TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 72

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                           : 087/2018

Demandante                   : Mireya María Raldes Guzmán

Demandado           : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Materia           : Beneficios Sociales

Distrito                           : Pando

Magistrada Tramitadora : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija  representado legalmente por Jorge Sánchez  Iraizos y Mateo Cussi Chapi a fs. 81 a 82 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 422/2018  de 04 de Diciembre de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; la respuesta a fs. 85 a 86, el Auto de fs. 86 vta., que concedió el recurso, lo obrado en el proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 360 017 de 28 de Agosto de 2017, cursante a fs. 57 a 58 vta., declarando probada la demanda e improbada la excepción perentoria de prescripción, sin costas, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, pagar la suma de Bs.26.607, por conceptos de subsidio de frontera y aguinaldos.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 62 a 63, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por Jorge Sánchez  Iraizos y Mateo Cussi Chapi, la Sala Única del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 422/2018 de fecha 04 de Diciembre de 2017, cursante a fs. 76 a 77 vta., que CONFIRMA la sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija  representado legalmente por Jorge Sánchez  Iraizos y Mateo Cussi Chapi, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 18/2018 de fecha 19 de Febrero de 2018, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

1) El impetrante, alega que existe vulneración al art. 108 de la CPE, que considera como uno de los deberes fundamentales de toda autoridad jurisdiccional, velar por los intereses del Estado y la sociedad; por lo cual la entidad demandada solicita que se respeten y se adecuen las leyes que rigen su vida institucional y se aplique normas de la administración pública como la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Publico, Ley 23451 y demás normas a las que se sometió el actor, regido por un contrato administrativo de prestación de servicios.

2) De igual manera indica que se hubiera vulnerado el Art. 119 de la CPE, por que el auto de vista menciona que el juez aplico correctamente las leyes sin mencionarlas; pero considera que el tribunal esta en obligación de velar por la igualdad y el derecho a la defensa dentro el proceso. En merito a ello, consideran que desde su punto de vista no se está aplicando de manera imparcial esta norma y no se está velando por los intereses del estado, ya que la trabajadora estuvo bajo contratos que permiten las leyes, como Ley 1178, y una vez más alega que no se aplicó la Ley 1178, 2027 y 2341, con las que se rige el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, quien es prestadora de servicios, cuyos servidores públicos no gozan de beneficios; indicando que la trabajadora no se encuentra sujeta a la Ley 321, tal como estable las SSCC Nº 281/2013 y 351/2003.

3) En relación al subsidio de frontera, indica que el mismo es atentatorio y vulneratorio, por lo cual se deben aplicar las presunciones que de una contratada como administrativo de prestación de servicios, en tal sentido no se desglosa en su boleta este concepto, sino lo que percibe en su boleta de pago en base a su designación y sus funciones.

Por último, indica que en relación a los aguinaldos, precisa que no se puede aceptar el pago de aguinaldos.

Por lo fundamentos expuestos, solicita se emita el auto supremo a su favor, casando o modificando el ato de vista.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Dada la naturaleza del instituto de la casación y la competencia que la ley le atribuye al Tribunal de Casación, el acto sometido a casación es la resolución del Tribunal de Apelación, conforme se tiene advertido en la abundante jurisprudencia de éste Tribunal. En efecto, tiene dicho éste Tribunal, entre otros: “el Tribunal de Casación se encuentra limitado a verificar y corregir en su caso, los yerros en que hubiese incurrido el Tribunal de Apelación en la aplicación de la ley; de ahí que el juicio adquiere las características de puro derecho, a mérito que se orienta sustancialmente a discernir  resolver una cuestión, entre la Ley y su infractor”. (AS Nº 309-A, de 23 de septiembre de 2016).

Sin embargo y teniendo en cuenta que sólo el recurso de casación puede abrir la competencia del órgano, se debe cuidar que el mismo cumpla con los requisitos formales exigidos por el art. 274 del Código Procesal Civil, por lo cual le corresponderá al Tribunal de Casación juzgar de oficio si el recurso cumple con tales presupuestos formales que permitan abrir su competencia, y con mayor razón, si cursa en obrados oportuna observación sobre tales aspectos.

