TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 75

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                        : 103/2018

Demandante                : Empresa Unipersonal Consultora y Servicio Franz Tamaño

Demandado                : Universidad Boliviana Guarani y Pueblos de Tierras Bajas

Distrito                        : Chuquisaca

Proceso                        : Contencioso

Magistrado Tramitador        : Dr. Esteban Miranda Terán 

VISTOS: La Sentencia Nº 052/2018 de 11 de enero, cursante a fs. 501 a 506 de obrados, emitida por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso Contencioso, seguido a demanda de Franz Marco Tamayo Daza, contra la Universidad Boliviana Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas UNIBOL - Regional IVO - Macharetí, representada por su Rector Gonzalo Maratua Pedraza; el memorial de solicitud de ejecutoria de la aludida Sentencia, presentado por el representante de la empresa demandante, cursante a fs. 521, el Auto Nº 147/2018 de 09 de marzo, por el que se ordena la remisión del expediente en Consulta la Sentencia emitida (fs. 522) y demás antecedentes que cursan en obrados, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Planteada la demanda contenciosa por la Empresa Unipersonal “Fran Tamayo”, contra la UNIBOL- Regional IVO-Macharetí y tramitado como fue el proceso contencioso, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 052/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 501 a 506, por la que declaró PROBADA la demanda contenciosa deducida de fs. 2 a 4 de obrados, ordenando que la entidad demandada, cancele a la empresa demandante, en el plazo de 10 días de ejecutoriado el fallo, la suma de Bs. 648.501,54, determinación judicial que fue notificada al representante de la Universidad demandada, Gonzalo Maratua Pedraza, mediante cédula judicial, el 15 de febrero de 2018, conforme consta a fs. 516 de obrados, posteriormente la parte actora, presentó memorial, de fs. 521, solicitando la ejecutoria de la Sentencia, resolviendo dicha pretensión el indicado Tribunal, mediante Auto Nº 2147/2018 de 09 de marzo, por el que dispuso que en cumplimiento del art. 197 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), se remita en consulta ante este Tribunal Supremo de Justicia, la Sentencia emitida en el caso presente.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Doctrina aplicable al caso en concreto.

En cumplimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica, jerarquía normativa e irretroactividad de las normas, previstos por los arts. 123 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), este Tribunal, se encuentra constreñido a observar lo previsto por el art. 122 de la CPE, que dispone:

“Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.

Para el mismo fin, se debe puntualizar, que la “consulta”, no es un medio de impugnación, sino una institución procesal, en virtud de la cual, el superior jerárquico del juez que ha emitido una Resolución, en ejercicio de la competencia funcional, de la que está investido, se encuentra habilitado para revisar o examinar de oficio el fallo remitido en consulta, sin que medie petición o instancia de parte; por ello es que la decisión adoptada por el Tribunal que absolverá esa consulta, se circunscribe a verificar si se cumplieron las formalidades legales para el proceso y en su caso, identificar la vulneración de derechos constitucionales de las partes, en busca de una certeza jurídica y el juzgamiento correcto.

En aplicación del art. 197 del CPC-1975, se determinó esta consulta, dentro de los procesos ordinarios, con la finalidad de garantizar al Estado que las decisiones asumidas en su contra, se enmarquen al derecho, considerando que el fallo hubiese sido emitido por un Juez Unipersonal y que la consulta sería absuelta por un Tribunal Colegiado, ante la ausencia de una apelación específicamente formulada.

Por ello es que, cuando se conoce en consulta una Sentencia, se ejerce la jurisdicción de un Tribunal de Segunda Instancia, como si se hubiese promovido un recurso ordinario de apelación y en mérito a ello, con jurisdicción y competencia plena, revisa todo lo obrado, conforme se detalló líneas arriba, pudiendo para ello asumir a su cuenta, las facultades de volver a apreciar las pruebas, producir las que considere necesarias y otras, a fin de obtener la verdad material de los hechos, por consiguiente, no se trata de una competencia de un Tribunal de puro derecho; sino por el contario, asume las tareas de un Juez o Tribunal de Instancia, conociendo los hechos y aplicando las normas que correspondan, ejerciendo las facultades procesales que la ley concede, apreciando las pruebas o en su caso inclusive hacerlas producir nuevamente, si considera necesario, antes de emitir su fallo en consulta, que puede ser revocando la determinación remitida en consulta emitiendo una nueva resolución en el fondo, revalorizando las pruebas acumuladas al proceso, o aprobándola sin modificación alguna; a diferencia de un Tribunal de casación que, que resuelve un recurso extraordinario especifico, de puro derecho y que no tiene esas competencias, pues solo se circunscribe a resolver las impugnaciones denunciadas, a fin de ejercer sus funciones "nomofilaquia" o uniformadora de la jurisprudencia y la función "dikelógica”, de proveer la realización del derecho objetivo, que se basa en el principio supremo de justicia.

