanto el causante no contaba con libertad de estado; no obstante de ello, de una revisión minuciosa de los antecedentes y conforme el principio de verdad material, se evidencia a fs. 4 certificado de matrimonio, el cual sella la relación matrimonial entre Rufino Parí Yujra y Carmen Murillo Campoverde a partir de fecha 11 de Marzo de 1978, mostrando que la convivencia en común de este matrimonio fue por más de 30 años, en los cuales procrearon a dos hijos en común dentro del seno familiar que les unía; asimismo se puede evidenciar a fs. 184, cursa el formulario AVC-04 “Aviso de Afiliación y Reingreso del Trabajador” de fecha 05 de febrero de 1999, por el cual se establece que la solicitante del beneficio Carmen Murillo Campoverde se encuentra registrada como esposa en los registros de la Caja Nacional de Salud, advirtiéndose también el registro como asegurados de los dos hijos del matrimonio.

Por todo ello implica establecer con certeza que la solicitante de la renta de viudedad la Sra. Carmen Murillo Campoverde es “la esposa” del titular de la renta del que en vida fue Sr. Rufino Pari Yujra (causante), así se tiene demostrado mediante el certificado de matrimonio de fs. 4, documento que, hasta en tanto no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto por el art. 73 del Código de Familia abrogado, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

Ahora bien, si bien es evidente que no se puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, por lo que el SENASIR calificó como viciado de nulidad el segundo matrimonio; sin tener esta potestad, pues dicha entidad debe ajustar sus actos a derecho, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional, para posteriormente recién proceder a imponer la sanción que corresponda; y si bien el primer matrimonio no fue objeto de anulación, sin embargo el segundo vínculo matrimonial fue celebrado de buena fe, sin que exista prueba que demuestre lo contrario.

Para finalizar, si bien es evidente que la normativa aplicable a la seguridad social, no refiere a que el SENASIR deba pedir previamente la anulación del vínculo matrimonial y posteriormente recién proceder a la suspensión o denegatoria de la renta; tampoco deja de ser evidente que al constituir instancias administrativas de decisión, vinculadas a derechos fundamentales de los ciudadanos, las resoluciones que de estas instancias emerjan, deben obedecer a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto, empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro homine, entre otros, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9 y 45.II de la CPE; máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad, y por tanto de protección especial para el Estado.

Bajo ese entendimiento este Tribunal coincide plenamente con los fundamentos expuestos por el Tribunal de Apelación, en el Auto de Vista, puesto que se encuentran enmarcados conforme a derecho, consiguientemente, al no ser ciertas las infracciones denunciadas en el recurso de casación, estas devienen en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 220.II del Código Procesal Civil y los artículos 271.2) y 273 (C.P.C. 1975), aplicables por mandato de los artículos 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 103/2016 S.S.A.II  de 10 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.


Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.