En ese entendido, el art. 220.V del CPC, dispone que, la forma del Auto Supremo será: Casando, cuando la resolución infringiere la ley o leyes acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser total o parcial”.  

En el marco de lo anterior y con la finalidad de permitir al Tribunal de Casación el ejercicio de aquel especifico mandato legal o lo que es lo mismo, abrir su competencia para la casación de una resolución de grado, es que en el art. 274.3 del CPC, se establece como requisito de procedencia, que en sentido estricto no resulta siendo una mera formalidad, la obligación de “expresar con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error…” previniéndose además expresamente que “estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores ni suplirse posteriormente”.

En la línea de lo expuesto, el Tribunal de Casación, se encuentra constreñido a casar una decisión de grado, a condición de encontrar evidente una infracción legal que hubiese sido acusado en el recurso de casación y resolver la controversia de fondo aplicando esas normas acusadas en el recurso como infringidas, por lo cual para abrir la competencia del Tribunal de Casación es menester que el recurrente haya citado en términos claros y precisos, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas; caso contrario el mismo adjetivo civil autoriza y ordena su desestimación mediante la forma resolutiva de improcedente, en caso de incumpliendo.

En el caso de autos, el recurrente se limita a indicar que existe violación a preceptos constitucionales del art. 108 y 119 de la CPE, concluyendo que en el proceso de referencia debía de aplicarse la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, Ley 23451 y demás normas, sin llegar a citar, menos acusar norma alguna como vulnerada de manera específica, y si bien cita los arts. 108 y 119 de la CPE, lo hace de manera referencial; más aún, constituyen normas que no tienen relación directa con el problema jurídico materia del litigio.

Así, el art. 108 del CPE, establece los deberes de los ciudadanos y el art. 119 de la misma ley fundamental, establece los principios de igualdad y el derecho a la defensa de manera general.

Es s, en relación al subsidio de frontera y aguinaldo, lo expuesto en el recurso solo constituye un acto de mera disconformidad con lo resuelto en el auto de vista, sin acusar norma legal vulnerara.

En mérito a lo anterior, la deficiencia del recurso, no permite abrir la competencia de éste tribunal para resolver la controversia principal, ya que en el caso que se tenga que disponer la casación, para resolver el fondo del litigio, no se le otorga la posibilidad de aplicar norma alguna que hubiese sido vulnerada.

En definitiva, el recurso solo constituye un acto de disconformidad, con la resolución de alzada, al expresar que debían aplicarse leyes como la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, Ley 23451 y demás normas; sin establecer el por qué y cómo debían aplicarse, es mas no se acusa de manera específica la errónea o indebida aplicación de un articulado en específico referente al ámbito de aplicación de la normas citadas, pero sobre todo no se especifica en que consiste la infracción, violación, falsedad o error de las leyes en general identificadas, o en su caso establecer de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, no conteniendo ninguna técnica recursiva el recurso interpuesto; no siendo suficiente expresar la disconformidad con los fundamentos del tribunal de Alzada; olvidando que el recurso de casación en cualquiera de sus formas se equipara a una demanda nueva de puro derecho, cuya fundamentación legal debe ser totalmente clara y precisa.

Finalmente corresponde establecer que, la simple disconformidad expuesta, no sustituye a la fundamentación que deben hacer el recurrente para demostrar la forma en la que el tribunal de grado violo las normas que se impugnan para dar lugar a una decisión en casación, por ello, la jurisprudencia nacional coincidente con los criterios doctrinales del derecho procesal requieren que el recurso de casación no tenga simplemente un cacter indicativo de la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, sino que por el contrario sean observaciones precisas, claras y puntuales acerca de los yerros o faltas que se observan y/o acusan; lo que no ocurre en el caso de autos.

Por lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casación conforme advierte el art. 271.1) concordante con el art. 277-I  del Código Procesal Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1. de la Ley del Órgano Judicial y art. 220-I.4 del CPC, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación cursante a fs. 81 a 82, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado legalmente por Jorge Sánchez  Iraizos y Mateo Cussi Chapi.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.