RIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 78

Sucre, 14 de marzo de 2018

Expediente                : 029/2017

Demandante             : María Eugenia Jiménez Soria

Demandado              : Universidad Católica de Bolivia

Proceso                     : Reincorporación

Departamento           : La Paz

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 234 a 241, interpuesto por Ivana Lira Villarroel y Williams Daniel Aparicio Rodas en representación de la Universidad Católica Boliviana, impugnando el Auto de Vista Nº 91/2016 de 13 de junio de fs. 230 a 232, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reincorporación, seguido por María Eugenia Jiménez Soria contra la entidad recurrente, el Auto de fs. 247 que concedió el recurso de casación, el Auto Supremo Nº 29-A de fs. 255 de  admisión del recurso, los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 124/2015 de  de 24 de julio de fs. 203 a 211, que declaró probada la demanda de fs. 37 a 39, disponiendo que la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” a través de su representante legal proceda a la reincorporación de María Eugenia Jiménez Soria al cargo que desempeñaba a momento de su despido con el consiguiente pago de sueldos devengados desde su retiro hasta la fecha efectiva de su reincorporación, monto a ser efectivizado en ejecución de fallos, previo juramento de la actora de no haber percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado en alguna institución pública, ni privada desde el momento de su destitución.



Auto de Vista.

En grado de apelación deducido por la entidad demandada de fs. 213 a 217, la Sala Social y Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 91/2016 de 13 de junio, que confirmó la Sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el auto de vista la parte demandada formuló recurso de casación, en el que acusó:

1.-Que el tribunal ad quem infringió el art. 16 de la LGT y el art. 9 de su Decreto Reglamentario, al no considerar que la demandante hizo abandono de funciones a partir del 1 de febrero de 2013, fecha en la que debía constituirse en la Universidad para impartir clases, sin embargo, recién el 20 de febrero del mismo año, es decir 20 días después de faltar a clases, la parte actora envía correos electrónicos en los que adjunta notas sin firmas y sin fechas, omitiendo cumplir el art. 56 del Régimen Académico Docente, que establece la obligación de solicitar licencia sin goce de haberes con una anticipación mínima de 30 días al inicio del periodo académico, mediante nota formal firmada y suscrita, y uso del sistema de licencias de la UCB que existe para este cometido, caso contrario se asume la renuncia del profesor, por lo que al ser la solicitud de licencia extemporánea, constituye un flagrante incumplimiento de contrato y reglamento de trabajo; en consecuencia no corresponde la reincorporación ordenada.

2.-Acusó que el tribunal ad quem vulneró el art. 52 de la LGT y art. 39 del DS 224 de 23 de agosto concordante con el art. 6 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, toda vez que al determinar el pago de salarios devengados desde su retiro hasta la fecha de su reincorporación, no considera la fotocopia legalizada de fs. 159 por el que la actora de manera expresa y con firma y fecha clara, solicita licencia sin goce de haber que comprende toda la gestión 2013, ocasionando con dicha determinación graves daños y perjuicios a la UCB.

3.-Que los tribunales de instancia, al valorar las fotocopias simples no reconocidas y sin firma vulneran el art. 161 y 162 del CPT, que disponen que los documentos privados deben presentarse en originales para que tengan valor probatorio, o ser debidamente reconocidos, lo que no ocurrió, por lo que la prueba adjuntada por la actora no tiene validez legal; asimismo, señala que existió errónea apreciación de la prueba documental de descargo de fs. 146 a 172 que son de relevancia al ser originales, donde se demuestra que no existió ni un día de asistencia en la gestión 2013, pese a que debía presentarse el 1 de febrero de 2013 a dictar docencia, prueba corroborada con las declaraciones testifícales de fs. 187 a 190,  196 a 197 y 199 a 201, que fueron indebidamente tachados por el juzgador, pese a que la parte adversa hizo el contra interrogatorio.

4.-Error de normativa en cuanto a la excepción de falta de acción y derecho, pues se interpretó erróneamente el art. 15 num. 1 de la Ley 025, ya que al haberse demostrado que el despido fue justificado por abandono de trabajo, la actora no tiene acción para pretender tutela ni derecho alguno.

Petitorio.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda con costas y responsabilidad.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES .

En consideración de los argumentos expuestos por la parte recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto:

El despido es en términos generales el acto por el cual el empleador decide la ruptura unilateral de la relación laboral independientemente de la voluntad del trabajador; mismo que podrá, según el caso, ser justificado o injustificado; en tal sentido el art. 10 del DS Nº 28699, establece: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”. Las causas a las que la norma glosada hace remisión son: entre otros la inasistencia injustificada de más de 6 días, e incumplimiento total o parcial del convenio; asimismo, en relación a la inasistencia del trabajador a su fuente laboral, el art. 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949 dispone: “…Interrumpirán la continuidad de los servicios la inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando excedan de seis días hábiles seguidos…”.