Es importante puntualizar también, que en mérito a la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, de “Ley Transitoria para la tramitación de los procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, se ha estableció el procedimiento al que se deben sujetar los indicados procesos cuando en su art. 4º señaló:

“Artículo 4°.- (Procedimiento) Para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, se aplicarán los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, "Código Procesal Civil".

Ley que prevé, en su art. 5º que, contra las resoluciones emitidas por los Tribunales de Primera Instancia, solo procede el Recurso de Casación:

Artículo 5°.- (Recurso de casación)

I. Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el Recurso de Casación, conforme a lo siguiente:

1. En los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

2. En los procesos contenciosos tramitados en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Plena de ese Tribunal.

II. Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior.”

Por consiguiente, en mérito a esta normativa, se establece que en los procesos contenciosos se debe aplicar las normas previstas por los arts. 775 al 777 del CPC-1975 y por ello el trámite al que se encuentra sujeto, es el previsto para los procesos ordinarios de hecho o de puro derecho, conforme establecen los arts. 327 y siguientes de la misma norma adjetiva civil, implicando con ello que se trata de procesos en única instancia, siendo sus resoluciones recurribles solo en la vía extraordinaria del Recurso de Casación, cuyo trámite y requisitos, se sujetan a las previsiones contenidas en los arts. 270 al 278 del Código Procesal Civil (CPC-2013) Ley Nº 439, correspondiendo emitir la resolución, de acuerdo a las formalidades previstas por los arts. 219 al 220 y 223-V del mismo CPC-2013, en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del indicado Código Procesal Civil de 2013.

Estableciéndose además que dentro del referido Código Procesal Civil, no se ha instituido la figura jurídica de la Consulta, por tratarse de una nueve visión de la administración de justicia, en la que en mérito a las normas y procedimientos previstos por el Estado, este se encuentra debidamente protegido y en igualdad de condiciones, dentro de los procesos que sustenta entre y contra los particulares.

Por ello es que, en aplicación de las normas relacionadas, ya no se encuentra vigente la consulta de las Sentencias emitidas contra el Estado, conforme preveía el art. 197 del CPC-1975: “Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse”, pues esta se encuentra debidamente resguardecida, tanto por la actuación directa de los presentantes de cada entidad que asume el conocimiento del proceso, conforme prevé la Ley Nº 1178 y normas conexas, como por la Procuraduría del Estado, en las situaciones específicamente previstas por ley.

Fundamentación del caso en concreto.

En el caso presente, el Tribunal que resolvió la presente causa en primera instancia, luego de haber ordenado la notificación de los sujetos procesales con la Sentencia Nº 052/2018 de 121 de enero, advirtió que no fue impugnada, por el representante de la entidad demandada y tampoco por la representación de la Procuraduría del Estado, entidad que intervino en todas las notificaciones en el caso presente, al ser el que promueve, defiende y precautela los intereses del Estado en aplicación del art. 229 de la CPE.

Por consiguiente, los sujetos procesales no aplicaron la facultad prevista por el art. 5-I de la Ley Nº 620, por consiguiente, se presume que están de acuerdo con la sentencia y que resultaría mayor perjuicio al Estado la interposición del Recurso de Casación previsto para resguardar los intereses del Estado, prefirieron la ejecutoria de la Sentencia, haciendo entender que están llanos a cumplir sus determinaciones.

En mérito a ello, el Tribunal de primera Instancia, al momento de emitir el Auto Nº 147/2018 de 09 de marzo (fs. 522), por el que se ordena la remisión del expediente en Consulta la Sentencia, no advirtió que al estar suprimida las Consultas en Sentencias contra el Estado, sólo podía remitir el expediente ante este Tribunal Supremo de justicia, si es que alguna de las partes, hubiese interpuesto recurso de casación con las formalidades descritas líneas arriba, pues lo contrario, implicaría desnaturalizar el procedimiento y modificar la competencia que tiene este Tribunal Supremo, previstas en el art. 184 de la CPE y 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) Nº 025, incurriendo en las nulidades previstas por el citado art. 122 de la CPE.

Por último se debe recordar que la determinación de remisión en consulta, se asumía al momento de emitir el fallo pertinente y no así cuando ninguna de las partes usó la potestad de impugnar en la vía de apelación, que conforme se tiene señalado, no es aplicable en el caso presente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 122 de la CPE, 15-I, 42-I-5 de la LOJ, 4 y 5 de la Ley Nº 620, Disposiciones Segunda y Séptima de la Ley Nº 439, ANULA obrados, hasta el Auto Nº 1437/2018, de 09 de marzo, cursante a fs. 522, emitido por la indicada Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental der Justicia de Chuquisaca, por el que de manera indebida ordenó la remisión ante este Tribunal, en Consulta la Sentencia Nº 052/2018 de 11 de enero, disponiendo que se prosiga con el proceso conforme a derecho.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.