Ahora bien, en los supuestos antes enunciados, en los que se considera la presencia de un despido justificado, es importante el determinar de manera clara y sin lugar a dubitaciones la presencia de “…una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminantemente, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral…” (GONZÁLES, Gonzáles Alfonso; El Despido. Cuestiones Prácticas,  Jurisprudencia y Preguntas con Respuesta; pág. 35)

Análisis del caso en concreto.

1.-Con relación a la vulneración del art. 16 de la LGT y el art. 9 de su Decreto Reglamentario, e incumplimiento de la actora del art. 56 del Régimen Académico Docente de la Universidad; sobre el particular, conforme sale la nota de fs. 2 repetida a fs. 153, se tiene que se solicitó a la actora formalice su licencia realizada vía telefónica para el semestre 1-2013, vía e-mail, la misma que fue enviada posteriormente; además cursa otras notas de licencia de fs. 24 a 33 para el semestre 2- 2013; es decir, que se tendría demostrada que la actora pidió licencia para la gestión 2013 en ambos semestres; asimismo, la actora con esto demuestra que no tiene la intención de dar por terminado el contrato, aspecto fundamental para desvirtuar un supuesto abandono de trabajo, conforme señala la doctrina. Ahora bien, no consta en obrados documental alguna que acredite un procedimiento interno de retiro justificado de la demandante por abandono o incumplimiento total o parcial del contrato, tampoco existe nota o documento escrito que señale que la licencia hubiese sido rechazada, ya sea vía telefónica o por escrito, en consecuencia el incumplimiento del art. 56 del Régimen Académico Docente de la Universidad, no viene de la actora sino de la entidad recurrente, al no aplicar en su momento su propia normativa, por lo que no se evidencia la vulneración acusada. 

2.-Con relación a los salarios devengados, la juez a quo si bien determinó en la Sentencia el pago de sueldos devengados a la actora desde su retiro hasta la fecha efectiva de su reincorporación, sin embargo, esto debe ser entendido desde el semestre 1-2014, toda vez que fue a partir de ese momento que la actora no pudo asumir funciones en la UCB, conforme sale de la Nota de fs. 15 que señala: “…que lamentablemente todos los paralelos están llenos y en vista a ofrecerle una 2da materia que es Administración de Recursos Humanos II, la misma que fue denegada por las Autoridades en abrir un segundo paralelo,…Esperando en el futuro poder ofrecerle nuevamente una oportunidad de docencia…”, concordante con el informe de fs. 163 que indica que no hay una comunicación de retiro como tal que la Universidad haya entregado a la Lic. Jiménez, y que mediante nota se le comunicó que no ha sido considerada en la programación del próximo semestre 1-2014; en consecuencia, se debe entender que es a partir de este momento que corre el pago de salarios devengados, pues como fue señalado en el punto 1, la propia demandante acredito su licencia para toda la gestión 2013 (fs. 159), siendo lógico que a partir de su negativa a la docencia del semestre 1-2014 tenga que proceder el pago dispuesto por salarios devengados hasta la efectiva reincorporación de la actora, previo juramento de no haber percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado en alguna institución pública, ni privada desde el momento de su destitución.

3.-De la valoración de la prueba documental presentada en fotocopias simples vulnerando así el art. 161 y 162 del CPT y prueba testifical tachada de oficio por el juez; al respecto, cabe señalar que se advierte que la parte recurrente persigue se efectué una nueva valoración de las pruebas aportadas por las partes, sin percatarse que la valoración y compulsa de las pruebas, es atribución privativa de los jueces de instancia incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, toda vez que la documental presentada en fotocopia simple también fue presentada en original, asimismo respecto a las declaraciones testifícales se entiende que no fueron consideradas por ser los testigos dependientes de la Universidad, en consecuencia no se evidencia que el tribunal de alzada haya incurrido en valoración errónea de la prueba, toda vez que en materia laboral, el juez a quo o tribunal ad quem no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia en que la ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos ellos del Código Adjetivo Laboral, lo que no ocurre en la especie, concluyéndose que no es evidente la vulneración acusada.

4.-Con relación a la excepción de falta de acción y derecho; sobre este punto conforme ya la Sentencia y el Auto de Vista indicaron el art. 127 del Código Procesal del Trabajo, establece que en el procedimiento social sólo se admiten las siguientes excepciones: a) Previas: de incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda. b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada; es decir si bien el art. 252 Código Procesal del Trabajo nos remite al procedimiento civil, sin embargo, sólo de manera supletoria y ante la falta de norma expresa, en consecuencia, la vulneración acusada no corresponde.  

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, INFUNDADO de fs. 234 a 241, interpuesto por Ivana Lira Villarroel y Williams Daniel Aparicio Rodas en representación de la Universidad Católica Boliviana. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.